Humberto Ramirez Esmeralda

Expediente 1286/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1286/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Humberto Ramirez Esmeralda

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene informando que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Ricardo Morales Carrasco quien dice ser defensor particular de los directos quejosos Luis Gustavo Gutiérrez Yopihua y Humberto Ramírez Esmeralda; en esas condiciones, háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se envió a otro juzgado por incompetencia, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso j) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por Ricardo Morales Carrasco, quien dice ser defensor particular de los aquí quejosos Luis Gustavo Gutiérrez Yopihua y Humberto Ramírez Esmeralda, mediante el cual manifiesta haber desahogado las irregularidades materia de la prevención efectuada mediante proveídos de diez y veintiuno de diciembre pasado. Ahora bien, puesto que el escrito que se provee fue presentado el veinticuatro de diciembre pasado, ante la oficialía de partes de este juzgado de distrito, esto es, dentro del plazo conferido para ello, según se desprende de la certificación con la que se me da cuenta, en consecuencia, se tiene por presentado en tiempo el desahogo a las prevenciones efectuadas por parte de este juzgado, y por ende, se proveer lo conducente. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo presentada Ricardo Morales Carrasco, quien dice ser defensor particular de los aquí quejosos Luis Gustavo Gutiérrez Yopihua y Humberto Ramírez Esmeralda, contra actos del Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz. Ahora, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda y sus escritos aclaratorios, este órgano jurisdiccional estima CARECER DE COMPETENCIA para conocer del asunto. Como punto de partida para evidenciar tal aserto, se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el suscrito, previo a pronunciarse respecto de cualquier otra cuestión relacionada con la materia del presente juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Ello es así, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que se haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en términos del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 37 y 48 de la ley de la materia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 36, tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, registro 218721, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Así, de la intelección de los artículos 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, se advierte -en lo que interesa-, el establecimiento de tres reglas para fijar la competencia por territorio de los jueces de Distrito: 1) Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residen las autoridades en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Con ello, el legislador pretendió determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben de considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, criterios relacionados, entre otros, con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En el caso, el acto reclamado lo constituye la omisión de declarar la inconvencionalidad de la reforma del delito de ultrajes a la autoridad, cuando su agravamiento de penalidad para volverlo delito grave fue hecho por el Congreso del Estado de Veracruz, cuando ello le correspondía hacerlo al Constituyente permanente e incluirlo en el artículo 19 de la Constitución Federal, para el proceso penal 71/2021 del índice del Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz, en el auto de vinculación a proceso; por lo que al conocer de la vinculación a proceso reclamada, y dado que el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que los aquí quejosos se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social "La Toma", municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, lugar donde se está ejecutando la prisión preventiva oficiosa de los quejosos, es a un Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en la ciudad de Córdoba, Veracruz, a quien le corresponde conocer de la demanda de amparo; ya que es en dicha jurisdicción donde tiene impacto el acto reclamado. Lo anterior, puesto que la determinación que en su caso debe dictarse deberá emitirse dentro del citado proceso penal que se instruye en dicho Juzgado de Control, con residencia en Orizaba, Veracruz. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por las razones que la informan, la siguiente tesis, de rubro y textos siguientes: "Época: Novena Época Registro: 189167 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.1o.A.44 A Página: 1299 COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Entonces, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Córdoba, en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado, conforme a lo establecido por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues, en el caso, no se advierte la existencia de algún otro acto concreto que se haya ejecutado o trate de ejecutarse en algún lugar en el que tenga jurisdicción este Juzgado Cuarto de Distrito, como tampoco existe alguna autoridad con residencia en esta entidad federativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, y los párrafos Primero y Segundo del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa y declina su competencia, por razón de territorio, a favor de un Juez de Distrito con sede en la ciudad de Córdoba; en consecuencia, remítase la demanda promovida, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Córdoba, a quien se estima competente para conocer del acto reclamado, para que si así lo considera procedente, se avoque al conocimiento del asunto; solicitándole que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie y lo remita vía interconexión, ello conforme a lo dispuesto por el precitado numeral 48 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, con una copia del escrito de demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese en términos de ley.

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