Humberto Rafael Pacheco

Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
564/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Humberto Rafael Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio 11058/2023, remitido vía interconexión por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que se admitió el conflicto suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, apoderado legal del ********************; comunicado que en atención a su contenido se ordena agregar a los autos del expediente electrónico para que obre como constancia.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 5152/2023, firmado autógrafamente por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, del que se desprende que el titular de dicho órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por este juzgado, en atención a los argumentos que -en lo conducente- expresa en proveído de trece de julio del año en curso, en los autos del juicio de amparo indirecto número 250/2023, de su índice interno. No obstante, quien esto provee reitera la determinación judicial dictada el diez de julio del año en curso, en el sentido de que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente juicio referente a la materia. Lo anterior se considera así, en virtud de que por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos y especializados, civiles, penales o del trabajo, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.14o.C.8 K , de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO." Por tanto, se advierte que la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Ahora, los actos reclamados en el presente juicio, consisten en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en Materia de Concesiones para Minería y Agua y como consecuencia, la aplicación, observación y su ejecución. Por ende, es de reiterarse que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente por razón de materia para conocer del presente asunto y se insiste que corresponde su conocimiento a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, por ser los competentes para conocer de la demanda que dio origen a este sumario. Luego, conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, su artículo transitorio Decimosegundo establece la creación de los juzgados especializados en la citada materia. Con base en tales obligaciones legales, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, el Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN", el cual en sus artículos SEGUNDO y SEXTO determinó lo siguiente: "SEGUNDO.- A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional." "SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones." (Énfasis añadido) Inicialmente, conviene señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 9/2016, indicó que si bien en el Acuerdo General 22/2013, el Consejo de la Judicatura Federal no definió las locuciones "competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones"; lo cierto era que la propia reforma constitucional de junio de dos mil trece, revelaba qué debía entenderse por ellas y de esta manera, conocer cuál era la materia reservada a la competencia de estos órganos judiciales especializados. Entonces, de conformidad con los artículos 6 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta el criterio de la Sala relativo a que, para fijar competencia por materia en el juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, se estima que la competencia especializada se actualiza en los supuestos siguientes: 1) Que el acto reclamado se atribuya a alguna de las autoridades en la materia establecidas constitucionalmente, es decir, Comisión Federal de Competencia Económica o Instituto Federal de Telecomunicaciones (criterio subjetivo);y 2) En caso de atribuirse a una autoridad distinta, debe analizarse objetivamente el acto reclamado para determinar si es de contenido inherente a la rama del derecho de la competencia económica, de la radiodifusión o de las telecomunicaciones, así como de aquellos que guarden relación directa con los temas propios de esas subespecializaciones (criterio material). Sobre este último rubro, es importante destacar que la línea jurisprudencial desarrollada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en desarrollo y ha emitido distintas jurisprudencias, que de manera enunciativa, más no limitativa, enmarcan los supuestos que actualizan la referida competencia especializada. Así, de los criterios emitido por el Tribunal de Alzada se advierte que la competencia para los órganos subespecializados se actualiza cuando materialmente se requieren conocimientos especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión para resolver." Ahora, es cierto que para fincar la competencia por razón de materia es necesario atender objetivamente a la naturaleza de los actos reclamados, también lo es que ello debe realizarse desde el prisma de la causa de pedir, máxime cuando se trata de actos material y formalmente administrativos, ya que al regir por regla general el principio de estricto derecho, los motivos de disenso deben analizarse de manera congruente, completa e imparcial, especialmente cuando se hacen valer cuestiones cuyo pronunciamiento implica tener conocimiento especializado propio de la rama de la competencia económica. Entonces, el eje rector para establecer la competencia de un acto administrativo en el que se hacen valer violaciones a los principios constitucionales de libre competencia y concurrencia económica, previstos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución, para que se administre una justicia completa e imparcial, en el que se aprovechen los conocimientos su subespecialización. Ahora, en la especie el sistema normativo controvertido aduce violaciones al artículo 28, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de los posibles efectos que pudieran tener en el desarrollo del mercado minero, mediante la incorporación de nuevas exigencias para los permisionarios en torno a la exploración, explotación y beneficio de los minerales, que pudieran atentar en contra de la libre concurrencia y competencia del mercado en el sector minero del cual forma parte, en perjuicio de la pequeña minería. Es así, porque sostiene la inconforme que las normas combatidas violentan los principios de competencia y libre concurrencia, pues se establecen un régimen con prácticas monopólicas que atentan contra el proceso de competencia y la libre concurrencia, toda vez que, se insiste en que el mencionado decreto: 1. Elimina el esquema de "terreno libre" y "primer solicitante" que regía en la legislación minera previo a su modificación, en la que las empresas interesadas podían solicitar, previo al cumplimiento de los requisitos de ley, una concesión minera respecto de cualquier terreno considerado como libre. 