Humberto Ruiz Barrera

Expediente 37/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
37/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
23/02/2017

Partes del expediente

  • Humberto Ruiz Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso no impugnó el proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete (fojas 21 a 28), mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos, el escrito de Miguel Ángel Cruz Álvarez, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, y anexos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de tres del mes actual (fojas 11 y 12). Ahora bien, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice: ... "Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: '... para los efectos de esta ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general'; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra a subordinación." Posteriormente esa misma Segunda Sala, en la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2014, en lo que interesa expresó: "Que en tratándose de juicios promovidos bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo, existe un nuevo paradigma respecto del concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional. [.] Que en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Que a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] Que este tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: de subordinación, de supraordinación y la de coordinación. Las relaciones de subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Que, con base en las notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, atendiendo al marco conceptual que dio origen al texto de la vigente Ley de Amparo, es que, como se indicó en el asunto citado, en cada caso concreto debe analizarse si los actos de que se trata, pueden reputarse como provenientes de autoridad." Del artículo, jurisprudencia y ejecutorias transcritas se desprende que se identifica a los sujetos contra cuyos actos es procedente el juicio de amparo; esto es, la autoridad y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. Así, independientemente de su naturaleza formal, autoridad es aquel ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esa forma, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma unilateral y obligatoria, situaciones jurídicas, con posibilidad de vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondiente. Por otro lado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que para identificar a un acto producido por un particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con posibilidad de vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad respectivos. Asimismo, se advierte que para la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", en la Ley de Amparo vigente se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación; las cuales son: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De manera que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sin posibilidad para el gobernado de acudir a algún procedimiento ordinario para dirimir las diferencias que surjan de su actuación, ya que la autoridad tiene facultad de vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos autoritarios. Por otra parte, tratándose de particulares los sujetos contra quienes es procedente el juicio de amparo, serán aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso, previamente a continuar con el estudio de la causa de improcedencia aludida, se estima pertinente reiterar que la parte quejosa señala como autoridades y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como responsable en su doble carácter de Ordenadora y ejecutora: 1.- COMISARIADO BEINES COMUNALES DEL NULEO (sic) COMUNAL DE SANTA CRUZ TAGOLABA, TEHUANTEPEC, OAXACA. Que lo integran las siguientes personas: OSCAR BARRERA C; ISMAEL VILLALOBOS GUTIERREZ; MARIO CASTELLANOS AVENDAÑO, El primero de los nombrados como Presidente, Secretario y Tesorero del comisariado de bienes comunales del Barrio de Santa Cruz, Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca Domicilio en el cual pueden ser ubicado sito en la calle del deporte, sin numero del barrio de Santa Cruz, Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca. IV.- ACTO DE LA AUTORIDAD QUE SE RECLAMA.- Consistente en la orden de Desalojo de mi terreo (sic) el ubicado en el paraje denominado el SAPOTE (sic), perteneciente a la comunidad del barrio de Santa Cruz, Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca." Luego, los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Federal; así como 22, 23, 32, 33, 36, 99 y 107 de la Ley Agraria, que disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 27. .. De los numerales transcritos se aprecia, que Constitucionalmente se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales, cuyo órgano supremo es la Asamblea General, con la organización y funciones que señale la ley; cuáles son sus facultades; que el Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, su constitución, facultades y obligaciones; cuáles son las facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia; los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad; y las disposiciones que le son aplicables. De ahí, que los actos de la Asamblea, Comisariado y Consejo de Vigilancia del ejido no puedan considerarse como de autoridad para los efectos del amparo, toda vez que ninguno de los normativos transcritos les otorga la facultad de imperio, sino se encuentran en una relación de coordinación; lo que se corrobora con el numeral 21 de la legislación agraria, que dispone: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia". De su contenido se aprecia que la Asamblea, el Comisariado Ejidal, así como el Consejo de Vigilancia, son órganos del ejido, esto es, no son órganos del Estado. Por tanto, al no ser los ejidos entes estatales, sus autoridades no son autoridades para efectos del juicio de amparo. Máxime que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Agraria, la Asamblea y Comisariado Ejidales no podrían ser considerados en estricto sentido autoridades del Estado, pues desde su iniciativa de diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se les perfiló no como "autoridades", sino como órganos de representación y ejecución del ejido, en los términos siguientes: .. De igual manera, el Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca, tampoco son particulares cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad. Al respecto, los artículos 23 y 27 de la Ley Agraria, de los cuales el primero se transcribió previamente, y el segundo establece: "Artículo 27.- Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea." De tales numerales se desprende que la asamblea, como órgano supremo del ejido, tiene facultades relacionadas con la administración, modificación, distribución y terminación del ejido, así como al reconocimiento, separación de ejidatarios y lo concerniente a la regularización de los posesionarios; facultades que solo inciden al interior del ejido, por lo que son de índole netamente decisoria, en oposición a las ejecutivas; por ello, la Ley Agraria dispuso un órgano ejecutivo del ejido, encargado de la representación y gestión administrativa del núcleo de población ejidal, así como de la ejecución de las decisiones de la asamblea, este es, el Comisariado Ejidal; asimismo, que las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias tanto para los ausentes como para los disidentes, de igual manera, que en caso de empate, el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Así, de la Ley Agraria no se advierte que la Asamblea General de Ejidatarios cuente con facultades para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, pues para ello, la propia ley establece los procedimientos para controvertir esas decisiones ante el Tribunal Agrario respectivo, como se verá más adelante. Entonces, el acto reclamado al Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca, consistente en la orden de desalojo del terreno ubicado en el paraje denominado el Zapote, perteneciente a la comunidad del barrio de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca, carece de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, pues no es equivalente al acto de una autoridad; por ello, no se puede considerar "acto de particulares equivalente a los de autoridad". Aunado a lo anterior, los artículos 163 de la Ley Agraria y 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, disponen: .. Numerales de los que se desprende que la finalidad de los juicios agrarios es resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la propia ley; asimismo, que los tribunales en tal materia, conocerán de controversias entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población, entre otras hipótesis. De ahí, que la relación que se da entre el quejoso Humberto Ruiz Barrera, con los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca, respecto a la orden verbal de desalojo del terreno ubicado en el paraje denominado el Zapote, perteneciente a la comunidad aludida, es de coordinación; y para su solución se instituyó un procedimiento jurisdiccional, como lo es el juicio agrario; por lo que, el acto que el quejoso pretende se analicen en esta vía, puede demandarlos ante el Tribunal Agrario respectivo, donde podrá reclamar, hacer valer y probar lo que a su interés convenga, en un juicio en que se respetarán las formalidades esenciales del procedimiento, tanto para él, como para los demandados. Esto es más claro si se ve a tal norma como límite de los actos del comisariado de bienes comunales en torno a la posesión de tierras de la comunidad; pues, por un lado, la Ley Agraria no autoriza a ese órgano para que por sí y ante sí desposean a los sujetos que detenten bienes del núcleo o viceversa y, por otro, los sujeta a dirimir cualquier conflicto vinculado con esa figura mediante juicio agrario. Por ende, si los entes de organización del ejido o comunidad deben sujetar sus decisiones sobre posesión, a las decisiones de los tribunales agrarios, en términos de un juicio agrario, es claro que frente a los sujetos del ejido o comunidad, no se ubican en una relación de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación. Es cierto que el artículo 27 de la Ley Agraria -transcrito previamente- establece que las resoluciones de la asamblea ejidal son obligatorias; sin embargo, lo cierto es que esa obligatoriedad es declarativa, que no está dotada de imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Entonces, el Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca, en sus relaciones con los posesionarios de tierras ejidales, no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, se concluye que no es autoridad y tampoco particular equivalente a autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. . Cabe señalar que los criterios invocados resultan aplicables al presente caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, puesto que su contenido no se opone a la Ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, y 113 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve HUMBERTO RUIZ BARRERA, contra actos del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por HUMBERTO RUIZ BARRERA, contra actos de Óscar Barrera Gordon, Ismael Villalobos Gutiérrez y Mario Castellanos Avendaño, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales del Barrio de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca, y anexos; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 37/2017. Del análisis integral del escrito de demanda constante de cuatro fojas, se advierte que se encuentra incompleto, en virtud que de la lectura de la transcripción realizada en el mismo, en la parte final de las tres primeras fojas no guardan relación con el inicio de las fojas subsecuentes; lo anterior se deduce, ya que en la primera foja en el apartado al señalamiento de las autoridades responsables textualmente dice: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLES.- Señalo como responsable en su doble carácter", y la siguiente foja inicia diciendo: "Que lo integran las siguientes personas:."; asimismo, en la segunda foja en su parte final de manera textual dice: ".que en un cuadernillo en copias certificadas por notario público se anexa, y surtan sus efectos legales a que haya lugar.", en la foja siguiente inicia diciendo: "molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."; de igual forma, en la parte final de la foja tres textualmente dice: "PRIMERO.- Tenerme por presentado con este escrito, demandando el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridades que hemos señalado como responsables al principio de este escrito.", y al inicio de la foja siguiente dice: "TERCERO.- Seguir el Juicio por todos sus trámites legales hasta dictar sentencia,.". De lo anterior es evidente que la demanda de amparo se encuentra incompleta, en la medida que no existe continuidad en su redacción entre las fojas que la componen, lo que constituye una irregularidad en la demanda, en cuanto que, la presentación incompleta de la misma, no permite conocer en forma integral la voluntad del promovente. Por lo tanto, a fin de que este Tribunal esté en condiciones de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no; con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 108 y 110 de ese mismo ordenamiento legal, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, cumpla con los siguientes requisitos: 1.- Exhiba todas y cada una de las fojas que integren su escrito de demanda de amparo, con su redacción completa, a fin de estar en condiciones de apreciar su contenido y estar en aptitud de proveer lo que conforme a derecho proceda; con el número de copias suficientes, una para cada una de las autoridades que señala como responsables, dos para integrar el incidente de suspensión relativo, y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, de no informar lo conducente, de contestar con evasivas o de no exhibir las copias requeridas, se tendrá por no presentada su demanda de garantías, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Toda vez que la parte quejosa no señala domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, como se lo impone el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tiene por autorizado con la suma de las facultades expresas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, por tratarse este asunto de naturaleza agraria.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 4,618 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano