Ian Aloysius Morris

Expediente 563/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
563/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Ian Aloysius Morris
  • Titular de la Oficina de Representación en la Ciudad de México del Instituto Nacional de MIgración

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se agrega sin mayor pronunciamiento la copia de conocimiento relativa al oficio DGRH 702/100/23367/08-22, en virtud que la firma que ostenta no es autógrafa, por lo que no existe manifestación expresa de voluntad de quien la suscribe NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agreguese a los autos el escrito signado por Sandra Lorena Cano Padilla, apoderada de Ian Aloysius Morris, por medio del cual solicita que se provea respecto de la demanda de amparo. Al respecto, dígase a la promovente que deberá estarse a lo ordenado en auto de uno de julio del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en la lista de publicación de cuatro de julio de dos mil veintidós, no aparece el auto de uno de julio de ese mismo mes y año, esto derivado de las fallas que se ha suscitado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que impiden firmar electrónicamente y publicar providencias dictadas por los órganos jurisdiccionales a Nivel Nacional, así como consultar las herramientas digitales de dicho sistema; por tanto, procédase a su respectiva publicación. De igual manera, del estado que guardan los presentes autos, se desprende que no obra constancia de notificación electrónica relativa al multicitado auto de uno de julio del presente año, dirigida a la parte quejosa; lo anterior, derivado de las fallas que se ha suscitado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, expuestas con anterioridad, en tales condiciones con la finalidad de que la parte quejosa se imponga del contenido de éste, con fundamento en el artículo 30, fracción III, de la Ley de la materia, se comisiona al área de actuaría para que notifique vía electrónica a la parte quejosa el auto de uno de julio de dos mil veintidós, así como el presente proveído. Notifíquese; vía electrónica el auto de uno de julio de dos mil veintidós, así como el presente proveído (Se recibe el oficio proveniente del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en que comunica la resolución de quince de junio de dos mil veintidós, emitido en el conflicto competencial C.C.A. 25/2022, en que se lee: ".ÚNICO. Es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por Sandra Lorena Cano Padilla en representación de Ian Aloysius Morris, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Notifíquese;." Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, tomando en cuenta la determinación emitida por el Tribunal referido, este Juzgado considera procedente realizar el siguiente pronunciamiento. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto analizará la demanda y sus escritos aclaratorios y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cita prevé que, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. Ahora, conviene precisar que en el presente caso la parte quejosa pretende combatir los siguientes actos reclamados: ".En la presente demanda de amparo, se reclaman los siguientes actos u omisiones: De todas las autoridades señaladas como responsables, se reclama: El rechazo aéreo de internación a territorio mexicano contando con documento de visa como residente por nivel de ingresos emitida debidamente ante autoridad competente. La imposición arbitraria de una alerta migratoria en contra del quejoso. La violación al derecho de contacto consular. Incomunicación y acceso a asesoría jurídica migratoria en el AICDMX." Ahora, tomando en consideración lo anterior, se considera que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con los artículos 1° y 77 de la Ley de la materia, que establecen lo siguiente: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...) Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. (.) Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." El primer precepto transcrito establece que el juicio de amparo resulta improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de la materia. Por su parte, el artículo 1° invocado, establece que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver controversias que emanen de normas generales, actos u omisiones que transgredan los derechos humanos preservados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, la presente instancia tiene como objetivo dirimir las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren la soberanía de los Estados o la esfera de competencias de esta Ciudad o viceversa. Como parte toral de dicho fundamento, el Juicio de Amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Por su parte, el artículo 77 de la Ley de la materia establece que los efectos para los cuales se puede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión tienen dos vertientes: 1.- Cuando sea un acto de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el goce de sus derechos; y, 2.- Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese sentido, este Juzgado de Distrito considera importante destacar que la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos a través del juicio de amparo obliga a todas sus autoridades, en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a asegurar su respeto; por tanto, la titularidad de esos derechos corresponde a todo aquel sujeto que dentro del territorio nacional pueda considerarse en un momento específico gobernado por autoridades del país, ya sea que los agraviados sean nacionales o extranjeros, ciudadanos o no ciudadanos. Entonces, conforme a lo anterior cualquier gobernado es titular de los derechos que reconoce la Constitución Federal, mientras que el sujeto pasivo, es cualquier autoridad nacional (federal, estatal o municipal) que está obligada a respetar los derechos de los individuos, pues la finalidad primordial de tales derechos es frenar la actuación autoritaria de los entes públicos del Estado Mexicano. En esas condiciones, para determinar la procedencia del juicio de amparo debe atenderse a la posibilidad real de que al obtener una sentencia favorable, el gobernado pueda ser restituido en el derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, como lo ordena el artículo 77 de la Ley de la materia, habida cuenta que el juicio resulta improcedente si no está al alcance de los medios jurídicos dicha restitución. Se explica, el juicio de amparo ha sido calificado como un recurso efectivo. Su efectividad se vincula, entre otros elementos, con la posibilidad de restituir en la violación de los derechos fundamentales violados, a saber, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, con obligaciones o deberes de hacer o no hacer, según la naturaleza del acto y omisión reclamada. Por ello, para cumplir con ese requisito de efectividad previsto en el numeral 17 constitucional, debe quedar de manifiesta la posibilidad de vincular a las autoridades responsables a llevar a cabo conductas (obligaciones de hacer) u abstenciones (obligaciones de no hacer), que permitan dar efectividad a los presupuestos previstos en el numeral 1º constitucional. Así, tomando en cuenta lo anterior, la causa de improcedencia prevista en el precepto en estudio se actualiza en el presente caso, toda vez que como lo manifestó la promovente, el quejoso Ian Aloysius Morris, se encuentra fuera del territorio mexicano, y por tanto, la concesión del amparo resultaría improcedente, ello es así dado que los actos reclamados en el presente juicio ya fueron ejecutados. Manifestaciones que de acuerdo con los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, conforme a lo previsto en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tienen la calidad de confesión expresa de la parte quejosa y son merecedores de valor probatorio pleno, máxime que se realizaron bajo protesta de decir verdad; ello sin prejuzgar la veracidad de dichas manifestaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". En estas condiciones, debemos tomar en consideración que en el presente asunto, se pretenden combatir cuestiones relacionadas con actos que ya se ejecutaron, esto es, dado que el quejoso físicamente ya no se encuentra en territorio mexicano, por tal motivo solicita el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión para que se le permita el internamiento al país. En ese sentido, conviene precisar que la doctrina, especialmente, la adoptada en la obra Introducción al Estudio del Derecho elaborado por el autor Eduardo García Maynez, establece que todas las Leyes cuentan con un ámbito temporal y espacial de vigencia, esto significa, que las normas emitidas por el Estado Mexicano cuentan con cierta temporalidad, asimismo que algunas solamente son aplicadas en cierto espacio territorial del país. Este punto es de especial relevancia dado que, en términos de los numerales 1°, 16, 103, 107 y 121 del Pacto Federal, 1° y 107 de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la jurisdicción de este juzgado de Distrito se relaciona con los ámbitos materiales, personales y territoriales de validez de la ley. La jurisdicción implica la facultad de decir el Derecho, de decidir en función de la aplicación de la norma jurídica mexicana. La jurisdicción, por tanto, tiene como condición de validez la aplicación normativa dentro de las relaciones jurídicas, ya sea por el objeto o sujetos. En esa línea de pensamiento, la acción de amparo, como garantía de tutela de los derechos humanos previstos en la Constitución Federal, se relaciona con la violación de derechos fundamentales dentro del territorio nacional. Así, atendiendo a las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad, toda vez que el quejoso se encuentra en Australia, pues no consiguió ingresar al territorio nacional con motivo del rechazo que sufrió en su visita al país. En tal virtud y retomando la doctrina antes citada, teniendo como base el ámbito espacial de vigencia de la legislación mexicana, este Juzgado de Distrito estima que en la especie, conforme con el principio de territorialidad, según el cual las leyes de un Estado sólo pueden obligar a quienes realicen actos jurídicos en su territorio, la concesión del amparo no puede surtir efecto alguno, ya que como lo confiesa la promovente en el libelo inicial, el quejoso se encuentra fuera del territorio mexicano, asimismo, de las manifestaciones que se realizaron, se advierte que el gobernado cuenta con una alerta migratoria y en consecuencia el internamiento en el país sería inconveniente, ya que el rechazo aéreo -que es el acto del cual derivan los demás-, tiene como finalidad salvaguardar los intereses, la seguridad, la economía y la salubridad nacional. Por tanto, la posibilidad de cumplimiento de las sentencias de amparo debe verificarse, como se indicó, desde un ámbito de aplicación de la ley material, personal o territorial, porque solo de esa manera será posible darle efectividad a la protección federal que llegara a dictarse, obligando, dentro de ese ámbito de validez normativa, a las autoridades responsables. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que en la especie los actos principales y de los cuales derivan los demás consisten en la imposición de una alerta migratoria y el rechazo aéreo como lo planteó el Tribunal de Alzada al resolver el conflicto competencial suscitado entre este órgano de control constitucional y su homólogo en materia penal, los cuales aun cuando pudieran advertirse dentro de la regulación del derecho nacional, al ubicarse el demandante fuera del país, no son actos respecto de los cuales pueda materializarse una eventual protección constitucional. Tomando en cuenta lo anterior, es válido afirmar que en el caso no se pueden concretar los efectos de un posible fallo protector -debido a la ejecución de los actos reclamados-, en el sentido de regresar al quejoso a su país de origen al no cumplir con los requisitos previstos en la legislación migratoria para poder ingresar a territorio mexicano, toda