Humberto Mendoza Hernández

Expediente 90/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
90/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Humberto Mendoza Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo el quince de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano su demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso d), este expediente es destruible. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se destaca que en el presente juicio no se formó cuaderno de suspensión al no haberse admitido la demanda intentada por la parte quejosa. ARCHIVO DEFINITIVO Asimismo, del estado procesal de los autos, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, que no existen bienes o documentos pendientes de dar el destino legal correspondiente, por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido. LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del 1. Juez Cívico Municipal de Salina Cruz, Oaxaca y otra autoridad Fórmese expediente, anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 90/2023-IV-A. DESECHAMIENTO De la demanda de amparo y de su anexo se advierten los antecedentes siguientes: 1. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso Humberto Mendoza Hernández en representación de su hijo Seferino Mendoza González cedió los derechos de posesión de un lote de terreno a Roberto Luciano Molinar Rodríguez, ubicado en la Agencia Municipal Salinas del Márquez, perteneciente al Municipio de Salina Cruz, Oaxaca. 2. El ocho de febrero de dos mil veintitrés, el citado quejoso compareció ante el juez Cívico Municipal de Salina Cruz a la audiencia en la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, para tratar respecto de la venta de terreno que realizó a Roberto Luciano Molinar Rodríguez, debido que éste le exige el dinero que le dio por la cesión de derecho y como no llegaron a un arreglo lo citan a comparecer a una audiencia con la finalidad de dirimir un conflicto vecinal, apercibiéndolo que en caso de no comparecer, podrá ser acreedor a una amonestación, multa o arresto hasta por treinta y seis horas, si no justifica la causa que le impida presentarse. 4. Inconforme con lo anterior, Humberto Mendoza Hernández promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Una vez analizada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, debido a que el citatorio reclamado, por su naturaleza, no es susceptible de afectar el interés jurídico de la quejosa. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y sus anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, puesto que no sería posible arribar a una determinación diversa. En ese mismo sentido, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio, que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. A partir de las anteriores ideas y de una interpretación íntegra de la demanda de amparo en relación con sus anexos, esta juzgadora concluye que la quejosa reclama el acto siguiente: El citatorio de ocho de febrero de dos mil veintitrés dictado en el expediente JCM/MASC/023/2023. Al tenor de lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que en contra del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que por su naturaleza, no es susceptible de afectar el interés jurídico del quejoso. Lo anterior es así, ya que con el citatorio reclamado, la autoridad señalada como responsable no creó, modificó o extinguió una situación jurídica concreta sobre la esfera de derechos del quejoso, puesto que únicamente se le citó a una audiencia con motivo de la queja presentada en su contra para dirimir conflictos relacionados con la convivencia vecinal. Para demostrar esa conclusión, es necesario mencionar que en aquel precepto se prevé lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Es importante señalar que, en el caso concreto, el estándar de análisis es el de interés jurídico y no el de interés legítimo, debido a que la afectación que alega el promovente no la hace depender de su especial situación frente al ordenamiento jurídico, sino de la cita que se le formuló para comparecer dentro de un expediente. En efecto, al promoverse el juicio de amparo, el quejoso debe situarse en alguna de las referidas hipótesis; esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado -interés jurídico-, o bien, aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no en ambos. Precisado lo anterior, a continuación se demostrará por qué el citatorio reclamado no afecta el interés jurídico del impetrante. Uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Dicho principio es recogido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: "5. Son partes en el juicio de amparo: I. La quejosa, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". A partir de las anteriores normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. En ese sentido, esta juzgadora concluye que, en el caso que nos ocupa, el citatorio reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, ya que no transgrede de manera directa, real y actual su esfera jurídica. Lo anterior es así, ya que el hecho de que se haya requerido al quejoso para que comparezca ante la autoridad señalada como responsable, de ningún modo implica que se hubiera creado, modificado o extinguido una situación jurídica