Humberto Murillo Cruz

Expediente 428/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
428/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2019

Partes del expediente

  • Humberto Murillo Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído que DESECHÓ la demanda de garantías promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. En ese sentido y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; lo anterior, por haberse desechado la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la permanencia en este órgano jurisdiccional de constancia relativas al toca de apelación I-41/2019 (un tomo) y juicio ordinario familiar 586/2018 (dos tomos), de donde emana el acto reclamado, se ordena devolverlo a la autoridad señalada como responsable solicitándole acusar el recibo correspondiente, en el entendido que de no remitirlo dentro del término de tres días, legalmente computado, se dará por hecho que recibió a entera satisfacción las documentales que se le envían. Notifíquese.

  2. Principal

    . CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en este Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, que contiene el proveído de doce de los actuales, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo directo número 306/2019 de su índice, promovido por -, contra actos de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que el acto reclamado no se trata de una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, 37, 45 y 170 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, al cual anexa toca de apelación I-41/2019 (un tomo) y juicio ordinario familiar 586/2018 (dos tomos), del que se ordena formar tres tomos de pruebas para mejor manejo del expediente. Acúsese recibo. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-428/2019-1. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: .IV. ACTO RECLAMADO: Se reclama de dicha autoridad la sentencia de fecha de emisión 12 de marzo del año en curso, dictado dentro del toca I-41/2019." Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, tomo III, febrero de 1996, página 403 de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Del escrito inicial de demanda se desprende que el quejoso reclama la resolución de doce de marzo pasado, emitida por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca de apelación I-41/2019, que dejó sin efectos la sentencia definitiva dictada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de esta ciudad, en el juicio ordinario familiar 586/2018 y ordenó reponer el procedimiento para recabar diversas pruebas a fin de establecer las condiciones, socioeconómicas de la partes y de la adolescente involucrada en el litigio, y definir la capacidad económica de los progenitores y las necesidades de los involucrados. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que se estima que el acto principal que reclama el quejoso (resolución doce de marzo pasado), dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, es un acto en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, pues no se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y el perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante. Los preceptos legales en los que se sustenta la improcedencia del juicio de amparo en este caso, son del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: . Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos reconocidos, así como de las garantías previstas para su protección, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente el desconocimiento del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y remediables si la afectada obtiene una sentencia favorable. Para una mejor comprensión de la improcedencia del presente juicio constitucional, es pertinente exponer los razonamientos siguientes: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, sostienen el criterio, que comparte quien aquí resuelve, de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de violaciones procesales que afecten derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien cuando esas violaciones causen a las partes en el juicio de que se trate perjuicios procesales exorbitantes. Esas consideraciones jurídicas están contenidas en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2161, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO SÓLO LOS CONSTITUYEN LOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO TAMBIÉN LAS VIOLACIONES PROCESALES EXORBITANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, no es dable considerar que esa regla es la única que debe prevalecer para determinar a qué actos se les debe considerar como de imposible reparación; esto, porque al hacer una interpretación tanto integradora de la norma, de acuerdo con su contexto, como lógica al ligarla al origen de las reformas que dieron inicio a su creación, se concluye que las violaciones procesales, como un caso de excepción, pueden tener esta característica; pues no debe pasar inadvertido, que el origen de las reformas derivó en pretender extender la esfera de protección del juicio de amparo, aunado a que en diversos dispositivos de la citada ley, como el 170, 61, fracción XVII, 79, y el invocado 107, fracción III, incisos a) y b), se pone de relieve la facultad de impugnar violaciones procesales en amparo indirecto. Análogos razonamientos se contienen en la tesis, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2162, de contenido: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, AQUÉLLOS ABARCAN A LOS ACTOS INTRAPROCESALES QUE AFECTAN DERECHOS ADJETIVOS EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Al interpretar esta norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los mencionados actos pueden dividirse en dos vertientes: a) Los que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y destinados a regir al exterior del juicio, como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, el patrimonio, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones particulares; y, b) Los que perturban derechos adjetivos en grado predominante o superior, por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable, ocasionar el retardo grave del fallo definitivo, provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación y agregó que se entiende por ellos 'los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte'. Ahora bien, este enunciado no debe leerse como una definición restrictiva, pues no emplea expresiones excluyentes como 'únicamente', 'solamente', 'sólo', 'exclusivamente' o 'excepcionalmente', para reputar como únicos actos de imposible reparación los que afecten derechos sustantivos y negar tal carácter a los que puedan generar violaciones procesales exorbitantes; por el contrario, el citado precepto debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la propia ley -a contrario sensu- que dispone: "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.'