Ibis Guerra Santiago

Expediente 174/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
174/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
02/05/2018

Partes del expediente

  • Ibis Guerra Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el doce de abril de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, anexó a su demanda de amparo el escrito de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 10 y 11), con apoyo en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que a tales documentos les reviste el carácter de originales, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente debidamente identificada, en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recogerla, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Incidental

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de mayo de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que ya se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgado estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 174/2018; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. IBIS GUERRA SANTIAGO, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió a este juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Director encargado, encargada de la oficina de Recursos Humanos, ambos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 203, con sede en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, y de la encargada de la Subdirección de Enlace Operativo del Estado de Oaxaca, consistente en: la falta de acuerdo a su escrito de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, que estima violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. La encargada del Departamento de Recursos Humanos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 203, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en contrario, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, por cuanto a dicha responsable se refiere. Sobreseimiento que se hace extensivo a la encargada de la Subdirección de Enlace Operativo del Estado de Oaxaca, pues si bien fue omisa en rendir su informe justificado, también lo es, que de las constancias de autos no se advierte el quejoso hubiere elevado petición ante ella, de ahí la inexistencia del acto reclamado. TERCERO. El Director encargado del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 203, con residencia en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que al efecto remitió, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." De los preceptos legales transcritos se advierte, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra actos de autoridad que violen o restrinjan los derechos humanos del quejoso. Por otra parte, resulta conveniente precisar que en el juicio de garantías la relación jurídica que se tutela es aquella de supra a subordinación, en la que se manifiestan los derechos humanos, al colocarse el gobernado como titular de los mismos frente a los actos unilaterales y obligatorios de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio. Ahora, en la especie el acto reclamado se hace consistir en la negativa de acodar el escrito de petición presentado por la parte quejosa ante el Director encargado del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 203, con residencia en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, en el cual solicita se le otorgue una tarjeta para checar su entrada y salida de su centro de trabajo. Conforme a lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado, no constituye acto de autoridad, ya que entre la quejosa y dicho Director, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de garantías. Es así, pues el acto que reclama la parte quejosa se refiere a cuestiones inherentes a la relación laboral que tiene con la hoy responsable; luego entonces, las mismas están en un plano de igualdad con la aquí quejosa, y sus actos no deben estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que tal petición no se hizo a dicho funcionario en su calidad de autoridad, sino de patrón, pues se itera, lo que solicita es una tarjeta para checar su entrada y salida del centro de trabajo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, de dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." En ese orden de ideas, y al no encontrarnos ante un acto de autoridad, es evidente la causa de improcedencia invocada, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente asunto. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 174/2018, promovido por IBIS GUERRA SANTIAGO. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que no ha transcurrido el término de quince días otorgado a la Encargada de la Subdirección de Enlace Operativo en el Estado de Oaxaca, para que rinda su informe justificado; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por la autoridad responsable, mediante el cual rinde su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados los indicados. Así también, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental la que se acompaña al oficio de cuenta, misma que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

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