Humberto Vallejo Morales

Expediente 348/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
348/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Humberto Vallejo Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ***** LA SENTENCIA DICTADO EL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: ...TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que se reclama, por lo que se tiene por cierto para efectos del presente juicio de amparo. Máxime que, así se corrobora de las copias certificadas del juicio ***, que la propia autoridad responsable acompañó a su informe con justificación, documentales a las que se les concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del enjuiciamiento civil federal aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Procedencia del juicio de Amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo En la especie, este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la resolución de uno de julio de dos mil veinte, dictada en el juicio *** del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, a través de la cual confirmó la diversas de cinco de marzo anterior, en la que se determinó girar oficio a la fuente de trabajo del quejoso, a fin de que retuviera el cincuenta por ciento de sus prestaciones y lo entregara a la actora, con el fin de cubrir los alimentos a que se obligó en convenio elevado a categoría de cosa juzgada el once de julio de dos mil trece. En efecto, de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo5, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Asimismo, que el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; se precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De lo expuesto, es dable colegir que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de tal manera que el juicio de biinstancial es improcedente cuando se reclama cualquier resolución intermedia que se dé en ese período de ejecución. Sirve de apoyo, el criterio intitulado: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." De dicha jurisprudencia, se advierte que la finalidad que se persigue al limitar la procedencia del amparo en la forma indicada, contra la última resolución que se dicte en la fase de ejecución de sentencia, consiste en evitar abusos del juicio de amparo; y, que la última resolución debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Establecido lo anterior, cabe destacar que los actos reclamados en el presente juicio, tienen su origen en un convenio celebrado entre la tercera interesada ****, por sí y en representación de su menor hijo ***. y el quejoso ***, el cual se elevó a cosa juzgada en acuerdo de once de julio de dos mil trece, por el Centro Estatal de Justicia Alternativa, en el que el aquí quejoso se obligó a cubrir, entre otros rubros, el treinta por ciento de su salario semanalmente, en favor de su menor hijo. Posteriormente, ante el incumplimiento del padre del menor, ***, en representación de su hijo, promovió incidente de cumplimiento de convenio, el cual fue admitido por la Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***. En el propio acuerdo se requirió a *** para que acreditara haber cumplido con dicho convenido (por la cantidad de **** pesos) y, en el caso de no hacerlo, se le embargarían bienes de su propiedad para garantizar tal cantidad. Mandamiento de ejecución que se llevó a cabo el once de diciembre de dos mil diecinueve9, en el que la actora incidental solicitó que se embargara, entre otras cuestiones, el 60% del salario del demandado; en acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, entre otras cosas, se aprobó la diligencia de mérito10. En auto de cinco de marzo último, previa petición de la actora incidental, se giró oficio a la fuente de trabajo de *** con el fin de que se le retuviera el cincuenta por ciento de sus prestaciones laborales y las entregara a ***, previas deducciones de ley. Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió el uno de julio último, confirmando la resolución recurrida, la cual constituye el acto reclamado, en el presente juicio de amparo12. De lo expuesto, se advierte que el juicio génesis del acto reclamado se encuentra dentro del período de ejecución en el que se encuentran realizando los trámites necesarios para lograr su eficaz cumplimiento, toda vez que se pretende obligar a la parte demandada (aquí quejosa) al cumplimiento del convenio celebrado en el juicio, el cual en términos del artículo 446, fracción III, del Código de Procedimientos para el Estado de Guanajuato13, es equiparable a la sentencia ejecutoria y produce todos los efectos de ésta. Sobre esa base, no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que no se ha dictado la resolución que determine el cumplimiento total de la sentencia o en su caso la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien que se haya ordenado el archivo definitivo del expediente. En efecto, el acto reclamado en el presente juicio no cumple con las exigencias necesarias para ser considerado como la última dictada en la fase de ejecución de sentencia, es decir, la resolución que apruebe o desapruebe de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o que declare la imposibilidad material o jurídica para dicho cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, pues aquél tuvo como finalidad el cumplimiento forzoso del cumplimiento del convenio que elevaron a cosa juzgada las partes, lo que evidencia que no cumple con las exigencias a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Determinación que es acorde con la finalidad de la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues en esa ocasión se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, lo cual implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia, menos aún la de un convenio elevado a cosa juzgada que es equiparable a ésta y que produce todos sus efectos. Sirve de apoyo, el criterio de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA14." No obstante, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la ley de la materia, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.". En ese orden de ideas, es menester citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: Época: Quinta Época Registro: 393973 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 17 Página: 12 ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Quinta Época: Amparo en revisión 8/17. Flores Teófilo. 