Humberto Ruíz Sánchez
Expediente 180/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Humberto Ruíz Sánchez
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido, el oficio signado por el Secretario de Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 141/2022 en la que se declaró infundado el citado recurso interpuesto por el quejoso. Se ordena el archivo
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta, agréguese el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja, interpuesto por el quejoso Humberto Ruiz Sánchez. Atento a lo anterior, tómese nota que se registró con el número 141/2022. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito firmado por la parte quejosa Humberto Ruiz Sánchez, quien se ostenta como Presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria número 3 de esta ciudad; mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; al respecto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja hecho valer y remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el escrito de agravios y el original del presente juicio, para los efectos legales correspondientes. De igual manera, ríndase informe con justificación sobre la materia de la queja, manifestando que es cierto el acto que recurre la parte quejosa, pues este juzgado dictó el auto de uno de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Humberto Ruiz Sánchez, por su propio y derecho y ostentándose como Presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria número 3 de esta ciudad, contra los actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; ahora bien, de la integridad de la demanda de amparo se advierte que de manera destacada el acto reclamado consiste en el proceso de selección de cargos directivos de educación media superior del ciclo escolar 2021-2022, de la Escuela Preparatoria número tres en esta ciudad. Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 180/2022. Ahora, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 2 De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Cobra aplicación la tesis V.2o. J/75, consultable en la página 77, registro 215188, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 68, Agosto de 1993, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 3 absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al caso la diversa tesis aislada I.3o.C.41 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Agosto de 2002, registro, registro 186294, Novena Época, Materia Común, del literal siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE. La disposición contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en el sentido de que El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, interpretada sistemáticamente con lo establecido en el artículo 146 de la misma legislación, en cuanto a la obligación del Juez de prevenir al promovente para que regularice la presentación de petición de garantías, pone de manifiesto que el órgano de control constitucional debe estudiar la demanda a fin de establecer, en principio, si se cumplieron las premisas que prevé el artículo 116 de la ley de la materia, se expresó con precisión el acto reclamado y se exhibieron las copias que señala el artículo 120; y en el supuesto de advertir que se cumplen esas premisas o que se regularizaron por el quejoso, estará en posibilidad jurídica de determinar si se actualiza la procedencia de la acción de garantías o si se surte alguna causa manifiesta e indudable que la haga inejercitable. De no seguir ese orden de estudio, es posible que los requisitos omitidos y no regularizados o la imprecisión del acto reclamado, no permitan al juzgador discernir plenamente acerca de la procedencia del juicio y resultaría injustificado que desechara de plano la demanda de amparo e, incluso, dilatorio, en la medida de que determinado, en el recurso de revisión interpuesto contra ese desechamiento, que no se surte la improcedencia, tuviera que revocarse esa determinación y ordenarse la regularización del procedimiento para que primero se previniera al quejoso y, después, se resolviera nuevamente sobre la procedencia del amparo." En el caso, el suscrito considera que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en la demanda de MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 4 amparo, acorde con la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 1, fracción I, y 5, fracción II, primer párrafo, de dicha ley, ya que la Secretaría de Educación, el Jefe del Departamento de Escuelas Preparatorias de la Dirección del Nivel Medio Superior del Estado de Chiapas y las diversas autoridades de la Educación, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo respecto del acto que se les atribuye. Los numerales antes mencionados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 5 ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, armonizados con la fracción I del artículo 103 Constitucional, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La acción constitucional se origina en favor de los particulares, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Federal del país, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de ahí que si los actos que se reclaman no tienen las características propias de los actos de autoridad, aunque se dicten por órganos del Estado, la acción constitucional no se genera, y por lo mismo, el juicio de amparo es en absoluto improcedente para combatirlos. En relación con lo anterior, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 6 modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al emitir la tesis XXVII/97, determinó que autoridad para los efectos del amparo, es aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí, o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De modo que, es autoridad la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto de autoridad. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, modificó el concepto de autoridad responsable que se tenía en la anterior legislación, previendo que los particulares pueden tener esa calidad, siempre que concurra lo siguiente: 1. Que dichos particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad. 2. Que afecten derechos en los términos de esa fracción [derechos fundamentales]. MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 7 3. Que sus funciones estén determinadas por una norma general. De ello se desprende que las características del acto de autoridad no fueron modificadas por el precepto 5 de la actual ley de la materia, sino que se introdujo una concepción distinta de los sujetos que pueden fungir como autoridad responsable para los efectos del juicio. Así, se tiene que bajo la misma naturaleza de los actos de autoridad, algunos equivalentes pueden ser realizados por particulares, es decir, éstos deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Además, tales actos equivalentes deben vulnerar derechos fundamentales contemplados en la norma constitucional y las funciones que autorizan la emisión de los precitados actos equiparables, deben encontrarse contemplados en una norma general. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala, registro digital 161133, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 8 amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama de las autoridades educativas enunciadas el proceso de selección de cargos directivos de educación media superior del ciclo escolar 2021-2022, de la Escuela Preparatoria número tres en esta ciudad. Como antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa aduce que tiene el carácter de Presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria número 3 de esta ciudad, y que el doce de febrero de dos mil veintiuno, fue publicada la convocatoria para el proceso de selección para la promoción a cargos con funciones de dirección en Educación Media Superior Promoción Vertical 2021-2022, asimismo, el trece del mismo mes, tuvo conocimiento que los anteriores directivos fueron sustituidos por diversas personas, sin que se les hubiera efectuado notificación al respecto. De lo anterior se desprende que las autoridades MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 9 pertenecientes a la Secretaría de Educación que señala como responsables en el presente asunto, no son autoridades para los efectos del amparo, ya que el acto que se les reclama, consistente en el proceso de selección y designación o elección de los cargos de representación de dicha institución, son actos que tienen consecuencia únicamente dentro de la institución educativa denominada Escuela Preparatoria número 3; asimismo, dichos actos no derivan de una relación de supra a subordinación, sino que por el contrario, la relación existentes entre las responsables y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues deriva de una relación laboral-burocrática. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, registro digital 2012044, Décima Época, Materias Común, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, página 2255, que dice: "UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. LA ELECCIÓN EFECTUADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LOS DOCENTES QUE INTEGRARÁN SUS RESPECTIVOS CONSEJOS UNIVERSITARIO, TÉCNICO UNIVERSITARIO Y DIVISIONAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 10 Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 918, de rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR.", estableció, entre otras premisas, que: i. En términos del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de las universidades públicas se proyecta como una garantía institucional que mediante diversos principios salvaguardan su función de educar, investigar y difundir la cultura; ii. Dentro de estos principios está el de autogobierno, que las dota de capacidad para tomar decisiones definitivas ad-intra (al interior del cuerpo universitario), con independencia de cualquier órgano exterior; iii. Dentro de las competencias que comprenden al principio de autogobierno están aquellas de naturaleza ejecutiva, y dentro de éstas la designación de los funcionarios universitarios; y, iv. La garantía institucional de autonomía universitaria impide que algún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación, verbigracia, decidiendo quiénes deben ser designados funcionarios universitarios, amén de que esa determinación constituye un acto ad-intra. Ahora bien, con sujeción a las proposiciones descritas, se concluye que la elección efectuada por la Asamblea General de Profesores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de los docentes que integrarán sus respectivos Consejos Universitario, Técnico Universitario y Divisional, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional, por lo que, al impugnarse mediante esa vía, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que esa deliberación se inserta en el ejercicio de las atribuciones de autogobierno de la mencionada casa de estudios, que en virtud de su autonomía no admite que un órgano estatal la sustituya o suplante, MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 11 resolviendo quiénes deben ser electos como integrantes de dichos órganos universitarios. Lo anterior es así, porque de los artículos 1, 6, 11, 12, 13 y 44 de la ley orgánica de la citada universidad, así como de los diversos 20, 25, 26 y 27 de su estatuto general, se colige que ésta es un organismo público descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomía constitucional, que para el logro de sus fines tiene la facultad de gobernarse a sí misma, mediante la designación de sus respectivas autoridades universitarias, entre las cuales están los referidos cuerpos colegiados; incluso, el primero de éstos es el máximo órgano de discusión y decisión, que tiene por objeto expedir las normas y disposiciones reglamentarias para la mejor organización y funcionamiento académico y administrativo de dicha universidad pública. Luego, la designación de los docentes que fungirán como integrantes de esos órganos colegiados, constituye un acto decisorio ad-intra de la mencionada universidad, pues lo adopta autónomamente, al interior de su asamblea de profesores, en términos de la referida fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, que establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y, desde esa óptica, existe un impedimento constitucional y legal para que un órgano judicial de amparo disuelva la esfera de competencias ejecutivas universitarias, pues se itera, la designación de sus funcionarios constituye un acto que tiene consecuencias, únicamente, al interior de la referida institución educativa, que emite bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de selección y de calificación de sus elecciones internas". La jurisprudencia sustentada por la Primera Sala, registro digital 16n4876, Novena Época, Materias Constitucional, Administrativa, tesis 1a./J. 19/2010, MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 12 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 918, que dice: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos". También la sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2021827, Décima Época, Materias Común, tesis: 2a./J. 14/2020, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4389, que dice: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 13 TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral". MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 14 Luego, es evidente que, en el caso subyace únicamente un vínculo de coordinación, entonces, el acto reclamado no tiene las características de un acto de autoridad; en ese sentido, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Humberto Ruiz Sánchez, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que hayan sido señaladas autoridades diversas como el Presidente Constitucional y el Gobernador Constitucional, ya que resulta evidente que dichas potestades no tienen injerencia alguna en los actos reclamados. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo y como autorizado a Francisco Yahir Velasco Morales, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, para el solo efecto de oír y recibir notificaciones, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios Judiciales días y horas inhábiles, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal. MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 15 Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que otorga el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 16 videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta al promovente de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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