Ibis Alejandra Ramírez Rivera y Otros.

Expediente 687/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
687/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Ibis Alejandra Ramírez Rivera
  • Ibis Alejandra Ramírez Rivera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que desechó parcialmente y admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual registró con el número **********, de su estadística. Por otra parte y como lo solicita, remítase las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, así como el escrito original de expresión de agravios. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase a la quejosa por ********** por sí y en representación de los menores de iniciales **********, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia del veintitrés de agosto del año en curso, dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, el escrito que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítansele las constancias que integran el original del juicio de amparo en que se actúa, seis discos en formato DVD, una memoria USB, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al Oficial Judicial "A" de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese; por lista electrónica a la quejosa y tercero interesado y personalmente al asesor jurídico de los menores de identidad reservada Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 687/2023-IV, promovido por ********************, por sí y en representación de los menores de iniciales ********************., contra actos del Juez Quinto de lo Familiar de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, Asesor Jurídico Jorge López García, de los menores de identidad reservada ********************., tercero interesado y por la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que los Asesores Jurídicos de los menores de identidad reservada ********************. y tercero interesado, realizaron manifestaciones en vía de alegatos mediante escritos registrados con los folios 7404, 7567, 9500 y 10674, respectivamente. El Juez de Distrito acuerda: De conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas sus manifestaciones en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver. El Juez acuerda: Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 687/2023-IV, promovido por ********************, por sí y en representación de los menores de iniciales ********************.; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado de Distrito, el treinta y uno siguiente a este Juzgado Federal, ********************, por sí y en representación de los menores de iniciales ********************., demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. II. Trámite de la demanda. Por auto del uno de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la citada demanda, registrándola con el número 687/2023-IV, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio del tercero interesado ********************; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Luego mediante diverso acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, se admitió a trámite la ampliación de demanda respectiva, (respecto de los conceptos de violación), en los términos ahí expuestos. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; y 58 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado pertenece a la materia civil y se atribuye a una autoridad con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La audiencia de nueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, (relativo a la controversia de violencia familiar), del índice del juez responsable, en la que decretó el resguardo provisional de los infantes de iniciales ********************., a favor de su progenitor no custodio, ahora tercero interesado ********************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, al rendir su informe justificado, respecto del escrito inicial de demanda y su ampliación, aceptó el acto que le atribuye el solicitante del amparo; por tanto, se tiene por ciertos. Al caso se invoca la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado (respecto del escrito inicial de demanda y su ampliación), y de los discos compactos en formato DVD, cuyo valor probatorio es pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, página 153, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. No habiéndose invocado causa de improcedencia por las partes, ni tampoco de oficio advierte este Órgano de Control Constitucional la existencia de alguna, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Estudio de fondo. A manera de antecedentes en el asunto, es conveniente reseñar las copias certificadas de los expedientes ********************, (relativo a la controversia del estado civil de las personas y del derecho familiar, guarda, custodia y pensión alimenticia); así como, del diverso expediente ********************, (correspondiente a la controversia de violencia familiar) ambos promovidos por ********************, en contra de ********************, a saber: -Por lo que hace al primero de los citados, se advierte un convenio celebrado entre ******************** y ********************, para disolver la sociedad