Ibis Quintero Vega
Expediente 356/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ibis Quintero Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que NEGÓ a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Mediante auto de ocho de julio de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y mediante resolución interlocutoria de treinta de julio de ese año, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. Por tanto, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, así como el original del cuaderno incidental, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Billete de depósito. Ahora bien, de autos se advierte que por auto de seis de agosto de dos mil veinte, dictado en el incidente de suspensión que deriva de este juicio, el quejoso Ibis Quintero Vega, exhibió el billete de depósito N 859460, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), valioso por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida; por tanto, con fundamento en el artículo 156 de la ley en la materia, requiérase a éste, para que dentro del plazo de seis meses, a partir de la legal notificación de la sentencia, acuda a éste órgano jurisdiccional a recoger el billete de depósito, apercibido que de no hacerlo y transcurrido el plazo de dos años contado a partir del vencimiento que tienen la parte tercera interesada para promover el correspondiente incidente, prescribirá en favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, para su ingreso en beneficio de la administración de justicia. En el entendido que tal certificado deberá estar debidamente endosado a nombre del depositante, quién deberá comparecer personalmente a este juzgado y previa identificación con credencial de elector, pasaporte vigente o cédula profesional, se le hará entrega del citado documento. 6. CERTIFICACIÓN. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso injustificado en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda.
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Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que NEGÓ a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Mediante auto de ocho de julio de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y mediante resolución interlocutoria de treinta de julio de ese año, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. Por tanto, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, así como el original del cuaderno incidental, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Billete de depósito. Ahora bien, de autos se advierte que por auto de seis de agosto de dos mil veinte, dictado en el incidente de suspensión que deriva de este juicio, el quejoso Ibis Quintero Vega, exhibió el billete de depósito N 859460, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), valioso por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida; por tanto, con fundamento en el artículo 156 de la ley en la materia, requiérase a éste, para que dentro del plazo de seis meses, a partir de la legal notificación de la sentencia, acuda a éste órgano jurisdiccional a recoger el billete de depósito, apercibido que de no hacerlo y transcurrido el plazo de dos años contado a partir del vencimiento que tienen la parte tercera interesada para promover el correspondiente incidente, prescribirá en favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, para su ingreso en beneficio de la administración de justicia. En el entendido que tal certificado deberá estar debidamente endosado a nombre del depositante, quién deberá comparecer personalmente a este juzgado y previa identificación con credencial de elector, pasaporte vigente o cédula profesional, se le hará entrega del citado documento. 6. CERTIFICACIÓN. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso injustificado en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda.
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NEGAR EL AMPARO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Consideración previa. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes. Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Zamora: La orden de comparecencia librada el seis de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 204/2019, instruida contra Ibis Quintero Vega, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de despojo, en agravio de Mirna Vega Miranda. Del Fiscal Regional de Justicia, Director de la Policía de Investigación, Director de Seguridad Pública Municipal y Subdirector Operativo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos de Zamora Michoacán: La ejecución de dicha orden. TERCERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado es susceptible de ser ejecutado dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este Tribunal. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral, Región Zamora, al informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto; ello, debido a que informó que giró orden de comparecencia contra el quejoso, por no haberse presentado a la audiencia de formulación de imputación, no obstante de haber sido notificado. Lo que se corrobora con el disco en formato versátil digital (DVD), que contiene el registro de audio y video de las audiencias orales, así como constancias digitalizadas de diversas actuaciones derivadas de la causa penal 204/2019, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior porque la información contenida en el disco versátil digital, tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado. Por su parte, las autoridades ejecutoras Fiscal Regional de Justicia, Director de la Policía de Investigación, Director de Seguridad Pública Municipal y Subdirector Operativo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos Zamora, Michoacán, negaron la existencia del acto de ejecución que se les reclama, sin embargo, dado el carácter que les reviste, debe tenerse por cierto, ya que la autoridad ordenadora reconoció su existencia. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el caso no se observa causa de improcedencia, por lo que procede abordar el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación hechos valer son infundados, sin que se advierta en ellos deficiencia que deba suplirse en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. I. El quejoso argumenta que la orden de privación de la libertad girada en su contra violenta sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que no se colman las hipótesis para su procedencia. II. Asimismo sostiene que la orden de aprehensión carece de fundamentación y motivación pues se sustenta en declaraciones de personas a quienes no les constan los hechos y no existen documentos idóneos para reclamar su terreno. III. Por otra parte, sostiene que se vulnera el artículo 20 constitucional porque durante la indagatoria no se le dio oportunidad de declarar ni aportar pruebas descargo. Lo anterior es infundado. El artículo 16 Constitucional, en sus párrafos primero y tercero, establece la concurrencia imprescindible de tres requisitos mínimos para la emisión de las órdenes privativas de libertad, a saber: i. Que se exprese por escrito, salvo en tratándose de juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, en esos casos, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido; ii. Que provenga de autoridad competente; y, iii. Que en el mandamiento relativo se funde y motive la causa legal de su determinación. La relación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal de su determinación. Ahora, en el caso a estudio, se cumple con el primer requisito, en atención a que estamos ante el supuesto de excepción de que el acto obre por escrito, ya que en el procedimiento penal génesis rige el principio de oralidad; de manera que basta con quede constancia de la orden de comparecencia reclamada, en cualquier medio que dé certeza de su contenido, como lo es, justamente, el disco versátil digital (DVD) en formato de videograbación, continente de la resolución de seis de julio de dos mil veinte, dictada por el Juez de Control responsable. Aunado a ello, en el caso particular, se advierte quedó constancia por escrito de los puntos resolutivos de la determinación de autorización de orden de comparecencia, tal como se aprecia de las constancias allegadas por la autoridad judicial responsable al rendir el informe justificado respectivo. De igual modo la autoridad judicial señalada como responsable es la competente legalmente para emitir la resolución que en esta vía se reclama, en términos de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Conjuntamente, la autoridad responsable cumplió con la última de las obligaciones destacadas, consistente en que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por ello, dar a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión permitiéndole una real y auténtica defensa, lo que así ocurrió y como en su oportunidad se destacará. En concordancia con lo anterior, de los artículos 141, 142 y 143, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que a solicitud del Ministerio Público, puede ordenarse la comparecencia de una persona que habiendo sido citada previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna. En este asunto, cabe precisar que de los discos versátiles que contienen las audiencias celebradas en la causa penal de origen, se advierte, a manera de antecedente, que ante el Juez responsable, el treinta de agosto de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación, en donde las partes fueron canalizadas al área de mediación, quedando suspensa la causa por treinta días. No obstante, el diecinueve de septiembre siguiente, el mediador informó que las partes no lograron ningún acuerdo, por lo que se dio vista al Ministerio Público, quien solicitó fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación, la cual se fijó para las diecisiete horas del seis de julio de dos mil veinte. Llegada la fecha, ante la incomparecencia sin justificación del investigado, no obstante haber sido notificado directamente por la vía telefónica, así como por medio de su defensa privada, el Juez responsable dictó orden de comparecencia a efecto de que fuera presentado por conducto de la fuerza