concreta sobre su esfera de derechos. Ello resulta relevante en la medida en que, para esta juzgadora, un acto a través del cual se requiere a un particular para que lleve a cabo determinada conducta no genera una afectación real, actual y directa sobre su esfera jurídica, en razón que el solo requerimiento no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta en sus derechos. Resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 36/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". De ahí que se afirme que el citatorio por sí mismo no causa perjuicio ni afecta los intereses jurídicos del promovente del amparo, ya que se trata del medio a través del cual se le otorga derecho de audiencia, en términos del artículo 14 constitucional [justamente como lo aduce en la foja 14 de su demanda]. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. NO LO OTORGA UN SIMPLE CITATORIO PARA EFECTUAR ACLARACIONES. Debe sobreseerse el juicio de garantías cuando el acto reclamado se hace consistir en un citatorio administrativo para hacer saber al quejoso simples anomalías en relación con una licencia administrativa, sin que del citatorio se desprenda imposición de sanción alguna, pues tal llamado no le causa perjuicio ni afecta sus intereses jurídicos; antes bien, por medio del mismo, se da al quejoso la oportunidad de ser oído. Asimismo, sirve de apoyo la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "CITATORIO DE AUTORIDAD JUDICIAL AL DENUNCIANTE, NO CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA EL. El citatorio dirigido al quejoso, por el cual únicamente se le requiere para que comparezca a la práctica de una diligencia de carácter judicial, no afecta sus intereses, por el contrario, por dicho medio se le da al quejoso ofendido la oportunidad de conocer el avance del proceso que se sigue a instancia suya y se logra la finalidad del derecho penal, esto es, castigar al infractor de una ley penal." Así también, del citatorio reclamado se advierte que el apercibimiento decretado -amonestación, multa o arresto hasta por treinta y seis horas-, se efectuará únicamente para el caso de que no se presente a la audiencia de conciliación. En ese sentido, la posibilidad de que se haga efectivo el apercibimiento no le depara perjuicio real y directo, en razón que la aplicación de esa medida depende de la conducta que el propio quejoso asuma y despliegue. Por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la falta de afectación a la esfera jurídica es una cuestión jurídica insuperable, por lo que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen, esa situación no variará, razón por la cual, lo procedente es desechar de plano la demanda. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque puede advertirse de la demanda y de su anexo, ya que: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda son claros; y, (ii) porque hay elementos de prueba que demuestran la situación del quejoso frente al acto de autoridad. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque deriva de la naturaleza del acto reclamado, es decir, no se tiene duda sobre dicha naturaleza e, incluso, ésta no variará a pesar de tramitarse el juicio. Así, la ausencia de interés jurídico [falta de afectación] es una cuestión jurídica que deriva de la naturaleza del acto reclamado, razón por la cual no es susceptible de prueba y, por ello, constituye una causa notoria y manifiesta de improcedencia. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Incluso debe tenerse presente que la causa de improcedencia se vincula con la ausencia [falta] de interés jurídico y no con su falta de acreditamiento, es decir, solo tiene sentido admitir a trámite una demanda de amparo y otorgar la oportunidad de acreditar el interés jurídico cuando la relación entre el acto reclamado y la situación particular de la parte quejosa genera una posibilidad de afectación. Dicho de otra manera, en este caso, el desechamiento de la demanda de amparo no obedece a que el quejoso no haya acreditado el interés jurídico, sino a que el acto reclamado, por su naturaleza, no puede afectar dicho interés, por lo que resulta inviable admitir la demanda para darle oportunidad de probar algo que, de antemano, se sabe que sería imposible que probara. De igual manera, esta Juzgadora estima relevante destacar que el hecho de que el acto reclamado se ubique en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, no implica aceptar de manera automática la procedencia del juicio de amparo, pues ese aspecto se debe discernir a partir del análisis de otros principios del juicio de amparo, precisamente como el de "agravio personal y directo". DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***, y únicamente para los mismos efectos a ****, por no demostrada su personalidad en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, debido que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 263 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta (invita) a las partes continúen dicha tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En razón que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la secretaria del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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