Humberto López Pérez y Otros.
Expediente 1005/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2023
Partes del expediente
- Humberto López Pérez y Otros.
- Ayuntamiento Municipal de El Bosque, Chiapas, a través de Humberto López Pérez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintiséis de junio de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por el ********************, a través de ********************y ********************, el primero en calidad de ********************y la segunda como ********************. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio quien suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, fracción IV, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Devuélvase a la parte quejosa, los documentos que acompañó a su demanda de amparo, consistentes en: copia certificada del instrumento número ********************, pasado ante la fe del licenciado ********************, Notario Público número ********************del Estado de Chiapas; acuse de recibo del oficio de diez de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por el comisariado ejidal de la comunidad San Pedro Nishtal-Ucum del Municipio del Bosque, Chiapas; y, el acuerdo suscrito por los integrantes del comisariado ejidal y el consejo de vigilancia de la comunidad en cita, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Así, queda a disposición de la parte quejosa para que, a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, los mismos podrán ser destruidos conjuntamente con el presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintiséis de junio de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por el ********************, a través de ********************y ********************, el primero en calidad de ********************y la segunda como ********************. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio quien suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, fracción IV, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Devuélvase a la parte quejosa, los documentos que acompañó a su demanda de amparo, consistentes en: copia certificada del instrumento número ********************, pasado ante la fe del licenciado ********************, Notario Público número ********************del Estado de Chiapas; acuse de recibo del oficio de diez de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por el comisariado ejidal de la comunidad San Pedro Nishtal-Ucum del Municipio del Bosque, Chiapas; y, el acuerdo suscrito por los integrantes del comisariado ejidal y el consejo de vigilancia de la comunidad en cita, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Así, queda a disposición de la parte quejosa para que, a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, los mismos podrán ser destruidos conjuntamente con el presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, ********************, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por el ********************, ********************, a través de Humberto López Pérez y Nerli Liliana González Pérez, el primero en calidad de Presidente Municipal y la segunda como Sindica Propietaria, personalidad que acreditan con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal, expedida a su favor por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de ********************, la cual se le tiene por reconocida en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo; contra de actos del 1. Juzgado Primero Especializado en Juicio Oral Mercantil, residente en esta ciudad, y otras autoridades. I.-Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1005/2023-IV. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN A LA SECRETARÍA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE Y AL OFICIAL JUDICIAL "A". Se instruye a la Secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III.- Causa de improcedencia. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridades responsables: "1.- "La omisión de vigilar el debido proceso respecto de la orden de requerimiento de pago en contra de mi representada mediante exhorto dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Simojovel, ********************, dentro del juicio mercantil número ******************** del índice de la responsable, en virtud a que no se efectúo debidamente, ni con las formalidades esenciales del procedimiento." Del Juez y Actuario adscritos al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Simojovel, ********************: "1.- "La ilegal notificación de fecha 23 de mayo de 2023, practicado por el actuario judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Simojovel, ******************** y supuestamente efectuada a mi representada por conducto de la hoy suscrita Síndico Municipal Nerli Liliana Gonazález Pérez, toda vez que el día que refiere el actuario haberse constituido en el domicilio de mi representada, esto es en el palacio municipal sito en calle principal sin número de El Bosque, ********************, yo me encontraba en un lugar diverso y distinto por lo que no pudo haber entendido la diligencia con la hoy suscrita, tal y como se acreditará más adelante, de ahí que revista de ilegal la notificación de mérito aunado a que no obra la firma de la suscrita síndico en la supuesta diligencia de requerimiento de pago de fecha 23 de mayo de 2023." De lo anterior, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir, en: la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintitrés de mayo del año en curso a la parte demandada del juicio de origen, que derivó de lo ordenado en auto de diecisiete del citado mes y año, dictado en cumplimiento de la sentencia definitiva pronunciada en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Especializado en Juicio Oral Mercantil con sede en esta ciudad, en donde se condenó al Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Bosque, ******************** (hoy parte quejosa), al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora y su ejecución. Actos respecto de los cuales, se estime que el juicio constitucional sea improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Los anteriores preceptos legales, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, solo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; es decir, contra la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, la cual determine como cumplida o no la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen del procedimiento citado. Asimismo, la parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, los hechos siguientes: 1. Que es parte demandada en el juicio mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero Especializado en Juicio Oral Mercantil, residente en esta ciudad, en el cual fue condenado el ayuntamiento quejoso. 2. El once de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó auto en el que inserta un requerimiento de pago con efectos de mandamiento en forma y para que el que caso de que no se realice el pago de la condena, se proceda al embargo de bienes de la propiedad de dicho Ayuntamiento. 