Humberto Vargas Javier
Expediente 972/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Humberto Vargas Javier
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de febrero del presente año (fojas 76 a 90); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente principal es susceptible de destrucción, el cual será destruido, una vez que transcurra el término de cinco años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado.
- Principal
SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.
- Principal
Resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.
- Principal
AVISO: NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 24/01/2019 QUE DICE: Visto; se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el quejoso ****; en atención a su contenido, téngasele por desahogada en sus términos la prevención que se le formuló en acuerdo de dieciocho de enero del presente año (fojas 60 y 61). Previo a acordar lo conducente debe precisarse que el artículo 111 de la Ley de Amparo, literalmente establece: Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." En primer lugar, conviene precisar que la ampliación de demanda en el juicio de amparo indirecto es una institución jurídica acorde con los derechos fundamentales de acceso a la justicia y defensa adecuada, porque le otorga a la parte quejosa la oportunidad de argumentar en torno a lo que la autoridad responsable exponga en su informe justificado, así como de ofrecer las pruebas que estime idóneas para acreditar sus afirmaciones o desacreditar las que contraríen sus intereses. Asimismo, permite formular nuevos conceptos de violación para plantear una litis constitucional completa, integrada por los actos reclamados inicialmente y por los novedosos que se encuentren relacionados con ellos, ya sea que se conozcan mediante el informe justificado o por cualquier otro medio; al tiempo que permite al órgano jurisdiccional analizar la constitucionalidad de las actuaciones impugnadas y, en ese orden, estar en posibilidad de dictar una resolución sobre la totalidad de la pretensión de la parte quejosa. De igual forma, es una institución jurídica acorde con los principios de concentración y economía procesal, congruencia, exhaustividad y recurso judicial efectivo; y tiene la finalidad de incorporar a la litis constitucional los actos novedosos estrechamente vinculados con los reclamados inicialmente. Por ello, permite estudiar de manera conjunta su constitucionalidad, resolver sobre ella en una sola sentencia y evitar que la parte quejosa deba promover un nuevo juicio de amparo para impugnar de forma independiente cada acto novedoso, por lo que también elimina el riesgo consiguiente de dictar resoluciones contradictorias. Además, en relación con el juicio de amparo indirecto, su procedencia no está condicionada a formalismos excesivos ni desproporcionales, pues únicamente se sujeta a tres requisitos: 1) que los actos novedosos por los que se intenta ampliar la demanda de amparo se encuentren vinculados con los inicialmente reclamados; 2) que el escrito respectivo se presente dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; 3) que la audiencia constitucional no se haya celebrado; y 4) que no se advierte una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Así, es importante destacar que del artículo 111 de la Ley de Amparo, se desprende que la ampliación de la demanda de garantías, resulta procedente en los siguientes supuestos: a) Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación y, b) Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en cuyo caso, deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley de la materia. Del segundo supuesto se advierte que para que proceda la ampliación es necesario que los actos guarden estrecha relación con los reclamados inicialmente, de ahí que es indispensable que exista una vinculación de causa-efecto con los actos reclamados originalmente. Dicho en otras palabras, para que proceda la ampliación por el supuesto mencionado, se requiere que existan datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados primeramente señalados en la demanda de amparo, para que así puedan formar parte de la litis constitucional, ya que de no existir esa relación, se permitiría toda clase de ampliación respecto de actos que en realidad estarían desvinculados de los reclamados en la demanda de amparo. Luego, de la demanda de amparo, ocursos aclaratorios y del auto admisorio de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 29 a 35), se desprende que el acto reclamado materia de análisis en el presente asunto, consiste en la inactividad procesal relativa a la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, por el que la parte actora en el juicio laboral de origen 484/2011, desahogó la vista notificada el veintidós de agosto de esa anualidad. Ahora bien, del escrito de ampliación de demanda y del ocurso que se provee, se advierte que la parte quejosa destaca como actos reclamados, los siguientes: El acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 484/2011 (foja 51).- o Al sostener negativa por parte de la autoridad responsable de acordar lo solicitado, o bien, acordar de manera distinta.- La falta de notificación del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 484/2011 (foja 51).