Humberto Ramírez Gutiérrez

Expediente 117/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
117/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
09/11/2018

Partes del expediente

  • Humberto Ramírez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    I. Del estado de autos, se advierte que mediante proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes quejosa y tercero interesada, hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada.

  2. Principal

    I. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a las partes en auto de veinticinco de septiembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que dio el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, sin que ninguna de las partes haya realizado manifestación alguna. Por tanto, este juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, tomo XI, marzo del 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, se establece lo siguiente: Por sentencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho, dictada por este tribunal, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, que solicitó el quejoso Humberto Ramírez Gutiérrez (fojas 95 a 109). Sin que ninguna de las partes legitimadas hubiese recurrido la sentencia de amparo, por lo que por auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 136 a 138), determinándose requerir al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, para que dentro del término de tres días informara sobre su cumplimiento; actos de ejecución que debería realizar, atendiendo a los efectos de la protección constitucional, que son los siguientes: 1.- Dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, emitiera otra siguiendo los lineamientos de la ejecutoria; 2 .- Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, resolviera lo que en derecho correspondiera. La concesión anterior, se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por no combatirse por vicios propios. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Magistrado responsable, remitió los oficios registrados en el libro de correspondencia bajo los números de orden 15532 y 15643, con los cuales pretendió acreditar el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copias autorizadas de diversas constancias, ordenándose en su momento dar vista de su contenido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que lo hayan hecho (fojas 141 a 154). Así, una vez analizados los comunicados en cuestión y las documentales descritas, que tienen pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se desprende que el magistrado requerido, en relación con los efectos del fallo constitucional, acreditó lo siguiente: En resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-12/2018, declaró insubsistente la sentencia de veintidós de enero del año en curso, que confirmó la diversa de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero de lo Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia derivado del juicio ordinario familiar número 558/2010, y en su lugar emitió otra, determinando lo siguiente: ". Precisado lo anterior, ahora sí pasaremos al estudio y decisión de los motivos de desacuerdo primero y cuarto, mismos que se analizarán conjuntamente dada la estrecha relación que los vincula, determinándose ahora que son sustancialmente fundados. Está en lo correcto Humberto Ramírez Gutiérrez, cuando precisa que la resolutora primaria, con violación del principio de proporcionalidad contenido en el artículo 454, fracción III, del Código Familiar (relativo a que los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe), en el Considerando SEGUNDO de la sentencia interlocutoria apelada visible de la foja 171 ciento setenta y uno a la 179 ciento setenta y nueve del cuaderno a estudio, no obstante que tuvo por acreditado que sus progenitores Gregorio Ramírez Ramírez y Ma. Jesús Gutiérrez dependían económicamente de él, concluyó que ello no era causa suficiente para reducir la pensión alimenticia fijada a su cargo dentro de diverso incidente de reducción hecho valer por él mismo, hasta por el 25% veinticinco por ciento de las percepciones salariales que obtiene como empleado de la empresa denominada ArcelorMittal Asesoría Técnica Michoacana, Sociedad Anónima de Capital Variable, en favor de su menor hija Naomi Ramírez Vargas. Lo anterior, porque a la luz de los lineamientos trazados por el Órgano de Control Constitucional debe concluirse que de las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 153/2016, que para acreditar hechos promovieron, por su propio derecho, Gregorio Ramírez Ramírez y Ma. Jesús Gutiérrez Melchor, localizables de la foja 35 treinta y cinco a la 37 treinta y siete, se deriva una presunción humana grave, atentos los numerales 505, 597, 512 del supletorio Código de Procedimientos Civiles local, en el sentido de que Gregorio y Ma. Jesús, necesitan de la ayuda económica del recurrente para sufragar sus gastos alimentarios, al haberse determinado en dichas diligencias ser dependientes económicos de su descendiente Humberto Ramírez Gutiérrez, en armonía con las prescripciones del numeral 457 del Código Familiar, relativo a que los hijos están obligados a dar alimentos a los progenitores. . Mas como así no lo determinó la sentenciadora primaria en el fallo impugnado, es claro que vulneró en perjuicio del recurrente el numeral 454, fracción III, del Código Familiar, por falta de aplicación, y a fin de reparar ese agravio esta Sala, ante la ausencia de reenvío en nuestro sistema apelatorio y con plenitud de jurisdicción, determina revocar el mismo, para ahora declarar fundada la cuestión incidental planteada por Humberto Ramírez Gutiérrez sobre reducción de pensión alimenticia frente a María del Rosario Vargas Elías, ésta representante legal de su menor hija Naomi Ramírez Vargas, al justificarse que los ascendientes de aquél, Gregorio Ramírez Ramírez y Ma. Jesús