Idilia Gonzalez Bustamante

Expediente 2477/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2477/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Idilia Gonzalez Bustamante

Actuaciones

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2477/2019-II-A, promovido por IDILIA GONZALEZ BUSTAMANTE contra los actos que reclama del Presidente Municipal Constitucional de Huixtla, Chiapas, y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se integra por duplicado el presente incidente de suspensión del acto reclamado, y se procede a su trámite y estudio. En términos del artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, pídase su respectivo informe previo a las autoridades responsables, el cual deberán rendirlo en el término de cuarenta y ocho horas, para el efecto se les remite copia de la demanda de garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medidas y actualización de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental, nueve horas con cuarenta y cinco minutos del tres de enero de dos mil veinte. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de reubicación del local comercial "Restaurante Lolita". En consecuencia, con fundamento en el artículo 128, fracción ll, aplicado contrario sensu, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado antes precisado; solicitada por la parte quejosa, toda vez que no acredita indiciaria o presuntivamente contar con un derecho legítimamente tutelado que la faculte a obtener dicho beneficio, es decir, no demuestra ser propietaria de dicho inmueble, lo cual es indispensable para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto de la medida cautelar que solicita, ya que nuestro más Alto Tribunal ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, ubicado con el número VIII. 2o. 23K, visible en la página 408, del Tomo XI, mayo de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE.- Si de las constancias que forman el expediente del cuaderno incidental de suspensión, ninguna prueba existe para acreditar la propiedad o posesión de los bienes inmuebles y por consiguiente si el agraviado de manera alguna prueba, aún presuntivamente, el interés jurídico que tiene para que se suspenda el acto reclamado, de suerte que siendo menester acreditar lo anterior, no es suficiente que el quejoso manifieste, bajo protesta de decir verdad, que son ciertos los hechos que afirma en su demanda, para que se tenga por acreditada la presunción aludida, razón suficiente por la que diciéndose tercero extraño al procedimiento de donde emanan los actos reclamados debe probar el supuesto ya dicho". Además de que solamente exhibió copia fotostática simple de credencial de elector, clave única del registro de población, licencias de funcionamiento, forma de pago, avalúos y oficio firmado por el Director de Alcoholes del Ayuntamiento Municipal Constitucional, de Huixtla, Chiapas, la cual no son suficientes para acreditar su interés. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 71/2002, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página 33, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro que a la letra reza: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN." Con apoyo en el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, por medio de lista de acuerdos que se publica en este juzgado, toda vez que el domicilio que indica se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, y únicamente se tiene autorizados para oír y recibir todo tipo de notificaciones a las personas que señala, hasta en tanto acredite ser licenciado en derecho y tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, expídasele copia certificada del presente proveído, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, autorizándose para recibirlas a las personas que indica. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Alfonso García López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/7188/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, asistido por José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Idalia González Bustamante contra los actos que reclama del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese bajo el número 2477/2019-II-A, que le corresponde. En ese contexto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 115, 116 y 128 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda en los términos en que se promueve. Por haberlo solicitado la parte quejosa, tramítese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión de los actos reclamados. Con apoyo la fracción IV del artículo 5 de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, haciéndole entrega de una copia de la demanda de amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del seis de febrero de dos mil veinte. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, ubicado en Predio Rustico denominado "Huerto Santa Isabel" Carretera Cantón Murillo kilómetro 0+450 de esta Ciudad, en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, o en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, en el término señalado, deberán acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen los actos reclamados, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del mismo y sus antecedentes. De igual forma, deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de cien unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. De igual forma, con fundamento en los artículos 64 en relación con el 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informen, apercibidas que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa de cien unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación indiquen si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañen las constancias respectivas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas las que se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración al resolverse en definitiva la presente vía constitucional. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 71, 103, 110, 113 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en vinculación al artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada, aplicable según el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del primer ordenamiento invocado; así como los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, publicado en el citado medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día cinco del mes y año indicados, por el cual se derogó el Acuerdo General 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como las reformas que adicionaron los artículos 2º, 8º, 9º y 13, modificaron los numerales 7º, 8º, 33, 35 y 36, y reformaron el diverso 32, todos del citado reglamento, publicadas en el medio de difusión oficial referido, el doce de diciembre de dos mil siete, que entró en vigor al día siguiente; hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus "datos personales" (cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables) y el de manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo. En el entendido que de no existir oposición, la unidad administrativa correspondiente generará la versión pública de la resolución o de las demás constancias del expediente, suprimiendo cualquier otra información de carácter personal que contengan, procurando que dicha supresión no impida conocer el criterio de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, tratándose de los datos sensibles, que se definen en el artículo 2º del citado reglamento, en la forma siguiente: "el dato personal que revela el origen racial o étnico, la convicción religiosa, filosófica o de otro género, la opinión política, la adhesión a un partido, sindicato, asociación u organización de carácter religioso, filosófico, político o sindical, o cualquier otro dato personal que revele el estado de salud o la vida sexual del titular de los datos personales"; serán suprimidos de la versión pública de las sentencias ejecutoras, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. De igual manera, como lo establece el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se hace del conocimiento de las partes que en las listas de notificación, entre otros documentos jurisdiccionales, se publicarán los nombres de las partes, salvo cuando el asunto respectivo verse sobre supuestos de datos sensibles, tales como los relacionados con juicios familiares o causas penales seguidas respecto de los delitos contra la dignidad -aborto, ayuda o inducción al suicidio-; contra la libertad reproductiva, contra la libertad y el normal desarrollo de la personalidad; contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia; contra la filiación y la institución del matrimonio; contras las normas de inhumación y exhumación y contra el respeto a los cadáveres o restos humanos; y de suministro de medicinas nocivas o inapropiadas; asimismo, la oposición a la publicación de los datos personales realizada por las partes no dará lugar a la supresión de su nombre en los instrumentos de carácter jurisdiccional señalados, salvo que se refiera a los supuestos sensibles, sin menoscabo de la supresión de otros datos personales diferentes al nombre. Se habilitan días y horas inhábiles. En otro orden de ideas, atendiendo a las cargas de trabajo que se tienen en este juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al Actuario Judicial adscrito para que en caso de ser necesario realice las notificaciones correspondientes al presente juicio en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. Digitalización. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Autorización al secretario. Se autoriza a los secretarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a firmar los oficios que deban de emitirse, en la substanciación de este asunto. Domicilio y autorizados. Con apoyo en el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, por medio de lista de acuerdos que se publica en este juzgado, toda vez que el domicilio que indica se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, y únicamente se tiene autorizados para oír y recibir todo tipo de notificaciones a las personas que señala, hasta en tanto acredite ser licenciado en derecho y tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Alfonso García López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/7188/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, asistido por José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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