2. Establece la existencia de títulos de asignación a las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal para la exploración, explotación, beneficio, uso y aprovechamiento de los minerales y sustancias estratégicas o reservadas al Estado. 3. Restringe la exploración minera al dejarla exclusivamente al Estado Mexicano. Ello, a partir de la reforma del artículo 10 de la Ley Minera, que forma parte del sistema normativo comprendido en el Decreto inconstitucional, en el cual, particularmente en su párrafo segundo, establece la facultad de la Secretaría de Economía para dirigir la exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la Nación, a partir de las órdenes de exploración que emita al Servicio Geológico Mexicano, cuyas facultades antes se contemplaban en el artículo 9 de la legislación minera previo al Decreto, y que ahora se encuentran acotadas en el Decreto combatido en el artículo 9 bis. Inclusive, se reduce el requerimiento de capacitación legal de las empresas mineras que establecía previo a su reforma el numeral 11, fracción I, de la legislación reformada, al contemplar anteriormente que las empresas tengan como objeto social: "a la exploración o explotación de los minerales.", siendo que, con el Decreto que se le atribuye a las autoridades responsables, únicamente lo limita a: "la explotación", eliminando así la oportunidad de exploración dentro del territorio nacional por parte de las empresas privadas. 4. Limita la transmisión de las concesiones, puesto que obliga que las mismas sean autorizadas por la Secretaría de Economía, previo pago de los derechos correspondientes y se cumplan con los requisitos de la concesión original. 5. Expande los supuestos que ameriten como sanción la cancelación de la concesión minera. 6. Se incluyen diversas conductas tipificadas como delitos. Por lo anterior, se sostiene que el decreto reclamado genera un margen de arbitrariedad en la actuación del Estado dentro de la actividad minera, ya que propicia el otorgamiento de concesiones a empresa o agentes económicos "afines" a los intereses que pueda formular el Estado, lo que tiende a reducir considerablemente el número de participantes en el mercado minero, en perjuicio de los consumidores finales. Además que restringe la libre concurrencia de manera definitiva respecto a la explotación de minerales que definen en el agregado artículo 15 bis como "estratégicos", sin que exista alguna definición o justificación correspondiente sobre el alcance de dicha definición, lo que naturalmente produce una ventaja del Estado en la actividad minera ello en detrimento de la quejosa, pues las nuevas disposiciones del Decreto reclamado le resultan aplicables aún a los titulares de las concesiones adquiridas con anterioridad pues aplica la retroactividad. Se establece un monopolio sobre la actividad de exploración minera adjudicado al Estado, por conducto de la Secretaría de Economía y el organismo descentralizado Servicio Geológico Mexicano, que necesariamente, que tiene, por sí mismo, un desconocimiento total de los principios de competencia y libre concurrencia. Añade que el sometimiento del mercado a trámites administrativos que son, por su propia naturaleza, complejos y extensos, necesariamente produce una injerencia en las interacciones de competencia y libre concurrencia del mercado, independientemente de cualquier idoneidad que se pretendería sostener en cuanto a su implementación. Que se constituye una rectoría amplificada del Estado sobre la actividad minera, lo que se traduce en la implementación de prácticas monopólicas que vulneran los principios de competencia y libre concurrencia. Asimismo, eleva a la calidad de delitos conductas relacionadas con el incumplimiento que califique la autoridad correspondiente, relacionado con los requisitos excesivamente burocráticos y, por sus consecuencias jurídicas, monopólicos, al otorgarle una mayor exclusividad al Estado, que se pretenden implementar por conducto del Decreto hoy tildado de inconstitucional. Se implementa la rectoría del Estado sobre el mercado relacionado con la actividad minera, puesto que adiciona otro elemento de validez para las concesiones mineras que se encuentra sometido a su arbitrio, al permitirle acceder al instrumento de "lesión al interés público o a la Administración Pública Federal", a efecto de tener injerencia sobre las interacciones de competencia y libre concurrencia del mercado minero, y reducir, a su conveniencia, los agentes económicos que pudieran formar parte de este mercado. Así, el sistema normativo controvertido corresponde primordialmente al derecho administrativo, sin embargo, se considera que para poder atender la causa de pedir de la quejosa, entre las que destacan los nuevos requisitos administrativos y ambientales; el cambio en los procedimientos de adjudicación de permisos para la minería; el desechamiento de las solicitud de permisos pendientes por resolver; la restricción para ampliar concesiones previamente otorgadas los cuales pueden constituir obstáculos de entrada al mercado para favorecer la creación de monopolios en perjuicio de la pequeña minería, así como el otorgamiento al Estado y sus agentes facultades absolutas en materia de exploración de yacimientos, son necesarios conocimientos especializados de competencia económica, por lo que se actualiza el criterio material para que conozcan los juzgados administrativos en materia administrativa subespecializados. Entonces, este órgano de control constitucional estima que para dar respuesta congruente, completa e imparcial a los planteamientos de la parte quejosa, se requieren conocimientos especializados en competencia económica ya que implican interpretar el artículo 28, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar si los actos reclamados son acordes a los valores de libre competencia económica y concurrencia, así como analizar si la restricciones impuestas son susceptibles de constituir monopolios, restringir la concurrencia al mercado de extracción de minerales, o si en su defecto, tal interferencia se encuentra justificada. Ahora, la línea jurisprudencial para establecer la competencia de los Juzgados Administrativos Especializados en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión, se encuentra en constante cambio y evolución, ya que en un principio únicamente conocían de juicios de amparo que estuvieran directamente relacionados con la Comisión Federal de Competencia Económica y con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (criterio subjetivo). Sin embargo, en su desarrollo se amplió a los órganos coordinados como es la Comisión Reguladora de Energía, que si bien pueden emitir actos de naturaleza exclusivamente administrativa, como la omisión de resolver una solicitud, también emiten actos que trascienden a los mercados de suministros de hidrocarburos, como es el caso de la cancelación de permisos de expendio al público de petrolíferos en estación de servicio por alta, baja o modificación de las marcas comerciales. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que con independencia de la naturaleza formal de la autoridad responsable que emite el acto reclamado, para determinar la competencia en favor de los órganos subespecializados, debe valorarse si se requiere de conocimientos técnicos exclusivos de la rama de la competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones para analizar la constitucionalidad del reclamo, como fue el caso de las solicitudes de acceso a la información planteadas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la materia de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, precisamente para analizar la información y su congruencia. De ahí que, en el caso, contrario a lo señalado por la autoridad oficiante se considere que existen suficientes elementos para determinar que al tratarse la extracción minera de una actividad económica con un alto precio de entrada y necesidad de infraestructura, como en las materias de radiodifusión, telecomunicaciones y energética, y aducirse que las disposiciones normativas violan los principios constitucionales de libre competencia y concurrencia económica, es claro que le corresponde conocer a los juzgados de distrito en materia administrativa subespecializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, por ser quienes tienen la facultad constitucional para interpretar de manera idónea el artículo 28 de la constitución. Bajo esa lógica, no es posible desvincular la causa de pedir de los actos reclamados, ya que si bien es cierto por regla general la distinción entre materias en el ordenamiento jurídico mexicano es clara y se puede distinguir con poco esfuerzo, verbigracia el derecho penal del derecho de trabajo, del derecho civil, mercantil o familiar, que entre sí revisten diferencias sustanciales, la distinción entre el derecho administrativo y su subespecialización de competencia económica suele ser más difusa y no tan evidente, por lo que al esgrimirse su actualización debe realizarse un estudio más profundo y cuidadoso por el órgano con los conocimientos técnicos necesarios para valorarlo. Entonces, en el caso se insiste que este órgano jurisdiccional no es competente para conocer del juicio de amparo propuesto en razón de los conocimientos que se requieren para resolver, al ser necesario tener experiencia en conceptos propios de las ciencias económicas como las figuras del monopolio, libre concurrencia, competencia económica, barreras de entrada al mercado, concentración, desarrollo libre y eficiente de los mercados, etcétera; por ende, no es posible aceptar la competencia planteada en los términos sostenidos en el acuerdo de trece de julio del año en curso, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana. Así, en razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente remitir las actuaciones originales del presente juicio de amparo, mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que dicho superior resuelva lo conducente sobre el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y este juzgado de distrito. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, así como en el 52 de la Ley de Amparo y 37 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.2o.P. J/10 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro digital 193421, de rubro siguiente: "IMPEDIMENTO. HIPÓTESIS EN LA QUE NO SE ACTUALIZA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, SINO UNA CAUSAL DE INCOMPETENCIA." Además, brinda apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, de la Novena Época, Materia Común, Tomo II, página veintiséis , la cual se aplica en lo conducente, de rubro siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO." Así como, por identidad, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, de la Novena Época, Materia Común, TomoXXVIII, página doscientos setenta y cuatro, de rubro: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR RAZÓN DE TURNO. COMO CUESTIÓN LEGAL, ATAÑEN A LA COMPETENCIA Y SON SUSCEPTIBLES DE RESOLVERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 BIS DE LA LEY DE AMPARO." Con apoyo en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley de Amparo, lo antes acordado hágase del conocimiento de la autoridad oficiante para que exponga ante la superioridad lo que estime conveniente. Sin que sea necesario formar cuaderno de antecedentes, toda vez que este juzgado al declararse legalmente incompetente para conocer del fondo del presente asunto, ordenó crearlo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se pone a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, la consulta del expediente electrónico del que se da noticia a través del Sistema Electrónica del Poder Judicial de la Federación, a fin de qué esté en aptitud de consultarlo y proveer lo que en derecho proceda. Finalmente, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente relativo al juicio de amparo 564/2023, sea vinculado.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DEL ESCRITO ACLARATORIO A LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito aclaratorio a la demanda presentado vía juicio en línea (con firma electrónica) por ********************, apoderado legal del quejoso ********************, a través del cual desahoga en tiempo la prevención formulada en auto de veintiséis de junio del año en curso, con la finalidad de clarificar la calidad con que promueve el directo agraviado, los antecedentes del acto reclamado, los actos que reclama y las precisiones de afectación en la esfera particular del quejoso en sus conceptos de violación; el secretario encargado del despacho acuerda:********************SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. ********************TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos.********************INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al secretario o secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde.********************PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como acto reclamado la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en Materia de Concesiones para Minería y Agua y como consecuencia, la aplicación, observación y ejecución del citado decreto, como un sistema normativo complejo.********************INCOMPETENCIA. La competencia es la atribución jurídica otorgada a ciertos y especiales órganos del estado de una cantidad de jurisdicción respecto de determinadas pretensiones procesales con preferencia a los demás de su clase.