Humberto Rodríguez Bañuelos y Otros.
Expediente 129/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Humberto Rodríguez Bañuelos y Otros.
- Humberto Rodríguez Bañuelos
- Comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, México Distrito Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, el oficio telegráfico que remite el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 8-B de la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, con sede en la Ciudad de México; en atención a su contenido, como lo solicita, mediante oficio que se gire remítasele copia certificada de las constancias que solicita, sin que obste a lo anterior, que la autoridad oficiante no haya sido parte del presente juicio de amparo, en virtud, de que informa que el quejoso ********************, es probable víctima en la averiguación previa
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de abril de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el once de marzo pasado (fojas 70 y 71), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Incidental
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 129/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de marzo de dos mil dieciséis. Vista la diligencia de notificación de siete de marzo del año en curso, realizada por el Actuario de la adscripción al quejoso Humberto Rodríguez Bañuelos, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS", en Miahuatlán, Oaxaca, lugar donde se encuentra interno el mismo; se advierte que dicho quejoso asentó expresamente lo siguiente: "Desisto del presente juicio de Amparo". Ahora, tomando en consideración que de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la ley reglamentaria, el juicio de amparo se rige, entre otros, por el principio de instancia de parte agraviada; por tanto, ante el desistimiento expreso de la parte quejosa, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo promovido por Humberto Rodríguez Bañuelos, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS", en Miahuatlán, Oaxaca y otras autoridades, en términos del numeral 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 70, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y cuatro, tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, por lo que es patente que el derecho de acción en demanda de garantías individuales lo tiene el quejoso ante el órgano jurisdiccional en contra de actos de autoridad; de ahí que existe la posibilidad jurídica de que lo retire, en cualquier momento, por una mera declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la acción. Por consiguiente, el desistimiento de la acción, ratificado plenamente por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia, e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Así como la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de marzo de esta anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional, así mismo, hágase del conocimiento de todas las partes. No soslaya el haber decretado el sobreseimiento fuera de audiencia, el hecho de que no se haya requerido a la parte quejosa para que ratificara su desistimiento, como lo establece el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, toda vez que en autos se demuestra fehacientemente que dicha declaración de la voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, fue ante un funcionario con fe pública, quien lo identifico plenamente como la persona de que se trata, por tanto es incuestionable que deviene innecesario que ese desistimiento sea ratificado ante este órgano jurisdiccional, pues la voluntad del quejoso quedó plenamente acreditada ante el citado fedatario público de la adscripción. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra interno. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
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