Humberto Pérez Velázquez

Expediente 1077/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1077/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Humberto Pérez Velázquez
  • Secretaria de Salud de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero, Aidé Aibarez Castro. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que SOBRESEYÓ EN EL JUICIO, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de amparo, archívese el mismo. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E."; y notifíquese a las autoridades responsables a través de oficio que al efecto se giren, al cual deberá anexarse copia autorizada de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales conducentes, dado que el presente asunto se resolvió el día de la audiencia y se notificó por lista en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y el Secretario Proyectista licenciado José Luis Tondopó López, con quien actúa y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual informa los trámites inherentes a cumplir la ejecutoria de amparo en el presente juicio, y al efecto remite copia certificada de los acuses de recibo de los oficios 7636/2022, 7634/2022, 8844/2022, 8843/2022, y 8840/2022, deducidos del juicio laboral 813/2010, mismos que dirigió al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y a la Directora General de Cobro Coactivo y Vigilancia de dicha Secretaría. Atento a lo anterior, una vez hecha una revisión minuciosa de las constancias que obran agregadas en autos del presente juicio, y que han sido enviadas a este órgano de control constitucional por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, como trámites encaminados a cumplir el fallo protector, de entre las que destacan los acuses de recibo de los oficios 3322/2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; un diverso de once de febrero de dos mil veintidós; 2189/2022, 2188/2022, de siete de marzo de dos mil veintidós; 3011/2022, de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; 4075/2022 y 4076/2022, de veintisiete de abril de dos mil veintidós; 5391/2022, de siete de junio de dos mil veintidós; 6009/2022 y 6007/2022, de seis de julio de dos mil veintidós; 6955/2022 y 6957/2022, de dieciocho de agosto de dos mil veintidós; 7634/2022 y 7636/2022, de trece de septiembre de dos mil veintidós; así como los que ahora envía la autoridad responsable cuyos números son 8844/2022 y 8843/2022, de siete de octubre actual, misivas que fueron dirigidas tanto al Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, como a la Directora General de Cobro Coactivo de dicha Secretaría, en los cuales, de manera reiterada el Tribunal obrero, ha solicitado a dichas autoridades a fin de que procedan a materializar las multas impuestas a Esmeralda Fonseca Sotelo, dentro del expediente laboral 813/2010, sin que a la fecha dichas solicitudes hayan sido atendidas. Ahora, en observancia a los artículos 192, 196 y 197 de la Ley de Amparo, en relación con los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada sobre las ejecutorias de amparo, en las que toda autoridad debe acatarlas para subsanar las violaciones a los derechos humanos y garantías individuales ahí precisadas; así como a los antecedentes narrados en el párrafo anterior....Lo anterior, sin que obste el hecho de que no haya sido parte en el juicio de amparo, ya sea como autoridad responsable o tercero interesada, pues lo cierto es que en el presente acuerdo se le requiere por el simple hecho de ser la autoridad hacendaria que se encarga de materializar las sanciones aplicadas, en el caso particular la multa que fue impuesta por la autoridad responsable, por lo que tiene la obligación de actuar dentro de sus facultades para atender al pleno cumplimiento de dicho fallo, justificando de manera fundada y motivada su proceder. .... En consecuencia, toda vez que la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público, la cual debe ser cumplida sin demora, con apoyo en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, así como a la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a través de su Titular, para que dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de aquél en que reciban el respectivo oficio de notificación de este auto, de manera indistinta envíen a este Juzgado de Distrito, las constancias con la que acrediten el cumplimiento al fallo amparador; es decir, documentales con las que el Tribunal obrero acredite que ha llevado todas las actuaciones de las que se advierta que ordenó la materialización de las multas impuestas a la parte demandada dentro del expediente laboral 813/2010, atendiendo a los lineamientos apuntados en la ejecutoria de amparo; y la referida Secretaría, deberá acreditar que se ha realizado el cobro de dichas multas; o en su defecto acreditar la imposibilidad legal que tenga para ello. En la inteligencia de que, debe entenderse la palabra materializar como la forma tangible y real de su realización, toda vez que la Real Academia Española define dicha palabra como "Materializar: Dar naturaleza material y sensible a un proyecto, a una idea o a un sentimiento"; por tanto, para acreditar tal extremo, debe constar documento idóneo que confirme la efectividad de la citada medida de apremio. En el entendido que dentro del plazo antes mencionado (quince días hábiles), deberán realizar todas las actuaciones inherentes, con el fin de lograr cabalmente el cumplimiento del fallo que concedió el amparo y protección constitucional a la parte actora en el natural, -aquí quejosa-, lo que deberán acreditar - de manera indistinta- ante este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a Evelyn Cecia Salgado Pineda, en su carácter de Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, y