Humberto Ramos Castro
Expediente 49/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2018
Partes del expediente
- Humberto Ramos Castro
Actuaciones
- Principal
...Vista la certificación que antecede de la que se desprende que mediante proveído en el que se ordenó el archivo del presente cuaderno, se calificó como susceptible de destrucción en términos del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/ 2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, para que se conserve en el archivo reciente de este Juzgado por el término de tres años; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de dejar insubsistente la temporalidad del destino archivístico otorgado al presente asunto, y se provee: Toda vez que el presente cuaderno esta como considerado como cuaderno auxiliar; con fundamento en el punto segundo, fracción XX, y vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/ 2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que el presente cuaderno es susceptible de DESTRUCCIÓN y carece de relevancia documental; destrucción que deberá realizarse dentro del término de seis meses contados a partir de esta fecha, al haberse determinado que a este órgano jurisdiccional no le corresponde el conocimiento del asunto. Hágase la anotación en la carátula...
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V I S T O, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo (con anexos) en que se actúa; asimismo, informa que mediante auto de veinticinco de enero del actual el citado Juzgado determinó no insistir hasta este momento en declarar la incompetencia de la demanda de amparo, por lo que se avocó al conocimiento de la misma; por tanto, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero. Hágase saber a las partes que una vez transcurridos dichos años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito.......V
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REGISTRO DE EXPEDIENTE Téngase por recibida la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a través de la cual se remite un oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, al que se adjunta el expediente 12/2018-B del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, que contiene la demanda de amparo promovida por **** contra actos del Juez de Oralidad Penal en Guadalajara, Jalisco, y otras autoridades, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 49/2018-V, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vistas las constancias que integran el juicio de mérito, se advierte que mediante auto de once de enero de dos mil diecisiete, la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto planteado por cuestión de territorio, en virtud de que consideró que el quejoso en su demanda de amparo no señaló autoridades ordenadoras y ejecutoras pertenecientes a la jurisdicción en la que tiene competencia, aunado a que el quejoso en su escrito aclaratorio no había manifestado que en el lugar de su jurisdicción se pretendiera ejecutar en su contra una orden privativa de libertad; por lo que, en su concepto, al ser este circuito de amparo el más próximo a su residencia, era un juzgador con residencia en este circuito quien tenía que conocer del presente asunto, ya que el quejoso si había señalado autoridades responsables en esta entidad federativa. En ese sentido, no se comparte el criterio sostenido por el juzgado declinante, con base en las consideraciones siguientes: En la institución del juicio de amparo el territorio constituye criterio relevante para delimitarla, conforme a las tres directrices que establece el numeral 37 de la Ley de Amparo, factor que se determina en función de la ejecutividad material, ya que si el acto proyecta efectos de esa naturaleza es competente para conocerlo el Juez de Distrito del lugar en que éste deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (regla uno); empero, si esa trascendencia se refleja en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa en otro, ese atributo recae en el juez constitucional distrito ante el que se presente la demanda (regla dos); lo mismo que si el acto no requiere cumplimiento (regla tres). De manera que, para discernir esa cualidad debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado sea éste positivo o negativo con efectos positivos, sin perjuicio de si se combate o no su ejecución, o si se señala como responsable a una autoridad ejecutora, porque, de llegar a tales extremos, la competencia de los órganos de control constitucional quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no tales responsables, ya que sólo el análisis integral del libelo permitirá determinar si sus efectos tienen repercusión o no en el plano de lo fáctico. Respecto de la primera de las hipótesis, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue. Ahora bien, en el caso el peticionario de amparo señaló como acto reclamado la orden de aprehensión y/o comparecencia, así como su ejecución, señalando autoridades ordenadoras las siguientes: Juez de Oralidad Penal, de Guadalajara, Jalisco. Juez de Oralidad Penal, de Aguascalientes, Aguascalientes. Juez de Oralidad Penal, de Querétaro, Querétaro. Juez de Oralidad Penal, de Morelia, Michoacán. Juez de Oralidad Penal, de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Y, como autoridades ejecutoras a las siguientes: Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Jalisco. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Aguascalientes. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Querétaro. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de San Luis Potosí. Así, toda vez que los actos reclamados son de naturaleza positiva, se considera que la competencia por razón de territorio para conocer de la demanda en estudio recae en el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. Se explica. Como quedó patentizado en líneas que anteceden, la orden de aprehensión y/o comparecencia impugnada requiere inminentemente de ejecución material para cumplimentarse, por lo que se concluye que el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tenga jurisdicción donde se trate de ejecutar, lo cual dada la naturaleza del acto reclamado puede ocurrir y darse en cualquier lugar de la República donde pueda localizarse al quejoso (persona contra la cual se dirige tal mandato de captura). En consecuencia, es inconcuso que aun cuando el justiciable no haya realizado el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tuvieren residencia en en el sitió en el que refiere reside en la actualidad (Guanajuato, Guanajuato), tal supuesto no implica que el declinante carezca de competencia para conocer del asunto; pues debió formular la prevención de manera expresa al quejoso HUMBERTO RAMOS CASTRO, en el sentido de que aclarara su demanda a fin de hacer la indicación condigna, esto es, si era su interés señalar autoridades responsables ejecutoras con residencia en ese lugar Guanajuato, Guanajuato), aunado a que el solicitante de amparo, en cumplimiento al auto de prevención de nueve de enero de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio de mérito, señaló que en la actualidad reside en Guanajuato, Guanajuato, por lo que es posible de que en dicha entidad pudieren materializarse los efectos y consecuencias del acto reclamado, es decir, dicha circunstancia sirve de parámetro objetivo para estimar la ejecutividad de tal mandato en el ámbito geográfico en donde el declinante ejerce su jurisdicción; máxime, que si bien es cierto la autoridad responsable previno al quejoso para que manifestara bajo protesta de decir verdad los lugares en los que pretendieron privarlo de su libertad, también lo es que no lo hizo para requerirlo a fin de manifestara si era su deseo señalar a alguna autoridad responsable ejecutora en Guanajuato, Guanajuato; aunado a que tal desahogo no lo hizo bajo protesta de decir verdad. Los anteriores razonamientos se encuentran en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, materia común, número de registro 2004166, visible en el la página 383, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Lo anterior es así, pues si bien la orden de aprehensión y/o comparecencia reclamada, constituye un acto de aplicación de diversos dispositivos tanto sustantivos como adjetivos en materia penal, debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de las ejecutoras. De ahí que si el mandamiento en cuestión pudiere materializarse en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, siendo que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre la localidad donde se pretende ejecutar la orden es el ahora declinante, ello, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito donde se pudiere materializar. En ese tenor, este órgano de control constitucional, concluye que la competencia se surte a favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, de conformidad con el primer párrafo de arábigo 37 de la Ley de Amparo. CUADERNO DE ANTECEDENTES Consecuentemente, en virtud de que este juzgador no acepta la competencia declinada, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena devolver el presente asunto al citado órgano jurisdiccional, así como sus anexos, a efecto de que, en términos del artículo 48 de la invocada legislación, manifieste si insiste o no en declinar el conocimiento del citado expediente. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.....V
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