********************Para ello, la competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional, por lo que las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser la autoridad que conocerá, con preferencia o exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad de aplicar el derecho, por ello se señala que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los limites dentro de los cuales se ejerce tal facultad.********************El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece los criterios de competencia del juez de distrito en atención al lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución o si carece de ésta.********************No obstante, también existen diversos criterios para determinar la competencia a fin de conocer de un juicio de amparo, entre los cuales se encuentran los siguientes:********************Por razón de materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso; es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo.********************Debido a la creciente necesidad de especialización por parte del resolutor, la tarea judicial se reparte con base en este criterio; por lo que encontramos órganos juzgadores que conocen de las materias penal, civil, laboral y administrativa (especializados).********************Por razón de grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador. ********************Las leyes procesales establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el pleito sea sometida a una revisión por parte de un operador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicho fallo fue dictado con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse, siendo que, en materia de amparo, este grado se fija de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado que se impugne, ya sea que se promueva la demanda correspondiente como amparo directo o uniinstancial ante un tribunal colegiado de circuito o bien, ante un juzgado de distrito como amparo indirecto o biinstancial.********************Por razón de territorio. Este es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. A dicho ámbito espacial se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. ********************Ámbito que es definido actualmente por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante los acuerdos generales que al efecto emite.********************De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, destacar el referente a la competencia por materia y que, como se indicó, constituye la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho.********************Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos y especializados, civiles, penales o del trabajo, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo.********************En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.14o.C.8 K, de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO."********************Por tanto, se advierte que la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas.********************Ahora, los actos reclamados en el presente juicio, consisten en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en Materia de Concesiones para Minería y Agua y como consecuencia, la aplicación, observación y su ejecución.********************Debe precisarse que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente por razón de materia para conocer del presente asunto y corresponde su conocimiento a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, por ser los competentes para conocer de la demanda que dio origen a este sumario.********************Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Federal, y en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, su artículo transitorio Decimosegundo establece la creación de los juzgados especializados en la citada materia.********************Con base en tales obligaciones legales, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, el Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN", el cual en sus artículos SEGUNDO y SEXTO determinó lo siguiente:********************"SEGUNDO.- A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional.********************En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional."********************"SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones." (Énfasis añadido)********************Inicialmente, conviene señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 9/2016, indicó que si bien en el Acuerdo General 22/2013, el Consejo de la Judicatura Federal no definió las locuciones "competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones"; lo cierto era que la propia reforma constitucional de junio de dos mil trece, revelaba qué debía entenderse por ellas y de esta manera, conocer cuál era la materia reservada a la competencia de estos órganos judiciales especializados.********************Entonces, de conformidad con los artículos 6 y 28 de la Constitución Federal, y tomando en cuenta el criterio de la Sala relativo a que, para fijar competencia por materia en el juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, se estima que la competencia especializada se actualiza en los supuestos siguientes:********************Que el acto reclamado se atribuya a alguna de las autoridades en la materia establecidas constitucionalmente, es decir, Comisión Federal de Competencia Económica o Instituto Federal de Telecomunicaciones (criterio subjetivo); y, ********************En caso de atribuirse a una autoridad distinta, debe analizarse objetivamente el acto reclamado para determinar si es de contenido inherente a la rama del derecho de la competencia económica, de la radiodifusión o de las telecomunicaciones, así como de aquellos que guarden relación directa con los temas propios de esas subespecializaciones (criterio material). ********************Sobre este último rubro, es importante destacar que la línea jurisprudencial desarrollada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en desarrollo y ha emitido distintas jurisprudencias, que de manera enunciativa, más no limitativa, enmarcan los supuestos que actualizan la referida competencia especializada: ********************La actuación impugnada constituya la decisión recaída a una solicitud de acceso a la información pública relacionada con temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 (10a.), de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, enero de 2016, Tomo II, página 1322, Décima Época, registro digital 2010928).