superior jerárquico de la responsable vinculada al cumplimiento del amparo Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acredite a este órgano jurisdiccional que ordenó a la mencionada autoridad vinculada, para que cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos precisados en párrafos que anteceden. Con el apercibimiento a todas las autoridades anteriormente señaladas, que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedores por conducto de la persona física que desempeñe el cargo de Presidenta, Secretario y Gobernadora, a una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de la Materia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable y vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo (quince días hábiles), para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a lo establecido en los efectos de la ejecutoria de amparo y los múltiples requerimientos que se le han venido realizado a la primera mencionada, desde el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, data en que causó ejecutoria la sentencia amparadora. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta al funcionario público, aún en el caso de que deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Finalmente, a efecto de que la autoridad vinculada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, así como la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad estén en condiciones de atender el presente requerimiento, remítanse anexas al oficio por el cual se les notifique el presente proveído, copia autorizada de las constancias necesarias para su atención y cumplimiento.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún no obra en autos del presente sumario la notificación personal ordenada a la parte quejosa respecto del acuerdo de veinte del mes y año en curso, con el informe y constancias que remitió el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, en representación de la autoridad responsable Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, Humberto Fernando Soto López, residente en la ciudad. A fin de dar margen a lo anterior la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Finalmente, en mérito de lo acordado, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente auto constituye una cuestión de mero trámite.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, en representación de la autoridad responsable Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, Humberto Fernando Soto López, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido su informe justificado; con su contenidos y constancias enviadas en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Cobra aplicación la tesis publicada en la página 398, tomo III, segunda parte 1, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo título dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBE DARSE VISTA A LAS PARTES CON SU CONTENIDO, A FIN DE QUE PREPAREN LAS PRUEBAS QUE LO DESVIRTÚEN". Téngase designados como delegados a los profesionistas que al efecto señala, en términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de Amparo. De igual forma, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que exhibe, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. En la inteligencia de que, cualquiera de las partes que requiera revisar físicamente las constancias allegadas, deberá realizar las gestiones establecidas en el artículo 6º del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR); o en su defecto hacer llegar a este órgano de control constitucional el usuario y solicitud de acceso al expediente electrónico a través del Portal de Juicio en Línea que el Poder Judicial ha puesto a su disposición. Ahora bien, toda vez que de las constancias que remite la responsable Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, se advierte que el veintidós de julio del dos mil veintidós, dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa en su escrito de veintisiete de junio del año en curso; en consecuencia, requiérase al peticionario de amparo para que dentro del término establecido por el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifieste si es su deseo ampliar o no la demanda de amparo respecto al nuevo acto consistente en la respuesta que recayó a su solicitud de veintiocho de junio del año en curso, con el apercibimiento que de no hacerlo así, el presente juicio se resolverá únicamente respecto al acto reclamado en su escrito inicial de demanda. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número VI.1º. A. J/48, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con el siguiente rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si el juicio de garantías se promueve por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8°. constitucional, y la autoridad responsable rinde informe justificado en el sentido de que la petición formulada por el accionante del juicio fue contestada y notificada en fecha previa a la de la presentación de demanda, lo que podría tener como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la omisión reclamada, dicha contestación puede ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de garantías o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, porque aun cuando se afirme por la autoridad responsable que la respuesta se formuló antes de que se presentara la demanda de garantías, la circunstancia de que el quejoso acuda al amparo haciendo valer la violación a la garantía constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituyen actos nuevos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de la concentración y economía procesal referidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República."

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