Humberto LòPez Lena Cruz
Expediente 461/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Humberto LòPez Lena Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. En atención al oficio de la secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, téngase por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada el ocho de junio de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 290/2022 y del original del expediente de amparo 461/2022 del índice propio y cuatro cuadernos de prueba, sin que se ordene el acuse de recibo de estilo, en virtud de que así lo solicito el oficiante. Glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del medio de impugnación correspondiente, agregando únicamente las constancias originales a fin de evitar su engrosamiento innecesario. Ahora bien, del contenido de la ejecutoria de amparo se advierte que el referido Tribunal de Alzada al resolver el amparo en revisión 290/2022, de su índice, revocó la sentencia recurrida que negó el amparo en este asunto, y en su lugar sobreseyó en el juicio. De ahí que, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se negó la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), de la fracción III, del numeral 17 del referido Acuerdo General. Por tanto, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 17 del citado acuerdo, se considera que este expediente es conservable hasta por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Por carecer de objeto su permanencia en este juzgado, devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el toca familiar ********************, copia certificada del expediente ******************** y copia certificada del cuaderno incidental derivado del expediente ********************. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta población, informando que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en este asunto. Se ordena la vinculación de este asunto al expediente formado con motivo del recurso de revisión; por lo que hágase lo anterior del conocimiento de la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguense los escritos de cuenta suscritos por el quejoso ***, por los cuales interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado; en consecuencia, se provee: Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase la impresión de los escritos de agravios, así como el expediente principal al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias más relevantes del trámite de este asunto, sin que sea necesario deducir más, puesto que este juicio se encuentra integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3º de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada y al agente del ministerio público de la federación adscrito.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 461/2022, promovido por Humberto López Lena Cruz, como albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de Humberto López Lena Robles, en contra del acto y autoridad que más adelante se precisarán. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si la resolución dictada en el toca familiar 379/2021 que confirmó el auto que desechó el incidente de oposición al proyecto de inventario y evalúo, deviene violatoria de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, ante la sala responsable Humberto López Lena Cruz, como albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de Humberto López Lena Robles, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en la vía directa, contra la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 379/2021. El peticionario de la tutela federal, señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados, designó a la tercera interesada y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda fue remitida por el citado órgano, el diecinueve de abril de dos mil veintidós, a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, correspondiéndole por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en dichas materias, que por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia legal por razón de la vía y la remitió a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, para que la turnara al juzgado correspondiente. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, fue turnada a este juzgado la citada demanda, donde quedó registrada con el número 461/2022 que le correspondió y previo cumplimiento a la prevención contenida en auto de veintiséis de abril siguiente, fue admitida el nueve de mayo de dos mil veintidós; al estar integrado el asunto, en ese propio auto, se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que reclama, lo siguiente: AUTORIDAD ACTO Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada, en el toca 379/2021, en el que confirmó el desechamiento del incidente de oposición al proyecto de inventario y avalúo interpuesto por el quejoso. Sobre ese tópico, es aplicable la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado, pues así lo sostuvo la autoridad responsable al rendir su informe justificado y se corrobora con las documentales que anexó al mismo, deducidas del toca 379/2021 y expediente civil 215/2006, donde consta la citada resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós reclamada, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Quinta Época, cuyo rubro es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Las partes procesales no hicieron valer alguna causa de improcedencia del juicio, ni este juzgado advierte de oficio la actualización de alguna; por ende, procede abordar el estudio de fondo del asunto, para lo cual, se tiene por transcritos los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO.- ESTUDIO.- Son infundados los conceptos de violación propuestos por el quejoso. Para mejor comprensión del asunto, se destacan las constancias que revelan la historia procesal del juicio sucesorio intestamentario 215/2006, a bienes del extinto Humberto López Lena Robles, denunciado por Roque López Lena Cruz, entre las que destacan las siguientes: Mediante escrito fechado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, Roque López Lena Cruz, compareció a denunciar la sucesión intestamentaria de su progenitor Humberto López Lena Robles; juicio que por razón de turno correspondió conocer a la Juez Primero Familiar del distrito judicial del centro, quien lo radicó con el progresivo 215/2006. En dicha instancia, el dieciséis de febrero de dos mil nueve, se dictó la resolución en la que se reconoció el derecho hereditario de Bertha Cruz Toledo, Alejandro, Roque, Jesús, Arturo y Juan de Dios López Lena Cruz y se designó como albacea provisional a Bertha Cruz Toledo. El veintitrés de octubre de dos mil diez, se designó como albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a Humberto López Lena Cruz y el catorce de diciembre de dos mil diez, se designó como interventor a Juan de Dios López Lena Cruz. En auto de dieciséis de febrero de dos mil once, se ordenó formar la segunda sección anexa al expediente 215/2016, relativa al inventario y avalúo de los bienes del extinto Humberto López Lena Robles; en el que se nombró como perito valuador a Frey Díaz Gustavo Eduardo y el cinco de mayo de dos mil veintiuno, se le tuvo exhibiendo el proyecto de inventario y avalúo. Al no estar de acuerdo con dicho proyecto, el ahora quejoso promovió incidente de oposición en su contra, mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mismo que se desechó en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, sustancialmente porque el juez de origen precisó que el incidentista quejoso, no acreditó los extremos exigidos por el artículo 808 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Oaxaca, por no expresar las pruebas para fundar su oposición al inventario y el valor que se atribuye a cada uno de los bienes y las pruebas que se invocan como base de la objeción del avalúo. Al estar inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación, que por razón de turno correspondió conocer a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 379/2021, resuelto el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, donde se confirmó el auto recurrido. Refiere el quejoso que esa determinación trasgrede los derechos tutelados por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para fundar su oposición señaló dos bienes que se describen en el inventario presentado por el perito designado por las herederas que no pertenecen al de cujus, es decir, fueron relacionados de manera indebida y que como pruebas para acreditar ese extremo, ofreció la de informes, permitida por el sistema procesal probatorio por no ser contraria a moral o al derecho y porque produce convicción en el juzgador. Aunado a que el juzgador tiene la obligación de allegarse de todos los elementos de prueba para conocer la verdad de los puntos controvertidos, conforme a lo establecido en el artículo 275 del citado código adjetivo. Son infundadas tales aseveraciones. En principio es importante destacar que el juicio sucesorio sustanciado conforme al Código Procesal Civil para el Estado de Oaxaca, consta de cuatro secciones, a saber: a) Sección primera relativa a la sucesión; b) Sección segunda de inventarios; c) Sección tercera de administración y, d) Sección cuarta de partición. La determinación reclamada se emitió en la segunda sección y su fundamento legal se encuentra establecido en el artículo 808 del código adjetivo civil, que establece: "Artículo 808.