Humberto Montiel Alvarez
Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 27/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Humberto Montiel Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. . Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar el quejoso y agente del ministerio público de la adscripción formularon alegatos. El Juez acuerda: Ténganse por reproducidas sus manifestaciones y por perdido el derecho de las demás partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron los contenidos en los artículos 1, 4, 8, 18 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por auto de quince de junio de dos mil veintidós, se admitió la demanda a trámite, se registró con el número estadístico 927/2022-VI, se concedió la suspensión de plano, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente; y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido el trámite, se celebró la audiencia constitucional conforme el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa y de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Centro de Justicia Penal Federal. La omisión de dar trámite a la controversia ********************, con temática de atención médica. Del Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS Durango, con sede en Gómez Palacio, Durango y encargado del área médica. La negativa de proporcionarle atención médica. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión y negativa reclamadas pues al momento de la presentación de la demanda, existían las mismas. Lo cual se corrobora con el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad, en la controversia ********************, en la que ordenó al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS Durango, con sede en Gómez Palacio, Durango, proporcionara la atención médica al quejoso. Estas confesión, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias relativas con el acto reclamado, que fueron allegadas a este contradictorio federal por la propia autoridad responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" El precepto legal referido consigna la causa de improcedencia que establece que en caso de reclamar en juicio de amparo, un acto que pueda ser modificado, revocado o nulificado, en virtud de un recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso, el juicio de amparo resulta improcedente. Para actualizarse la hipótesis de la citada causal de improcedencia, se requieren los siguientes elementos: Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se haya dado trámite cuando se resuelva el juicio de amparo. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 144/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, Novena Época, con número de registro 190665, de rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama de la autoridad judicial la omisión de tramitar su controversia con relación a temáticas de salud en su vida penitenciaria y de las ejecutoras propiamente la negativa de otorgársela. Luego, el Centro de Justicia Penal Federal, informó la existencia de la controversia ********************, misma que se encuentra en trámite y señaladas las ******************** para que tenga verificativo la audiencia. Dicha controversia fue formulada por el quejoso con relación a la falta de atención médica con relación a su vida penitenciaria. Lo anterior, se observa del expediente electrónico relacionado al presente juicio de amparo, esto es, con la controversia ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal. De ello se concluye, que se colma la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, pues se cumple con el primer requisito de la causal de improcedencia de que se trata, ya que el ********************, se registró con el número ********************, el proceso de ejecución en modo de controversia que el quejoso presentó ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad. También se actualiza el segundo requisito, ya que la controversia aludida, se admitió y a la fecha se encuentra pendiente de resolución, toda vez que así se advierte de las constancias que obran en autos. De igual manera, se observa el cumplimiento del tercer requisito, porque el proceso de ejecución en modo de controversia se tramitó por el quejoso ante el Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con el 115 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. "Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. (.) Esto es, dichos numerales hacen referencia al derecho que tienen las personas privadas de la libertad, como el aquí quejoso, a formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y que en casos urgentes, éste podrá acudir ante el Juez de Ejecución, lo cual así realizó el quejoso, tal y como se advierte de las manifestaciones vertidas por el mismo. De lo que se obtiene que la citada controversia es procedente en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y tiene por objeto que atender las omisiones señaladas como actos reclamados en el juicio de amparo. Pues como se dijo, a la fecha se encuentra en trámite la controversia antes referida, en la que el quejoso solicitó se le proporcionara la atención médica necesaria para el tratamiento de sus padecimientos; respecto a lo cual el juez de ejecución dio el trámite correspondiente, y acordó de conformidad sus peticiones e incluso ordenó al centro penitenciario proporcionara la atención médica al quejoso. En relatadas condiciones, deviene inconcuso que en el caso concreto se surten las exigencias de la causa de improcedencia en estudio, pues según ha sido puesto de relieve en párrafos que anteceden, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en la que se señaló como acto reclamado la falta de atención médica, el aquí quejoso promovió el proceso de ejecución en modo de controversia, mismo que aún no ha sido resuelto, pero de declararse procedente la pretensión, traería consigo la modificación, revocación o confirmación de lo aquí reclamado. Así, es evidente que la controversia intentada por el quejoso se está tramitando simultáneamente al juicio de amparo en que se actúa, a pesar de ser aquél la vía idónea para lograr la insubsistencia del acto reclamado, ello en virtud, de que el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Por lo que se considera que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia que alude al medio de defensa pendiente, cuya finalidad es la de evitar que una situación jurídica sea examinada al mismo tiempo en dos instancias que podrían concluir en resoluciones contradictorias. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que le informan la Jurisprudencia 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, Décima Época, con número de registro 2018548, que a la letra dice lo siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX procede sobreseer en el juicio en términos del numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad, para que a la brevedad posible, remitiera copia certificada de las constancias que en su caso se le hayan enviado con motivo del requerimiento formulado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el proceso de ejecución 2598/2021, sin que a la fecha obre en autos dichas constancias. Se solicitan constancias. En consecuencia, solicítese nueva mente y de manera respetuosas, para que a la brevedad posible remita copia certificadas de las precitadas constancias; lo anterior, a fin de dictar una sentencia conforme a derecho. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se señalan las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, de ser necesario, podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de septiembre de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio rendido por las autoridades responsables, mediante el cual informa las gestiones a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano, con el cual se ordena dar vista a la parte quejosa para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
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