vez que se tendría que retrotraer el tiempo hasta antes de haber sido retornado a su país para poder aplicar los efectos de una posible concesión de amparo. Es decir, se trata de actos consumados de manera irreparable, dado que el demandante del amparo fue repatriado a su país de origen el mismo día en que intento ingresar (siete de marzo de dos mil veintidós), por lo que físicamente no sería factible restituirlo en el goce de los derechos que alega le fueron trasgredidos, pues formalmente nunca ingresó a territorio nacional, y al habérsele retornado a su país de origen se agotaron en toda su extensión tanto física como materialmente las violaciones alegadas, por lo que como se dijo, a fin de cumplir con los efectos de una posible concesión de amparo, se tendría que retrotraer el tiempo hasta antes de que se ejecutaran los referidos actos (entre ellos el rechazo aéreo de internación a territorio mexicano), a fin de evitar que fuera devuelto a su país de origen. Ciertamente, el artículo 78, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Migración, establece que no se considerará que haya ingresado formalmente al territorio nacional la persona extranjera que sea rechazada por la autoridad migratoria. Es decir, en términos jurídicos, el rechazado se encuentra fuera del territorio de los Estados Unidos Mexicanos porque materialmente no puede deambular por un Estado que no le ha permitido la entrada -atendiendo a aspectos de política migratoria y soberanía nacional- aunque físicamente se encuentra en él (en el área de estancia provisional destinada por el propio Instituto Nacional de Migración). Por ello, no es procedente la acción de amparo ya que no es factible que el solicitante del amparo regrese a territorio nacional con la finalidad de ser restituido en el goce de sus derechos, pues el rechazo reclamado ha sido ejecutado con todos sus efectos y consecuencias; de manera irreparable; ya que como lo prevé la propia legislación migratoria, de conformidad con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Migración, la única consecuencia de las actas de rechazo es la de no ingresar en ese momento al país, sin que ello implique que los extranjeros se encuentren impedidos para solicitar de nueva cuenta su ingreso a territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos previstos por los ordenamientos correspondientes. Corolario de lo anterior, es patente que si, en el caso, aun cuando los actos combatidos pueden ser materia de control judicial, ello es insuficiente para someterlos a la jurisdicción nacional, ya que al no encontrarse dentro de territorio nacional, no puede ser sujeto de protección constitucional a través de la acción de amparo. Por tanto, si solo pueden ser judicializados los actos que se verifiquen en territorio nacional y por autoridades mexicanas, en lo tocante a la alerta migratoria que motivó el rechazo aéreo, dado que son actos consumados que tuvieron verificativo desde el siete de marzo del año en curso, no existen las condiciones necesarias para darle eficacia a una posible concesión del amparo, de modo que permita, en su caso, darle efectos restitutivos. En efecto, si el quejoso se encuentra en su país de origen y lo que pretende es que se conceda un amparo contra actos que resultan consumados de modo irreparable, resulta evidente que no podrán concretarse los efectos de una eventual concesión de amparo y por ende, resulta materialmente improcedente el juicio biinstancial, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 1° y 77 de la Ley de la materia, así como los numerales 1° y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida a nombre de Ian Aloysius Morris. Máxime que en el caso en particular por lo que hace al acto consistente en el rechazó aéreo y sus consecuencias, este Juzgado considera que si este tenía como finalidad regresar al extranjero a su país de origen y tal cometido se concretó antes de la presentación de la demanda de amparo, a ningún fin práctico llevaría estudiar el fondo del asunto porque aunque se concediera el amparo y protección de la Justicia Federal sería imposible física y materialmente restituirlo en algún derecho fundamental violado porque los efectos de los actos reclamados se han realizado en forma total. Misma situación ocurre con el resto de los actos, a saber; la incomunicación y el acceso a asesoría jurídica reclamados. Lo anterior encuentra mayor sentido si se considera que no podría obligarse a las autoridades responsables a regresar al quejoso a territorio nacional dado que éstas no tienen jurisdicción alguna en un país diferente al nacional y, en su caso, el cumplimiento de amparo no podría vincular a una autoridad extranjera para ese efecto, pues con independencia de que tengan o no facultades para ejercer su jurisdicción en este país, ya sea de acuerdo a las leyes que les rigen o conforme a tratados internacionales de los que formen parte, lo verdaderamente cierto es que al tratarse de autoridades emanadas de un orden jurídico distinto al que rige en los Estados Unidos Mexicanos, este órgano jurisdiccional no tendría competencia legal alguna sobre ellas. Por lo tanto, si los actos reclamados se han consumado de manera irreparable porque la conducta que se pretendía materializar ya se ejecutó al haberse devuelto al quejoso a su país de origen y este no se encuentra incomunicado, y una eventual concesión de amparo no podría obligar a las autoridades responsables a que lo regresen a territorio nacional, resulta improcedente conocer del presente asunto. En tales condiciones, con relación a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el diverso 113 de la misma legislación, se DESECHA de plano la demanda presentada por ser notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno)

  4. Principal

    Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informa que admitió a trámite el conflicto competencial interpuesto en autos, registrándolo con el toca C. C. A. 25/2022.NOTIFÍQUESE.

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