********************Derive de alguna controversia o una declaratoria en materia de telecomunicaciones, radiodifusión o competencia económica, esto es, los actos u omisiones reclamados deriven de la actividad que desarrollan la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones y versen sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, la libre competencia y concurrencia, así como la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, como lo estableció en la jurisprudencia integrada por reiteración de criterios 2a./J. 84/2016 (10a.), de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, página 1092, Décima Época, registro digital 2012188).********************Se relacione con la fijación de precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, tal como lo indicó en la jurisprudencia 2a./J. 69/2018, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO RES/998/2015". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, julio de 2018, Tomo I, página 535, Décima Época, registro digital 2017326)********************Se relacione con la fijación de tarifas del suministro de energía eléctrica, como lo estableció en la jurisprudencia 2a./J. 123/2019, intitulada: Se trate de un procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional derivado de una investigación antidumping, como lo señaló en la jurisprudencia 2a./J. 35/2020 (10a.), de rubro: "INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE RECLAMAN ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, octubre de 2020, Tomo I, página 625, Décima Época, registro digital: 2022202).********************Así, de los criterios reseñados se advierte que la competencia para los órganos subespecializados se actualiza cuando materialmente se requieren conocimientos especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión para resolver. ********************Ahora, es cierto que para fincar la competencia por razón de materia es necesario atender objetivamente a la naturaleza de los actos reclamados, también lo es que ello debe realizarse desde el prisma de la causa de pedir, máxime cuando se trata de actos material y formalmente administrativos, ya que al regir por regla general el principio de estricto derecho, los motivos de disenso deben analizarse de manera congruente, completa e imparcial, especialmente cuando se hacen valer cuestiones cuyo pronunciamiento implica tener conocimiento especializado propio de la rama de la competencia económica.********************Entonces, el eje rector para establecer la competencia de un acto administrativo en el que se hacen valer violaciones a los principios constitucionales de libre competencia y concurrencia económica, previstos en el artículo 28 de la Constitución Federal, debe ser el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución, para que se administre una justicia completa e imparcial, en el que se aprovechen los conocimientos su subespecialización. ********************Ahora, en la especie el sistema normativo controvertido aduce violaciones al artículo 28, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, con motivo de los posibles efectos que pudieran tener en el desarrollo del mercado minero, mediante la incorporación de nuevas exigencias para los permisionarios en torno a la exploración, explotación y beneficio de los minerales, que pudieran atentar en contra de la libre concurrencia y competencia del mercado en el sector minero del cual forma parte, en perjuicio de la pequeña minería.********************Es así, porque sostiene la inconforme que las normas combatidas violentan los principios de competencia y libre concurrencia, pues se establecen un régimen con prácticas monopólicas que atentan contra el proceso de competencia y la libre concurrencia, toda vez que el mencionado decreto:********************1. Elimina el esquema de "terreno libre" y "primer solicitante" que regía en la legislación minera previo a su modificación, en la que las empresas interesadas podían solicitar, previo al cumplimiento de los requisitos de ley, una concesión minera respecto de cualquier terreno considerado como libre.********************2. Establece la existencia de títulos de asignación a las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal para la exploración, explotación, beneficio, uso y aprovechamiento de los minerales y sustancias estratégicas o reservadas al Estado.********************3. Restringe la exploración minera al dejarla exclusivamente al Estado Mexicano. Ello, a partir de la reforma del artículo 10 de la Ley Minera, que forma parte del sistema normativo comprendido en el Decreto inconstitucional, en el cual, particularmente en su párrafo segundo, establece la facultad de la Secretaría de Economía para dirigir la exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la Nación, a partir de las órdenes de exploración que emita al Servicio Geológico Mexicano, cuyas facultades antes se contemplaban en el artículo 9 de la legislación minera previo al Decreto, y que ahora se encuentran acotadas en el Decreto combatido en el artículo 9 bis. Inclusive, se reduce el requerimiento de capacitación legal de las empresas mineras que establecía previo a su reforma el numeral 11, fracción I, de la legislación reformada, al contemplar anteriormente que las empresas tengan como objeto social: "a la exploración o explotación de los minerales.", siendo que, con el Decreto que se le atribuye a las autoridades responsables, únicamente lo limita a: "la explotación", eliminando así la oportunidad de exploración dentro del territorio nacional por parte de las empresas privadas.********************4. Limita la transmisión de las concesiones, puesto que obliga que las mismas sean autorizadas por la Secretaría de Economía, previo pago de los derechos correspondientes y se cumplan con los requisitos de la concesión original.********************5. Expande los supuestos que ameriten como sanción la cancelación de la concesión minera.********************6. Se incluyen diversas conductas tipificadas como delitos.********************Por lo anterior sostiene que el decreto reclamado genera un margen de arbitrariedad en la actuación del Estado dentro de la actividad minera, ya que propicia el otorgamiento de concesiones a empresa o agentes económicos "afines" a los intereses que pueda formular el Estado, lo que tiende a reducir considerablemente el número de participantes en el mercado minero, en perjuicio de los consumidores finales.********************Además que restringe la libre concurrencia de manera definitiva respecto a la explotación de minerales que definen en el agregado artículo 15 bis como "estratégicos", sin que exista alguna definición o justificación correspondiente sobre el alcance de dicha definición, lo que naturalmente produce una ventaja del Estado en la actividad minera ello en detrimento de la quejosa, pues las nuevas disposiciones del Decreto reclamado le resultan aplicables aún a los titulares de las concesiones adquiridas con anterioridad pues aplica la retroactividad.