17 de julio de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 411. Amparo en revisión. Sánchez Gavito Indalecio. 7 de agosto de 1918. Mayoría de nueve votos. Amparo en revisión 84/17. Ruiz vda. de Fuentes Antonia. 9 de octubre de 1918. Mayoría de ocho votos. Tomo IV, pág. 153. Amparo en revisión. Lobo de González Herminia. 13 de enero de 1919. Mayoría de diez votos. Tomo V, pág. 154. Amparo en revisión. López Negrete Laureano. 16 de julio de 1919. Unanimidad de once votos. NOTA: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, y los Apéndices 1917- 1954, 1917-1965 y 1917-1975 aparece la tesis publicada con el rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS". Luego, de los preceptos reproducidos, así como de la jurisprudencia invocada, se colige que se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo, cuando ésta resulta de alguna disposición de la Ley de Amparo, en tanto que del arábigo 217 del ordenamiento legal invocado, se desprende que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para las salas de la misma, los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Atento a lo expuesto, el juicio de amparo resulta improcedente, cuando se endereza contra actos derivados de otros consentidos y, los supuestos para que opere la causal de que se trata, son la existencia de un acto anterior consentido y la presencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Sirve de apoyo, el criterio intitulado: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA15." Ahora, para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que exista, le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia, de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: En tanto que las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido, son precisamente, la existencia de uno anterior que se haya tolerado y la existencia de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Da sustento a lo expuesto, el criterio intitulado: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL."16 En el caso, el quejoso pretende la protección de la justicia de la Justicia de la Unión contra la resolución de uno de julio de dos mil veinte, dictada en el juicio *** del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, a través de la cual confirmó la diversas de cinco de marzo anterior, en la que se determinó girar oficio a la fuente de trabajo del quejoso, a fin de que retuviera el cincuenta por ciento de sus prestaciones y lo entregara a la actora, con el fin de cubrir los alimentos a que se obligó en convenio elevado a categoría de cosa juzgada el once de julio de dos mil trece. Sin embargo, el quejoso se abstuvo de impugnar la diligencia de once de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se le requirió de pago de los alimentos que no había cubierto y, por no hacerlo, se le embargó el sesenta por ciento de su salario, diligencia aprobada en acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, lo que implica que el hoy quejoso consintió tales actuaciones, habida cuenta que, desde aquélla diligencia, se le embargó su salario, siendo que el acto reclamado, solo es la ejecución de dicho embargo, tan es así, que el propio juez de origen determinó, a petición de la parte actora, girar oficio a su patrón con el fin de retenerle el cincuenta por ciento de su salario, en atención a la diligencia de once de diciembre del año pasado (en la que se le embargó su salario). En efecto, el descuento material a dicho salario del inconforme, cuya inconstitucionalidad ahora se reclama en la resolución reclamada, debe considerarse como una consecuencia directa e inmediata de la diligencia de embargo, incluso del auto de quince de enero de dos mil veinte, por el que aprobó dicho embargo. Luego, como se advierte de actuaciones, el impetrante quedó vinculado al descuento de su salario, desde el momento de la diligencia de embargo; por lo que el quejoso no puede alegar ahora que su inconformidad derivada de la ejecución material del embargo, puesto que en su tiempo pudo controvertir, a través de los medios de impugnación, dicha diligencia o bien el acuerdo de quince de enero pasado, en el que se aprobó dicha diligencia. Más porque, pese a que no se entendió la diligencia con él (la de requerimiento de pago y embargo), lo cierto es que tuvo conocimiento de ella, precisamente, porque es parte en el juicio de origen, incluso, acepta que conoció del referido embargo, al momento en que interpuso el recurso de revocación de origen, de ahí que, en su momento, bien pudo controvertirla. En mérito de lo expuesto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia analizada, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio, al ubicarse en la hipótesis que establece la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción IV, del numeral 63 de la misma normativa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio.

  2. Principal

    ...Notifíquese, personalmente al quejoso y tercera interesada; por oficio a las autoridades responsables y autoridades terceras interesadas.

  3. Principal

    ...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...

  4. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, por medio del cual, en atención al requerimiento de catorce de los actuales, remite la constancia de emplazamiento realizada al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de mérito; agréguese a los autos la misiva de cuenta y la constancia de notificación correspondiente para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, téngase por como domicilio para oír y recibir notificaciones, de la precitada representación social, el que señala en la diligencia de emplazamiento, mismo que se encuentra en esta ciudad...

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