3. El diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dicha autoridad giró despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Simojovel, ********************, a efectos de proceder al requerimiento de pago y embargo. Con base en lo anterior y como quedó expuesto, el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que se reclama la diligencia de requerimiento de pago y embargo derivada de lo ordenado en acuerdo emitido en la etapa de ejecución y cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil ********************; la cual se encuentra encaminada a materializar y garantizar la condena contenida en el la sentencia definitiva que concluyó el citado juicio mercantil; lo que no constituye una resolución definitiva en dicha etapa, que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplir; sino como quedó expuesto es acto en cumplimiento a la sentencia definitiva pronunciada en el juicio mercantil indicado. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada -de contenido similar a la fracción IV, del artículo 107 transcrito-, determinó que la ley establece una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual solo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En tanto que la fracción V del actual artículo 107, de la Ley de Amparo, prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo que se sigue que, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Las anteriores premisas derivan de la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, cuyo texto y rubro es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Asimismo, el Alto Tribunal ha establecido, de manera general que, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, solo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que declara cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, registro digital 190035, que versa: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Además, ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada o norma general, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en donde se podrán hacer valer las violaciones a la Constitución que se estimen conducentes. Es aplicable la tesis 2a./J. 17/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, página 187, tomo VII, abril de 1998, que indica: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie". En este contexto, el juicio amparo deviene improcedente, ya que la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, no constituye una resolución última emitida en el procedimiento de ejecución, puesto que se trata de un acto que deriva de lo ordenado en acuerdo dictado en la etapa de ejecución y cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio ordinario mercantil ********************; el cual se encuentra encaminado a materializar y garantizar la condena contenida en el la citada resolución que concluyó el juicio de origen; por ende, no es ajeno a la cosa juzgada que en el caso impera en la precitada sentencia definitiva que se pretende cumplimentar. En ese contexto, se insiste, el acto combatido está encaminado a materializar la condena contenida en la sentencia definitiva que concluyó el juicio primigenio; por tanto, no es ajeno a la cosa juzgada, sino por el contrario, se trata de un acto en el que se pretender cumplimentar la condena impuesta al ayuntamiento demandado. Por ello, se obtiene que el procedimiento para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva no está concluido, dado que el acto reclamado a la referida autoridad responsable, es uno de los actos tendientes para lograr ejecutarlo; y para estimar que se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución, el acto que se reclame se debe situar en alguno de los supuestos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que en la especie no acontece. Así, tal y como quedó precisado, en el caso, no se actualiza la excepción relativa a que se trate de un acto que goce de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia o sea de imposible reparación, ajeno a la cosa juzgada que haga procedente el juicio de amparo. IV. Desechamiento de la demanda. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del diverso 107, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el ********************, ********************, por resultar notoriamente improcedente. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el inciso a) del proemio de su escrito de demanda. Asimismo, se tienen como autorizados, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ********************, ********************, ******************** y ********************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. En términos restringidos del citado numeral, párrafo segundo, parte final, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, se tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, a ********************, por así haberlo solicitado. En cuanto al correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, únicamente tómese nota de dicho datos, al tratarse de medios para entablar comunicaciones no procesales con las partes. VII. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de las autoridades que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. VIII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA...Tuxtla Gutiérrez, ********************, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por el ********************, ********************, a través de Humberto López Pérez y Nerli Liliana González Pérez, el primero en calidad de Presidente Municipal y la segunda como Sindica Propietaria, personalidad que acreditan con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal, expedida a su favor por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de ********************, la cual se le tiene por reconocida en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo; contra de actos del 1. Juzgado Primero Especializado en Juicio Oral Mercantil, residente en esta ciudad, y otras autoridades. I.-Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1005/2023-IV. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN A LA SECRETARÍA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE Y AL OFICIAL JUDICIAL "A". Se instruye a la Secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III.- Causa de improcedencia. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridades responsables: "1.- "La omisión de vigilar el debido proceso respecto de la orden de requerimiento de pago en contra de mi representada mediante exhorto dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Simojovel, ********************, dentro del juicio mercantil número ******************** del índice de la responsable, en virtud a que no se efectúo debidamente, ni con las formalidades esenciales del procedimiento." Del Juez y Actuario adscritos al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Simojovel, ********************: "1.- "La ilegal notificación de fecha 23 de mayo de 2023, practicado por el actuario judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Simojovel, ******************** y supuestamente efectuada a mi representada por conducto de la hoy suscrita Síndico Municipal Nerli Liliana Gonazález Pérez, toda vez que el día que refiere el actuario haberse constituido en el domicilio de mi representada, esto es en el palacio municipal sito en calle principal sin número de El Bosque, ********************, yo me encontraba en un lugar diverso y distinto por lo que no pudo haber entendido la diligencia con la hoy suscrita, tal y como se acreditará más adelante, de ahí que revista de ilegal la notificación de mérito aunado a que no obra la firma de la suscrita síndico en la supuesta diligencia de requerimiento de pago de fecha 23 de mayo de 2023." De lo anterior, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir, en: la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintitrés de mayo del año en curso a la parte demandada del juicio de origen, que derivó de lo ordenado en auto de diecisiete del citado mes y año, dictado en cumplimiento de la sentencia definitiva pronunciada en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Especializado en Juicio Oral Mercantil con sede en esta ciudad, en donde se condenó al Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Bosque, ******************** (hoy parte quejosa), al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora y su ejecución. Actos respecto de los cuales, se estime que el juicio constitucional sea improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Los anteriores preceptos legales, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, solo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; es decir, contra la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, la cual determine como cumplida o no la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen del procedimiento citado. Asimismo, la parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, los hechos siguientes: 1. Que es parte demandada en el juicio mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero Especializado en Juicio Oral Mercantil, residente en esta ciudad, en el cual fue condenado el ayuntamiento quejoso. 2. El once de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó auto en el que inserta un requerimiento de pago con efectos de mandamiento en forma y para que el que caso de que no se realice el pago de la condena, se proceda al embargo de bienes de la propiedad de dicho Ayuntamiento. 3. El diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dicha autoridad giró despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Simojovel, ********************, a efectos de proceder al requerimiento de pago y embargo. Con base en lo anterior y como quedó expuesto, el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que se reclama la diligencia de requerimiento de pago y embargo derivada de lo ordenado en acuerdo emitido en la etapa de ejecución y cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil ********************; la cual se encuentra encaminada a materializar y garantizar la condena contenida en el la sentencia definitiva que concluyó el citado juicio mercantil; lo que no constituye una resolución definitiva en dicha etapa, que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplir; sino como quedó expuesto es acto en cumplimiento a la sentencia definitiva pronunciada en el juicio mercantil indicado. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada -de contenido similar a la fracción IV, del artículo 107 transcrito-, determinó que la ley establece una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual solo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En tanto que la fracción V del actual artículo 107, de la Ley de Amparo, prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo que se sigue que, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Las anteriores premisas derivan de la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, cuyo texto y rubro es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Asimismo, el Alto Tribunal ha establecido, de manera general que, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, solo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que declara cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, registro digital 190035, que versa: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Además, ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada o norma general, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en donde se podrán hacer valer las violaciones a la Constitución que se estimen conducentes. Es aplicable la tesis 2a./J. 17/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, página 187, tomo VII, abril de 1998, que indica: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie". En este contexto, el juicio amparo deviene improcedente, ya que la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, no constituye una resolución última emitida en el procedimiento de ejecución, puesto que se trata de un acto que deriva de lo ordenado en acuerdo dictado en la etapa de ejecución y cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio ordinario mercantil ********************; el cual se encuentra encaminado a materializar y garantizar la condena contenida en el la citada resolución que concluyó el juicio de origen; por ende, no es ajeno a la cosa juzgada que en el caso impera en la precitada sentencia definitiva que se pretende cumplimentar. En ese contexto, se insiste, el acto combatido está encaminado a materializar la condena contenida en la sentencia definitiva que concluyó el juicio primigenio; por tanto, no es ajeno a la cosa juzgada, sino por el contrario, se trata de un acto en el que se pretender cumplimentar la condena impuesta al ayuntamiento demandado. Por ello, se obtiene que el procedimiento para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva no está concluido, dado que el acto reclamado a la referida autoridad responsable, es uno de los actos tendientes para lograr ejecutarlo; y para estimar que se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución, el acto que se reclame se debe situar en alguno de los supuestos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que en la especie no acontece. Así, tal y como quedó precisado, en el caso, no se actualiza la excepción relativa a que se trate de un acto que goce de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia o sea de imposible reparación, ajeno a la cosa juzgada que haga procedente el juicio de amparo. IV. Desechamiento de la demanda. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del diverso 107, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el ********************, ********************, por resultar notoriamente improcedente. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el inciso a) del proemio de su escrito de demanda. Asimismo, se tienen como autorizados, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ********************, ********************, ******************** y ********************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. En términos restringidos del citado numeral, párrafo segundo, parte final, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, se tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, a ********************, por así haberlo solicitado. En cuanto al correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, únicamente tómese nota de dicho datos, al tratarse de medios para entablar comunicaciones no procesales con las partes. VII. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de las autoridades que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. VIII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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