Humberto Ribón García
Expediente 456/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Humberto Ribón García
Actuaciones
- Principal
MESA 5. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ACUERDO QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de CINCO DÍAS a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el diez de marzo del presente año (foja 36 a 43), en el cual se DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO intentada por Humberto Ribón García, transcurrió del veintitrés al veintinueve de marzo del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Conforme lo disponen los artículos 3, fracción VII y 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y punto 2.4., del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por lo tanto, se ordena hacer las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Por lo anterior, la suscrita juzgadora considera que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna, por lo que se valora como DESTRUIBLE, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, fracción XV, 12, 14 y 21, inciso d) del Acuerdo General antes mencionado; en relación con el capítulo 3 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese tenor, de conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General y del capítulo 8, punto 8.1.2 del Manual, ambos referidos con anterioridad, se ordena que, una vez que transcurran TRES AÑOS a partir de la presente fecha, se proceda a su DESTRUCCIÓN, previa formulación del acta y relación correspondiente, para remitir la baja documental a la Dirección general de Archivo y Documentación, conforme lo establece el penúltimo párrafo, del artículo 21 del Acuerdo General en cita. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obra en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de NOVENTA DÍAS a recoger los documentos consistentes en la cedula de notificación por comparecencia con firmas autógrafas en original (foja 24) y del oficio SP/1650/2021 de la resolución administrativa (fojas 25 y 26), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que el expediente físico contiene sólo los documentos recibidos de manera impresa, mientras que la documentación recibida vía electrónica, únicamente consta en el expediente virtual.
- Principal
Mesa 8. TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Causa estado, se archiva el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
mesa 8.- DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA 8. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ACUERDO QUE EN LO QUE INTERESA DICE:-------------------------------------------- DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual +++++++, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Sala Regional Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en esta Ciudad, y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos en los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ". los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico". DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez o Jueza de Amparo deben analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche deplano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamenteclara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: 1.- De las señaladas en el inciso a), reclamo:- La omisión de no hacer efectiva la justicia pronta y expedita, que se contrapone a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, y los preceptos 52, 53, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuanto a que la autoridad judicial debe llevar en forma adecuada el procedimiento de ejecución para que tengan pronto y debido cumplimiento lo condenado, siendo que la sentencia fue declarada firme el 8 de Junio de 2021, pues si bien, aunque no pueda dictarse mandamiento de ejecución forzosa para cumplir las sentencias de condena dada la legislación aplicable en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ello no implica que por su naturaleza no deba cumplirse con la condena impuesta, y hacer efectivo el pago de lo condenado, siendo que esta omisión no se constituye en un acto de naturaleza particular ejecutado por la parte demandada en el juicio natural, sino que, en mi criterio, se trata de actos negativos u omisiones de la autoridad judicial. Sin omitir manifestar que hasta la presente fecha, la condenada no ha emitido resolución FORMAL en la que se decrete la NULIDAD de la resolución que se combatió Y SE EMITA UNA NUEVA, ya que si bien es cierto que con fecha 11 de Noviembre de 2021 emitió una resolución, esta no consta de los elementos formales en cuanto fundamentación y motivación relativos a la CONCESION de una INDEMNIZACION GLOBAL para el suscrito; 2.- De las señaladas en los incisos b), c) y d) y e) reclamo:-Las omisiones en que han incurrido para cumplir en el pago de lo condenado (INDEMNIZACION GLOBAL) en el expediente 683/20-26-01-6, radicado en la Sala Regional Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad a lo que establece el artículo 17 constitucional, y los preceptos 52, 53, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a pesar de habérsele requerido en diversas ocasiones, al dar respuesta fue omiso al no aportar elementos fehacientes que indiquen el pago liso y llano de todas las prestaciones a que fuera condenado. Incluso no han emitido resolución FORMAL, que cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación en la cual se determine la CONCESION de la INDEMNIZACION GLOBAL, ya que fueron condenadas con el fin de emitir una nueva resolución, la cual no se ha hecho; 3.- De las señaladas en los incisos b), c) y d) y e) reclamo:- La omisión de emitir una nueva resolución de manera fundada y motivada en la cual se me conceda el pago de una INDEMNIZACION GLOBAL. 4.- De las señaladas en los incisos a), b), c) y d) y e) reclamo:- LA ABIERTA DILACION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE SENTENCIA, ya que entre incumplimientos, justificaciones falsas, la supuesta imposibilidad de incumplimiento, la declaración de que ya se me había pagado la indemnización global, la demora en acordar los escritos y demás actos de mala fe que han realizado las responsables, han provocado una abierta dilación, ya que ha transcurrido más de un año sin que se dé el cumplimiento total e incluso parcial de la sentencia." Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción XVIII, se encuentra motivado por el hecho de que el impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursosordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En ese orden, resulta importante traer a contexto el contenido del artículo 58 fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establecen lo siguiente. "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [.] II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos:1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. [.]" Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y al no haber agotado ese recurso ordinario, dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio de derechos humanos, actualizándose con ello, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ello, pues el acto reclamado encuadra a la hipótesis normativa del recurso de referencia, pues la parte promovente sustancialmente reclama la omisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional de Tabasco, de ejecutar la sentencia definitiva de quince de abril de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 683/20-26-01-6. Datos que se obtiene de la propia narrativa de la demanda de amparo y de los anexos remitidos. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741, 27/09/23 10:36:49 registro digital 2024468, Materias Administrativa, Común, Undécima Época, del contenido siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidaddictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para que opere el principio de definitividad, toda vez que la quejosa no tiene el carácter de tercero extraña, puesto que es parte actora en el juicio natural y, además, no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Resulta aplicable, la jurisprudencia VI.2oC J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1816, Tomo XXIII, marzo de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas Otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En este orden de ideas, si la parte promovente se duele de la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el expediente 683/20-26-01-6, el artículo 58 fracción II, inciso a), numeral 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la procedencia del RECURSO DE QUEJA, a través del cual se puede confirmar, modificar o revocar las actuaciones impugnadas en esta vía, es dable concluir que previo a la presentación del juicio de amparo indirecto, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar dicho medio de impugnación, y al no haberlo hecho, dejó de cumplir con el principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de amparo, tal como lo exige la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues a través del invocado recurso la parte quejosa pudo haber obtenido el dictado de una determinación favorable a sus intereses, circunstancia que da motivo a la actualización de la causa de improcedencia antes referida. Por último, aun considerando que el acto reclamado sea de imposible reparación y que el recurso de queja suspenda el procedimiento de ejecución en caso de que existiere, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que aun tratándose de actos en juicio de ejecución irreparable, la quejosa debe observar el principio de definitividad antes de acudir a la sede constitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Tribunal Pleno, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro digital 2017117, de contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente ala promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De ahí que, existe jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece 27/09/23 10:36:49 que cuando el acto en el juicio sea de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que establezca la ley respectiva como en el caso se ha dejado establecida la procedencia del recurso de queja. Por lo anterior, es inconcuso que la parte quejosa debió agotar el medio de defensa que tenía a su alcance, antes de acudir a la presente instancia, esto es, el recurso de queja, a fin de que pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, de Mayo de 1998, página 890, con número de registro 196196, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE" COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 22, párrafo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le hace del conocimiento a las partes, que las constancias que integran el presente expediente e incluyen evidencia criptográfica les da la característica de inalterables, por tanto, de requerir copia certificada del presente asunto, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, haciendo uso de la FIREL o la e.firma, e imprimir la actuación que considere necesaria para su propósito, sin necesidad de requerir certificación alguna, dado que la evidencia criptográfica es suficiente y se considera copia certificada electrónicamente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a Salvador Sánchez Zuñiga y Patricia Paz Domínguez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes mediante la utilización de la firma electrónica, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que la fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA"Por último, en términos del artículo 3°, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se les indica a las partes que deberán transitar al esquema de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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