Humberto Pulido Becerra
Expediente 870/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Humberto Pulido Becerra
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ********************, hubiese recurrido el proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó desechar de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese
- Principal
Agréguese a los autos la demanda de amparo presentada por *; contra actos del alcalde de la Alcaldía Benito Juárez y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmense los expedientes físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 870/2020. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo en cuestión, ya que -como se explicara más adelante- se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Acto reclamado. * reclama los actos siguientes: ... Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: ... Inclusive, en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en materia administrativa, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: ... Razones de la improcedencia. En el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previamente a la promoción del juicio de amparo se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual constituye un medio ordinario de defensa a través del cual es posible modificar, revocar o nulificar los actos reclamados. En dicho precepto se establece lo siguiente: ... Ahora bien, como se señaló, el promovente combate el acta de inspección ocular de diecinueve de agosto de dos mil veinte dictada en el expediente administrativo *, respecto del inmueble ubicado en la *, Código Postal 03100, en la Ciudad de México y su ejecución que se traduce en: (i) el Acta de Reposición de sellos de clausura de fecha diecinueve de agosto del año dos mil veinte con números *, en el citado inmueble. Por lo que es indudable que tales actos son impugnables a través del juicio contencioso ante el ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, medio de defensa a través del cual puede lograr su anulación, modificación o revocación. Dicho de otra manera, el acto administrativo destacado (resolución de diecinueve de agosto de dos mil veinte) que se combate puede ser modificado, anulado o revocado por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Máxime porque fue emitido por el Director Jurídico de una de las alcaldías de la Ciudad de México. El medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. Como se advierte del artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa legales siempre que ley que los prevea reúna las condiciones siguientes: Que se suspendan los efectos del acto reclamado [con independencia de que el acto sea susceptible de ser la Ley de suspendiendo]. Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México cumple con dichas condiciones, como se explica a continuación: 1) Prevé el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado, tal y como se advierte de los artículos 71 a 78 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 2) Dicha medida cautelar tiene los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, pues mientras el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que atento a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, por su parte el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que la suspensión tendrá como efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada. Lo anterior implica que la suspensión en el medio ordinario de defensa constituye una medida cautelar con efectos restitutorios, que incluso tiene por objeto detener la ejecución de algún acto a fin de que la parte interesada siga disfrutando del derecho que estima vulnerado. Además, el artículo 73 de la ley citada prevé que el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se falle en definitiva, y agrega que, cuando los actos impugnados hayan sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, podrán dictarse las medidas cautelares que se estimen pertinentes. Lo anterior conlleva que la facultad para otorgar la medida cautelar con efectos provisionales restitutorios no se limita a los supuestos de que el acto ejecutado afecte a los demandantes impidiendo el acceso a su domicilio particular o el ejercicio de su única actividad, pues la primera parte del dispositivo en comento faculta de forma genérica a la autoridad jurisdiccional a conceder la suspensión con efectos restitutorios... 4) Finalmente, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé un plazo equivalente al de la Ley de Amparo, para conseguir la suspensión provisional, ya que según su artículo 61, dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada. Situación que se homologa a lo previsto para el juicio de amparo, pues conforme al artículo 112 de la ley de la materia, el Juez de Distrito cuenta con un plazo de veinticuatro horas para que, de ser el caso, se admita la demanda de amparo y, de haber sido solicitada, se provea sobre la suspensión. Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad... Lo anterior, ya que además de que no resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no se comparte por las razones siguientes: La tesis mencionada sostiene que no es necesario agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, previamente a la promoción del juicio de amparo, porque la Ley de Justicia Administrativa establece mayores requisitos para conceder la suspensión, ya que solo puede solicitarse hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia, siendo que en el juicio de amparo puede solicitarse mientras no se dicte sentencia ejecutoria. No obstante, este órgano jurisdiccional sostiene que "el plazo" dentro del cual se puede solicitar la suspensión no es igual al plazo para proveer sobre la suspensión y, por ende no se trata de un requisito para la concesión de la medida cautelar, aunado a ello, el hecho de que en el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México solo pueda solicitarse la suspensión hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia es una mera modalidad que no constituye propiamente un requisito para su concesión. Para demostrar lo anterior, es importante destacar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución, se establece lo siguiente: ... La disposición transcrita otorga una libertad configurativa al legislador ordinario para que fije en la ley reglamentaria los casos y las condiciones para suspender los actos reclamados en el juicio de amparo. Por su parte, en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios ordinarios de defensa siempre que conforme a las leyes que los rijan, se suspendan los efectos de los actos reclamados (i) con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo; (ii) sin exigir mayores requisitos que los establecidos para conceder la suspensión definitiva; y, (iii) sin establecer un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. En relación con el plazo, la Segunda Sala de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el propósito de esa prescripción es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos. Ahora bien, al interpretar la Ley de Amparo vigente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los requisitos para que sea decretada la suspensión son los siguientes: (i) la certeza de los actos reclamados; (ii) que su naturaleza permita su paralización; y, (iii) que se reúnan los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo... Lo mismo ha hecho la Primera Sala del Alto Tribunal, pues en la jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.), estableció que los requisitos para conceder la suspensión definitiva son: (i) que la solicite el quejoso; (ii) que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos; (iii) Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión; y, (iv) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, la etapa procesal del juicio en la que se puede solicitar la suspensión es una mera modalidad mas no un requisito para la concesión de la suspensión definitiva. Incluso, si un quejoso solicitara la suspensión después de dictada la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, esa situación no llevaría a negar la suspensión [en oposición a conceder], sino más bien a decretar la improcedencia del incidente, situación que revela que la modalidad en comento no se trata de un requisito para la concesión de la suspensión definitiva. No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Del análisis de la demanda y del acto reclamado, este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: 1. El acto no carece de fundamentación. De un análisis preliminar se advierte que en la resolución reclamada la autoridad administrativa citó diversos fundamentos para justificar la ampliación de sellos de clausura del inmueble y su respectiva ejecución, lo que incluso se corrobora con el escrito inicial de demanda presentado por el quejoso. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la simple lectura de la demanda se advierte que, entre otras cuestiones, el quejoso reclama el Acta de Inspección Ocular de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte en la cual el Verificado en Funciones el C. CARLOS ALBERTO SALAZAR BERMUDEZ y el Acta de Reposición de sellos de clausura de fecha diecinueve de agosto del año dos mil veinte con números 0263,0264,0265, 0266 y 0267, en el inmueble ubicado en calle Miguel Laurent 513, Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez, en esta ciudad, derivado del procedimiento administrativo antes mencionado. Por último, se duele de la valoración de las pruebas exhibidas por el promovente en el procedimiento de origen. Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente"... En ese sentido, en el presente caso el quejoso no hace valer solo violaciones directas, sino también indirectas, por lo que no se ubica en el supuesto de excepción aludido. 3. El juicio no está previsto en un reglamento. El medio de defensa ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. La irreparabilidad del acto no es una excepción al principio de definitividad. Finalmente, es importante destacar que aun en el supuesto de que se considerara que los actos reclamados son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe hacerse hincapié en que actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pero que este medio de defensa extraordinario es procedente, una vez que los quejosos han agotado los medios ordinarios de defensa que se establecen en la ley que rige al acto reclamado; es decir, que la irreparabilidad y la definitividad son dos supuestos distintos, independientes entre sí... En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. Cabe destacar que, de las documentales exhibidas por el promovete se advierte que éste ha tenido conocimiento del procedimiento de verificación incoado en su contra desde la orden de visita de verificación, y no así, con motivo de la resolución del mismo, por lo que no se está frente a la figura de tercero extraño. En esta tesitura, al tener conocimiento del procedimiento administrativo seguido en su contra, y al haber comparecido a aquél, antes del dictado de su resolución, el quejoso está en posibilidades de agotar los recursos ordinarios o medios ordinarios de defensa previstos en la ley desde el momento en que conoció el acto reclamado. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) encuentra sustento en las documentales exhibidas por la parte quejosa, [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este Juez de Distrito considera que analizar si se cumplió con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo requiere un análisis jurídico que se puede hacer desde el acuerdo inicial, pues verificar la procedencia de un medio ordinario de defensa y si se está en alguno de los supuestos de excepción no depende de prueba alguna, pues las conclusiones a las que se lleguen son cuestiones de derecho no desvirtuables con medios probatorios. Por esa razón, no resulta aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA". Como se advierte esa tesis alude a "la posibilidad de la existencia de un recurso"; sin embargo, en el caso que nos ocupa, la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada, esto es, no hay duda sobre la existencia del juicio contencioso administrativo como un medio ordinario de defensa contra actos de autoridades dependientes de la administración pública de la Ciudad de México. Aunado a ello, como ya se ha demostrado, ese medio ordinario de defensa no solo es posible, sino que es idóneo y eficaz para lograr la anulación, revocación o modificación del acto aquí reclamado. Finalmente, es importante hacer énfasis en que la presente determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Aunado a ello, el hecho de que desde este momento procesal se determine que la parte quejosa debe promover, previamente al juicio de amparo, los medios ordinarios de defensa idóneos para combatir la resolución que impugna, en atención al principio de definitividad, constituye una circunstancia que le permite promoverlos dentro de los plazos y conforme a las formalidades previstas para ello. De lo contrario, esto es, de admitir a trámite una demanda de amparo en la que se reclaman actos que previamente se deben combatir mediante medios ordinarios de defensa, se dejaría en estado de indefensión al promovente, pues en el supuesto de que en sentencia se sobresea el juicio por inobservancia al principio de definitividad, el quejoso ya no tendría a su alcance medios para combatir los actos que le agravien, por encontrarse fuera de plazo. Por esas razones, no resulta conveniente iniciar la tramitación del juicio de amparo, si desde el primer auto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues de esta manera el quejoso, si lo estima conveniente, aún se encuentra en posibilidad de presentar los medios ordinarios de defensa susceptibles de modificar, anular o revocar los actos reclamados. Conclusión Por lo tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XX y 113, ambos de la Ley de Amparo, y por los motivos expuestos en este auto, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Humberto Pulido Becerra. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizadas en términos amplios únicamente a Jahzeel Sánchez Arias y María del Carmen Zamorez Hernández, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo; asimismo, respecto a las diversas personas mencionadas se autoriza únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que las referidas autorizaciones las podrán hacer valer hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria generada por el por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Juicio en Línea. Finalmente se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID19), continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, en términos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE: "Agréguese a los autos la demanda de amparo presentada por *; contra actos del alcalde de la Alcaldía Benito Juárez y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmense los expedientes físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 870/2020. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo en cuestión, ya que -como se explicara más adelante- se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Acto reclamado. * reclama los actos siguientes: ... Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: ... Inclusive, en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en materia administrativa, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: ... Razones de la improcedencia. En el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previamente a la promoción del juicio de amparo se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual constituye un medio ordinario de defensa a través del cual es posible modificar, revocar o nulificar los actos reclamados. En dicho precepto se establece lo siguiente: ... Ahora bien, como se señaló, el promovente combate el acta de inspección ocular de diecinueve de agosto de dos mil veinte dictada en el expediente administrativo *, respecto del inmueble ubicado en la *, Código Postal 03100, en la Ciudad de México y su ejecución que se traduce en: (i) el Acta de Reposición de sellos de clausura de fecha diecinueve de agosto del año dos mil veinte con números *, en el citado inmueble. Por lo que es indudable que tales actos son impugnables a través del juicio contencioso ante el ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, medio de defensa a través del cual puede lograr su anulación, modificación o revocación. Dicho de otra manera, el acto administrativo destacado (resolución de diecinueve de agosto de dos mil veinte) que se combate puede ser modificado, anulado o revocado por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Máxime porque fue emitido por el Director Jurídico de una de las alcaldías de la Ciudad de México. El medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. Como se advierte del artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa legales siempre que ley que los prevea reúna las condiciones siguientes: Que se suspendan los efectos del acto reclamado [con independencia de que el acto sea susceptible de ser la Ley de suspendiendo]. Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México cumple con dichas condiciones, como se explica a continuación: 1) Prevé el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado, tal y como se advierte de los artículos 71 a 78 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 2) Dicha medida cautelar tiene los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, pues mientras el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que atento a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, por su parte el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que la suspensión tendrá como efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada. Lo anterior implica que la suspensión en el medio ordinario de defensa constituye una medida cautelar con efectos restitutorios, que incluso tiene por objeto detener la ejecución de algún acto a fin de que la parte interesada siga disfrutando del derecho que estima vulnerado. Además, el artículo 73 de la ley citada prevé que el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se falle en definitiva, y agrega que, cuando los actos impugnados hayan sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, podrán dictarse las medidas cautelares que se estimen pertinentes. Lo anterior conlleva que la facultad para otorgar la medida cautelar con efectos provisionales restitutorios no se limita a los supuestos de que el acto ejecutado afecte a los demandantes impidiendo el acceso a su domicilio particular o el ejercicio de su única actividad, pues la primera parte del dispositivo en comento faculta de forma genérica a la autoridad jurisdiccional a conceder la suspensión con efectos restitutorios... 4) Finalmente, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé un plazo equivalente al de la Ley de Amparo, para conseguir la suspensión provisional, ya que según su artículo 61, dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada. Situación que se homologa a lo previsto para el juicio de amparo, pues conforme al artículo 112 de la ley de la materia, el Juez de Distrito cuenta con un plazo de veinticuatro horas para que, de ser el caso, se admita la demanda de amparo y, de haber sido solicitada, se provea sobre la suspensión. Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad... Lo anterior, ya que además de que no resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no se comparte por las razones siguientes: La tesis mencionada sostiene que no es necesario agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, previamente a la promoción del juicio de amparo, porque la Ley de Justicia Administrativa establece mayores requisitos para conceder la suspensión, ya que solo puede solicitarse hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia, siendo que en el juicio de amparo puede solicitarse mientras no se dicte sentencia ejecutoria. No obstante, este órgano jurisdiccional sostiene que "el plazo" dentro del cual se puede solicitar la suspensión no es igual al plazo para proveer sobre la suspensión y, por ende no se trata de un requisito para la concesión de la medida cautelar, aunado a ello, el hecho de que en el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México solo pueda solicitarse la suspensión hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia es una mera modalidad que no constituye propiamente un requisito para su concesión. Para demostrar lo anterior, es importante destacar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución, se establece lo siguiente: ... La disposición transcrita otorga una libertad configurativa al legislador ordinario para que fije en la ley reglamentaria los casos y las condiciones para suspender los actos reclamados en el juicio de amparo. Por su parte, en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios ordinarios de defensa siempre que conforme a las leyes que los rijan, se suspendan los efectos de los actos reclamados (i) con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo; (ii) sin exigir mayores requisitos que los establecidos para conceder la suspensión definitiva; y, (iii) sin establecer un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. En relación con el plazo, la Segunda Sala de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el propósito de esa prescripción es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos. Ahora bien, al interpretar la Ley de Amparo vigente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los requisitos para que sea decretada la suspensión son los siguientes: (i) la certeza de los actos reclamados; (ii) que su naturaleza permita su paralización; y, (iii) que se reúnan los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo... Lo mismo ha hecho la Primera Sala del Alto Tribunal, pues en la jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.), estableció que los requisitos para conceder la suspensión definitiva son: (i) que la solicite el quejoso; (ii) que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos; (iii) Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión; y, (iv) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, la etapa procesal del juicio en la que se puede solicitar la suspensión es una mera modalidad mas no un requisito para la concesión de la suspensión definitiva. Incluso, si un quejoso solicitara la suspensión después de dictada la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, esa situación no llevaría a negar la suspensión [en oposición a conceder], sino más bien a decretar la improcedencia del incidente, situación que revela que la modalidad en comento no se trata de un requisito para la concesión de la suspensión definitiva. No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Del análisis de la demanda y del acto reclamado, este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: 1. El acto no carece de fundamentación. De un análisis preliminar se advierte que en la resolución reclamada la autoridad administrativa citó diversos fundamentos para justificar la ampliación de sellos de clausura del inmueble y su respectiva ejecución, lo que incluso se corrobora con el escrito inicial de demanda presentado por el quejoso. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la simple lectura de la demanda se advierte que, entre otras cuestiones, el quejoso reclama el Acta de Inspección Ocular de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte en la cual el Verificado en Funciones el C. CARLOS ALBERTO SALAZAR BERMUDEZ y el Acta de Reposición de sellos de clausura de fecha diecinueve de agosto del año dos mil veinte con números 0263,0264,0265, 0266 y 0267, en el inmueble ubicado en calle Miguel Laurent 513, Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez, en esta ciudad, derivado del procedimiento administrativo antes mencionado. Por último, se duele de la valoración de las pruebas exhibidas por el promovente en el procedimiento de origen. Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente"... En ese sentido, en el presente caso el quejoso no hace valer solo violaciones directas, sino también indirectas, por lo que no se ubica en el supuesto de excepción aludido. 3. El juicio no está previsto en un reglamento. El medio de defensa ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. La irreparabilidad del acto no es una excepción al principio de definitividad. Finalmente, es importante destacar que aun en el supuesto de que se considerara que los actos reclamados son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe hacerse hincapié en que actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pero que este medio de defensa extraordinario es procedente, una vez que los quejosos han agotado los medios ordinarios de defensa que se establecen en la ley que rige al acto reclamado; es decir, que la irreparabilidad y la definitividad son dos supuestos distintos, independientes entre sí... En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. Cabe destacar que, de las documentales exhibidas por el promovete se advierte que éste ha tenido conocimiento del procedimiento de verificación incoado en su contra desde la orden de visita de verificación, y no así, con motivo de la resolución del mismo, por lo que no se está frente a la figura de tercero extraño. En esta tesitura, al tener conocimiento del procedimiento administrativo seguido en su contra, y al haber comparecido a aquél, antes del dictado de su resolución, el quejoso está en posibilidades de agotar los recursos ordinarios o medios ordinarios de defensa previstos en la ley desde el momento en que conoció el acto reclamado. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) encuentra sustento en las documentales exhibidas por la parte quejosa, [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este Juez de Distrito considera que analizar si se cumplió con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo requiere un análisis jurídico que se puede hacer desde el acuerdo inicial, pues verificar la procedencia de un medio ordinario de defensa y si se está en alguno de los supuestos de excepción no depende de prueba alguna, pues las conclusiones a las que se lleguen son cuestiones de derecho no desvirtuables con medios probatorios. Por esa razón, no resulta aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA". Como se advierte esa tesis alude a "la posibilidad de la existencia de un recurso"; sin embargo, en el caso que nos ocupa, la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada, esto es, no hay duda sobre la existencia del juicio contencioso administrativo como un medio ordinario de defensa contra actos de autoridades dependientes de la administración pública de la Ciudad de México. Aunado a ello, como ya se ha demostrado, ese medio ordinario de defensa no solo es posible, sino que es idóneo y eficaz para lograr la anulación, revocación o modificación del acto aquí reclamado. Finalmente, es importante hacer énfasis en que la presente determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Aunado a ello, el hecho de que desde este momento procesal se determine que la parte quejosa debe promover, previamente al juicio de amparo, los medios ordinarios de defensa idóneos para combatir la resolución que impugna, en atención al principio de definitividad, constituye una circunstancia que le permite promoverlos dentro de los plazos y conforme a las formalidades previstas para ello. De lo contrario, esto es, de admitir a trámite una demanda de amparo en la que se reclaman actos que previamente se deben combatir mediante medios ordinarios de defensa, se dejaría en estado de indefensión al promovente, pues en el supuesto de que en sentencia se sobresea el juicio por inobservancia al principio de definitividad, el quejoso ya no tendría a su alcance medios para combatir los actos que le agravien, por encontrarse fuera de plazo. Por esas razones, no resulta conveniente iniciar la tramitación del juicio de amparo, si desde el primer auto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues de esta manera el quejoso, si lo estima conveniente, aún se encuentra en posibilidad de presentar los medios ordinarios de defensa susceptibles de modificar, anular o revocar los actos reclamados. Conclusión Por lo tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XX y 113, ambos de la Ley de Amparo, y por los motivos expuestos en este auto, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Humberto Pulido Becerra. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizadas en términos amplios únicamente a Jahzeel Sánchez Arias y María del Carmen Zamorez Hernández, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo; asimismo, respecto a las diversas personas mencionadas se autoriza únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que las referidas autorizaciones las podrán hacer valer hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria generada por el por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Juicio en Línea. Finalmente se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID19), continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, en términos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo."
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