Idolina Agustiniano Dillanes

Expediente 34/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
34/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Idolina Agustiniano Dillanes
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de julio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, y visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, toda vez que al haberse sobreseído fuera de audiencia, sin decidir el juicio en lo principal, se dio por concluido el expediente en que se actúa. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos de los que se aprecia que no obra en autos la constancia de notificación personal realizada a la parte quejosa del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En razón de lo anterior, se instruye al Actuario encargado del trámite del presente asunto, para que a la brevedad posible realice la notificación personal a la parte quejosa del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, a efecto de realizar el computo correspondiente para declararlo como auto firme, o en su caso informe el impedimento que tenga para ello. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, que actúa ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexos signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, remitiendo para ello diversas copias certificadas relativas al juicio laboral 195/2014. Sin que haya lugar a otorgar vista en razón de las consideraciones que a continuación se expresan. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remite, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que es inexistente un acto reclamado y por el otro, cesaron sus efectos, como se aprecia en el estudio siguiente. Por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero,*************quien promueve como beneficiaria del trabajador extinto J************* por conducto de su apoderado ************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos y autoridad: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO." "IV. ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DE PRONUNCIARSE SOBRE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE LEY." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se 1 "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)" logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto2 . Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: 1. La omisión de proveer sobre el escrito presentado en veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 195/2014, a través del cual solicitó se pronunciara sobre la contestación de la demanda. 2. La omisión de señalar fecha para que se lleve a cabo la audiencia de ley en el juicio laboral de origen. Por lo que hace, al acto reclamado [2] se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: 2 Apoya lo anterior la tesis P. VI/2004, Novena Época, registro 181810, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, p. 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos.3 " En el caso, la quejosa reclama la omisión de desahogar la audiencia de ley en el juicio laboral 195/2014. 3 Décima Época. Registro: 2018110. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h. Materia(s): (Común). De las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se conoce que en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, proveyó sobre el escrito presentado por la aquí quejosa presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual solicitó se pronunciara sobre la contestación de la demanda; sin embargo, la autoridad adujo que una vez que obrara en autos dicha contestación de la demanda proveería lo que en derecho proceda, dado que en diverso auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, envió el exhorto número 160/2021, para el efecto de que el Juez Mixto de Paz Municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero, emplazara a juicio a la parte demandada. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la presente fecha, la autoridad responsable no está en condiciones de desahogar la audiencia de ley en el juicio laboral 195/2014, dado que se encuentra pendiente el emplazamiento de la parte demandada, por tanto, el tribunal laboral no está en aptitud de desahogar la audiencia de ley, sino hasta que se emplace a la parte demandada. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente En otro lado, por lo que hace al acto reclamado [1], consistente en la omisión de proveer sobre el escrito presentado en veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 195/2014, a través del cual solicitó se pronunciara sobre la contestación de la demanda, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Luego, de las constancias con que acompaña la responsable a su informe justificado, remite copia certificada del auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen 195/2014, en el que determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: ".Chilpancingo, Guerrero, a ocho de febrero del dos mil veintidós. Agréguense a los autos del expediente en que se actúa el escrito de referencia para que surta sus efectos legales correspondientes, en atención a la solicitud del promovente en que se pronuncie sobre la contestación de demanda y se señale fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de ley, dígasele que este Tribunal con fecha de ocho de febrero del dos mil veintidós, envió el exhorto número 160/2021 de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, por correo certificado al Juez de Mixto de Paz Municipal de Cuajinicuilapa,, Guerrero, para que en auxilio de este Órgano Laboral se sirva a emplazar al demandado, por lo que una vez que el demandado de contestación a la demanda y sea devuelto al exhorto diligenciado, se acordara lo que en derecho proceda." Así, del análisis comparativo entre el acto que reclama la parte quejosa y lo determinado por la responsable en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen 195/2014, se concluye que la afectación reclamada en el presente juicio ha cesado sus efectos en su totalidad. De ahí que, se ve actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del aquí agraviado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que para el caso sea procedente esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para entrar al estudio de las constancias remitidas por la responsable, toda vez que el análisis de éstos deben realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen, en estricto respeto al principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, y en ese sentido, debe tenerse como tal en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la omisión antes destacada. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada avalada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, con relación a las copias fotostáticas que solicita de la sentencia que se dicte en su momento; dígasele que ello deberá instarlo una vez que se emita la misma, a fin de que éste órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de agendar una cita con la finalidad de que se le expidan las reproducción referidas; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual indica el procedimiento para las visitas al órgano correspondiente a través del módulo denominado "Agenda de Visitas". Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, que actúa ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que hace constar. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano