Icela Guadalupe Valenzuela Valencia

Expediente 1578/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1578/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/12/2018

Partes del expediente

  • Icela Guadalupe Valenzuela Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO AUTO QUE DESECHO DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO Y SE ORDENA ARCHIVO...

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO ICELA GUADALUPE VALENZUELA VALENCIA, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente dice: "Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por Icela Guadalupe Valenzuela Valencia, por propio derecho. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo número 1578/2018 y su registro en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al actualizarse una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable. De acuerdo a lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales es procedente contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, en los términos siguientes: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció qué debía entenderse por actos de imposible reparación, al emitir la jurisprudencia P.J. 37/2014, de rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. De acuerdo a lo establecido en la citada jurisprudencia, existen dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, la primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: Se reclama de la autoridad responsables, es decir, de la H. JUNTA ESPECIAL CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, la omisión de dictar el auto de radicación o de admisión de la demanda dentro del juicio ordinario laboral número 880/2018, promovido por la C. ICELA GUADALUPE VALENZUELA VALENCIA en contra de la empresa OPERADORA WALMART S. DE R.L. DE C.V. y otros, no obstante de que la Ley Federal del Trabajo, establece los plazos y términos legales correspondientes, además de que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente señala: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Asimismo, en relación a los preceptos constitucionales violados, expresó que se viola su derecho fundamental establecido en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, determinó que cuando un particular ".se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite." Igualmente, resolvió que si bien "uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta." Lo anterior, salvo que el Juez de Distrito advierta del contenido de la demanda, una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo indirecto, sería procedente por excepción. Las consideraciones relatadas se encuentran contenidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación en mayo de dos mil dieciséis, registro 2011580, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Debe destacarse, que del contenido de la demanda de amparo no se advierte que el procedimiento jurisdiccional de origen se encuentre totalmente paralizado o se advierta una abierta dilación en su trámite, pues incluso, el promovente indica que el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho presento la demanda laboral con número de expediente 880/2018. Tal manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, misma que resulta eficaz para demostrar que en el juicio de origen exista una excesiva dilación procesal. Esto es así, pues si bien es cierto el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, establece el plazo de veinticuatro horas para que las juntas emitan acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, este plazo podría resultar insuficiente atendiendo a la carga laboral de las juntas, además de que solo ha transcurrido un día hábil posterior a la presentación de la demanda, lo cual, no puede considerarse una abierta dilación en el juicio ni la paralización del mismo. En las condiciones apuntadas, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente respecto del acto que reclama el quejoso, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V en sentido contrario (a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la demanda de plano, conforme al numeral 113 de la legislación en cita. Habilitación de días y horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Privada Tarento número 10, Fraccionamiento Residencial Villa Bonita de esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Antonio Rojo López. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso..."

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