Ian Benjamin Badillo Pérez
Expediente 603/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ian Benjamin Badillo Pérez
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que se admitió la demanda de amparo promovida por ****, motivo del presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente y archívese este asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 19, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se declaró carecer de competencia legal para resolver el asunto. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cinco de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVisto el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, dirigido a este órgano jurisdiccional, mediante el cual remite el expediente ******************** del índice del referido juzgado, promovido por ********************, por conducto de quien se ostenta como su defensora particular, el cual se recibe proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de distrito en esta ciudad, en cumplimiento al acuerdo del cuaderno de Varios 1/2023 de tres de octubre del año en curso en el que se solicitó se realizaran los trámites correspondientes al cambio de turno. Glósese a los autos la boleta de turno, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 603/2023 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consecuentemente, se provee: NO SE ACEPTA EL CONOCIMIENTO PREVIO. Ahora bien, impuesta de las constancias se determina de manera respetuosa lo siguiente: no se acepta la competencia declinada por el Juzgado Décimo tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. I. NORMATIVA En primer lugar, de acuerdo a las reformas publicadas el catorce de marzo de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 46, fracción II y IV del Acuerdo General en cita, dispone: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (...) II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; IV.- Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal, al que tenga el último antecedente del asunto. (.)" De lo que se advierte que todos aquellos asuntos relacionados contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio originado en una misma secuela procesal o que se promuevan demandas que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal se turnarán al órgano jurisdiccional determinado por existir en el sistema un antecedente que haga procedente la vinculación. II. HECHOS O CASO CONCRETO El juzgado oficiante considera que se actualiza un supuesto de conocimiento previo, en términos del precepto legal transcrito en líneas precedentes porque en la demanda de amparo se reclama una orden de traslado con motivo de la prisión preventiva justificada dictada en el proceso penal ******************** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad, porque este juzgado conoce del juicio de amparo ******************** donde el mismo quejoso reclamó el auto de vinculación a proceso. Ahora bien, debe precisarse que en el juicio de amparo indirecto ********************, del índice del juzgado oficiante, ********************, señaló como acto reclamado: EL ILEGAL TRASLADO DEL IMPUTADO IAN BENJAMIN BADILLO PEREZ del CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE PAPANTLA, VERACRUZ que se fue TRASLADADO Y ENTREGADO AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE ACAYUCAN EL DÍA DE HOY 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 aproximadamente a las 12:30 hrs. Asimismo, en el punto seis del capítulo de antecedentes de su demanda se advierte que el promovente señala que no existe ninguna convalidación de orden de traslado solicitada por el Director del Centro de Reinserción Social de Papantla, Veracruz. Lo anterior, sin especificar causa penal, proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación ya que su emisión la atribuye a la autoridad penitenciaria y no al juez del proceso penal, lo que se corrobora con las restantes manifestaciones vertidas por la promovente en representación relativas a que dicho traslado no fue convalidado por el juez. Por otro lado, se trae a la vista el diverso juicio de amparo ******************** de este índice, el cual fue formado con motivo de la diversa demanda remitida también a este juzgado por el homólogo federal al considerar actualizado un criterio de relación, promovida por el mismo quejoso ********************, por reclamarse el auto de vinculación a proceso dentro del proceso penal ********************, de la estadística del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad y en el diverso ******************** de este índice, promovido por el mismo quejoso contra actos del citado proceso penal ********************. III. CONCLUSIÓN Con base en lo anterior, como se precisó, no se comparten las consideraciones del juzgado oficiante toda vez que no hay elementos para determinar que el acto reclamado en la demanda que nos ocupa provenga del proceso penal ********************, de la estadística del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad. Se afirma lo anterior, porque el quejoso reclama la orden de traslado ejecutada sin intervención judicial, aun cuando señaló como responsable al Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en esta ciudad, porque afirma que dicho juzgado no intervino en convalidar el mismo, pues incluso presentó una promoción ante dicho juzgado con motivo del traslado que asegura no fue ordenado ni convalidado por el juez del proceso penal que se le instruye, sino que fue ordenado por el Director del Centro de Reclusión de Papantla, Veracruz donde se encontraba interno. De ahí que se estime inconcuso que no existe posibilidad de considerar o generar algún conocimiento previo en los términos planteados por el Juzgado Décimo tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en razón de que la existencia de la medida cautelar, no implica ni conlleva a considerar que la orden de traslado provenga del mismo expediente o proceso en donde dicha medida cautelar se emitió, pues, son procedimientos distintos, con finalidades distintas, pues de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución de Penas la orden de traslado se tramita en un procedimiento con reglas específicas. Apoya a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis siguiente: "Registro digital: 2023063 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1760 Tipo: Aislada ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." Máxime, que no debe perderse de vista que el principio básico que tiene el conocimiento previo es evitar resoluciones contradictorias, lo que en el caso de ninguna manera podría suscitarse, dado lo ya precisado en el párrafo que antecede. Bajo ese contexto, respetuosamente se considera que no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Sin que obste a lo anterior, que este órgano jurisdiccional concurra en igualdad de facultades competenciales en razón de grado, materia y territorio, con el juzgado oficiante, pues el fin de reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico, es el hecho que por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el asunto relativo, se pueden utilizar sus consideraciones y aprovechar ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, lo que en el caso no podría acontecer de ninguna manera al tratarse de una orden de traslado ejecutada atribuida a la autoridad penitenciaria encargada del centro donde el quejoso directo estaba recluido. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 46/2011, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE PARA DECIDIR RESPECTO AL TURNO DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES RESIDENTES EN EL MISMO CIRCUITO JUDICIAL. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, instaurando nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que, previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las indicadas Oficinas verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Sin embargo, el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto al turno que deba darse a asuntos competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente, ya que dichos acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por razón de materia, grado o territorio" En tal circunstancia, con fundamento en el artículo 46, fracción II, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince y reformado por diversa publicación en ese medio de difusión el veintiuno de mayo siguiente; a su vez reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; las consultas de turno, publicado el catorce de marzo del presente año, NO SE ACEPTA EL CONOCIMIENTO por relación que se plantea, en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Motivo por el cual, comuníquese la presente determinación al órgano jurisdiccional oficiante para que provea lo conducente, solicitando que, de no existir inconveniente, informe a este juzgado la determinación que al efecto emita. Devuélvase el expediente original de juicio de amparo ******************** de su índice; previo cuaderno de antecedentes que se deje en este órgano jurisdiccional; solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos que se reciban físicamente deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, con independencia de que también deberán obrar en el citado expediente todas las promociones y actuaciones electrónicas, con la particularidad que en este asunto, por tratarse de un juicio de amparo en materia penal, se deberán integrar al expediente físico todas las actuaciones, promociones y constancias de notificación, a fin de que coincida en su totalidad con el expediente electrónico RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
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