- Si transcurriere ese plazo sin haber hecho oposición, el Juez los aprobará sin más trámites. Si se dedujese oposición contra el inventario, deberá expresarse cuál o cuáles sean los bienes omitidos o cuál o cuáles los listados indebidamente, y las pruebas que para fundar su oposición se aduzcan; si la oposición fuere contra el avalúo será indispensable expresar concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes y cuáles las pruebas que se invocan como base de la objeción. En uno y otro caso se citará para una audiencia a todos los herederos, al albacea y a los peritos en su caso, y si en ésta se pusieren de acuerdo, el inventario quedará conforme al acuerdo tomado que aprobará el Juez; si no hubiere ese acuerdo, la oposición se substanciará entre el albacea y los opositores en forma incidental". La lectura del precepto legal transcrito permite establecer dos supuestos de oposición, a saber: Contra el inventario, en que deberá expresarse cuál o cuáles sean los bienes omitidos o cuál o cuáles los listados indebidamente, y las pruebas que para fundar su oposición se aduzcan. Contra el avalúo, en que será indispensable expresar concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes y cuáles las pruebas que se invocan como base de la objeción. Así, se advierte que en dicho incidente, la litis se circunscribe a precisar los bienes pertenecientes del autor de la herencia que por alguna razón no se hubieran incluido en el inventario y avalúo presentado y la legalidad del avalúo presentado. De acuerdo con lo anterior, el presupuesto básico para que sea procedente un incidente de oposición al inventario es que se demuestre que existen bienes que no fueron incluidos y además que correspondan al autor de la herencia, o los que indebidamente se listaron, ambos supuestos deberán sustentarse en prueba fehaciente que deberá exhibir el incidentista. En relación al avalúo será indispensable expresar concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes objeto de éste y cuáles las pruebas que se invocan como base de la objeción. Ahora bien, en el caso concreto, el actor incidentista promovió la oposición en relación al inventario y al avalúo; pues al respecto precisó: "me opongo al proyecto de inventario, toda vez que en el listado presentado, faltan bienes que forman parte de la sucesión de mi padre, como el que se ubica en la calle Hidalgo número 10, en San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, entre otros.el promovente no acredita que los bienes que se describen en el inventario se encuentren a nombre del extinto HUMBERTO LÓPEZ LENA ROBLES, es decir que correspondan a la masa hereditaria" Pretendiendo que el juez de origen precisara los bienes que no se incluyeron en el inventario al que se opuso y que realizara su búsqueda, en las entidades que refirió ofreciendo para ello la prueba de informes de cada uno de los encargados del Instituto de la Función Registral. Además, señaló que la oposición que presentó del avalúo, se hizo consistir en que el perito no demostró el valor comercial y real de los bienes objeto de su dictamen y que las fotografías que exhibió para sustentarlo, no corresponden a los bienes descritos y su ubicación. En ese sentido, se advierte que fue correcta la apreciación de la Sala responsable al declarar infundados los agravios propuestos por el apelante aquí quejoso, pues como lo refirió, la exigencia contenida en el precepto legal que establece la procedencia de ese incidente en relación al inventario, no se satisfizo, pues no se acompañaron las pruebas en las que se apoye fundadamente dicha oposición. De ahí que, como lo argumentó la Sala del conocimiento y en contra de lo sostenido por el quejoso, su oposición se basa en meras suposiciones carentes de evidencia probatoria; lo que impide su admisión. Cuestión similar sucede en torno a la oposición al avalúo que también promovió, pues dejó de mencionar cuál es el valor que atribuye a cada inmueble objeto de su oposición y las pruebas con las que se acredite el valor real de los mismos. Siendo ésta una carga procesal de quien promueve la oposición y no una obligación del juez del proceso. Sin que sea óbice a lo anterior, que el disconforme alegue que ofreció las pruebas de informes, pericial en avalúo, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana para acreditar su oposición; pues la norma procesal es clara al establecer que para la procedencia del incidente, deben acompañarse las pruebas, es decir, ya deben estar desahogadas las mismas, pues no establece una dilación probatoria para acreditar tal extremo. Situación que se insiste, no aconteció en el caso, ya que la parte quejosa al promover el incidente de oposición al inventario y avalúo, únicamente realizó manifestaciones vagas sin sustento probatorio. De ahí lo infundado de los conceptos de violación planteados, ya que no cumple con el requisito de procedibilidad al expresar concretamente cuáles son los bienes no inventariados o inventariados ilegalmente, cuál debería ser el valor que se atribuye a los bienes inventariados y las pruebas que corroboren las aseveraciones expuestas, reiterándose que es una carga procesal de la actora incidentista que no puede ser suplida por el juzgador para que no se obstaculice el procedimiento. Lo anterior tiene soporte en la tesis I.3o.C.440 C, con número de registro 182390, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Novena Época, publicada de el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo XIX, Enero de 2004, página 1541, que al rubro y contendido señalan: INVENTARIO Y AVALÚO. LOS REQUISITOS PARA LA OPOSICIÓN CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 825, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. El artículo 825, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al