pública a la referida audiencia fijada para las dieciocho horas del ocho de septiembre de dos mil veinte. Ello, sin perjuicio de que previamente a la fecha de la audiencia, el defensor privado Ricardo Paz Martínez renunció al cargo conferido, sin embargo subsistía el nombramiento de los diversos abogados Jorge Arriaga Noyola y Juan Carlos Vargas González, quienes además de las notificaciones realizadas al ahora quejoso, también fueron informados de la referida audiencia. De ahí que, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento de la citación a la audiencia inicial, pues se le hizo de su conocimiento a través del número telefónico que autorizó, manifestando que asistiría, así como por conducto de su defensa privada; lo cual revela que sabía su deber de comparecer a la citación hecha por el Juez responsable, sin que lo hubiera hecho. Lo anterior motivó que en esa misma audiencia, a petición expresa del Agente del Ministerio Público, el Juez estimara necesaria la comparecencia del ahora quejoso, por conducto de la fuerza pública, lo anterior a efecto hacerle saber la imputación en su contra, por no haber comparecido de manera voluntaria, ya fuera de forma presencial o vía remota, a la audiencia inicial fijada para el seis de julio de dos mil veinte. Determinación de la responsable que se estima correcta, tomando consideración las circunstancias del caso, que fueron relatadas en párrafos precedentes y que se ajustan a los establecido por el numeral 141 del código adjetivo de la materia. En ese sentido, el Juez responsable al momento de emitir la orden de comparecencia, para lograr la asistencia del quejoso a la audiencia inicial, lo hizo, además, acorde a lo previsto en el artículo 16 constitucional, al exponer los motivos que la llevaron a tomar esa determinación. En tal virtud, se cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica pues el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado conforme al contenido del artículo 16 de la Carta Magna, porque la autoridad responsable citó con precisión los preceptos legales en que se apoyó y señaló las causas, motivos y circunstancias que lo llevaron a emitir su determinación, teniendo en cuenta las constancias de autos. No pasa inadvertido que el quejoso reclamó la orden de aprehensión o detención girada en su contra, la cual fue negada por todas las autoridades señaladas como responsables, y que de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las órdenes de aprehensión y comparecencia son figuras distintas en cuanto a su objeto, pues aunque las mismas son dictadas exclusivamente por un órgano jurisdiccional (a solicitud del Ministerio Público) y tienen como particularidad el uso de la fuerza pública, la realidad es que la calidad de detenido es lo que las diferencia una de otra; esto es, la orden de aprehensión se ejecuta contra el indiciado, el cual tendrá la calidad de detenido (derivado de la necesidad de estar en prisión preventiva), mientras que la orden de comparecencia se verifica con el uso de la fuerza pública, pero sin estar detenido, o sea, únicamente para comparecer ante el órgano jurisdiccional de la causa. Razón por la cual, en esta sentencia no es dable analizar los requisitos exigidos para el libramiento de la orden de aprehensión y por ello, son infundados los conceptos de violación que el quejoso hace valer en torno a ésta y a la integración de la carpeta de investigación, ya que el estudio constitucional se dirige únicamente a los necesarios para el dictado de la orden de comparecencia, cuya finalidad es lograr la presentación del quejoso a la audiencia de formulación de imputación, puesto que éste tiene como finalidad que asista a la citación judicial, no así, privarlo de su libertad personal con motivo de la probable comisión del delito. Por todo lo anterior, son infundados los conceptos de violación que hace valer el recurrente, lo que conduce a negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, toda vez que no fueron combatidos por vicios propios, sino como consecuencia de la ilegalidad de la orden de comparecencia en cuestión. Alegatos. Finalmente, en cuanto a los alegatos formulados por el quejoso, este órgano de control constitucional se abstiene de pronunciarse al respecto, por no estar obligado a ello. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ibis Quintero Vega, contra los actos reclamados y autoridades descritas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: NEGAR EL AMPARO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Consideración previa. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes. Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Zamora: La orden de comparecencia librada el seis de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 204/2019, instruida contra Ibis Quintero Vega, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de despojo, en agravio de Mirna Vega Miranda. Del Fiscal Regional de Justicia, Director de la Policía de Investigación, Director de Seguridad Pública Municipal y Subdirector Operativo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos de Zamora Michoacán: La ejecución de dicha orden. TERCERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado es susceptible de ser ejecutado dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este Tribunal. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral, Región Zamora, al informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto; ello, debido a que informó que giró orden de comparecencia contra el quejoso, por no haberse presentado a la audiencia de formulación de imputación, no obstante de haber sido notificado. Lo que se corrobora con el disco en formato versátil digital (DVD), que contiene el registro de audio y video de las audiencias orales, así como constancias digitalizadas de diversas actuaciones derivadas de la causa penal 204/2019, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior porque la información contenida en el disco versátil digital, tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado. Por su parte, las autoridades ejecutoras Fiscal Regional de Justicia, Director de la Policía de Investigación, Director de Seguridad Pública Municipal y Subdirector Operativo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos Zamora, Michoacán, negaron la existencia del acto de ejecución que se les reclama, sin embargo, dado el carácter que les reviste, debe tenerse por cierto, ya que la autoridad ordenadora reconoció su existencia. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el caso no se observa causa de improcedencia, por lo que procede abordar el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación hechos valer son infundados, sin que se advierta en ellos deficiencia que deba suplirse en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. I. El quejoso argumenta que la orden de privación de la libertad girada en su contra violenta sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que no se colman las hipótesis para su procedencia. II. Asimismo sostiene que la orden de aprehensión carece de fundamentación y motivación pues se sustenta en declaraciones de personas a quienes no les constan los hechos y no existen documentos idóneos para reclamar su terreno. III. Por otra parte, sostiene que se vulnera el artículo 20 constitucional porque durante la indagatoria no se le dio oportunidad de declarar ni aportar pruebas descargo. Lo anterior es infundado. El artículo 16 Constitucional, en sus párrafos primero y tercero, establece la concurrencia imprescindible de tres requisitos mínimos para la emisión de las órdenes privativas de libertad, a saber: i. Que se exprese por escrito, salvo en tratándose de juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, en esos casos, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido; ii. Que provenga de autoridad competente; y, iii. Que en el mandamiento relativo se funde y motive la causa legal de su determinación. La relación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal de su determinación. Ahora, en el caso a estudio, se cumple con el primer requisito, en atención a que estamos ante el supuesto de excepción de que el acto obre por escrito, ya que en el procedimiento penal génesis rige el principio de oralidad; de manera que basta con quede constancia de la orden de comparecencia reclamada, en cualquier medio que dé certeza de su contenido, como lo es, justamente, el disco versátil digital (DVD) en formato de videograbación, continente de la resolución de seis de julio de dos mil veinte, dictada por el Juez de Control responsable. Aunado a ello, en el caso particular, se advierte quedó constancia por escrito de los puntos resolutivos de la determinación de autorización de orden de comparecencia, tal como se aprecia de las constancias allegadas por la autoridad judicial responsable al rendir el informe justificado respectivo. De igual modo la autoridad judicial señalada como responsable es la competente legalmente para emitir la resolución que en esta vía se reclama, en términos de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Conjuntamente, la autoridad responsable cumplió con la última de las obligaciones destacadas, consistente en que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por ello, dar a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión permitiéndole una real y auténtica defensa, lo que así ocurrió y como en su oportunidad se destacará. En concordancia con lo anterior, de los artículos 141, 142 y 143, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que a solicitud del Ministerio Público, puede ordenarse la comparecencia de una persona que habiendo sido citada previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna. En este asunto, cabe precisar que de los discos versátiles que contienen las audiencias celebradas en la causa penal de origen, se advierte, a manera de antecedente, que ante el Juez responsable, el treinta de agosto de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación, en donde las partes fueron canalizadas al área de mediación, quedando suspensa la causa por treinta días. No obstante, el diecinueve de septiembre