Ignacia de los Angeles Chale Lara
Expediente 213/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ignacia de los Angeles Chale Lara
Actuaciones
- Principal
MESA V..- CAUSA ESTADO. Visto la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de once de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS. Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN".f NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V.- Por recibida la demanda de amparo promovida por . contra actos del Titular de la Unidad Médico Familiar del Instituto Mexicano de Seguro Social. Fórmese expediente, tanto físico como electrónico (el cual deberá integrarse conforme a lo estipulado en el acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal); y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo indirecto de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a instancia de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o electrónica de quien promueve o bien de quien promueva a nombre de una diversa persona, al constituir el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia, en relación con los ordinales 2°, fracción XVI, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo se desprende que la misma fue enviada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a este Órgano Jurisdiccional de forma electrónica, por lo que, es evidente que no es susceptible de estampar una firma autógrafa; sin embargo, tampoco fue firmada electrónicamente mediante el uso de la FIREL o e.firma por la parte promovente; por consiguiente, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo, ya que tal deficiencia (falta de firma electrónica) no puede corregirse mediante prevención, pues no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la precitada ley en la materia, ni tampoco se trata de la omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 26 de abril de 2019, Décima Época, Registro: 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Además, los actos reclamados en el presente juicio, contrario a lo alegado por la quejosa, no se encuentran en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso sería innecesaria la firma autógrafa o electrónica. En efecto, si bien de conformidad con los artículos 42, 43 y 44 del referido ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, cuenta con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, lo cierto es que en el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se aprecia que los actos reclamados encuadren en dichos supuestos, esto es, no se trata de un caso urgente, que amerite su tramitación de esa manera, ello, aun cuando así lo haya expresado la parte quejosa en su demanda alegando violación al artículo 22 constitucional. Es así, pues el acto reclamado lo constituye en esencia la omisión de proporcionarle a la quejosa los medicamentos que le recetó su médico particular para conservar y mejorar su salud y vida, con motivo del padecimiento de "gastritis crónica" que aduce le aqueja. Ciertamente, de la lectura integral de su demanda, se advierte que la quejosa señala que es una persona enferma de "gastritis crónica" desde el diecinueve de julio de dos mil diez, que en el mes de noviembre de dos mil veinte promovió un diverso juicio de amparo debido a que no recibía la atención médica que necesitaba y, que al no lograr nada a través del mismo y ante la situación en que se encontraba optó por empeñar algunos objetos de su propiedad a fin de que la intervinieran en una institución médica particular, lo cual aduce resultó exitoso. Que después de su intervención le recetaron unos medicamentos para mantener su salud óptima y plena, pero que, ante la falta de recursos ha intentado la entrega de los mismos en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social que se le asignó, a través de la entrega de la receta que le otorgaron en la institución médica particular, pero se los han negado debido a que no se trata de una receta emitida por dicho Instituto. Las anteriores circunstancias, revelan por sí mismas que no se está en presencia de un acto u omisión reclamado de carácter urgente, ya que las omisiones atribuidas a la autoridad responsable no importan peligro de privación de la vida como alega la quejosa, ni tampoco ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que el padecimiento que refiere sufre es el de gastritis crónica, el cual es evidente que no pone en peligro su vida de manera inmediata, pues incluso la peticionaria del amparo refiere que ya fue intervenida, que su procedimiento resultó exitoso y que se mantiene en tratamiento médico para conservar su salud óptima y plena; lo que evidencia que tal eventualidad (omisión de entregarle los medicamentos que solicita), no constituye un acto que ponga en peligro inminente su vida. En efecto, al reclamar los citados actos, lo que pretende la quejosa es hacer valer su derecho a la salud, como una medida para obtener medicamentos para conservar y mejorar su calidad de vida; por tanto, si su reclamo tiene como objetivo obtener una medida preventiva de salud, ello corrobora que no se está en presencia de un peligro inminente que ponga en riesgo la vida y por ende, no se trata de actos de carácter urgente que ameriten el otorgamiento de una medida de suspensión de plano y/o de oficio, esto es, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y por ende, no amerita su tramitación bajo las reglas del artículo 15 de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Sin que lo anterior implique una negativa de acceso a la justicia para la quejosa en términos del artículo 17 Constitucional, puesto que el desechamiento de la demanda obedece a la ausencia de un requisitos de procedibilidad como lo es la expresión de la voluntad de la promovente, la cual puede subsanarse en cualquier momento mediante la presentación de una nueva demanda de amparo subsanando esa irregularidad, incluso con su firma autógrafa en caso de no contar con la firma electrónica. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa proporciona el correo electrónico rogermanza05@gmail.com, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa los acuerdos que se ordenen de forma personal y que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico proporcionado, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Cabe señalar que la autorización para imponerse de autos, implica la posibilidad de realizarlo mediante la utilización de medios electrónicos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Hágase saber a la parte quejosa que puede oponerse a la publicación de sus datos y que, mientras esto no acontezca, este órgano jurisdiccional, en aras de una protección a su intimidad, determina suprimirlos de las versiones públicas de las resoluciones que se dicten en este asunto. Finalmente, al tomar en consideración de las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19), se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. A que en su primera comparecencia en este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las pates y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. 3. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Notifíquese personalmente.
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