********************Se establece un monopolio sobre la actividad de exploración minera adjudicado al Estado, por conducto de la Secretaría de Economía y el organismo descentralizado Servicio Geológico Mexicano, que necesariamente, que tiene, por sí mismo, un desconocimiento total de los principios de competencia y libre concurrencia.********************Añade que el sometimiento del mercado a trámites administrativos que son, por su propia naturaleza, complejos y extensos, necesariamente produce una injerencia en las interacciones de competencia y libre concurrencia del mercado, independientemente de cualquier idoneidad que se pretendería sostener en cuanto a su implementación.********************Que se constituye una rectoría amplificada del estado sobre la actividad minera, lo que se traduce en la implementación de prácticas monopólicas que vulneran los principios de competencia y libre concurrencia.********************Asimismo, eleva a la calidad de delitos conductas relacionadas con el incumplimiento que califique la autoridad correspondiente, relacionado con los requisitos excesivamente burocráticos y, por sus consecuencias jurídicas, monopólicos, al otorgarle una mayor exclusividad al Estado, que se pretenden implementar por conducto del Decreto hoy tildado de inconstitucional.********************Se implementa la rectoría del estado sobre el mercado relacionado con la actividad minera, puesto que adiciona otro elemento de validez para las concesiones mineras que se encuentra sometido a su arbitrio, al permitirle acceder al instrumento de "lesión al interés público o a la Administración Pública Federal", a efecto de tener injerencia sobre las interacciones de competencia y libre concurrencia del mercado minero, y reducir, a su conveniencia, los agentes económicos que pudieran formar parte de este mercado.********************Así, el sistema normativo controvertido corresponde primordialmente al derecho administrativo, sin embargo, para poder atender la causa de pedir de la quejosa, entre las que destacan los nuevos requisitos administrativos y ambientales; el cambio en los procedimientos de adjudicación de permisos para la minería; el desechamiento de las solicitud de permisos pendientes por resolver; la restricción para ampliar concesiones previamente otorgadas los cuales pueden constituir obstáculos de entrada al mercado para favorecer la creación de monopolios en perjuicio de la pequeña minería, así como el otorgamiento al estado y sus agentes facultades absolutas en materia de exploración de yacimientos, son necesarios conocimientos especializados de competencia económica, por lo que se actualiza el criterio material para que conozcan los juzgados administrativos en materia administrativa subespecializados.********************Entonces, este órgano de control constitucional estima que para dar respuesta congruente, completa e imparcial a los planteamientos de la parte quejosa, se requieren conocimientos especializados en competencia económica ya que implican interpretar el artículo 28, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, para determinar si los actos reclamados son acordes a los valores de libre competencia económica y concurrencia, así como analizar si la restricciones impuestas son susceptibles de constituir monopolios, restringir la concurrencia al mercado de extracción de minerales, o si en su defecto, tal interferencia se encuentra justificada.********************Ahora, la línea jurisprudencial para establecer la competencia de los Juzgados Administrativos Especializados en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión, se encuentra en constante cambio y evolución, ya que en un principio únicamente conocían de juicios de amparo que estuvieran directamente relacionados con la Comisión Federal de Competencia Económica y con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (criterio subjetivo). ********************Sin embargo, en su desarrollo se amplió a los órganos coordinados como es la Comisión Reguladora de Energía, que si bien pueden emitir actos de naturaleza exclusivamente administrativa, como la omisión de resolver una solicitud, también emiten actos que trascienden a los mercados de suministros de hidrocarburos, como es el caso de la cancelación de permisos de expendio al público de petrolíferos en estación de servicio por alta, baja o modificación de las marcas comerciales.********************Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que con independencia de la naturaleza formal de la autoridad responsable que emite el acto reclamado, para determinar la competencia en favor de los órganos subespecializados, debe valorarse si se requiere de conocimientos técnicos exclusivos de la rama de la competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones para analizar la constitucionalidad del reclamo, como fue el caso de las solicitudes de acceso a la información planteadas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la materia de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, precisamente para analizar la información y su congruencia. ********************De ahí que, en el caso, existan suficiente elementos para determinar que al tratarse la extracción minera de una actividad económica con un alto precio de entrada y necesidad de infraestructura, como en las materias de radiodifusión, telecomunicaciones y energética, y aducirse que las disposiciones normativas violan los principios constitucionales de libre competencia y concurrencia económica, es claro que le corresponde conocer a los juzgados de distrito en materia administrativa subespecializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, por ser quienes tienen la facultad constitucional para interpretar de manera idónea el artículo 28 de la constitución. ********************Bajo esa lógica no es posible desvincular la causa de pedir de los actos reclamados, ya que si bien es cierto por regla general la distinción entre materias en el ordenamiento jurídico mexicano es clara y se puede distinguir con poco esfuerzo, verbigracia el derecho penal del derecho de trabajo, del derecho civil, mercantil o familiar, que entre sí revisten diferencias sustanciales, la distinción entre el derecho administrativo y su subespecialización de competencia económica suele ser más difusa y no tan evidente, por lo que al esgrimirse su actualización debe realizarse un estudio más profundo y cuidadoso por el órgano con los conocimientos técnicos necesarios para valorarlo.