siguiente, el mediador informó que las partes no lograron ningún acuerdo, por lo que se dio vista al Ministerio Público, quien solicitó fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación, la cual se fijó para las diecisiete horas del seis de julio de dos mil veinte. Llegada la fecha, ante la incomparecencia sin justificación del investigado, no obstante haber sido notificado directamente por la vía telefónica, así como por medio de su defensa privada, el Juez responsable dictó orden de comparecencia a efecto de que fuera presentado por conducto de la fuerza pública a la referida audiencia fijada para las dieciocho horas del ocho de septiembre de dos mil veinte. Ello, sin perjuicio de que previamente a la fecha de la audiencia, el defensor privado Ricardo Paz Martínez renunció al cargo conferido, sin embargo subsistía el nombramiento de los diversos abogados Jorge Arriaga Noyola y Juan Carlos Vargas González, quienes además de las notificaciones realizadas al ahora quejoso, también fueron informados de la referida audiencia. De ahí que, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento de la citación a la audiencia inicial, pues se le hizo de su conocimiento a través del número telefónico que autorizó, manifestando que asistiría, así como por conducto de su defensa privada; lo cual revela que sabía su deber de comparecer a la citación hecha por el Juez responsable, sin que lo hubiera hecho. Lo anterior motivó que en esa misma audiencia, a petición expresa del Agente del Ministerio Público, el Juez estimara necesaria la comparecencia del ahora quejoso, por conducto de la fuerza pública, lo anterior a efecto hacerle saber la imputación en su contra, por no haber comparecido de manera voluntaria, ya fuera de forma presencial o vía remota, a la audiencia inicial fijada para el seis de julio de dos mil veinte. Determinación de la responsable que se estima correcta, tomando consideración las circunstancias del caso, que fueron relatadas en párrafos precedentes y que se ajustan a los establecido por el numeral 141 del código adjetivo de la materia. En ese sentido, el Juez responsable al momento de emitir la orden de comparecencia, para lograr la asistencia del quejoso a la audiencia inicial, lo hizo, además, acorde a lo previsto en el artículo 16 constitucional, al exponer los motivos que la llevaron a tomar esa determinación. En tal virtud, se cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica pues el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado conforme al contenido del artículo 16 de la Carta Magna, porque la autoridad responsable citó con precisión los preceptos legales en que se apoyó y señaló las causas, motivos y circunstancias que lo llevaron a emitir su determinación, teniendo en cuenta las constancias de autos. No pasa inadvertido que el quejoso reclamó la orden de aprehensión o detención girada en su contra, la cual fue negada por todas las autoridades señaladas como responsables, y que de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las órdenes de aprehensión y comparecencia son figuras distintas en cuanto a su objeto, pues aunque las mismas son dictadas exclusivamente por un órgano jurisdiccional (a solicitud del Ministerio Público) y tienen como particularidad el uso de la fuerza pública, la realidad es que la calidad de detenido es lo que las diferencia una de otra; esto es, la orden de aprehensión se ejecuta contra el indiciado, el cual tendrá la calidad de detenido (derivado de la necesidad de estar en prisión preventiva), mientras que la orden de comparecencia se verifica con el uso de la fuerza pública, pero sin estar detenido, o sea, únicamente para comparecer ante el órgano jurisdiccional de la causa. Razón por la cual, en esta sentencia no es dable analizar los requisitos exigidos para el libramiento de la orden de aprehensión y por ello, son infundados los conceptos de violación que el quejoso hace valer en torno a ésta y a la integración de la carpeta de investigación, ya que el estudio constitucional se dirige únicamente a los necesarios para el dictado de la orden de comparecencia, cuya finalidad es lograr la presentación del quejoso a la audiencia de formulación de imputación, puesto que éste tiene como finalidad que asista a la citación judicial, no así, privarlo de su libertad personal con motivo de la probable comisión del delito. Por todo lo anterior, son infundados los conceptos de violación que hace valer el recurrente, lo que conduce a negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, toda vez que no fueron combatidos por vicios propios, sino como consecuencia de la ilegalidad de la orden de comparecencia en cuestión. Alegatos. Finalmente, en cuanto a los alegatos formulados por el quejoso, este órgano de control constitucional se abstiene de pronunciarse al respecto, por no estar obligado a ello. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ibis Quintero Vega, contra los actos reclamados y autoridades descritas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia.
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