Humberto Ricardo Cervantes Hernández

Expediente 1548/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1548/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Humberto Ricardo Cervantes Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Humberto Ricardo Cervantes Hernández, por propio derecho contra actos de los Magistrados que integran la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1548/2023-II-C. Actos reclamados. Ahora bien, de un análisis al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: De los Magistrados que integran la Sala Civil del tribunal Superior de Justicia, reclama: Resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, relativo al recurso de queja 300/2023, por el cual confirma la interlocutoria dictada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 590/2021 relativo al juicio de desocupación con providencia de lanzamiento, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, en la que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por el impetrante de garantías. Del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, reclama: La interlocutoria dictada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 590/2021 relativo al juicio de desocupación con providencia de lanzamiento, por el cual determino declarar improcedente el incidente de falta de personalidad. Del Diligenicario Par adscrito al Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, reclama: El cumplimiento del lanzamiento decretado en el expediente 590/2021, relativo al juicio de desocupación con providencia de lanzamiento. Desechamiento respecto los actos reclamados señalados en los incisos b) y c). Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. De lo anterior, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de que produjera sus efectos, o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Así, ha determinado que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad al no estar ya surtiendo sus efectos ni los surtirá, por no dejar huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese mismo sentido, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos de los actos reclamados a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Lo anterior, como se ve de la tesis con número de clave I.3o.C.92 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página 1491, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así, de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados mismos que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, se advierte que por resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca de queja 300/2023, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se advierte que la autoridad en cita, confirma la diversa determinación dictada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 590/2021 relativo al juicio de desocupación con providencia de lanzamiento, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, en la que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por Humberto Ricardo Cervantes Hernández; por tanto, se advierte que hubo una cesación de efectos por sustitución procesal. Lo anterior, en consideración que la interlocutoria dictada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 590/2021 relativo al juicio de desocupación con providencia de lanzamiento, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, quedó sustituida por la determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca de queja 300/2023, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Desechamiento respecto el acto reclamado precisado en el inciso a). Por otra parte, respecto al acto reclamado señalado en el inciso a) se advierte la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente, pues deriva de que el acto reclamado consistente en la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, relativo al recurso de queja 300/2023, del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, no es un acto que afecte materialmente los derechos sustantivos del aquí quejoso. En efecto, dicho acto no produce efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" Al respecto, en relación con los actos de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Para mejor comprensión en el sentido de la presente determinación, se estima oportuno señalar los antecedentes respectivos que bajo protesta de decir verdad alude la parte quejosa en su escrito de demanda, siendo los siguientes: El impetrante de garantías es parte demandada dentro expediente 590/2021 relativo al juicio de desocupación con providencia de lanzamiento, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, respecto del bien inmueble identificado como local comercial número 12, ubicado en Calle Francisco I. Medero, Colonia Centro, Tlaxco, Tlaxcala. Del escrito por el cual la parte quejosa da contestación a la demanda del juicio de origen, refiere en está Estela Farfan Herrera -parte actora y aquí tercero interesada-, dijo ser legitima propietaria del bien inmueble ubicado en Calle Francisco I. Madero, número 26, Colonia Centro, Tlaxco, Tlaxcala, sin exhibir documento idóneo para justificar tal circunstancia Como consecuencia de lo anterior, la parte quejosa interpuso incidente de falta de personalidad, con contra de la parte actora Estela Farfan Herrera, a lo que recayó la resolución interlocutoria de catorce de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Morelos, declara improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por el aquí quejoso Humberto Ricardo Cervantes Hernández. Por tanto, interpuso recurso de queja en contra de la resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés, a lo que recayó la determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil de queja 300/2023, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por el cual se confirma la interlocutoria recurrida -acto reclamado-. De lo anterior se desprende que, la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés -acto reclamado-, relativo al recurso de queja interpuesto por Humberto Ricardo Cervantes Hernández, dentro del toca de queja 300/2023, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante la cual confirma la determinación dictada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 590/2021 relativo al juicio de desocupación con providencia de lanzamiento, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, en la que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por Humberto Ricardo Cervantes Hernández, lo cual sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales. En efecto, para impugnar en amparo directo y/o indirecto las violaciones de carácter procesal cometidas en juicios del orden civil, deben impugnarse en el curso del procedimiento a través del recurso ordinario procedente y en el supuesto de que éste sea declarado improcedente, tendrá que invocarse la violación en la apelación que se interponga contra la sentencia de primera instancia; consecuentemente, si no se cumplen estos requisitos no podrán impugnarse las citadas violaciones en el juicio de amparo respectivo. Del artículo 161, fracciones I y II, salvo su último párrafo, de la Ley de Amparo se advierte que para impugnar en amparo directo las violaciones de carácter procesal cometidas en juicios del orden civil, deben impugnarse en el curso del procedimiento a través del recurso ordinario procedente y en el supuesto de que éste sea declarado improcedente, tendrá que invocarse la violación en la apelación que se interponga contra la sentencia de primera instancia; consecuentemente, si no se cumplen estos requisitos no podrán impugnarse las citadas violaciones en el juicio de amparo respectivo." Por tanto, se determina de esa forma dado que de los antecedentes narrados se obtiene que la autoridad señalada como responsable confirmo la improcedencia del incidente de falta de falta de personalidad, sin que de autos se desprenda que se haya emitido la resolución correspondiente En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizado. Se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones a Alfredo Cruz Ramírez, por así haberlo solicitado en el escrito de cuenta. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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