Iantse Bruguez Gómez

Expediente 901/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
901/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Iantse Bruguez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que en proveído de treinta de octubre del año en curso, el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en esta ciudad, remitió las constancias relativas al acto reclamado. Asimismo, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, consistentes en la omisión de admitir a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; la omisión de expedir a favor del quejoso su respectiva Clave Única de Refugiado (CUR), la Clave Única de Registro de Población (CURP), el citatorio 213997, de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en el que se le fijó una fecha lejana para formalizar y continuar con el proceso de condición de refugiado, esto es, para el veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro y la restricción al derecho humano a la salud. Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población , en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal , con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria bajo las siguientes consideraciones: "La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda." El otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado" . Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal , todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. (...)." Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto de los mencionados actos reclamados por la quejosa ***, se advierte que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (...).". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo cual lleva aparejado que se regularice la situación migratoria de la parte quejosa, para que se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Ahora, como se estableció con antelación, la autoridad responsable, exhibió las siguientes documentales: 1. Acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en que la autoridad responsable previno a la quejosa ***, respecto al trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (fojas 55-56). 2. Acuerdo de cuatro de septiembre dos mil veintitrés, en el que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la quejosa ***, y le asignó la Clave Única de Refugiado, lo cual le fue notificado (fojas 64-66); y, 3. Clave Única de Registro de Población para Extranjeros (CURP) a favor de la quejosa ***(foja 79). De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se previno a la quejosa ***, y por diverso auto de cuatro del septiembre del año en curso, se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado de aquella. De igual manera, la autoridad responsable emitió en favor de la quejosa ***, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, con la que se le garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, le generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documental a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. Además, de las aludidas constancias se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que la responsable emita la resolución con la que culmine el procedimiento de determinación de reconocimiento o no de la condición de refugiado, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en los diversos 45 y 47 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se dio el trámite correspondiente a la solicitud de la quejosa ****, y emitió las constancias de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en favor de la parte quejosa, circunstancia que le fue notificada personalmente el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto (veintitrés de agosto de dos mil veintitrés); por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, toda vez que se admitió a trámite la solicitud de la quejosa ***, misma que culminó. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate, en tanto que se admitió a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se expidieron las constancias cuya falta de emisión reclamó la parte quejosa, mismas que le fueron entregadas en forma personal. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirle su constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva Clave Única de Registro de Población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- (...)". Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado, no obstante que se encuentra debidamente notificada del auto admisorio de veinticinco de agosto del año en curso (fojas 21-28), tal y como se advierte del acuse de recibo que obra a foja 33. En tales condiciones, a fin de contar con las constancias necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del ordinal 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede debidamente notificada de este proveído, remita copia certificada completa y legible de las constancias que le fueron solicitadas en el auto admisorio de referencia, o bien, manifieste la imposibilidad legal que tenga para hacerlo. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en los términos anotados, sin causa justificada, se le hará efectiva la multa decretada en el auto de referencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese

  3. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de septiembre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, el informe previo rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en esta ciudad de la Coordinación General de la citada Comisión, en virtud que el treinta y uno de agosto año actual (fojas 37-47), se celebró la audiencia en el presente incidente de suspensión, y se resolvió lo conducente. AUTORIZADOS. Con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados a las personas que cita. DOMICILIO. Ahora bien, respecto del domicilio procesal que señala la citada autoridad, no ha lugar a tenerlo por designado en virtud que, las autoridades responsables que representa tienen su domicilio en esta ciudad. En ese contexto, como lo peticiona a fin de que pueda obtener las constancias de manera más ágil e inmediata, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las mismas. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.13o.T.15K(10a.), publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IIl, agosto de dos mil catorce, página 1560, registro digital 2007298, del rubro siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LASPARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DELOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALESDE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). (...)." Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Titular de la Oficina representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de control electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 901/2023 ***. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108, 112, y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Titular de la Oficina representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama lo siguiente: (...) Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (...)." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ante la solicitud de la medida cautelar, con fundamento en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio; sin que se ordene la formación del duplicado del incidente de suspensión relativo, a que se refiere el citado precepto, en razón a lo dispuesto en el artículo 264, Capítulo Cuarto "De la Formación del duplicado de los incidentes de suspensión", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. TERCERO INTERESADO Del escrito de demanda, se advierte que no ha lugar a llamar a juicio con el carácter de tercero interesado a persona alguna, en razón de que no se está en presencia de las hipótesis previstas en la fracción III, del numeral 5º de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Atento a lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, adicionado en el diverso Acuerdo General del citado pleno que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós; se autoriza a ***, con el nombre de usuario *** la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso, debido a que así lo manifestó expresamente en su solicitud por oficio 51/2022, recibido en acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, y agregado en el cuaderno de varios 2/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Por tanto, se encomienda a la Oficial Judicial "A", que realice la asociación del nombre de usuario proporcionado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y de lo cual deberán tomar nota los Actuarios de éste órgano jurisdiccional encargados de practicar las notificaciones electrónicas. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto la podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a la responsable rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita. Con el apercibimiento que de no hacerlo de manera oportuna, se hará acreedora a una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado remita copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar el acto reclamado. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de Treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a la autoridad responsable que rinda su informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx DOMICILIO Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 16 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, háganse las notificaciones personales que le correspondan a la parte quejosa a través del juicio en línea, con los usuarios ***. Como lo solicita la parte quejosa, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, este último precepto reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por **** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza a ****, con los nombres de usuarios ****, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectivas las referidas autorizaciones. Sin que sea necesario proveer respecto del domicilio físico que proporciona la parte quejosa, en virtud que las notificaciones personales les serán hechas vía electrónica, por cumplir con los requisitos para juicio en línea establecidos en el citado Acuerdo General citado en el párrafo que antecede; y, en relación al correo electrónico proporcionado, así como número telefónico, tómese en consideración como medio de comunicación no procesal, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, puesto que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y admitida la documental que anexa a su escrito inicial de demanda, sin perjuicio que se haga relación de ella en la audiencia constitucional. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a la autoridad responsable.

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