Humberto Mejía Hernández

Expediente 368/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
368/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2016

Partes del expediente

  • Humberto Mejía Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 3285, que suscribe la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de la resolución dictada el veintiséis de agosto del presente año, en el recurso de 126/2016, relativo al juicio de amparo 368/2016, promovido por HUMBERTO MEJÍA HERNÁNDEZ; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; glósese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo de estilo. De la citada resolución se desprende: "UNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por HUMBERTO MEJÍA HERNÁNDEZ, en contra del auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en el juicio de amparo indirecto 368/2016." Lo anterior, comuníquese a la parte quejosa para los efectos legales correspondientes; se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinte de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 46/2016, firmado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que inserta el auto dictado el quince de junio del presente año, mediante el cual comunica que ese Tribunal Colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintisiete de mayo del presente año. En atención a lo anterior, agréguese a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito firmado por el licenciado Manuel Cristerna Peraza, en su carácter de autorizado legal del quejoso HUMBERTO MEJÍA HERNÁNDEZ, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda que refiere al juicio de amparo 368/2016. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 100 de la Ley de Amparo, como lo solicita el ocursante, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 368/2016; así como el original y copia del escrito de queja, para la substanciación del recurso hecho valer; de igual manera, ríndase el informe justificado. Notifíquese.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Humberto Mejía Hernández. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 368/2016 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el suscrito la examinará y si encontrara motivo de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado numeral 113 de la ley de la materia, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juez se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable, se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como acto reclamado la sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictada en el juicio sumario civil de pago de pensión alimenticia 2018/2014, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, de esta ciudad. Del análisis practicado a la demanda de amparo, se desprende que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el precepto legal citado es del tenor literal siguiente: Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente "(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas (.)" Asimismo, resulta importante preponderar que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, es el de "definitividad", que se traduce en que antes de acudir a la vía constitucional, es necesario que contra el acto reclamado se haga valer el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo regula, a fin de obtener la modificación o revocación del mismo. Hechos los acotamientos anteriores, se estima que en la especie se configura la hipótesis de improcedencia a que se hizo alusión, en virtud de que el acto reclamado por la aquí solicitante de la protección constitucional, se trata de aquéllos que pueden combatirse mediante la interposición de los recursos ordinarios o medios de defensa legal, según se explicará en párrafos subsecuentes. Se sostiene lo anterior, en virtud de que, de la lectura integral que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se aprecia que el amparista combate la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, de esta ciudad, en el Juicio Sumario Civil Pago de Pensión Alimenticia 2018/2104, que condena al promovente Humberto Mejía Hernández al pago del 15% de su sueldo y demás prestaciones que obtiene por concepto de pensión alimenticia, a favor de su descendiente Zyanya Sarahí Mejía Bueso. Sobre ese tópico, los artículos 210, fracciones V y IX, y 214 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, disponen: "Artículo 210. Se ventilarán sumariamente: (.) V. Las diferencias que surjan entre el marido y la mujer sobre la administración de los bienes comunes, la educación de las hijas y los hijos, oposiciones de maridos, padres y tutores y en general, todas las cuestiones familiares de igual importancia, que reclamen la intervención judicial; (.) IX. Cuestiones de guarda y custodia compartida; (.) Artículo 214. Las reglas del juicio ordinario, se aplicarán al sumario en lo que no se opongan a lo dispuesto en el presente Título. En los sumarios no son admisibles la reconvención o la compensación, sino cuando las acciones en que se funden estén también sujetas a juicio sumario. Lo resuelto sobre alimentos que sea apelado se ejecutará sin fianza, y las resoluciones que recaigan en los casos de las fracciones V y IX del artículo 210 de este Código, son inapelables. Por tanto, de la interpretación gramatical del artículo 214 transcrito, se advierte que lo resuelto sobre alimentos que sea apelado se ejecutará sin fianza, y que solo las resoluciones que recaigan en los casos de las fracciones V y IX del artículo 210 del código procesal en cita, son inapelables, esto es las referentes a las diferencias que surjan entre el marido y la mujer sobre la administración de los bienes comunes, la educación de las hijas y los hijos, oposiciones de maridos, padres y tutores y en general, todas las cuestiones familiares de igual importancia, que reclamen la intervención judicial, así como las cuestiones de guarda y custodia compartida; por tanto, en contra de la sentencia que por esta vía reclama, procede el recurso de apelación. Así, se estima que en su contra procede el recurso de apelación a que se refiere el artículo 214, en relación con el 210, fracciones V y IX, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa; mismo que el quejoso debe agotar previamente a promover el presente juicio de amparo, pues de los numerales previamente transcritos se desprende que las resoluciones que no se refieran a las diferencias que surjan entre el marido y la mujer sobre la administración de los bienes comunes, la educación de las hijas y los hijos, oposiciones de maridos, padres y tutores y en general, todas las cuestiones familiares de igual importancia, que reclamen la intervención judicial, así como las cuestiones de guarda y custodia compartida, son apelables, con lo cual, se satisface plenamente el derecho de acción y defensa tutelado por el citado artículo 17 Constitucional. Por consiguiente, es innegable que el peticionario de amparo, previamente a instar la acción constitucional, debió agotar el citado medio ordinario de defensa -recurso de apelación-, ya que mediante la promoción del mismo, es posible obtener que se modifique, revoque o nulifique la medida cautelar de cinco de abril de dos mil dieciséis. De tal suerte, que se estima que al no haberse agotado el supracitado medio ordinario de defensa, el peticionario de amparo no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En consecuencia, resulta incuestionable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, y por ende, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, Materia Común, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página 1665, del texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la tesis número XVII.2º.J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página seiscientos cuarenta y cuatro, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Manuel Cristerna Peraza; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Oscar Javier Cristerna Páez y José Roberto Ramírez Zamora, en términos del segundo párrafo del citado precepto legal, en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Los criterios en que se apoyó la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expidió la misma. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, dígasele al promovente, que el presente auto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que éste cause estado, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que se publique sin supresión de datos. NOTIFÍQUESE; personalmente al promovente.

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