. Al interpretar este precepto a contrario sensu, se advierte que los actos de imposible reparación reconocidos en la ley son tanto los que afectan derechos sustantivos como los que pueden constituir violaciones procesales relevantes. Así pues, es claro que el legislador no pretendió abandonar, sino adoptar los criterios del Máximo Tribunal del País, respecto a la clasificación de los actos de imposible reparación impugnables mediante el amparo indirecto. Finalmente, cabe destacar que esta interpretación protege de un modo más amplio el derecho fundamental a la justicia pronta, al permitir que se examinen de manera expedita las posibles violaciones a derechos procesales cuya gravedad extrema exija un inmediato análisis constitucional. Lo anterior, de conformidad con el principio hermenéutico pro homine establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, en cuya virtud acudirse a la interpretación más extensiva cuando se trata de fijar los alcances de los derechos humanos y sus garantías. De ahí que conforme a la nueva ley los actos de imposible reparación para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto, abarquen a los actos intraprocesales que afectan derechos adjetivos en grado predominante o superior. En vista de esos criterios, que, pese a que no son obligatorios, son asumidos por este Juzgado Federal en virtud de su razonabilidad y sentido protector en beneficio de las personas, es necesario ahora determinar si el acto principal reclamado en este juicio satisface alguna de las condiciones referidas, para que sea procedente en contra de él el juicio de amparo indirecto, es decir, si la resolución de doce de marzo pasado, emitida por la autoridad responsable dentro del toca de apelación planteado por la actora, dentro del juicio ordinario familiar número 586/2018, en el que dejó sin efectos la sentencia definitiva dictada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de esta ciudad, y ordenó reponer el procedimiento para recabar diversas pruebas a fin de establecer las condiciones, socioeconómicas de la partes y de la adolescente involucrada en el litigio, y definir la capacidad económica de los progenitores y las necesidades de los involucrados, es lesiva de alguno de sus derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien, si esa resolución causa al quejoso un perjuicio procesal exorbitante. Para decidir lo anterior, es necesario precisar cuáles son los efectos del acto que se reclama en el presente juicio. Conforme los efectos de la reposición, se estima que el dictado de la resolución reclamada en modo alguno afecta derechos sustantivos del quejoso, como son la libertad, vida, propiedad, posesiones, papeles; por el contrario, la reposición se ordenó en aras de velar por el interés superior de los menores y atento a la obligación constitucional que toda autoridad tiene de velar porque ejerzan de manera plena sus derechos. Lo anterior, pues el efecto del fallo impugnado se limita a reponer el procedimiento para los efectos arriba indicados. Lo cual en modo alguno afecta derechos sustantivos del peticionario de amparo, más por ello de ninguna forma implica que el juzgador necesariamente pronuncie un fallo desfavorecedor a los intereses de la inconforme, pues ello dependerá del resultado de los medios de convicción ordenados. De ahí que la resolución de segunda instancia reclamada, en modo alguno priva a la inconforme de derechos sustantivos imposibles de restituir con la sentencia de fondo que, en su caso, nuevamente se pronuncie una vez desahogadas las pruebas recabadas. Es decir, de ningún modo se está frente a una violación a los derechos sustantivos del peticionario de garantías que amerite analizarse vía biinstancial, pues en el caso, de manera alguna se advierte que los alcances de la reposición generen una lesión a las potestades fundamentales aludidas; de ahí que sus consecuencias sean sólo intraprocesales. Pues, se insiste, de ninguna forma se afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, ni se impide el ejercicio de alguno, por lo que con la reposición del procedimiento para los efectos indicados, no se causa ninguna afectación personal al quejoso. Por tanto, el acto reclamado no es de imposible reparación, si se toma en cuenta la existencia de la posibilidad jurídica de dictarse sentencia contra la cual está en aptitud de promover el amparo directo. En ese sentido, se tiene que la resolución reclamada, en modo alguno produce vulneración de imposible reparación a la parte quejosa, pues para ello, como se expuso, se requiere la existencia de afectación directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, libertad, propiedad u otro análogo, lo cual como se refirió, no acontece en el caso. Así las cosas, con la reposición del procedimiento para allegarse de pruebas necesarias para resolver, en modo alguno afecta de forma irreparable, un derecho sustantivo del inconforme, pues ello no incide, de manera directa, en su vida, libertad, propiedad o posesiones, por el contrario, esa reposición se hizo atento a la facultad que el juzgador tiene para intervenir de oficio y ordenar la práctica de los medios de convicción necesarios para mejor proveer en asuntos de niños, niñas, adolescentes o incapaces. Además, el sólo retardo en la impartición de justicia que pudiera entrañar la reposición del procedimiento en modo alguno justifica la procedencia del amparo, pues toda decisión de esa índole para subsanar omisiones o violaciones procesales fundadas, implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, pero no significa una violación al principio contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior, por el contenido que la informa, la jurisprudencia 2ª./J.23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170244, de contenido siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En consecuencia, es improcedente el juicio de amparo indirecto, respecto del acto reclamado, pues en modo alguno están de por medio violaciones inmediatas a derechos sustantivos del quejoso. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por -, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario. Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21 de la ley de la materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o, el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento a la tercero interesada y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Finalmente, téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su libelo constitucional, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a -, por tener registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho";. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en este Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, que contiene el proveído de doce de los actuales, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo directo número 306/2019 de su índice, promovido por -, contra actos de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que el acto reclamado no se trata de una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, 37, 45 y 170 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, al cual anexa toca de apelación I-41/2019 (un tomo) y juicio ordinario familiar 586/2018 (dos tomos), del que se ordena formar tres tomos de pruebas para mejor manejo del expediente. Acúsese recibo. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-428/2019-1. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: .IV. ACTO RECLAMADO: Se reclama de dicha autoridad la sentencia de fecha de emisión 12 de marzo del año en curso, dictado dentro del toca I-41/2019." Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, tomo III, febrero de 1996, página 403 de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Del escrito inicial de demanda se desprende que el quejoso reclama la resolución de doce de marzo pasado, emitida por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca de apelación I-41/2019, que dejó sin efectos la sentencia definitiva dictada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de esta ciudad, en el juicio ordinario familiar 586/2018 y ordenó reponer el procedimiento para recabar diversas pruebas a fin de establecer las condiciones, socioeconómicas de la partes y de la adolescente involucrada en el litigio, y definir la capacidad económica de los progenitores y las necesidades de los involucrados. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que se estima que el acto principal que reclama el quejoso (resolución doce de marzo pasado), dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, es un acto en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, pues no se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y el perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante. Los preceptos legales en los que se sustenta la improcedencia del juicio de amparo en este caso, son del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: . Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos reconocidos, así como de las garantías previstas para su protección, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente el desconocimiento del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y remediables si la afectada obtiene una sentencia favorable. Para una mejor comprensión de la improcedencia del presente juicio constitucional, es pertinente exponer los razonamientos siguientes: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, sostienen el criterio, que comparte quien aquí resuelve, de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de violaciones procesales que afecten derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien cuando esas violaciones causen a las partes en el juicio de que se trate perjuicios procesales exorbitantes. Esas consideraciones jurídicas están contenidas en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2161, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO SÓLO LOS CONSTITUYEN LOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO TAMBIÉN LAS VIOLACIONES PROCESALES EXORBITANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, no es dable considerar que esa regla es la única que debe prevalecer para determinar a qué actos se les debe considerar como de imposible reparación; esto, porque al hacer una interpretación tanto integradora de la norma, de acuerdo con su contexto, como lógica al ligarla al origen de las reformas que dieron inicio a su creación, se concluye que las violaciones procesales, como un caso de excepción, pueden tener esta característica; pues no debe pasar inadvertido, que el origen de las reformas derivó en pretender extender la esfera de protección del juicio de amparo, aunado a que en diversos dispositivos de la citada ley, como el 170, 61, fracción XVII, 79, y el invocado 107, fracción III, incisos a) y b), se pone de relieve la facultad de impugnar violaciones procesales en amparo indirecto. Análogos razonamientos se contienen en la tesis, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2162, de contenido: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, AQUÉLLOS ABARCAN A LOS ACTOS INTRAPROCESALES QUE AFECTAN DERECHOS ADJETIVOS EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Al interpretar esta norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los mencionados actos pueden dividirse en dos vertientes: a) Los que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y destinados a regir al exterior del juicio, como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, el patrimonio, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones particulares; y, b) Los que perturban derechos adjetivos en grado predominante o superior, por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable, ocasionar el retardo grave del fallo definitivo, provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación y agregó que se entiende por ellos 'los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte'. Ahora bien, este enunciado no debe leerse como una definición restrictiva, pues no emplea expresiones excluyentes como 'únicamente', 'solamente', 'sólo', 'exclusivamente' o 'excepcionalmente', para reputar como únicos actos de imposible reparación los que afecten derechos sustantivos y negar tal carácter a los que puedan generar violaciones procesales exorbitantes; por el contrario, el citado precepto debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la propia ley -a contrario sensu- que dispone: "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.'