Humberto Pérez Velázquez
Expediente 119/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 119/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Humberto Pérez Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Dora María Guadarrama Landa, en su carácter de Síndica Procuradora y representante legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 771, 792 y 933 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal4, desde este momento se le autoriza consultar el presente expediente electrónicamente, en virtud de contar con firma electrónica cuyo usuario es: DIRECCIONASUNTOSJURIDICOSTAXCO, el cual corresponde a Dora María Guadarrama Landa, lo que se verificó en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". Se precisa que, si bien se autoriza la consulta del expediente electrónico, ello no implica que se conceda permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, porque no se solicitó expresamente autorización para esa finalidad. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), visible en el Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 2405, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2026122, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso". Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley. Ante ello, dicha parte procesal deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA ANALISTA JURÍDICA ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 119/2020, promovido por Humberto Pérez Velázquez, por propio derecho, asimismo, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión laboral 97/2021; por tanto, agréguese a los autos el oficio y anexos de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se REVOCA la sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Secretaria en funciones de Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 119/2020. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Humberto Pérez Velázquez, contra los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, dictado en el juicio laboral 594/2013, consistentes en la omisión de pronunciarse respecto de la vinculación al cumplimiento del laudo del Poder Ejecutivo y Congreso del Estado de Guerrero (que reclamó en la demanda de amparo inicial), así como la negativa a vincular a la Secretaría de finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (reclamado en la ampliación de demanda), en los términos establecidos en el último considerando dela ejecutoria." Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HABILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional cuyo efecto fue el siguiente: "Vincule a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, al procedimiento de ejecución de laudo condenatorio, dictado en el juicio laboral 594/2013, además se pronuncie sobre la procedencia o no de vincular al Poder Ejecutivo y Congreso del Estado de Guerrero." Se le apercibe que de no cumplir con lo que se le requiere en el párrafo que antecede dentro del plazo que se le concede, o no justificar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio, en términos del artículo 192, en relación con los numerales 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; además de que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno y materia corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la legislación en comento. Se considera, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida; lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto, del ordenamiento legal invocado. Hágasele del conocimiento que este requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el citado numeral establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.", se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. De igual forma, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, informe gestiones ineficaces o evasivas, de conformidad con el artículo 193 de la ley de la materia, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente, puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo estipulado, lo procedente es remitir el expediente a dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Notifíquese por lista electrónica.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
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