Humberto Paredes Hernández y Otros.
Expediente 689/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Humberto Paredes Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Del estado procesal que guardan estos autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Por lo que, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que la sentencia con la cual se sobreseyó en el juicio HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76 al 79 de la Ley de Amparo, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por 1) Humberto Paredes Hernández, 2) Edgar de Jesús Contreras Pérez, 3) Nereo Mejía Quintana, 4) Malcomn Barrón Evangelista y 5) José Carlos Cruz González, por los motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando cuarto del presente fallo. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.
- Principal
El Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, rinde informe justificado en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, residente en Ciudad de México; con su contenido, dese vista a la parte quejosa por el término de ocho días para que manifieste lo que estime pertinente, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y, como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley invocada, a las personas que nombra.
- Principal
Del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en Ciudad de México, no ha rendido su informe justificado. Por lo tanto, atendiendo al principio "Pro Persona", el cual busca el mayor beneficio para el hombre y, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable indicada, para que, en el término QUINCE DÍAS, rinda su informe justificado en relación con los actos reclamados por la parte quejosa. Dicho informe deberá ser rendido en términos de los artículos que anteceden, remitiendo a este juzgado: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completa y legible. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que disponen los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse, dependiendo del actuar de la autoridad requerida. Se precisa que la unidad de medida y actualización, es la nueva unidad de cuenta, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales o en cualquier otra disposición jurídica, que equivale en la presente fecha a un salario mínimo general vigente en la República Mexicana, hasta en tanto no se actualice su valor, en términos de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero transitorios del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo", publicado en al Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente al de su publicación, que al efecto disponen: ".Segundo. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio. El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización." No es óbice a lo anterior, que en autos obra el informe relativo a la suspensión de plano que rindió la autoridad responsable que en este proveído se requiere, debido a que del mismo no es advierte la existencia o no del acto reclamado. Acorde con lo anterior, no procede la celebración de la audiencia constitucional; en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo.
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