********************Entonces, en el caso este órgano debe declararse legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo propuesto en razón de los conocimientos que se requieren para resolver, al ser necesario tener experiencia en conceptos propios de las ciencias económicas como las figuras del monopolio, libre concurrencia, competencia económica, barreras de entrada al mercado, concentración, desarrollo libre y eficiente de los mercados, etcétera.********************Estimar lo contrario impactaría considerablemente en la calidad de la impartición de justicia que solicita la parte quejosa en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que este órgano jurisdiccional carece de los conocimientos técnicos para emitir un pronunciamiento completo e imparcial de las pretensiones que se hacen valer, mismo que se encuentra íntimamente relacionado con el fondo de la pretensión y que se estima debe abordarse con toda su amplitud en la audiencia constitucional, por el juzgado subespecializado en competencia económica. ********************No es obstáculo a lo anterior, que también se hagan valer cuestiones relativas a la materia administrativa en sentido estricto, sin embargo, el juzgado de distrito al que se declina la competencia también se encuentra especializado en materia administrativa por lo que no excede su espectro de competencia, y en atención al principio de especialidad, puede conocer de la demanda de amparo que se atiende. ********************Por consiguiente, si las normas generales reclamadas están vinculadas directamente con una posible afectación a la libre competencia y concurrencia en el tema de exploración, explotación y beneficio de los minerales, con motivo de su entrada en vigor, y no con la materia administrativa genérica, entonces la competencia para conocer del presente juicio corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en Turno.********************Surte aplicación en el caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), de rubro: Por ello, con apoyo en los artículos 48 de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, del Acuerdo 22/2013, así como el artículo 6°, apartado b), de la Constitución Federal, el suscrito determina carecer de competencia legal para tramitar el presente juicio y declina su conocimiento en favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en Turno, a quien se estima competente para conocerlo, por los motivos expuestos en el presente proveído.********************En tal virtud, se ordena el envío de los presentes autos, por conducto de la oficina de correspondencia común respectiva, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en que se sirva precisar si acepta o no la competencia que se plantea a su conocimiento especializado.********************Con motivo de lo anterior, se comisiona a la

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la boleta de turno de incompetencia de amparo con número de registro 20230872017100059, a la que se adjuntó el oficio 17847/2023, firmado autógrafamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, así como, con la demanda firmada electrónicamente por Roberto Díaz Romero, apoderado legal del Humberto Rafael Pacheco, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la copia certificada de la escritura pública número 5,393, (cinco mil trecientos noventa y tres) del protocolo a cargo del Notario Público Número Setenta y Siete, con ejercicio y residencia en Hermosillo, Sonora, la cual precisó el promovente -bajo protesta de decir verdad- es copia íntegra e inalterada de su original, que dio origen al juicio de amparo indirecto 696/2023, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con asiento en la Ciudad de México y otras autoridades, en virtud de que en proveído de veinte de junio del año en curso, la titular del preindicado juzgado se declaró legalmente incompetente para resolver el citado asunto por razón de territorio, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. En atención a las consideraciones vertidas por la autoridad oficiante en el comunicado que se atiende, este juzgado dentro del término que establece el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de amparo, acepta la competencia declinada y asume el conocimiento del juicio de amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento del titular del juzgado declinante vía interconexión. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que acuse recibo al Juzgado remitente vía interconexión, a través del módulo "Expediente- Envío de documentos a órganos" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 564/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que el quejoso señala como actos reclamados, los siguientes: A. Del Congreso de la Unión, conformado por sus respectivas Cámaras se reclama: La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan derogan diversas disposiciones de la Ley Minera de la Ley de Aguas, Ley General el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Concesiones para Minería y Agua (Decreto Impugnado o Decreto reclamado), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Además, se reclama en específico, el párrafo tercero del artículo Quinto transitorio del Decreto Impugnado. B. De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se reclama la discusión, aprobación y expedición del Decreto Impugnado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintitrés. C. de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se reclama la discusión, aprobación y expedición del Decreto Impugnado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintitrés. D. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la sanción, emisión y promulgación del Decreto Impugnado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintitrés. E. De la Secretaría de Economía, cualquier acto tendiente a la ejecución o cumplimiento del tercer párrafo del artículo quinto transitorio del Decreto impugnado. PREVENCIÓN. A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda de mérito, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV, V y VIII y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al ocursante para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su escrito de demanda de amparo, específicamente su apartado de "hechos", "actos reclamados" y "conceptos de violación", por las razones que serán expuestas a continuación: De la lectura íntegra realizada a la demanda de amparo, se obtiene, en principio, que ésta fue promovida por Roberto Díaz Romero, en su calidad de apoderado legal del Humberto Rafael Pacheco, esto es, de una persona física. Así también, se aprecia que reclama de manera destacada: (1) de las autoridades legislativas que señala como responsables: la discusión, aprobación, expedición sanción, emisión y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan derogan diversas disposiciones de la Ley Minera de la Ley de Aguas, Ley General el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Concesiones