Humberto Rafael Benitez Contreras

Expediente 1524/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1524/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2015

Partes del expediente

  • Humberto Rafael Benitez Contreras
  • HUMBERTO RAFAEL BENITEZ CONTRERAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B Visto el estado procesal de los autos y certificación marcada con el inciso 1); toda vez que en la especie por auto de quince de octubre de dos mil quince, se desechó la demanda de amparo promovida por Humberto Rafael Benítez Contreras; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2°, de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación secretarial marcada con el inciso 2), con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; para su destrucción. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de octubre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Humberto Rafael Benítez Contreras, contra una omisión atribuible a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, presentada el trece del actual, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, y en este Juzgado; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1524/2015, que le corresponde. DESECHAMIENTO DE DEMANDA De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama en esta vía: La falta de notificación de la resolución de nueve de septiembre de dos mil catorce, dictada dentro del Toca Penal 407-(I)2014, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de garantías, ya que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo . Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos de la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Es necesario indicar que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es parte ofendida en el Toca Penal 407-(I)2014, de lo que se deduce que es parte legítima en el referido asunto. Para comprender adecuadamente el por qué el suscrito juzgador estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia antes referida, conviene traer a contexto el artículo 206, del Código de Procedimientos Penales del Estado vigente, que textualmente establece: "Art. 206.- Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que previene éste Capítulo, la persona que debió ser notificada se mostrare en el juicio sabedora de la providencia. La notificación surtirá todos sus efectos desde que se hiciere esta manifestación, a no ser que en el término legal promueva incidente de nulidad, que se substanciará conforme a las reglas que este Código establece para los incidentes no especificados." En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que es incuestionable que el promovente de la acción constitucional, no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que en contra de las notificaciones realizadas en contravención a las disposiciones del código en cuestión, o ante la falta de notificaciones, procede el incidente de nulidad correspondiente como medio de defensa ordinario, en términos de lo dispuesto por el artículo 206, del Código de Procedimientos Penales del Estado vigente; y al no haber agotado dicho medio de impugnación, se actualiza la causa de improcedencia en comento. Lo anterior, es así pues la parte quejosa indica que se enteró de la existencia del acto reclamado el veinticinco de septiembre del año en curso, al acudir ante la Sala responsable a preguntar si ya se había pronunciado resolución, toda vez que desde el trece de agosto de dos mil catorce, se citó a las partes para la audiencia de vista y dictar sentencia; lo que pone de manifiesto que la parte quejosa no tuvo conocimiento previo de la sentencia de nueve de septiembre de dos mil catorce. Así, previo a promover este juicio de amparo, el impetrante debió agotar el medio de ordinario defensa que prevé el Código de Procedimientos Penales del Estado, en contra de la notificación de la sentencia de nueve de septiembre de dos mil catorce, a saber: el incidente de nulidad de notificaciones, lo cual no aconteció. Ahora, si bien es cierto, existen supuestos de excepción al referido principio como serían, por ejemplo, los actos que afectan a personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción VI de la Constitución Federal), los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo), los que importen peligro de la privación de la vida, a la libertad personal fuera de procedimiento, o alguno de los previstos en el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), del mismo cuerpo de normas), y en tratándose de amparo contra normas generales cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia), además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación de la parte quejosa de acatar ese principio, pues la procedencia del juicio de amparo está condicionada a agotar previamente los recursos que en su caso procedan. No es óbice a lo anterior, que el acto reclamado sea una omisión de notificación, porque el incidente de nulidad aludido es procedente también contra la falta de notificación. En este orden de ideas, es deber de las partes en el juicio estar pendientes en cada etapa procesal de los actos o resoluciones que puedan causarles perjuicio, a fin de hacer valer oportunamente sus derechos a través del medio de impugnación creado para el caso específico a combatir. Así, si el promovente del juicio contencioso administrativo se duele de la omisión o irregular notificación de un auto preventivo de cuyo cumplimiento depende su desechamiento o se tenga por no presentada su demanda, debe combatirlo mediante el incidente de nulidad de notificaciones, porque en él se analiza el cumplimiento de las formalidades de ley en la práctica de la notificación y que, de ser fundado, tendrá como consecuencia la reposición de la notificación anulada y las actuaciones posteriores, como es el auto que tiene por no presentada la demanda, finalidad que no podría alcanzarse si se impugna por un medio no idóneo, como el recurso de reclamación, el cual procede contra las resoluciones del Magistrado Instructor que admiten, desechan o tienen por no presentada la demanda de nulidad, ya que su objeto es el análisis del contenido de dicha resolución y con él se pretende la modificación o revocación de la resolución recurrida, razón por la cual no pueden examinarse en dicho recurso los argumentos tendentes a combatir la notificación de la resolución recurrida, pues constituye un acto previo a ella, además de que su estudio sería extemporáneo, toda vez que los plazos para impugnar ambos actos son distintos. (Jurisprudencia 2ª./J.118/2008, publicada en la página 226, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 168887). De ahí, que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Humberto Rafael Benítez Contreras. Apoya la conclusión de mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, visible en la página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Apoya la conclusión de mérito, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. " CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizadas para ese efecto, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA IV

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