Gutiérrez Melchor, también son sus acreedores alimentarios, en cuya virtud sus percepciones económicas deben distribuirse de manera equitativa entre él y sus diversos acreedores alimentarios, tomando en cuenta la necesidad que les asiste a sus progenitores, en cuanto dependientes del incidentista, de percibir los gastos indispensables para su manutención por parte de éste, de suerte que además de a su menor hija Naomi Ramírez Vargas, también tiene la obligación de proveerles alimentos a sus dos ascendientes, de cubrir sus propios gastos alimentarios y de satisfacer los reclamos que por este mismo concepto requieren su actual esposa y su diversa menor hija Daenerys Harumi Ramírez Pacheco; consecuentemente, se determina reducir la pensión alimenticia que venía otorgándole a la citada infante Naomi Ramírez Vargas, en un 8.5% ocho punto por ciento, para que en lo sucesivo le proporcione tan solo el 16.5% dieciséis punto cinco por ciento del salario que percibe como empleado de la empresa denominada ArcelorMittal Acero Asesoría Técnica Michoacana, Sociedad Anónima de Capital Variable, porcentaje con el cual, merced a los diversos acreedores alimentarios del obligado, incluyéndolo a él mismo, dicha menor deberá afrontar los rubros de comida, vestido, habitación, asistencia médica y educación que comprenden sus alimentos (al contar en la actualidad, aproximadamente, con 14 catorce años de edad, pues en la ejecutoria emitida por el Magistrado de la Novena Sala Civil, el 19 diecinueve de diciembre de 2014 dos mil catorce, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el propio impugnante en contra de diversa sentencia interlocutoria, que resolvió un primer incidente sobre reducción de pensión alimenticia hecho valer por el mismo recurrente, se dijo que la menor en cita contaba entonces con 10 diez años de edad, localizable de la foja 26 veintiséis a la 31 treinta y uno; que debe presumirse está estudiando el tercer año de nivel secundaria, según la constancia de estudios visible en la foja 56 cincuenta y seis del cuaderno que se analiza; y que vive al lado de su progenitora María del Rosario Vargas Elías, quien deberá sufragar los rubros que no se alcancen a cubrir con el nuevo monto fijado a cargo de su deudor alimentista), para que con el restante 83.5% ochenta y tres punto cinco por ciento de sus ingresos Humberto se encuentre en posibilidades de hacer frente a sus otras cargas alimentarias. Haciendo la aclaración de que ese mismo 16.5% dieciséis punto cinco por ciento seguirá rigiendo en cualquier otro empleo que con posterioridad llegue a ejercer dicho deudor alimentista. . Atenta, pues, la revocación efectuada, los Puntos Resolutivos de la sentencia interlocutoria impugnada en lo subsecuente deberán quedar redactados como sigue: 'PRIMERO. Este juzgado fue competente para conocer y fallar de manera interlocutoria el incidente planteado. SEGUNDO. Resultó fundado el incidente que sobre reducción de pensión alimenticia hizo valer Humberto Ramírez Gutiérrez frente a Rosario Vargas Elías, ésta representante legal de su menor hija Naomi Ramírez Vargas. TERCERO. Consecuentemente, se reduce el monto de la pensión alimenticia hecho valer por el propio Ramírez Gutiérrez en contra de Vargas Elías, para que en lo sucesivo consista únicamente en el 16.5% dieciséis punto cinco por ciento de la totalidad de las percepciones económicas que obtiene el deudor alimentista, una vez efectuadas las deducciones de ley, como empleado de la empresa denominada ArcelorMittal Acero Asesoría Técnica Michoacana, Sociedad Anónima de Capital Variable, o de cualquier otro empleo que llegare a desempeñar, a favor de su acreedora alimentaria Naomi Ramírez Vargas. CUARTO. No se hace condenación especial respecto al pago de las costas incidentales. QUINTO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y cúmplase. . l. En cumplimiento a la sentencia de fecha 20 veinte de agosto del año en curso, que se declaró ejecutoriada por auto del 12 doce de septiembre actual, dictada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado con residencia en Uruapan, Michoacán, dentro del juicio de amparo número 117/2018-I, promovido por Humberto Ramírez Gutiérrez, por sí, contra actos de esta Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; se declara insubsistente la sentencia que originalmente pronunció este mismo tribunal ad quem el 22 veintidós de enero de la corriente anualidad, dentro del presente toca apelatorio numero I-12/2018; procediendo a dictar un NUEVA RESOLUCION que, sujetándose a los lineamientos trazados por el Órgano de Control Constitucional, ahora se rija bajo los siguientes Puntos Resolutivos: II.- Esta Sala fue competente para conocer y fallar el presente recurso apelatorio. III.- Resultaron fundados sólo en parte los agravios que expresó Humberto Ramírez Gutiérrez, por su propio derecho. IV.- Sin embargo, se revoca la sentencia definitiva apelada, cuyo Puntos Resolutivos en lo subsecuente deberán quedar redactados como se indica en el último párrafo del Considerando QUINTO de esta nueva ejecutoria. V.- No se hace condenación especial con respecto al pago de las costas de la segunda instancia." Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA sin excesos ni defectos, pues el Magistrado responsable dejó insubsistente la sentencia de veintidós de enero del año en curso, que confirmó la diversa de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero de lo Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia derivado del juicio ordinario familiar número 558/2010, y con plenitud de jurisdicción, emitió otra de manera fundada y motivada. Tal determinación inminentemente fue acatada por la autoridad responsable ejecutora Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que implícitamente se deduce de la transcripción citada en líneas precedentes. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.

