Humberto Melesio Ortiz

Expediente 400/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
400/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • Humberto Melesio Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato capital, por medio del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que se admitió la demanda de amparo Promovida por ***. Consecuentemente, se ordena ARCHIVAR el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. Por otro lado en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL; en tal razón, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente deberá ser destruido, en el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, la cual es signada por ***, contra actos del Juez de Partido Cuarto Civil, residente en esta ciudad, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 400/2019-VII.2, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que el Sistema Electrónico y la utilización de firma electrónica para consulta y uso para las partes, se implementará una vez que la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, por conducto de su Sala Superior o de su Comisión de Administración, según corresponda, y el Consejo expidan la normativa aplicable, en el ámbito de su competencia, relacionada con los certificados digitales que emitirán, así como con los expedientes electrónicos que integrarán, a partir de las bases establecidas en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de garantías que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado, se hace consistir en: ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable reclamo la sentencia de fondo, dictada con fecha 9 de abril de 2019, notificada el pasado 11 de abril del mismo año, dentro del juicio ejecutivo mercantil M 46/2017. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado se desprende en lo que aquí interesa, que la autoridad responsable Juez de Partido Cuarto Civil, residente en esta ciudad, en fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, dictó sentencia en donde, en el punto resolutivo segundo, declaró que la parte actora en el juicio natural carece de legitimación activa para demandar el pago de pesos y en consecuencia, la acción ejercida deviene improsperante. Bajo este escenario, se arriba a la conclusión de que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por el solicitante de mérito. De lo anterior, así como del contenido de la demanda de amparo, se desprende que la resolución de que se habla es reclamable en amparo directo, atento al contenido del artículo 170, de la Ley de Amparo, cuyo contenido respectivamente reza: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Así pues, del dispositivo legal en cita, se advierte que en contra de las sentencias definitivas, debe conocer un Tribunal Colegiado de Circuito, en amparo directo; hipótesis que se actualiza en el presente juicio de amparo, toda vez que conforme a lo dispuesto en el transcrito numeral 170, de la Ley de Amparo, la resolución que se combate reúne los requisitos para ser considerada como una sentencia definitiva. De lo que se colige, que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya, ES LEGALMENTE INCOMPETENTE, para conocer la presente demanda de amparo, salvo la mejor determinación del Tribunal Colegiado, pues el acto reclamado consiste en una sentencia definitiva; por consiguiente, su conocimiento y substanciación compete al Tribunal Colegiado en Materia Civil en Turno del Decimosexto Circuito, de acuerdo a lo previsto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, razón por la cual, se ordena remitir la demanda de amparo al Tribunal antes referido, junto con sus copias, para el efecto de que se encuentre en posibilidad de resolver si acepta la competencia planteada, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Para robustecer lo anterior, es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 6/2015, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, del Tomo I, Abril de 2015, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se tiene al promovente nombrando como autorizado de su parte al licenciado *** en TÉRMINOS AMPLIOS del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, dado que el solicitante de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, no cumplió con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria, pues su obligación es designar casa ubicada en la población que tenga su sede el tribunal; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, ésta y las subsecuentes notificaciones háganse por lista de acuerdos en tanto subsane dicha omisión.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano