Ibrahin Silva Cruz
Expediente 254/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ibrahin Silva Cruz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 20 del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual subsana la prevención formulada en autos; por tanto, se provee: Desechamiento de la demanda En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En el presente asunto se señalan como actos reclamados en contra de las siguientes autoridades responsables: ( Del Congreso del estado de Morelos: la iniciativa, discusión y aprobación del artículo 314 primer párrafo del Código Procesal Familiar del estado de Morelos; ( Del Gobernador Constitucional del estado de Morelos: la promulgación del artículo 314 primer párrafo del Código Procesal Familiar del estado de Morelos; y ( Del Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del estado de Morelos: el primer acto de aplicación del artículo 314 primer párrafo del Código Procesal Familiar del estado de Morelos, a través del acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/92, estableció en primer término, como regla general, que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Así, el Máximo Tribunal, al emitir la contradicción de tesis 377/2013 , precisó que en la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, inciso b) dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y la segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Para una mejor comprensión del tema que se analiza, se procede a transcribir el contenido de los artículos referidos, los cuales dicen lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." Con base en estas disposiciones, se precisó que el legislador determinó que los actos de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, el acuerdo que aquí se reclama derivó del expediente ********************, relativo a la modificación de cosa juzgada, promovido por ******************** en contra de ********************. La parte quejosa considera que el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés es el primer acto de aplicación del precepto señalado como reclamado, en virtud de que en él se hizo de su conocimiento que el diecinueve del mismo mes y año se notificó a su contraparte -parte actora en el juicio de origen- del plazo para ofrecer pruebas. Contrasta lo anterior con su situación particular, en el sentido de que la parte promovente, en su carácter de demandada, sí asistió a la audiencia de conciliación de trece de diciembre de dos mil veintidós, por lo que en ese acto se le hizo de su conocimiento el plazo para ofrecer pruebas, el cual empezó a transcurrir a partir del catorce de diciembre siguiente; lo que provocó que su plazo feneciera antes que el de su contraparte. Entonces, a consideración de la parte quejosa, el plazo concedido a la actora del juicio de origen es inconstitucional ya que al no haber comparecido a la audiencia de conciliación de trece de diciembre de dos mil veintidós, se "extendió" su plazo para ofrecer pruebas; circunstancia que estima como una ventaja procesal indebida. Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que el juicio de origen está en trámite, específicamente en etapa de pruebas. Por tanto, puede afirmarse que el acto aquí reclamado no se trata de uno de imposible reparación que vulnere los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que únicamente se trata de un acto que puede producir una violación en sus derechos adjetivos, pero que no necesariamente puede trascender al sentido del fallo Sobre esa base, la parte quejosa no puede promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que reclama, ya que la trascendencia del periodo probatorio y en su caso, las pruebas que se ofrezcan, solo podrá ser valorada hasta que se emita la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al mismo. Luego entonces, el análisis de las violaciones procesales está reservado al amparo directo, cuando se impugne la sentencia definitiva, pues el constituyente permanente trato de evitar que los juicios naturales se interrumpieran constantemente, mediante la promoción de juicios de amparo contra cada acto procesal. En el entendido de que si la sentencia definitiva le resultara favorable a la parte -aquí quejosa-, la afectación que pudo haber resentido, desaparecería por completo, al haber quedado enteramente satisfecha su pretensión fundamental, lo que demuestra que dicha afectación no trascendería a derechos sustantivos. Ahora bien, no se pierde de vista que la parte quejosa reclama el artículo 314 primer párrafo del Código Procesal Familiar del estado de Morelos, con motivo de su primer acto de aplicación, sin embargo, ello no implica que el presente juicio sea procedente. Lo anterior es así, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que tratándose del amparo contra leyes, promovido con motivo del primer acto de aplicación, los juzgados de distrito y tribunales de circuito deben analizar, en principio, si el amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado. Entonces, como se afirmó en líneas anteriores, al actualizarse una causal de improcedencia en contra del acuerdo reclamado, que, a dicho de la parte quejosa, constituye el primer acto de aplicación del artículo 314 primer párrafo del Código Procesal Familiar del estado de Morelos, lo procedente es desechar la demanda de amparo intentada. Esto es acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, que dice lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente, promovida por ******************** por propio derecho, contra actos del Congreso del estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Prevención de la demanda A efecto de proveer lo conducente respecto a la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase al peticionario de amparo para el efecto de que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito y bajo protesta de decir verdad aclare su demanda de amparo en los siguientes términos: Único. Se requiere a la parte quejosa para que amplíe los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Del Congreso del estado de Morelos combate la iniciativa, discusión y aprobación del artículo 314 primer párrafo del Código Procesal Familiar del estado de Morelos, que establece la apertura del plazo para ofrecer pruebas; Del Gobernador Constitucional del estado de Morelos reclama la promulgación del citado artículo; y Del Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del estado de Morelos se duele del primer acto de aplicación de la norma general que reclama como inconstitucional en los siguientes actos: La notificación personal realizada a su contraparte en fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés de apertura de periodo probatorio para su contraparte en el expediente ********************; y El acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************. Sobre esa base, a fin de que la suscrita juzgadora se encuentre en condiciones de proveer sobre la demanda de cuenta, se requiere a la parte quejosa para que amplíe los antecedentes del acto, esto es, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Informe si ******************** como quejoso, es menor de edad y en su caso, cuántos años tiene. Aclare la fecha del acuerdo que considera fue el primer acto de aplicación del artículo 314, primer párrafo del Código Procesal Familiar para el estado de Morelos. Lo anterior, ya que en su escrito de demanda señala tres fechas que, a su parecer, constituyeron el primer acto de aplicación de la norma impugnada. Es decir, por una parte, refiere que el primer acto de aplicación fue a través de la notificación personal realizada a su contraparte, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Posteriormente adujo que ese acto se materializó en el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés. Y por otro lado, indicó que dicho precepto se aplicó por primera ocasión en la audiencia de trece de diciembre de dos mil veintidós. Manifieste bajo protesta de decir verdad cuál es el estado procesal que guarda el expediente ********************. Informe qué fue lo que se proveyó en el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés. Aclare si ******************** como parte actora y la demandada dentro del expediente de origen, ya ofrecieron pruebas, o en su caso, si dicho plazo transcurrió. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26, sustentada por el Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO." Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo prevenido en el plazo que se concede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico y se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones, incluso las de carácter personal, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Domicilio procesal y autorizados Para el caso en que el usuario proporcionado no se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizada a la persona que propone para tales efectos. Autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Se tiene por autorizado al profesionista que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cedula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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