Humberto Olvera Picon
Expediente 796/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Humberto Olvera Picon
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 56, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Ahora bien, visto el contenido del informe y anexo de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta responsable la determinación de primero de junio del año actual, en la parte que señaló el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma, dentro del juicio laboral 281/2015. Ahora, de la constancia que la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley, consistente en copia certificada del proveído de once de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente natural, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la Junta responsable acreditó haber señalado las diez horas del ocho de agosto de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba de ratificación de firma y contenido; es decir, que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el dieciséis de junio de dos mil veintidós, pero antes del dictado de la sentencia en este juicio constitucional, la autoridad responsable dejó sin efecto la determinación reclamada y en su lugar, fijó dentro del término legal, el desahogo del mencionado medio de convicción; de ahí que en la especie se actualice la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". En ese tenor, al quedar acreditada la causa de improcedencia, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional, ya que sólo se retardaría la impartición de justicia, pues aun llevándose a cabo para que las partes aportaran probanzas, no cambiaría el sentido de la resolución, dado que la cesación de efectos se relaciona con una causa sobrevenida plenamente demostrada que no se modificará con prueba alguna. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del ????????? reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia, 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con fundamento en el precepto 61, fracción XXI, en concordancia con el diverso 63, fracción V, de la citada legislación, procede sobreseer fuera de audiencia el presente asunto. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del catorce de julio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte tercero interesada "Consorcio Constructor Roca SLP S.A. de C.V." para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha realizara manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en autos y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el catorce de junio del presente año se emplazó a la tercero interesada "Consorcio Constructor Roca SLP S.A. de C.V.", sin que a la fecha medie el plazo de ocho días a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que para no dejarlo en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Subdelegado Jurídico de la Oficina de Representación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en San Luis Potosí, por medio del cual, en atención al requerimiento de diez de junio del año en curso, informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, situación con la que se ordena dar vista a las partes. Ahora bien, visto el oficio y anexo de cuenta, se advierte que a la fecha el Director General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Ciudad de México no ha dado respuesta a los oficios de nueve de marzo y quince de junio del presente año, por los cuales el Subdelegado Jurídico de la Oficina de Representación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en San Luis Potosí le solicitó a su vez emita la opinión técnica y lo relativo a la instauración del procedimiento expropiatorio instado por las responsables. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones innecesarias, requiérase al Director General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Ciudad de México, para que en el término de tres días contados a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe la respuesta otorgada a los oficios antes señalados, de los que se acompaña copia simple; apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días. Haciendo hincapié en que el aludido procedimiento fue iniciado con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo que nos ocupa, lo cual es de orden público, y por ende, deben realizarse las gestiones necesarias e incluso vincular a cualquier autoridad con el fin de lograr acatar aquélla. Notifíquese.
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