conyugal, guarda y custodia, alimentos y visitas y convivencias; así como, un acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el que aprobó en todas sus cláusulas y elevó a categoría de cosa juzgada dicho convenio, como si se tratara de una sentencia ejecutoriada, por lo que levantó las medidas provisionales decretadas en dichos autos y ordenó su archivo como totalmente concluido. -Luego, en el diverso expediente obra un dictamen en materia de psicología realizada a ********************, ********************, y a los menores de iniciales********************y********************elaborada por la perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, informes respecto del resultado de las terapias psicológicas, presentadas por la Psicóloga adscrita a la Procuraduría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; así como, un reporte de psicología realizado por la psicóloga perteneciente a la Procuraduría Municipal citada en el párrafo precedente. -Asimismo, obra un reporte de psicología a través de la entrevista y observación directa de la quejosa ********************, y de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales ********************., llevada a cabo por la Psicóloga adscrita a la Procuraduría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en su carácter de representante coadyuvante de los citados infantes. -Un acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, por el que la autoridad responsable, en el que tomando en consideración los datos de prueba que obran en el expediente de origen, en virtud de los cuáles advirtió la posible vulneración de los derechos en contra de los menores de identidad reservada de iniciales ********************., y en atención al interés superior de la infancia, requirió a la quejosa a efecto de que presentara a los citados menores, en los términos ahí citados a la diligencia sobre la opinión de los menores, misma que tendría verificativo a las nueve horas con treinta minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós. -La audiencia de nueve de mayo de dos mil veintidós, relativa a la escucha de los menores de edad de iniciales ********************., emitido por la autoridad responsable en el expediente de origen, a la que únicamente se presentaron el tercero interesado ********************, asistido de su abogado patrono; así como una persona de confianza y la Psicóloga adscrita al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, misma que no fue posible llevar a cabo en virtud de que la quejosa no cumplió con el requerimiento realizado el diez de abril del año en curso, pues no presentó a sus menores hijos, por tanto derivado de las constancias que obran en el expediente de origen, así como del desacato de la quejosa al requerimiento realizado, el juez responsable decretó las medidas para resguardar la integridad física y emocional de los menores de iniciales ********************. y estableció el resguardo provisional de dichos menores a favor de su progenitor ********************, y requirió a la quejosa a efecto de que hiciera la entrega inmediata de los infantes referidos y ordenó que tanto a las partes, como los citados infantes continuaran tomando terapia psicológica y que la quejosa y el tercero interesado asistieran a la escuela para padres, en los términos y para los fines ahí establecidos. -Obra también, la razón actuarial en la que la actuaria adscrita al juzgado de origen hizo constar mediante diligencias de veinte y veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, que no fue posible la entrega de los menores de identidad reservada de iniciales ********************., en los términos establecidos en el acuerdo de nueve de mayo del año en curso, por los motivos ahí expuestos. SEXTO. Examen Constitucional del acto reclamado. En mérito de lo anterior, se procede al estudio del fondo del asunto, tomando en cuenta tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación respecto de la determinación que constituye el acto reclamado, los que se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo, en lo establecido por el artículo 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 58/201017, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, mayo de 2010, tomo XXXI, página 830 de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En ese sentido, la quejosa esencialmente expone en sus conceptos de violación -tanto en su escrito inicial de demanda, como en el diverso de ampliación), lo siguiente: -Refiere que la determinación de nueve de mayo de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado, vulnera en su perjuicio los numerales 1, 4, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 9.3 de la Convención sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 4.228, del Código Civil para el Estado de México, pues aduce que ésta no se encuentra fundada ni motivada, además de que pone en grave riesgo a los infantes de iniciales ********************., al dejarlos al cuidado de su progenitor, ahora tercero interesado, quien ha desplegado conductas violentas en contra de la quejosa y dichos infantes. -Añade que si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el cambio de guarda y custodia es procedente para el caso que el progenitor custodio incumpla con el régimen de visitas y convivencias previamente decretado por el juez responsable, no menos cierto es que dicha medida deber ser hecha previamente del conocimiento de las partes como medida de apercibimiento a su posible contumacia, sin que en el caso concreto se hubiese dado tal supuesto y no se respetó su derecho de audiencia ya que no fue previamente establecida como medida de apremio en el expediente ********************, (relativo a la controversia de violencia familiar), frente a la posible inasistencia de las partes a la audiencia de nueve de mayo del año en curso, además de que la quejosa contaba con una determinación de medidas de protección de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, decretada a su favor por el Juez Séptimo de Proceso Oral Familiar y de Tutela de Derechos Humanos en la Ciudad de México, (en virtud de la violencia que había ejercido el ahora tercero interesado contra ella y sus menores hijos). -Indica que el juez de origen, incurrió no sólo en violaciones procesales al momento que dicto el acto reclamado, sino que violó de forma grave sus derechos humanos y los de sus menores hijos en un diverso expediente en el que originalmente fue pactado el convenio y elevado a categoría de sentencia definitiva, vulnerando la seguridad jurídica de las partes, sino también violando en su perjuicio y de sus menores hijos los artículos 14 y 16 constitucionales. -Aduce que si bien en la determinación dictada por el juez responsable, se atendió el interés superior del menor, eso no significa que deba negarse a las partes el derecho para que el procedimiento en donde se ventilen estos, sea seguido en forma de juicio y bajo las directrices que marca la legislación aplicable, por lo que dicha resolución, violó sus derechos humanos, permitiendo que el progenitor no custodio, sin necesidad de tramitar en el expediente ********************, (en el que originalmente se había elevado a categoría de cosa juzgada el convenio presentado por las partes), promoviera el incidente respectivo de modificación de guarda y custodia decretada previamente decretado en el citado expediente. -Refiere que el juzgador responsable no analizó la totalidad de las constancias que obraban en el expediente de origen y al emitir la determinación de nueve de mayo del año en curso, -únicamente en la escucha de los menores y la existencia de dictámenes periciales-, son insuficientes y se encuentran valorados a voluntariedad y de manera parcial del juzgador responsable, ya que la escucha de los infantes se llevó a cabo sin que estos pudieran emitir su opinión libremente, toda vez que en dichas diligencias únicamente se encontraba el tercero interesado y se designó como persona de confianza a la señora ********************, (quien tiene conflicto de intereses ya que es hermana del progenitor no custodio), contraviniendo lo dispuesto por el protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que conlleva una violación fundamental, aunado a que esa parte procesal es la generadora de violencia (en contra de ella y los infantes). -Indica que la determinación reclamada, fue emitida ejerciendo contra ella violencia institucional y vulnerando la perspectiva de género, pues como la responsable lo afirmó en el acto reclamado existen dictámenes en donde consta que ambos progenitores han expuesto a situaciones de violencia a sus menores hijos y que el juez paso por alto que según el resultado de dichos dictámenes, el progenitor no custodio se torna exigente, inasertivo, es defensivo y hostil, agresivo, con baja tolerancia a la frustración llevándolo a ser generador de violencia y que la quejosa no ejerció actos de violencia en contra de sus menores hijos y si en algún momento los regañó o los castigó lo hizo fue sólo ejerciendo sus funciones de crianza y que incluso el más alto tribunal ha determinado que los castigos corporales no pueden incidir en la determinación de la guarda y custodia de los menores de edad por parte del juzgado, y que deben de analizarse a plenitud los demás elementos que existen. Los anteriores argumentos, cuyo análisis se aborda de manera conjunta en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundados. En el caso, es importante señalar que el interés superior del menor, contemplado primordialmente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, es un principio y criterio rector tanto para la creación de normas como para su aplicación, a fin de garantizar y proteger el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio pleno de sus derechos, siendo la cúspide de todo el sistema de protección de menores. De ahí que dicho principio, ampliamente desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales en el ámbito jurisdiccional, ha de guiar cualquier decisión que se tome relacionada con los menores de edad, erigiéndose como un instrumento orientador que implica llevar a cabo una interpretación sistemática que tome en cuenta los deberes de protección de las niñas, niños y adolescentes y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes de protección de la niñez, a fin de resolver lo conducente en toda controversia que trascienda, directa o indirectamente, la esfera de derechos del infante, buscando siempre una solución estable, justa y equitativa para éste, ante la frecuente concurrencia de varios intereses que, derivado de las circunstancias de cada caso en particular, entran en conflicto. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV (diciembre de 2012), Tomo 1, página 334, Materia Constitucional, Décima Época, cuyo rubro es: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO". Concordante con ello, debe tomarse en cuenta que, en el marco de una contienda judicial, por regla general ambos progenitores son aptos para el cuidado de sus hijos e hijas, no obstante los defectos y carencias que acompañan necesariamente a la condición humana. Es así, toda vez que lo contrario, esto es, la falta de aptitud, debe demostrarse en cada caso concreto. Al caso cobra aplicación, por las razones que informa, la tesis 1a. XLVII/2018 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55 (junio de 2018), Tomo II, página 964, Materia Constitucional, Civil, relativa a la Décima Época, de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA. LA REGLA GENERAL ES QUE LOS PROGENITORES SON APTOS A MENOS QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO PROBABLE Y FUNDADO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS INVOLUCRADOS." De igual forma, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas ejecutorias, ha establecido que para tomar decisiones respecto de la guarda y custodia de los menores -y en general respecto de las convivencias de los niños con sus padres-, debe utilizarse un estándar de riesgo, a fin de que la decisión que se adopte genere la menor probabilidad de que los infantes sufran daños. En ese sentido, basta que el juzgador verifique un potencial riesgo en la esfera del menor para que actúe en consecuencia, sin que sea necesario que se actualice un daño; es decir, no se requiere que la circunstancia materia de valoración genere un daño actual y directo, sino que es suficiente con que la misma "aumente el riesgo" de que los bienes o derechos fundamentales del menor se vean afectados, o bien, que aumenten las posibilidades de que ocurra tal evento. De ahí que, por excepción, pues no todo alegato formulado por las partes debe reputarse cierto sin mayor consideración de por medio, en los asuntos en que involucren menores de edad, es suficiente que se informe al juzgador los hechos u omisiones de los que razonablemente puedan derivarse situaciones de riesgo para los infantes, sin necesidad incluso de precisar pormenorizadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se den, para que la autoridad, de estimarlo necesario, actúe en consecuencia, porque la Constitución Federal, los tratados internacionales suscritos por México y la legislación nacional, están orientadas a que las medidas concernientes a los menores se atenderán de manera prioritaria. Ahora, con base en lo previamente expuesto, este juzgado de Distrito considera ajustada a derecho la determinación que adoptó el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, relativa al resguardo provisional de los menores en el domicilio de su progenitor no custodio (ahora tercero interesado), toda vez que, al valorar las circunstancias que imperan en el asunto de origen, se concluye que existe un mayor riesgo de que los derechos fundamentales de los niños se vean afectados en caso de permanecer bajo la custodia de la hoy quejosa. Lo anterior es así, porque de las constancias que obran en los autos del expediente ******************** (relativo a la controversia de violencia familiar), entre ellas la escucha de los menores de identidad reservada de diez de agosto de dos mil veintidós, se advierte claramente que los menores señalaron de manera expresa y espontánea su deseo de vivir con su progenitor ********************, además narraron haber recibido en diversas ocasiones maltratos físicos por parte de su progenitora (ahora quejosa), aunado a que dichas manifestaciones -contrario a lo que refiere la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda- las realizaron legalmente acompañados de la representación social coadyuvante, así como por la psicóloga del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, la representante legal del referido sistema y de la persona de confianza; aunado a que al imponernos de dicha audiencia, se advierte que el juez natural apercibió a la persona de confianza que no podría realizar intervención alguna en dicha diligencia y que lo desahogado en la misma no podría hacerlo del conocimiento de alguna de las partes; por tanto, no constituyen un evento aislado, ya que además obra documentales reportadas tanto por la perito en psicología designada en el expediente de origen por la Dirección de Servicios Periciales del Poder Judicial del Estado de México, como por el Servicio de Psicología del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Atizapán de Zaragoza, en el mismo sentido. En efecto, del dictamen pericial rendido por la psicóloga designada en dicho asunto, concluyó que de acuerdo a los resultados de la valoración respectiva ambos menores han sido expuestos a situaciones de violencia por parte de ambos padres, por lo que en el menor de iniciales ********************, se detecta sobre maduración, en el caso del diverso de iniciales********************., representa ambivalencia, ante la figura materna, por lo que dicha profesional recomendó la asistencia de ambos menores a psicoterapia con especialista a fin de lograr un desarrollo pleno. En ese tenor y como resultado de dicha psicoterapia, la Psicóloga Adscrita a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, presentó un escrito para informar el cumplimiento de los objetivos de la terapia psicológica recibida por parte de la quejosa y los niños de iniciales ********************., de la cual se advirtió que el primer infante citado manifestó que su mayor deseo es vivir con su padre, pues considera que tiene la atención que el necesita, no así con su mamá quien a pesar de que se esfuerza para tener una buena relación, el menor manifiesta que ocasionalmente siente que ella prefiere estar más tiempo con su pareja que con ellos, que no le molesta que tenga novio pero prefiere no convivir con él, que le es difícil exponerle dicha situación a su progenitora, pues ésta se molesta y termina por regañarlos, en especial a su hermano, quien es más impulsiva, por lo que lo castiga frecuentemente. Tocante al niño de iniciales********************., la psicóloga en cita señaló que dicho infante mencionó su deseo de vivir con su padre pues le es incómodo estar con su mamá; que es su progenitor quien le proporciona seguridad para expresarse abiertamente; que sus mayores problemas con su madre es porque no la obedece; el menor expresa que quiera a su mamá y quiere que sea feliz, solo le gustaría convivir con ella los fines de semana como lo hace actualmente con su papá ya que su mayor anhelo es estar de manera definitiva con papá. Además, el juzgador de origen tomó en consideración el escrito presentado por la abogada adscrita a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en su carácter de representante coadyuvante de los menores; en dicho ocurso la promovente refirió que tanto a los informes psicológicos mencionados en los párrafos precedentes, así como al reporte que adjuntó a escrito, concluyó que la quejosa muestra conductas violenta hacia sus hijos, lo que les ha provocado una afectación emocional, sugiriendo la continuación de las terapias psicológicas, así como la asistencia del programa de Escuela para padres, con el propósito de proveer a la antes mencionada herramientas para una crianza positiva. Por tal motivo la representación coadyuvante de los menores, refirió advertir una posible vulneración de derechos en contra de los menores de identidad reservada e iniciales ********************., observándose conductas violentas pasivas por parte de su progenitora, por lo que considera necesario separa los menores de la mamá custodia hasta en tanto se someta a Escuela para Padres y el padre sea valorado por el equipo multidisciplinario. De ahí que, en el caso concreto, el resguardo provisional que ordenó el juez responsable está justificada en las actuaciones del expediente de origen, siendo una medida que resulta idónea y necesaria a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los niños involucrados en la controversia, atento a lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Máxime que, como se destacó en el auto reclamado, también deben valorarse las manifestaciones de la representación coadyuvante de los menores, refirió advertir una posible vulneración de derechos en contra de los menores de identidad reservada e iniciales ********************., observando conductas violentas pasivas por parte de su progenitora, por lo que consideró necesario separar a los menores de la mamá custodia hasta en tanto se someta a Escuela para Padres y el padre sea valorado por el equipo multidisciplinario, lo que hasta este momento, robustece la premisa de que existe un mayor riesgo de que los derechos de los infantes puedan ser trastocados en caso de permanecer la quejosa ejerciendo su custodia. Sin omitir señalar que, previo estudio de las actuaciones certificadas relativas al juicio de origen, no se advierte que existan elementos probatorios para estimar, ni aun de manera indiciaria, que los menores sean colocados en una situación de riesgo en caso de que su padre ejerza el derecho relativo a su guarda y custodia provisional, pues dicha parte procesal no ha ejercido algún daño corporal o algún tipo de violencia sobre los menores de identidad reservada, como según las constancias que obran en el expediente de origen, en el caso de la progenitoria custodia sí sucede actualmente. Ahora bien, para continuar con el estudio, se destaca que en aquellos casos en los que se ve involucrado el bienestar y sano desarrollo de un infante, la autoridad jurisdiccional que esté conociendo de la controversia dispone de las más amplias facultades para ordenar las medidas que estime necesarias a fin de resguardar su integridad física y psicológica, descartando cualquier riesgo, por mínimo que sea, que pueda llegar a comprometer su bienestar, en observancia al aludido interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, los artículos 5.44, 5.45 y 5.58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, prevén las directrices que el juzgador responsable debe tomar en consideración, cuando se controviertan derechos de niñas, niños, adolescentes o incapaces; es decir, dicha autoridad tiene la facultad de dictar las medidas provisionales que estime necesarias para salvaguardar los derechos de los menores, las cuales serán revisadas de oficio y, de ser el caso, posteriormente pueden ser modificadas, en la que inclusive podrán dictarse otras, de acuerdo con lo manifestado por las partes y las documentales que exhiban las partes. Esto es, para que el juez pueda decretar y revisar una medida provisional, como lo es la guarda y custodia de los infantes, se exige el análisis conjunto de lo manifestado por las partes y las documentales exhibidas, para así estar en aptitud de determinar quién ejercerá la guarda y custodia, de manera provisional o definitiva, habida cuenta de que se requiere del juzgador una ponderación adecuada para decretarla. Lo anterior es así, porque, al dictar la determinación relativa, se atiende a las circunstancias del asunto en concreto y al interés superior de los menores, ponderando también sus necesidades, a fin de que se desarrollen en un ambiente social y familiar idóneo, lo cual es determinado de acuerdo con lo manifestado por las partes y con base en las pruebas ofrecidas. Bajo este panorama, lo argumentado por la quejosa, en el sentido de que el resguardo provisional de los menores que ordenó la juez responsable constituye una violación al procedimiento, ya que no se siguieron las directrices que para tales casos contempla el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, pues aduce que éste prevé que la guarda y custodia provisional solo podrá decretarse a través del incidente de modificación en el expediente respectivo y no así como lo realizó el juez responsable, es infundado. Así se concluye, porque en la controversia de origen están involucrados menores de edad, cuyo interés superior le impone al juzgador responsable la obligación no solo de dictar las medidas provisionales que estime necesarias para salvaguardar sus derechos fundamentales, sino también la de revisar, incluso de oficio, aquellas que hubiera decretado en un inicio, a fin de corroborar que continúan siendo idóneas para los fines que les dieron origen, razón por la cual es inexacto sostener que el cambio de guarda y custodia reclamado por la quejosa solo podría tener lugar de manera incidental. Máxime que la representación social cuadyuvante efectivamente expuso el posible riesgo en el que se encuentran los menores bajo el cuidado de la ahora quejosa, y de conformidad con lo expuesto en párrafos que anteceden, en los asuntos que involucren menores de edad, es suficiente que se informe al juzgador los hechos u omisiones de los que razonablemente puedan derivarse situaciones de peligro para los infantes, sin necesidad incluso de precisar pormenorizadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se den, para que la autoridad, de estimarlo necesario, actúe en consecuencia, que fue lo que aconteció en el caso concreto, ya que la Constitución Federal, los tratados internacionales suscritos por México y la legislación nacional, están orientadas a que las medidas concernientes a los menores se atenderán de manera prioritaria. Ahora, toda vez que el acuerdo reclamado, por cuanto determinó el resguardo provisional de los menores en favor de su progenitor, constituye un acto de molestia, es válido concluir que no se vulneró el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Federal, en perjuicio de la parte quejosa, pues la medida adoptada por el juez responsable está plenamente justificada en virtud de las diversos medios de prueba que fueron descritos en párrafos que anteceden, y se llevó a cabo como medida de protección a los menores de identidad reservada, pues en el caso en concreto, no es exigible a la autoridad responsable el cumplimiento de los requisitos inherentes a los actos de privación a que alude la parte quejosa, (los cuales, por su naturaleza, sí producen la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado); de ahí lo infundado del concepto de violación. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 21/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII (marzo de 1998), página 18, Materias Constitucional, Común, Novena Época, que establece: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA". En otro aspecto, contrario a lo que aduce la quejosa, se considera correcta la actuación del juez responsable, pues la inasistencia de la parte quejosa a la audiencia señalada para el nueve de mayo del año en curso, tampoco se justifica con la actuación relativa a la medida que indica fue decretada a su favor el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por el Juez Séptimo de Proceso Oral Familiar y de Tutela de Derechos Humanos en la Ciudad de México, pues como parte procesal en el expediente de origen, tenía la obligación de comparecer a dicha diligencia, independientemente de la actuación decretada en un diverso expediente, de la cual el juez responsable tampoco tenía conocimiento en esa estadía procesal y del que tampoco tiene injerencia alguna. Por otro lado, también resulta infundado el argumento de la quejosa en el sentido de que ha sido objeto de violencia institucional y que la resolución que constituye el acto reclamado fue emitida vulnerando la perspectiva de género, ya que como se advierte de los medios de prueba que obran en el expediente de origen, se llevó a cabo la valoración de todos los medios de prueba ahí desahogados; así como, las manifestaciones de la representación coadyuvante de los menores, quien advirtió una posible vulneración de derechos en contra de los citados infantes, observando conductas violentas pasivas por parte de su progenitora, por lo que consideró necesario separa los menores de la mamá custodia, por lo que hasta este momento, robustece la premisa de que existe un mayor riesgo de que los derechos de los infantes puedan ser trastocados en caso de permanecer la quejosa ejerciendo su custodia, con lo que se dilucida que en ningún momento hubo violencia institucional en contra de la quejosa y tomando en consideración en interés superior de los menores, la persona más apta, hasta ese estadio procesal para tener bajo su cuidado a los menores, es el progenitor no custodio. Aunado a que el contexto que impera en el juicio de origen exige reconocer la mayor entidad del derecho a la protección de la integridad física y psicológica de los niños de identidad reservada, en virtud de que existe un mayor riesgo de que sus derechos fundamentales sean afectados en caso de continuar bajo la custodia de la quejosa, por lo cual, como se dijo, la modificación de la guarda y custodia provisional que ordenó la juez responsable es acorde con su interés superior. En esos términos, se declara infundado el concepto de violación. Corolario de lo anterior, se destaca que el acto impugnado cumple con los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto establece que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado. Es así, toda vez que basta imponerse del acuerdo dictado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, para advertir que el juez responsable señaló los preceptos legales y convencionales aplicables al caso concreto, y expuso con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para su emisión, siendo que existe adecuación entre las razones aducidas y las normas aplicables. En consecuencia, no le asiste la razón a la quejosa por cuanto aduce que el acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación, y tampoco se advierte alguna constancia que apoye su alegato de que el juzgador responsable actuó con parcialidad al modificar la guarda y custodia en favor de su progenitor, máxime que no agrega algún otro dato. Ahora, de conformidad con lo expuesto, es necesario señalar que la jurisprudencia 1a./J. 52/2014 (10a.), de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, INTERPRETADO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES CONSTITUCIONAL." ; es inaplicable en los términos alegados por la quejosa, toda vez que dicho criterio no establece que los hijos menores de diez años deben estar invariablemente a cargo de su madre, salvo que ello resulte perjudicial, en razón de que la progenitora es la única que puede brindar al infante los cuidados necesarios. Ello es así, pues lo que define es que el artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, por cuanto establece que "Cuando sólo uno de los que ejercen la patria potestad deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda y custodia de un menor, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. Los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda y custodia del menor. II. Si no llegan a ningún acuerdo: a) Los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor."; resulta constitucional, siempre y cuando se interprete a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad. Bajo este panorama, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, en contra del acto reclamado al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, consistente en el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ********************, (relativo a la controversia de violencia familiar). Lo anterior, como se dijo, sin que del análisis íntegro del acuerdo reclamado se advierta alguna violación procesal, formal o de fondo que tuviera que analizarse oficiosamente en suplencia de la deficiencia de la queja para conceder el amparo, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la ley de la materia, y la tesis 2a. LXXV/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 161 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII (julio de 2000), Materia Común, Civil, Novena Época, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V, 77, fracción II, y 107 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por sí y en representación de los menores de iniciales ********************., en contra de los actos reclamados a la autoridad precisada en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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