Humberto Osorio Bahena

Expediente 1058/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1058/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Humberto Osorio Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos presentados de manera electrónica, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma. Asimismo, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a los profesionistas que designa, y conforme a lo que establece el número 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Así también, con fundamento en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta a su oficio de cuenta, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Por otro lado, de las constancias que remite la autoridad oficiante a su oficio de cuenta, se advierte que en relación con el acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma, en el presente juicio, consistente en la omisión de dictar laudo y notificarlo a las partes en el procedimiento laboral ********************, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se desprende que no incurrió en la omisión que se le imputa, ello, toda vez que por auto de veintiuno de agosto del presente año, se otorgó a las partes el término de dos días, establecido en el numeral 884, fracción V de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que formulen alegatos. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó el cuatro de agosto del presente año, es dable concluir que al momento de la presentación de la demanda la autoridad señalada como responsable aún no se encontraba en condiciones para dictar laudo en el procedimiento laboral ********************, toda vez que como se advierte del párrafo que antecede, el veintiuno de agosto del presente año, se otorgó a las partes el término de dos días, establecido en el numeral 884, fracción V de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que formulen alegatos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es la siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la citada causal. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por el que, en atención al requerimiento formulado por proveído de once de julio de la presente anualidad, remite copia certificada del citatorio y emplazamiento de la demandada Transportes Innovativos, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio laboral 01/648/20. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que se le notifique el presente auto, realicen lo siguiente: *** Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, se les impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la ley de la materia en vigor. Con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Ahora bien, hágase del conocimiento a las citadas autoridades, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. En consecuencia, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se les hace saber que seguirán teniendo responsabilidad aunque deje su cargo. Notifíquese.

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