Humberto Vázquez Calzada
Expediente 512/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2021
Partes del expediente
- Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
- Humberto Vázquez Calzada
Actuaciones
- Principal
L. se ordena el archivo
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía interconexión por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual informa a este juzgado que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Séptimo de distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, radicándolo con el numero C.C.C 4/2021; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. OFICIO DE INCOMPETENCIA Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio 4877/2021 del Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual remite las constancias derivadas del juicio de amparo 256/2021 de su índice; lo anterior, toda vez que en proveído de doce de mayo del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. RADICACIÓN DE DEMANDA En esa tesitura, se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 512/2021-IV y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 89, 90, 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal de los Centros de Justicia Penal Federal. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA Atento a lo anterior, de la revisión de las constancias de autos del juicio de amparo referido, así como de los argumentos vertidos por la autoridad oficiante; con fundamento en el artículo 48 de la ley reglamentaria, no se acepta la competencia declinada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; pues los argumentos vertidos para sostener esa renuncia no se comparten, por lo siguiente: Previo a analizar el caso que nos ocupa, es de invocar el contenido del citado precepto legal que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, establece que en el caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso se advierte que el Homologo Federal fundamenta su determinación en la primer hipótesis, pues sostiene que el acto reclamado tiene ejecución en Metepec, Estado de México; en los siguientes términos "del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la orden de lanzamiento respecto del inmueble consistente en la casa ubicada en el número ciento sesenta y ocho, de la calle Paseo de San José y lote de terreno en que esta edificada, que es el lote número cuatro, de la manzana trece (catastralmente San José) del Fraccionamiento denominado Rincón de las Fuentes, del municipio de Metepec, Estado de México, la cual se emitió dentro del juicio hipotecario expediente 657/2015, lanzamiento que tendrá verificativo en Metepec, Estado de México." Ahora bien, de una lectura de la demanda que nos ocupa, es evidente que el quejoso, si bien reclama la orden de lanzamiento citada, también lo es que reclama todo lo actuado en el juicio de origen, pues sostiene como actos reclamados cada una de las actuaciones realizadas en el juicio hipotecario 657/2015, que se ventila en el Juzgado 65 Civil en la Ciudad de México, incluyendo diligencias de ejecución de sentencia que hubiera; así como la nulidad de todas y cada una de dichas actuaciones, pues aduce que no fue legalmente emplazado, ni notificado, ni llamado al juicio de origen. Por tanto, si bien la posible orden de desocupación tendrá ejecución en el referido inmueble, que se ubica dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; es dable sostener que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio de origen, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al Juez de Distrito declinante, por ser en su con jurisdicción donde se lleva a cabo la tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material. En consecuencia, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno y, además, para facilitar el acceso a la justicia de la parte quejosa que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro electrónico 2003502 de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." En efecto, aun cuando se pueda tener como destacado un acto reclamado, dentro del conjunto de actos que se señalen en una demanda de amparo, ello no quiere decir que para fijar la competencia pueda verse en forma aislada uno de los actos reclamados, destacando uno y calificando los demás como su consecuencia, pues aun cuando puedan ser consecuencia de uno de los actos, no por ello dejan de ser reclamados, ya sea por vicios de origen o también por vicios propios. Bajo esa temática, atendiendo a los actos que en esta vía se reclaman, hasta este momento procesal, el suscrito estima que la competencia se surte a favor del juez que previno la demanda de amparo, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo. Lo anterior obedece a que las reformas al precepto legal citado, se encuentran sustentadas para lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se considera así, porque en el tema de la competencia, al encontrarse involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia debe atenderse al mayor beneficio para las partes, de tal suerte que al considerar que es posible que en ese caso concurran las dos reglas que refiere la autoridad declinante (ejecución material de una posible orden de lanzamiento, se concreta simultáneamente en dos o más ámbitos territoriales diferentes -esto es, a) el lugar donde deba ejecutarse la orden de lanzamiento; b) donde esta instruido el juicio natural de origen), entonces debe preferirse la regla que resulte más benéfica para la parte quejosa, lo cual sin duda privilegia el mencionado derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo relativo al principio pro persona, resulta oportuno citar la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 799 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, correspondiente a la Décima Época, la cual es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable - en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayo protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano." Por tanto, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia y de defensa, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado su demanda de amparo ante la autoridad de amparo declinante, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, permite presumir fundadamente que el juzgado declinante resulta ser el de más fácil acceso material para dicha justiciable, dado que el promovente optó por acudir ante ella y no ante esta jurisdicción, por tanto, en la especie debe prevalecer la regla de competencia aplicable para los actos que puedan tener ejecución en más de un distrito, prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; es decir, la que establece que será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada I.16o.A.9 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, visible a página 1223, Décima Época, con número de registro 2010698, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 17/2015, suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y segundo, y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata; en consecuencia, se ordena devolver a la autoridad federal declinante las actuaciones relativas al juicio de amparo 256/2021-III de su índice; solicitando el acuse de recibo respectivo. INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, para lo cual únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, conforme a los pasos que ahí se precisan. DOMICILIO PROCESAL En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene las listas de este órgano jurisdiccional como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS En relación a los autorizados Tania Patricia Figueroa Vilchis y Evans Kenneth Ramón Sarmiento,, se advierte que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se les tiene por autorizados en términos amplios. Ahora, respecto a César Iván Figueroa Vilchis y Giovanni Montes Mejía, dado que no cuentan con el requisito anterior, se les tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del segundo párrafo del precepto legal invocado, hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que lo acrediten como licenciados en derecho en el indicado sistema y lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción; también a María Guadalupe Esquivel Contreras y José Pablo Figueroa Millán, se les tiene por autorizados en los mismos términos, por así haberlo solicitado el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. DIGITALIZACIÓN En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), al efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese.
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