- o Al sostener que la autoridad responsable al rendir informe justificado, no informa haber realizado la notificación relativa a la demandada. La negativa en actualizar salarios caídos, conforme a lo solicitado en escrito de ocho de agosto de dos mil dieciocho. La omisión de acordar la solicitud de siete de diciembre de dos mil dos mil dieciocho, relativa a girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este orden de ideas, se considera que el acto reclamado en la demanda de amparo y los diversos que se hacen valer en la ampliación consisten en actos que no guardan ninguna relación entre sí. Se arriba a dicha conclusión, puesto que los actos omisivos o negativos que se hacen valer y que derivan de las peticiones elevadas en fechas ocho de agosto y siete de diciembre, ambos de dos mil dieciocho, señaladas como actos reclamados vía ampliación de demanda, son actos independientes de la inactividad procesal relativa a la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, por el que la parte actora en el juicio laboral de origen 484/2011, desahogó la vista notificada el veintidós de agosto de esa anualidad. En efecto, las omisiones y/o actos negativos que se atribuyen a la autoridad responsable con motivo de las peticiones elevadas en fechas ocho de agosto y siete de diciembre, ambos de dos mil dieciocho, no guardan ninguna relación con el acto reclamado originalmente y que se hizo consistir en la inactividad procesal relativa a la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, por el que la parte actora en el juicio laboral de origen 484/2011, desahogó la vista notificada el veintidós de agosto de esa anualidad, en virtud de que se refiere a aconteceres diversos; de ahí que se considere improcedente admitir a trámite el escrito de ampliación de demanda que se intenta, pues la intención del legislador al permitir la ampliación de actos que guarden estrecha relación, tiene como finalidad que los nuevos se vinculen necesariamente con los primeros. Sostener una postura contraria, implicaría que en el presente expediente en el que se analiza como acto primigenio la inactividad procesal relativa a la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, por el que la parte actora en el juicio laboral de origen 484/2011, desahogó la vista notificada el veintidós de agosto de esa anualidad; ahora, deban conocerse todos y cada uno de los actos que se actualicen en substanciación del procedimiento laboral de origen, lo cual no es aceptable, pues para incorporar a la litis constitucional nuevos actos, es requisito sine qua non que exista una íntima relación de causa-efecto entre ambos. Por otro lado, por cuanto al acto que se destaca como reclamado y que hace consistir en el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 484/2011 (foja 51), al sostener negativa por parte de la autoridad responsable de acordar lo solicitado, o bien, acordar de manera distinta, así como las falta de su notificación, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, pues dicho acto no es el último en la etapa de ejecución. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por otro lado, el artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo antes expuesto se puede afirmar que el auto impugnado en la vía biinstancial, forma parte del procedimiento de ejecución del laudo pronunciado en la contienda laboral; sin embargo, no constituye la última resolución en esa etapa del procedimiento. En el caso a estudio, el acto de molestia que en la vía constitucional se reclama, únicamente constituye una determinación intermedia dictada en el expediente laboral; por lo que debe concluirse que en el caso no se trata de la última resolución dictada en ejecución del laudo, condición que exige el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, que establece que una de las hipótesis que deben observarse para la procedencia del juicio constitucional, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, es que se trate de la última resolución del procedimiento de ejecución del laudo. De esta forma, resulta que el acto reclamado en la demanda de amparo indirecto, no está comprendido en la hipótesis citada, pues no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución del laudo y como consecuencia de ello es evidente que la acción constitucional es improcedente. Cabe precisar, que existen casos de excepción en los que procede el juicio de amparo indirecto aun en la etapa de ejecución, pero esto es con la condición de que los actos que se reclamen, gocen de autonomía propia y destacada y no se encaminen a lograr, por sí, la ejecución de la sentencia, lo que en el presente caso no acontece, porque el acto que se reclama es una resolución intermedia que forma parte del procedimiento de ejecución. De lo anterior es dable colegir, que en el asunto que nos ocupa nos encontramos dentro de la regla general del juicio biinstancial, introducida por el legislador para impedir que el mismo sea utilizado para retardar la ejecución de una resolución definitiva, consistente en que el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, o sea, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Acorde con la redacción actual del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y bajo una correcta interpretación, debe destacarse el propósito del legislador en cuanto a la celeridad que debe darse al procedimiento de ejecución, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de la sentencia a favor de la parte actora en el menor tiempo posible. Lo que acentúa la idea, inclusive, en su propio beneficio, acerca de que una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, sin importar que hubiese resultado vencedor en la contienda, no debe entorpecerse el procedimiento, restándose así la posibilidad de agotar el juicio de amparo indirecto contra resoluciones intermedias para ambas partes, pues en el espíritu del Constituyente, cristalizado en este precepto legal, subyace la idea de que la sentencia ejecutoria debe cumplirse en un lapso perentorio, limitando la posibilidad de que los contendientes puedan acudir a su instauración, sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que de suyo revela que la idea sustancial no es tanto el vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo a una u otra parte, sino que en realidad el procedimiento ejecutorio no se vea dilatado; por tanto, donde la ley no distingue, no le es dable al juzgador distinguir. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por lo que se concluye, que la ampliación de demanda de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que de conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción IV, solamente procede el juicio biinstancial, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, contra la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia invocadas.
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