Humberto Velázquez Miramón

Expediente 611/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa. 49 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
611/2018
Año
2018
Actuaciones
49
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Humberto Velázquez Miramón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos y toda vez que del mismo se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiere recurrido el proveído de diez de enero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que declaró cumplida la sentencia de amparo en el presente juicio, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; advirtiéndose que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido. De autos se advierte que en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se otorgó el valor de relevancia documental al presente expediente; sin embargo, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza dicha circunstancia y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18, fracción l, inciso b), del ya citado Acuerdo General, el presente expediente es depurable.

  2. Principal

    El efecto de la Tutela Federal concedida a la parte quejosa, consistió en que las autoridades responsables, desincorporaran de la esfera jurídica de la quejosa el artículos 50, fracción II, y no le fueran aplicados en el futuro hasta en tanto sea reformado; que sea devuelto el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el recibo con número de folio 0000563186, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, que se pagó por la aplicación del artículo 50, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Y el encargado de la Oficina de Recaudación de Rentas de Mazatlán, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, le debía restituir al quejoso la cantidad enterada debidamente actualizada menos la tarifa menor que prevé el citado precepto, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Esto es, el quejoso por concepto de pago de derechos debía pagar la cuota mínima vigente en el Estado de Sinaloa y de la cantidad que de lo anterior resulte, agregarle el diez por ciento (10%) por el concepto "Pro-Educ", el resto de la cantidad de que ya había enterado, se le deberá devolver debidamente actualizado. En efecto, como se señaló, la cantidad que proceda devolver a la parte quejosa deberá incluir actualizaciones De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Recaudación de Rentas de Mazatlán y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de que se devuelva al peticionario del amparo la cantidad que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el recibo con número de folio 0000563186, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en los términos anteriormente descritos. En la inteligencia, que la protección constitucional se hace extensiva respecto del diverso concepto agregado consistente en el cobro del diez por ciento pro educación sobre el valor de la cantidad que se recaudó por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del pago relativo al preindicado acto jurídico, contemplado por el artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, que también tilda de inconstitucional el aquí agraviado, dado que fue determinado como consecuencia del pago del servicio prestado por el Registro Público, para su inscripción, esto es, fue aplicado como consecuencia directa e inmediata de la que concierne al numeral 50, fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, por lo que también deberá devolverse la cantidad de dinero actualizada que se erogó por dicho concepto y que forma parte de la cantidad antes anotada, salvo el relativo al porcentaje que corresponda a la cuota mínima que el quejoso deba pagar. Ello, en atención a que dicho importe está íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos, por lo que no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación que nos ocupa, salvo el mínimo que deba ser pagado por el quejoso. Finalmente, si bien la concesión decretada alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Ahora, de las documentales allegadas a estos autos, se desprende que para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable Recaudador de Rentas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 50, fracción II de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y por medio del Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, allegó copia certificada de la constancia de entrega del cheque ***, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el recibo con número de folio 0000563186, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, a nombre del quejoso quien determinó la actualización con el desglose de las operaciones aritméticas del pago a devolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. Bajo esas premisas, resulta evidente que se colmó el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos.

  3. Principal

    ÚNICO. Se declara improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado planteado por la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado; por tanto, se ordena poner los autos a la vista del titular para resolver el incidente de denuncia de repetición del acto.

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