IFM Global Infrastructure Fund
Expediente 1416/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1416/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- IFM Global Infrastructure Fund
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito signado por ..., mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso, y dado que en el presente juicio, no hay más partes que el promovente, se ordena remitir de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el original del escrito en que se formula la queja, el informe sobre la materia de dicha queja, copia certificada de la resolución recurrida y demás constancias que se estiman necesarias para el conocimiento del asunto; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2023:"Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Vigésimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno de los Juicios de Amparo como 1416/2023, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. Ahora bien, del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, a contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley invocada dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El numeral 107, fracción V, del ordenamiento mencionado, dice: "El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de los quejosos, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio pueden ser reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés, emitida por el juez responsable en el juicio ordinario civil ********************, por medio del cual declaró improcedente el incidente de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de ocho de septiembre de la presente anualidad, por el que se admitió a trámite un incidente de nulidad de actuaciones promovido por el aquí tercero interesado ********************. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la hoy quejosa es parte actora en el juicio ordinario civil ********************, que una vez emplazada la parte demandada y en el periodo probatorio, la aquí quejosa ofreció como prueba la pericial en materia de informática respecto de diversos correos en la plataforma de Twitter para que proporcionara información relacionada con las cuenta del demandado; que el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el juez responsable ordenó girar Cartas Rogatorias Internacionales a la Oficina de Asistencia Judicial Internacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las cuales fueron admitidas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América del Distrito Norte de California, el veintidós de marzo del año en curso, que seguida la secuela procesal, el cuatro de septiembre de este año, la parte demandada aquí tercera interesada promovió incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue admitido el ocho de ese mismo mes y año, inconforme el promovente de amparo con dicha determinación promovió recurso de revocación, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés, declarándolo improcedente, lo que constituye el acto reclamado. En tal virtud, a criterio de esta juzgadora, el acto señalado como reclamado no es un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos sustantivos de la peticionaria de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona, de su patrimonio o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, pues los efectos del acto reclamado es que agotando el periodo probatorio, el juez del conocimiento se encuentra obligado a dictar la sentencia definitiva, lo que hace innegable la posibilidad que en su momento la peticionaria de amparo pueda obtener una determinación con efectos favorables a su causa; por tanto, resulta claro que el acto reclamado por sí mismo, no lesiona los intereses de la parte quejosa de forma directa e inmediata, y en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos, de aquellos considerados de ejecución imposible de reparar, conlleva a establecer que la demanda de amparo resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del ordenamiento legal en cita. Por otra parte, en caso de que la sentencia que en su momento se dicte en el juicio de origen resulte contraria a los intereses de la parte quejosa, el perjuicio que le haya generado el acto reclamado, podrá impugnarlo como violación procesal a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 6/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, tomo 76, abril de 1994, página 13, que dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Asimismo, se cita la jurisprudencia IV.2º.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de 2014, tomo III, pagina 1539, registro 2006338, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por lo anteriormente expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento, por lo que en términos del artículo 113, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, por autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y ante los órganos jurisdiccionales, y por autorizados en términos del segundo supuesto del artículo en cita, a las demás personas que indica, no así para recoger valores, dado que por seguridad jurídica serán entregados únicamente a representante legal con facultades expresas para ello. Por otra parte, y como lo solicita el promovente, toda vez que proporciona los nombres de usuarios "********************", "********************" y "********************", con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con los artículos 9, 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los usuarios en mención la consulta del presente asunto por vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por tanto, realícense las gestiones necesarias, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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