Ibon Ramírez Rosete
Expediente 698/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ibon Ramírez Rosete
- Tribunal de Garantia Y Juicio Oral En Materia Penal del Partido Judicial de Mexicali del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido al proveído de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 111 a 113), en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo y destrucción Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en comento, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de notificación a la autoridad responsable Tribunal de Garantía y Juicio Oral en Materia Penal del Partido Judicial de Mexicali del Estado de Baja California; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente asunto.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Autoridad remite constancias. Agréguense a los autos el oficio con anexo signado por el Secretario de Gobierno y Vicepresidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el siete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 97 y 98); y remite copia certificada de las constancias de notificación a la aquí quejosa del auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del procedimiento C.E.S.P. 01/2018 de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia Así, del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá: El aludido numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó: La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la situación jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia no es sólo paralización del acto, sino también la ociosidad de examinar su constitucionalidad si ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de una sentencia protectora. La improcedencia está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la garantía exija. La interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, concluye que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola transgredido, la cesación no deje huella alguna. Este criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, titulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Esta causa de improcedencia ha sido interpretada por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que su actualización requiere no sólo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En relación con el tema que nos ocupa, derecho de petición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó que el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la parte quejosa reclama, en esencia: "IIl.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- A).- El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, en su calidad de Presidente y Representante Legal del Consejo Estatal de Seguridad Pública, del Estado de Tlaxcala." No obstante, del oficio C.J. 1808/2018, el Secretario de Gobierno y Vicepresidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, manifestó que con fecha treinta de octubre del año en curso, se emitió un acuerdo en el que se dio contestación a la parte quejosa, respecto de su escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho, por lo que adjuntó copia certificada de dicho auto y su respectiva constancia de notificación, por lo que es inconcuso que cesó la omisión reclamada por la quejosa, y se cumplió así con el imperativo constitucional. Lo anterior pone de manifiesto que los efectos del acto reclamado han cesado, al quedar destruida en forma total e incondicional, no obstante la respuesta se realizó durante la sustanciación de esta instancia; dejando con ello de existir la violación constitucional alegada, como si se hubiere concedido el amparo ordenando a las autoridades responsables respetar el derecho que se trata y cumplir lo que este exige, esto es, la autoridad competente dio contestación a los escritos de la parte quejosa de tres de mayo y veintidós de junio de dos mil dieciocho. En ese sentido, dejó de existir lesión en el ámbito jurídico de la parte quejosa que pudiera ser resarcida a través del otorgamiento del amparo, pues se ha acatado el derecho incumplido con la omisión de las responsables, como si se hubiere concedido la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de quince de noviembre de dos mil dieciocho: Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Autoridad remite constancias. Agréguense a los autos el oficio con anexo signado por el Secretario de Gobierno y Vicepresidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el siete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 97 y 98); y remite copia certificada de las constancias de notificación a la aquí quejosa del auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del procedimiento C.E.S.P. 01/2018 de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia Así, del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá: El aludido numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó: La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la situación jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia no es sólo paralización del acto, sino también la ociosidad de examinar su constitucionalidad si ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de una sentencia protectora. La improcedencia está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la garantía exija. La interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, concluye que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola transgredido, la cesación no deje huella alguna. Este criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, titulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Esta causa de improcedencia ha sido interpretada por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que su actualización requiere no sólo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En relación con el tema que nos ocupa, derecho de petición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó que el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la parte quejosa reclama, en esencia: "IIl.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- A).- El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, en su calidad de Presidente y Representante Legal del Consejo Estatal de Seguridad Pública, del Estado de Tlaxcala." No obstante, del oficio C.J. 1808/2018, el Secretario de Gobierno y Vicepresidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, manifestó que con fecha treinta de octubre del año en curso, se emitió un acuerdo en el que se dio contestación a la parte quejosa, respecto de su escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho, por lo que adjuntó copia certificada de dicho auto y su respectiva constancia de notificación, por lo que es inconcuso que cesó la omisión reclamada por la quejosa, y se cumplió así con el imperativo constitucional. Lo anterior pone de manifiesto que los efectos del acto reclamado han cesado, al quedar destruida en forma total e incondicional, no obstante la respuesta se realizó durante la sustanciación de esta instancia; dejando con ello de existir la violación constitucional alegada, como si se hubiere concedido el amparo ordenando a las autoridades responsables respetar el derecho que se trata y cumplir lo que este exige, esto es, la autoridad competente dio contestación a los escritos de la parte quejosa de tres de mayo y veintidós de junio de dos mil dieciocho. En ese sentido, dejó de existir lesión en el ámbito jurídico de la parte quejosa que pudiera ser resarcida a través del otorgamiento del amparo, pues se ha acatado el derecho incumplido con la omisión de las responsables, como si se hubiere concedido la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo del Encargado del Departamento Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad, por el cual informa que mediante oficio CEST/0537/2018 de ocho de noviembre del año en curso, remitió el original del oficio 36341/2018, del índice de este órgano jurisdiccional al Secretario de Gobierno, lo cual justifica con copia del referido oficio; asimismo, solicita que las subsecuentes notificaciones se realicen en el domicilio que señaló el Secretario de Gobierno en razón de que dicha dependencia no se encuentra autorizada para recibir notificaciones en representación de las autoridades responsables señaladas en el presente juicio, de lo que este Juzgado Federal toma de conocimiento para los efectos legales conducentes.
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