. Al interpretar este precepto a contrario sensu, se advierte que los actos de imposible reparación reconocidos en la ley son tanto los que afectan derechos sustantivos como los que pueden constituir violaciones procesales relevantes. Así pues, es claro que el legislador no pretendió abandonar, sino adoptar los criterios del Máximo Tribunal del País, respecto a la clasificación de los actos de imposible reparación impugnables mediante el amparo indirecto. Finalmente, cabe destacar que esta interpretación protege de un modo más amplio el derecho fundamental a la justicia pronta, al permitir que se examinen de manera expedita las posibles violaciones a derechos procesales cuya gravedad extrema exija un inmediato análisis constitucional. Lo anterior, de conformidad con el principio hermenéutico pro homine establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, en cuya virtud acudirse a la interpretación más extensiva cuando se trata de fijar los alcances de los derechos humanos y sus garantías. De ahí que conforme a la nueva ley los actos de imposible reparación para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto, abarquen a los actos intraprocesales que afectan derechos adjetivos en grado predominante o superior. En vista de esos criterios, que, pese a que no son obligatorios, son asumidos por este Juzgado Federal en virtud de su razonabilidad y sentido protector en beneficio de las personas, es necesario ahora determinar si el acto principal reclamado en este juicio satisface alguna de las condiciones referidas, para que sea procedente en contra de él el juicio de amparo indirecto, es decir, si la resolución de doce de marzo pasado, emitida por la autoridad responsable dentro del toca de apelación planteado por la actora, dentro del juicio ordinario familiar número 586/2018, en el que dejó sin efectos la sentencia definitiva dictada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de esta ciudad, y ordenó reponer el procedimiento para recabar diversas pruebas a fin de establecer las condiciones, socioeconómicas de la partes y de la adolescente involucrada en el litigio, y definir la capacidad económica de los progenitores y las necesidades de los involucrados, es lesiva de alguno de sus derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien, si esa resolución causa al quejoso un perjuicio procesal exorbitante. Para decidir lo anterior, es necesario precisar cuáles son los efectos del acto que se reclama en el presente juicio. Conforme los efectos de la reposición, se estima que el dictado de la resolución reclamada en modo alguno afecta derechos sustantivos del quejoso, como son la libertad, vida, propiedad, posesiones, papeles; por el contrario, la reposición se ordenó en aras de velar por el interés superior de los menores y atento a la obligación constitucional que toda autoridad tiene de velar porque ejerzan de manera plena sus derechos. Lo anterior, pues el efecto del fallo impugnado se limita a reponer el procedimiento para los efectos arriba indicados. Lo cual en modo alguno afecta derechos sustantivos del peticionario de amparo, más por ello de ninguna forma implica que el juzgador necesariamente pronuncie un fallo desfavorecedor a los intereses de la inconforme, pues ello dependerá del resultado de los medios de convicción ordenados. De ahí que la resolución de segunda instancia reclamada, en modo alguno priva a la inconforme de derechos sustantivos imposibles de restituir con la sentencia de fondo que, en su caso, nuevamente se pronuncie una vez desahogadas las pruebas recabadas. Es decir, de ningún modo se está frente a una violación a los derechos sustantivos del peticionario de garantías que amerite analizarse vía biinstancial, pues en el caso, de manera alguna se advierte que los alcances de la reposición generen una lesión a las potestades fundamentales aludidas; de ahí que sus consecuencias sean sólo intraprocesales. Pues, se insiste, de ninguna forma se afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, ni se impide el ejercicio de alguno, por lo que con la reposición del procedimiento para los efectos indicados, no se causa ninguna afectación personal al quejoso. Por tanto, el acto reclamado no es de imposible reparación, si se toma en cuenta la existencia de la posibilidad jurídica de dictarse sentencia contra la cual está en aptitud de promover el amparo directo. En ese sentido, se tiene que la resolución reclamada, en modo alguno produce vulneración de imposible reparación a la parte quejosa, pues para ello, como se expuso, se requiere la existencia de afectación directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, libertad, propiedad u otro análogo, lo cual como se refirió, no acontece en el caso. Así las cosas, con la reposición del procedimiento para allegarse de pruebas necesarias para resolver, en modo alguno afecta de forma irreparable, un derecho sustantivo del inconforme, pues ello no incide, de manera directa, en su vida, libertad, propiedad o posesiones, por el contrario, esa reposición se hizo atento a la facultad que el juzgador tiene para intervenir de oficio y ordenar la práctica de los medios de convicción necesarios para mejor proveer en asuntos de niños, niñas, adolescentes o incapaces. Además, el sólo retardo en la impartición de justicia que pudiera entrañar la reposición del procedimiento en modo alguno justifica la procedencia del amparo, pues toda decisión de esa índole para subsanar omisiones o violaciones procesales fundadas, implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, pero no significa una violación al principio contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior, por el contenido que la informa, la jurisprudencia 2ª./J.23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170244, de contenido siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En consecuencia, es improcedente el juicio de amparo indirecto, respecto del acto reclamado, pues en modo alguno están de por medio violaciones inmediatas a derechos sustantivos del quejoso. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por -, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario. Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21 de la ley de la materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o, el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento a la tercero interesada y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Finalmente, téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su libelo constitucional, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a -, por tener registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho

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