disponer que en los juicios sucesorios cuando se dedujese oposición contra el inventario y avalúo, es indispensable expresar concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes y cuáles son las pruebas que se invocan como base de la objeción al inventario, no es violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que dicho numeral únicamente prevé una carga procesal para las partes, consistente en manifestar su inconformidad respecto a los inventarios o avalúos presentados por el albacea, debiendo expresar el valor que le corresponde al bien valuado, así como el invocar las pruebas que servirán como base de la objeción al inventario presentado por la albacea pues, precisamente, la ley procesal referida establece como requisito de procedibilidad que se acredite la oposición hecha valer, en virtud de que, en caso contrario, cualquier parte se opondría a los avalúos presentados, por lo que en vía de consecuencia, quien se opone al avalúo presentado y manifiesta que es incorrecto, se presume que sabe el valor de dicho bien y, atento al cumplimiento del requisito de procedibilidad, debe señalarse ante el Juez de origen el valor referido para que la oposición, además de tener un sustento, no obstaculice el procedimiento. Máxime que en los juicios intestamentarios no opera la suplencia de la queja, puesto que la sucesión hereditaria atiende a cuestiones patrimoniales del de cujus que de ningún modo impactan en perjuicio de los lazos afectivos de sus familiares que, por tratarse, precisamente, únicamente de intereses económicos. En ese orden de ideas, resulta claro que, con lo expuesto por la parte quejosa no se demuestra que el acto reclamado se hubiere emitido con violación de los parámetros de control aplicables (legalidad, constitucionalidad y convencionalidad), en tanto el proceder de la autoridad responsable se ajustó a la normatividad correspondiente, con respeto los derechos fundamentales de las partes, previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; de ahí que, es legal lo decidido en torno a quien promueve este juicio para la tutela de los derechos de rango máximo, en los términos analizados; además de que la emisión de un acto desfavorable a los intereses de la parte impetrante, no es un dato que objetivamente conduzca a estimar que sea irregular en su agravio. Así, el acto reclamado es apegado a derecho y a las constancias que integran el expediente natural, pues dadas las razones que anteceden, se advierte su apego a la normatividad aplicable, en tanto que ni aun al ponderar los alcances de los derechos fundamentales cuya violación se aduce, conforme al principio interpretativo pro homine o pro persona, consubstancial de la labor hermenéutica que corresponde a los derechos tutelados en la Norma Suprema, puede llegarse a una conclusión diversa a la ya alcanzada, sin haberse soslayado lo mencionado por el quejoso, en el sentido que este juzgador federal tiene el imperativo de promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ese modo, se reitera, la emisión de un acto desfavorable a los intereses de la parte quejosa no constituye un dato que por sí solo, objetivamente considerado, conduzca a sostener su exclusión del orden jurídico (legal, constitucional y convencionalmente estimado) al que se integra, en tanto norma individualizada para el caso concreto. Así, es inconcuso que ni aun en el actual contexto de protección de los derechos fundamentales podría acogerse la pretensión de que se conceda la protección de la justicia federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 772, del Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006485, de rubro siguientes: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". En consecuencia al ser infundados los conceptos de violación, al no demostrarse la transgresión a los derechos previstos por los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, y dado que no se advierte que se le cause agravio, ni se aprecia que los preceptos legales aplicados contravengan algún derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados relativos de que el Estado Mexicano es parte, así como tampoco existe alguna violación manifiesta de la ley que autorice a suplir queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 74 fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Humberto López Lena Cruz, como albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de Humberto López Lena Robles, contra la resolución dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca familiar 379/2021. Notifíquese personalmente.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Humberto Elías Antonio Pérez1858/2015
- Humberto Fonseca Cruz256/2021
- Humberto Herrera García1292/2015
- Humberto Ignacio Vicente1223/2015
- Humberto Ismael Santiago Sosa906/2021
- Humberto Jacobo Vásquez López1078/2016
- Humberto López Peralta379/2017
- Humberto Martínez Mateo680/2016
- Humberto Paulino Cortés Pacheco1452/2015
- Humberto Rafael Benítez Contreras247/2017
- HUMBERTO RAMÍREZ VÁSQUEZ y Otros.916/2018
- Humberto Zaráte Vásquez2/2017