Ideas Y Servicios Novoa, S.A.S de C.V.
Expediente 263/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ideas Y Servicios Novoa, S.A.S de C.V.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio con evidencia criptográfica de la firma electrónica de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, solicita se le informe si existe pronunciamiento respecto a la consulta formulada por este juzgado ante el Consejo de la Judicatura Federal; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese tomando conocimiento de su contenido. Ahora, cabe precisar que si bien en auto de once de noviembre de dos mil veintidós, se determinó solicitar a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dirimiera a qué órgano correspondía el conocimiento del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 2/2020, esto derivado de la resolución pronunciada en el conflicto competencial 30/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en que resolvió que no existía conflicto, en una nueva reflexión, en auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, planteo la competencia a un Juzgado de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno. 05/04/24 10:14:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 FRANCISCO DE PAZ BECERRIL Asimismo, en auto de veintiocho de febrero del presente año, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, acusó recibo de los autos originales e informó que se avoca al conocimiento de la demanda de mérito; por lo tanto, se ordenó el archivo correspondiente. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a siete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, con el cual comunicó el diverso de quince marzo de dicha anualidad, en el que ese juzgado determinó no aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, sin que este juzgador insistiera en declinar la competencia a dicho juzgado; sin embargo, aunque se ordenó comunicar dicho auto al citado juzgado, no se libró el oficio correspondiente; en consecuencia, mediante oficio que se gire al juzgado aludido comuníquese dichas circunstancia, para los efectos legales. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio electrónico de cuenta, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por medio del cual, acusa recibo de los autos originales del presente asunto, informa que se avoca al conocimiento de la demanda de mérito, quedando registrado con el número de expediente 284/2023, de su índice. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 1, inciso a) del Manual referido, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de autos al juzgado mencionado. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el párrafo primero del artículo 20, del multicitado Acuerdo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón del licenciado Ramiro Betancourt Olmos, Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar el oficio 552/2023, de seis de enero del presente año, por los motivos expuestos en ésta; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, es un hecho notorio que se invoca en términos del artículo 83, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que mediante circular SECNO/13/2022, de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, signada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a los Titulares de los órganos jurisdiccionales que en el Punto de Acuerdo 133/2022, emitido en sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, de la citada Comisión, se interpretaron los alcances del Acuerdo 2/2020, y se determinó que este no resulta aplicable para aquellos amparos en los que se reclame Decreto por el que se reclaman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado de la Ley al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de la Ley federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, deben enviarse a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para que las tramitaran, resuelvan y se hagan cargo del cumplimiento de las sentencias que en su caso concedan el amparo y protección de la justicia federal, únicamente por lo que hace a las reformas de noviembre y diciembre de dos mil diecinueve. Asimismo, no se previó para su aplicación perpetua hacia el futuro, como acontece en la demanda que nos ocupa; por lo tanto, en dicha circular se concluyó que el citado Acuerdo 2/2020, no resulta aplicable para su conocimiento de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al tratarse de un decreto distinto a los emitidos en la reformas de noviembre y diciembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, se corrobora con las imágenes que se insertan de la circular en comento: En otras palabras, se puede apreciar que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, determinó que los juzgados auxiliares conocerán de la temática siguiente: Los artículo 17-H BIS, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII, 69, fracción IV; o alguna disposición normativa relacionada con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, respecto a las reformas de noviembre y diciembre de dos mil diecinueve, pues el reclamo debe ir encaminado a esa temática. En esa tesitura, este órgano jurisdiccional, no insiste en formular la consulta decretada en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en relación a lo establecido en párrafo que anteceden. En esas condiciones y toda vez que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que prevé: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) Precisado lo anterior, así como de la circular citada y de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados la promulgación, orden de publicación y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley de impuesto al Valor Agregado, de la Ley al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, concretamente los artículos 208, 211 y 212, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 17-D, del Código Fiscal de la Federación. Ahora, previo a proveer sobre la admisión o no de la demanda de garantías, es pertinente señalar, que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, el concepto de competencia en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo anterior y la doctrina, se puede distinguir los siguientes criterios de competencia: I) Por materia. II) Por territorio. III) Por grado. De la clasificación anterior de competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37, de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; o bien, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37, de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95, de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora bien, de las manifestaciones de la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en el escrito de demanda, se desprende que su domicilio fiscal está ubicado en avenida España número ciento cuarenta y uno, interior once A, colonia Ciudad del Valle, Tepic, Nayarit, situación que se corrobora, con el documento denominado acto constitutivo de sociedad por acciones Simplificada con folio de constitución SAS2020345013, expedido por la Secretaría de Economía, que adjuntó a su demanda de garantías. Esto es, su domicilio fiscal se encuentra fuera de la jurisdicción territorial que corresponde a este Juzgado de Distrito. Al respecto, conviene traer a contexto el contenido del artículo 10, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que establece las definiciones relativas al domicilio fiscal de los contribuyentes, el cual en la parte que interesa establece lo siguiente: "Artículo 10. Se considera domicilio fiscal: [.] II. En el caso de personas morales: a). Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. b). Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen." De lo expuesto se desprende que en tratándose de personas morales, se considera domicilio fiscal, los siguientes: a) Cuando sean residentes en el país, el lugar en donde se encuentre su administración principal. b) Cuando son personas morales residentes en el extranjero, lo será el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país o en su defecto el que designen. Por tanto, si la quejosa Ideas y Servicios Novoa, sociedad por acciones simplificada de capital variable, tiene como domicilio fiscal el ubicado: en avenida España número ciento cuarenta y uno, interior once A, colonia Ciudad del Valle, Tepic, Nayarit; y tilda de inconstitucional las normas mencionadas, este juzgado no es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del presente juicio, pues es en aquella jurisdicción donde la peticionaria del amparo debe acatar las disposiciones legales que reclama y cumplir con sus obligaciones fiscales. Para el caso, son aplicables, en lo conducente, los criterios siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE." Registro digital: 166013 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 175/2009, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 426 Tipo: Jurisprudencia.) "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE." Registro digital: 185231, Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 146/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Enero de 2003, página 324 Tipo: Jurisprudencia.) En las relacionadas condiciones, este juzgador estima que en el presente caso se actualiza la hipótesis de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual establece que es competente para conocer de un juicio de amparo, el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, situación que en este asunto acontece, precisamente porque el cumplimiento de las disposiciones legales que reclama debe tener verificativo en la Jurisdicción de un Juzgado de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, donde la persona moral quejosa tiene su domicilio fiscal. Por todo lo anterior, es evidente que este Juzgado de Distrito CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, POR RAZÓN DE TERRITORIO, PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 2a./J. 11, visible en la página 193, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS.". Por los motivos señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías y ordena remitir el presente expediente, al Juzgado de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, solicitándole el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta o rechaza la competencia planteada. En mérito de lo anterior, sirve de apoyo el contenido de la tesis número I.15o.A.41 K, que establece lo siguiente: Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído a la quejosa, en atención a la Jurisprudencia 1496, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primero, página cincuenta y cinco, que en lo conducente se transcribe: .es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado. Notifíquese
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