Humberto Ruiz Sánchez y Otros.
Expediente 280/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 39 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 27/10/2020
Partes del expediente
- Humberto Ruiz Sánchez y Otros.
- Humberto Ruiz Sánchez
- Silvano Gómez Gómez
- Pedro Díaz Hernández y Otros.
- Ezequiel Ruíz Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
notificación por lista.-Reanudación del trámite en el presente asunto. De conformidad con el artículo 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada a partir del dieciocho de marzo hasta el treinta y uno de julio del presente año, en el presente asunto, y toda vez que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedó pausado y no su reinicio. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: la resolución de diez de agosto de dos mil diez, dictada en la causa penal 66/2010, por el Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la que ordenó la aprehensión de Pedro Díaz Díaz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito que la ley señala como ecocidio y su ejecución. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Deje insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil diez, emitida dentro de la causa penal 66/2010, en que libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso Pedro Díaz Díaz, como probable responsable en la comisión del delito de ecocidio, previsto y sancionado por los artículos 457, fracción IV y 457 bis del Código Penal del Estado de Chiapas. ii) En su lugar, siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia, emita una nueva resolución en la que 1) determine que, en observancia al principio de legalidad en materia penal, consagrado por el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, no es posible mezclar los elementos constitutivos de los tipos penales de ecocidio y delito ambiental, que prevén y sancionan los artículos 457, fracción IV y 457 bis del código punitivo estatal, para crear un tipo penal híbrido, ya que se trata de delitos autónomos e independientes entre sí; 2) teniendo en cuenta los hechos jurídicamente relevantes que se atribuyen al imputado, operando los principios de especialidad, absorción o consunción, subsidiaridad y alternatividad -según corresponda-, resuelva el conflicto aparente de normas que se presenta ante la concurrencia de los artículos 457, fracción IV y 457 bis, del Código Penal del Estado de Chiapas, determinando cuál de las normas es aplicable al caso concreto, con exclusión de la otra; 3) una vez determinado el tipo penal correcto y manteniendo presente la mecánica de los hechos relevantes, del amplio espectro de modalidades o variantes que contenga la norma elegida (457, fracción IV o 457 bis), determine en cuál o cuáles de esos supuestos normativos encuadran esos hechos, a través de una subsunción que resulte coherente y funcional al caso analizado, a efecto de lograr una clasificación jurídica satisfactoria; finalmente, 4) deberá analizar si, conforme a la ubicación de los hechos en el tipo penal correspondiente (ecocidio o ambiental), ha operado o no la prescripción de la acción penal del delito, conforme a las reglas prescriptivas del artículo 141, fracción I, del Código Penal del Estado de Chiapas. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio 3448/2019 de once de diciembre de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de la resolución de esa propia data, dictada en la causa penal 66/2010 (fojas 185 a 196). Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, el Juez responsable en la nueva resolución, en cumplimiento al inciso i) dejó insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil diez, dictada en la causa penal 66/2010. Asimismo, en acatamiento al inciso ii), siguiendo los lineamientos de la sentencia constitucional dictada en este juicio de amparo, determinó la norma aplicable al caso y el tipo penal correcto conforme a la mecánica de los hechos y clasificó la conducta del aquí quejoso dentro de la hipótesis que prevé el artículo 457 Bis del Código punitivo estatal, y en el estudio del cuerpo del delito acreditó la responsabilidad del impetrante de amparo, en la comisión del delito que la ley señala como ambiental, en su modalidad de cortar árboles sin autorización legal. Asimismo, declaró extinguida la acción penal, por haber operado la prescripción única y exclusivamente a favor del quejoso y de conformidad con lo establecido en los artículos 522, fracción II, 522 bis, párrafo primero y 523 bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, sobreseyó la causa. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado.
- Principal
Reanudación del trámite en el presente asunto. De conformidad con el artículo 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada a partir del dieciocho de marzo hasta el treinta y uno de julio del presente año, en el presente asunto, y toda vez que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedó pausado y no su reinicio. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: la resolución de diez de agosto de dos mil diez, dictada en la causa penal 66/2010, por el Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la que ordenó la aprehensión de Pedro Díaz Díaz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito que la ley señala como ecocidio y su ejecución. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Deje insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil diez, emitida dentro de la causa penal 66/2010, en que libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso Pedro Díaz Díaz, como probable responsable en la comisión del delito de ecocidio, previsto y sancionado por los artículos 457, fracción IV y 457 bis del Código Penal del Estado de Chiapas. ii) En su lugar, siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia, emita una nueva resolución en la que 1) determine que, en observancia al principio de legalidad en materia penal, consagrado por el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, no es posible mezclar los elementos constitutivos de los tipos penales de ecocidio y delito ambiental, que prevén y sancionan los artículos 457, fracción IV y 457 bis del código punitivo estatal, para crear un tipo penal híbrido, ya que se trata de delitos autónomos e independientes entre sí; 2) teniendo en cuenta los hechos jurídicamente relevantes que se atribuyen al imputado, operando los principios de especialidad, absorción o consunción, subsidiaridad y alternatividad -según corresponda-, resuelva el conflicto aparente de normas que se presenta ante la concurrencia de los artículos 457, fracción IV y 457 bis, del Código Penal del Estado de Chiapas, determinando cuál de las normas es aplicable al caso concreto, con exclusión de la otra; 3) una vez determinado el tipo penal correcto y manteniendo presente la mecánica de los hechos relevantes, del amplio espectro de modalidades o variantes que contenga la norma elegida (457, fracción IV o 457 bis), determine en cuál o cuáles de esos supuestos normativos encuadran esos hechos, a través de una subsunción que resulte coherente y funcional al caso analizado, a efecto de lograr una clasificación jurídica satisfactoria; finalmente, 4) deberá analizar si, conforme a la ubicación de los hechos en el tipo penal correspondiente (ecocidio o ambiental), ha operado o no la prescripción de la acción penal del delito, conforme a las reglas prescriptivas del artículo 141, fracción I, del Código Penal del Estado de Chiapas. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio 3448/2019 de once de diciembre de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de la resolución de esa propia data, dictada en la causa penal 66/2010 (fojas 185 a 196). Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, el Juez responsable en la nueva resolución, en cumplimiento al inciso i) dejó insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil diez, dictada en la causa penal 66/2010. Asimismo, en acatamiento al inciso ii), siguiendo los lineamientos de la sentencia constitucional dictada en este juicio de amparo, determinó la norma aplicable al caso y el tipo penal correcto conforme a la mecánica de los hechos y clasificó la conducta del aquí quejoso dentro de la hipótesis que prevé el artículo 457 Bis del Código punitivo estatal, y en el estudio del cuerpo del delito acreditó la responsabilidad del impetrante de amparo, en la comisión del delito que la ley señala como ambiental, en su modalidad de cortar árboles sin autorización legal. Asimismo, declaró extinguida la acción penal, por haber operado la prescripción única y exclusivamente a favor del quejoso y de conformidad con lo establecido en los artículos 522, fracción II, 522 bis, párrafo primero y 523 bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, sobreseyó la causa. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado.
- Incidental
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en el presente cuaderno incidental, fue concedida la suspensión provisional y definitiva solicitada. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, pues se concedió las medidas cautelares solicitadas y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se estima que no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.
- Principal
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