Humberto Rafael Pacheco
Expediente 696/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Humberto Rafael Pacheco
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en la ciudad de Mazatlán, mediante el cual, informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo.
- Principal
FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por ***************, quien se ostenta apoderado legal de Humberto Rafael Pacheco, recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con evidencia criptográfica, personalidad que se le reconoce por así acreditarla con la impresión de la escritura pública cinco mil trescientos noventa y tres, pasa ante la fe de la notaria pública setenta y siete, con ejercicio y residencia en Hermosillo, Sonora, quien bajo protesta de decir, manifiesta que es copia íntegra e inalterada del documento impreso, a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México y de otras autoridades. Fórmese el expediente 696/2023-III-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en los libros electrónicos de registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA Este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer el presente asunto, porque los actos reclamados se ejecutaron, ejecutaran o trataran de ejecutar en una circunscripción distinta en la que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República y 37 de la Ley de Amparo, así como en atención a la naturaleza de los actos que se reclaman. Al respecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse.." El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, destacando que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda presentarse ante cualquier Juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción se advierte que el dispositivo en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia, a saber: Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa, constituye más bien un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisado lo anterior, se tiene que de la lectura del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. A. Del Congreso de la Unión, conformado por sus respectivas Cámaras se reclama: La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para Minería y Agua (Decreto Impugnado o Decreto reclamado), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 9 de mayo de 2023. Además, se reclama en específico, el párrafo tercero del artículo Quinto Transitorio del Decreto Impugnado. B. De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se reclama la discusión, aprobación y expedición del Decreto Impugnado, publicado en el DOF de 9 de mayo de 2023. C. De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la discusión, aprobación y expedición del Decreto Impugnado, publicado en el DOF de 9 de mayo de 2023. D. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la sanción, emisión y promulgación del Decreto Impugnado, publicado en el DOF de 9 de mayo de 2023. E. De la Secretaría de Economía, cualquier acto tendiente a la ejecución o cumplimiento del tercer párrafo del artículo Quinto transitorio del Decreto impugnado". Ahora, en el apartado de antecedentes de la demanda, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, refiere que elevó ante la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, una solicitud de concesión de exploración y explotación, de fecha veintiuno de marzo de dos veintiuno, respecto del lote llamado **********************************. Al efecto, anexó a su escrito de demanda, la solicitud de concesión referida, de la que se advierte en el apartado denominado "III. Dato generales y ubicación del lote solicitado", el lote llamado ***********************. En ese contexto, si las solicitudes de concesión se presentaron respecto de un lote ubicado en los municipios de *****************************, la consecuencia es, en un primer momento, que los efectos y consecuencias del decreto controvertido, se materializarían en el lugar en donde se solicitó la concesión de exploración y explotación minera, esto es, donde podría resentir la afectación la parte quejosa, con motivo de la reforma legal de las disposiciones del Decreto que reclama. Lo anterior, evidencia que llevan una ejecución material, pues la esfera jurídica de la parte quejosa se encuentra ubicada esencialmente en los municipios citados. En razón de ello, en aplicación de la regla competencial prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, será competente para conocer de dicho acto el juzgador con jurisdicción precisamente donde materialmente se estén ejecutando o se haya ejecutado los actos reclamados, en el caso particular, los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a. 11., sustentada por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 75, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 19-21, Julio-Septiembre de 1989, Octava Época, registro digital 206498, del rubro y texto siguientes: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Así como la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Cuarta Parte, Séptima Época, (registro: 240065), que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse.". También, la tesis aislada I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2288, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época (registro 162635), del contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. En consecuencia, remítase el escrito de demanda al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en turno, para que determine lo que en derecho corresponda, respecto a la incompetencia planteada a su favor y lo comunique a este órgano jurisdiccional. CUADERNO DE ANTECEDENTES Ahora bien, con copia certificada de la demanda y demás constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. AUTORIZADOS Se tiene como sus autorizados en términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** y ********************, por así solicitarlo expresamente. Asimismo, se tiene por señalado los correos electrónicos que indica en el escrito que se provee, ello a efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO VÍA INTERNET Se autoriza a ********************, para que tengan acceso a la consulta del expediente electrónico correspondiente y puedan ser notificados de las resoluciones y acuerdos que se dicten y promover en este juicio de amparo. Lo anterior, una vez que la Secretaria actuante lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección electrónica http://10.100.125.33/sise/login.aspx, para agregar el usuario "********************" y "********************" que los referidos promoventes registraron en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia del solicitante y el usuario de mérito. Ahora, respecto del domicilio procesal que señala, no ha lugar a tenerlo por señalado, ello, atento que también solicitó se realizaran las notificaciones vía electrónica en el presente juicio de amparo, por lo que, tener ambas vías podrían practicarse dobles notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, en atención a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias, constancias, diligencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. OFICIOS Asimismo, se autoriza a la Secretaria actuante, para que firme los oficios que deriven de este asunto. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde. EXHORTO PARA TRANSICIÓN AL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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