para Minería y Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintitrés y (2) de la Secretaría de Economía, cualquier acto tendiente a la ejecución o cumplimiento del tercer párrafo del artículo quinto transitorio del Decreto impugnado. Sin embargo, en su demanda de amparo, en el apartado correspondiente a los antecedentes, en sus incisos A y B señala lo siguiente: "A. Mi mandante es una empresa que se dedica a la exploración para la localización de recursos minerales, así como a la explotación de éstos. B. En cumplimiento de su objeto social la empresa elevó ante la Dirección General de Minas solicitud de nueva concesión de exploración y explotación minera, la cual se describe a continuación: (.)" Mientras que, en sus conceptos de violación, precisa: "(.) De una lectura de este párrafo, se interpreta que la disposición tiene como finalidad que las solicitudes de otorgamiento de nuevos títulos de concesión para exploración y explotación tramitadas por las empresas mineras conforme a las disposiciones vigentes antes de la emisión del decreto impugnado se consideren como desechadas. (.) El tercer parágrafo del numeral transcrito dispone que todas las solicitudes de concesión que se hallen en trámite, independientemente de su fecha de formulación, serán desechadas sin mayor trámite. Ello en sí mismo constituye una violación al derecho fundamental de irretroactividad de la ley, habida cuenta de que el numeral tildado de inconstitucional está afectando un derecho adquirido por la empresa accionante a recibir, de parte de la autoridad administrativa, una respuesta por escrito, congruente; fundada y motivada, que defina, en un marco de certidumbre jurídica, su situación legal respecto de la solicitud que efectuó b cumpliendo cabalmente con las exigencias de la normativa vigente en aquel entonces. (.) La empresa accionante, habiendo elevado, en distintas fechas, solicitudes a la Dirección General de Minas (las cuales se ofrecen como prueba de nuestra intención y se describen a detalle en el capítulo respectivo), encaminadas a obtener una concesión de exploración y explotación minera, con motivo de la norma impugnada, no recibirá respuesta alguna de dicha dependencia, a pesar de haberse formulado las peticiones respectivas acatando puntual ente lo prescrito por el artículo 8° de la Carta Magna, la Ley Minera y su Reglamento. (.) En esta tesitura, ese H. Juzgado no debe estimar, de ningún modo que las solicitudes de nueva concesión formuladas por la quejosa constituyen meras expectativas de derecho, pues, como se ha expuesto, tales solicitudes generaron en favor de la impetrante el derecho sustantivo a recibir una respuesta de la administración, quien en respeto al derecho de petición y al artículo 7° del Reglamento de la Ley Minera debe efectuar la correlativa contestación por escrito, fundada y motivada, en aras de mantener indemne el patrimonio jurídico de la empresa accionante. (.)" Por consiguiente y con la finalidad de que los antecedentes del acto reclamado sean congruentes con los conceptos de violación esgrimidos y los actos reclamados, el directo agraviado deberá precisar "bajo protesta de decir verdad", lo siguiente: Si Humberto Rafael Pacheco promueve la demanda de amparo por derecho propio, o en representación de una persona moral o negociación y, de ser así, deberá especificar la denominación completa de ésta, debiendo acompañar el documento original, testimonio o copia certificada del instrumento con el que acredite dicha personería. En caso de que Humberto Rafael Pacheco promueva la demanda de amparo por derecho propio, deberá expresar correctamente cuáles son los antecedentes del acto que reclama, prescindiendo de hacer alusión a hechos que correspondan a personas morales o empresas ajenas a la litis constitucional. De igual manera, deberá puntualizar si también reclama de la Secretaría de Economía, la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada con el número de folio 159/5230, a fin de establecer su concordancia con los conceptos de violación esgrimidos, donde aduce la violación a su derecho de petición; y, Finalmente, señalará si, acorde con los hechos esgrimidos en su demanda y precisados en el punto 1. que antecede, sus conceptos de violación se encaminan a revelar la afectación a su persona en lo individual o a la persona moral que eventualmente represente. Lo anterior, dadas las imprecisiones recién destacadas, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, se tienen como sus autorizados a los licenciados Roberto Díaz Romero, Evelyn Paola Rodríguez Campos, Abril María Núñez Chávez, Dania Valeria Salcido Franco, Diana Sedeño Márquez, Manuel Gaytán Muñoz, David Alberto Ramos Vaca y Jessica Posad Jacquez, quienes tienen sus cédulas profesionales 3946410, 3961985, 7060165, 10500202, 10611278, 5481428, 12321819 y 13039297 reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. De igual forma, se tienen autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos a Oscar Antonio Chaparro Carrillo y Ricardo Flores Rodríguez, por así haberlo solicitado expresamente. En cuanto al domicilio que señala, ubicado en Periférico de la Juventud número 3100, interior 12, colonia Haciendas del Valle, en Chihuahua, Chihuahua, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, de manera que, en caso de que sea su voluntad expresar un lugar de residencia para oír y recibir notificaciones, deberá ubicarse en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. En lo que respecta a las cuentas de correo electrónico roberto.diaz@exende.com.mx, abril.nunez@exende. com.mx, auxiliar.legal8@exende.com.mx, auxiliar.legal2@ exende.com.mx, auxiliar.legal5@exende.com.mx, auxiliar.legal7 @exende.com.mx, auxiliar.legaI@exende.com.mx, auxiliar.legal4 @exende.com.mx, auxiliar.legal13 @exende.com.mx y evelyn.rodríguez@exende.com.mx, se tienen proporcionas a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Por otro lado, solicita se autorice a los usuarios "robertodiazromero" y "valesalcido", a fin de realizar la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, promover y recibir las notificaciones respectivas. En tal virtud, instrúyase a la Oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el propósito de que habilite los mecanismos correspondientes conforme a lo establecido en las disposiciones normativas que regulan la herramienta de que se trata, a fin de que la parte accionante esté en condiciones de consultar en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, el expediente electrónico, así como de recibir las notificaciones que en su caso se ordenen en el presente asunto. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables. 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