  3. Principal

    I. Agréguense a los autos los oficios enviados por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia y el Juez Primero de lo Civil, residente en Lázaro Cárdenas, Michoacán; en atención a su contenido, téngaseles acusando recibo de los oficios 12305 y 12306, de doce de septiembre del año en curso, a los que se anexaron el toca I-12/2018 y copias certificadas del juicio ordinario familiar 558/2010; situación de la que este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales conducentes. De igual forma, téngase al Magistrado responsable mencionado, informando respecto del trámite del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías y al efecto, remite las constancias respectivas. Con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con los oficios y documentales de referencia, dése vista a las partes, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.

  4. Principal

    I. Del contenido del inciso a) de la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido la sentencia dictada en el presente juicio el veinte de agosto del presente año. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 2º y 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su precepto 2°, se declara que dicha sentencia, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales y que concedió al quejoso Humberto Ramírez Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA. En acatamiento a la sentencia pronunciada en este juicio, la autoridad responsable Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emita otra siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria; y, 2. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión del amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por no combatirse por vicios propios. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad responsable Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informe lo propio a este juzgado, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento de que si no lo hace sin causa justificada, se procederá de conformidad con el citado artículo, específicamente en los términos establecidos en el párrafo segundo; esto es, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, como lo establecen los diversos numerales 238 y 258 de la ley de la materia. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Bajo la observación de que también deberá hacer llegar las constancias necesarias, debidamente certificadas, que demuestren dicho cumplimiento, sin pasar por alto lo determinado en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis de rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007918 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 19 Jurisprudencia(Común) "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, por considerarse innecesaria su retención en este juzgado, devuélvanse al Magistrado responsable el toca 12/2018, así como al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, las copias certificadas del juicio ordinario familiar sobre divorcio necesario 558/2010, vinculados con los actos reclamados, a quienes se solicita ordenen a quien corresponda se sirva acusar el recibo correspondiente.

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