Humberto López Lena

Expediente 34/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
34/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Humberto López Lena

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Se agrega oficio Glósese a los autos el oficio de cuenta enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz mediante el cual informa que dicho órgano, aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo que originó este juicio, y que quedó registrada con el número * * * * * de su índice; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Archivo En consecuencia, al no existir asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino Transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada a este órgano jurisdiccional el trece de enero de dos mil veintitrés, que promovió * * * * * *, por propio derecho, contra actos del Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 34/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Incompetencia En el caso, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, declara que carece de competencia legal para continuar conociendo de la demanda de amparo; por tanto, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, en atención a las razones que a continuación se expondrán. Las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, en virtud que el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario o de las partes. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 153, publicada en la página 267, Tomo VII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA, APLICACIÓN DE LAS LEYES DE. Las normas que regulan la competencia por función o materia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales en el estado en que se encuentran, rigiendo inmediatamente, por ser de orden público." El acto reclamado consiste en: "1.- Respecto del Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al ser parte demandada en el juicio administrativo es a quien le recae la obligación de cumplir con los efectos de la sentencia definitiva de fecha 6 de agosto de 2020, citada en el juicio contencioso administrativo federal * * * * * * En cuanto a la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con Sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, le reclama la omisión de vigilar y obligar a la autoridad demandada en el juicio administrativo con el número de expediente * * * * * * al cumplimiento inmediato de la sentencia definitiva de fecha 6 de agosto de 2020, dictada en el juicio contencioso administrativo federal * * * * * * Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, señala como domicilio particular el ubicado en * * * * * * y al efecto anexa copia simple de su credencial para votar. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De dicha disposición se desprenden tres reglas para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, a decir: 1)Será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2)Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúe ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, y se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma; y, 3)Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. De lo anterior se obtiene que la Ley Reglamentaria se sujeta a la norma fundamental en relación con los actos reclamados que ameritan ejecución material, pues fija la competencia en el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso a estudio, el quejoso reclama del Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio administrativo con el número de expediente * * * * * * acto que si bien es de naturaleza omisiva, tiene efectos positivos, por lo cual, invariablemente tendrá ejecución en el domicilio particular del quejoso. En efecto, una particularidad de la función ejercida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consiste en que conforme a los artículos 50 y 52, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, su jurisdicción es mixta, ya que participa tanto del modelo de mera anulación como del de plena jurisdicción, debido a que ante la diversidad de materias que son del conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, depende en cada caso, si su actuación se ciñe en determinar la legalidad del acto administrativo (mera anulación), o bien, precisar la existencia y medida de un derecho subjetivo del particular (plena jurisdicción). Por tanto, de acuerdo con el modelo contencioso administrativo de plena jurisdicción, se dota al tribunal la facultad de conocer y resolver en toda su extensión la reparación del derecho subjetivo del demandante lesionado por el acto de autoridad (siempre y cuando tenga los elementos para ello), de modo que su alcance no sólo es el de anularlo, sino también el fijar los derechos del afectado y, en su caso, condenar a la autoridad a restablecerlos y hacerlos efectivos, salvo -y esto es lo que constituye la excepción, como se dijo, que no se tengan elementos suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el tema. De este modo, es factible que al declarar la nulidad del acto impugnado, el referido tribunal cuente con la facultad para: a) Anular el acto administrativo impugnado. b) Además de anular el acto impugnado, reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación relativa. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2 a . / J . 67 / 2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). Cuando el indicado Tribunal declara ilegal la resolución impugnada que niega, por improcedente, la devolución de cantidades solicitadas por pago de lo indebido o saldo a favor, con base en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ello implica, en principio, que el Tribunal realizó el examen de fondo de la controversia planteada, por tanto, la nulidad que decrete de dicha resolución en términos de la fracción III del artículo 239 del mismo ordenamiento legal, lo obliga a establecer, además, si el contribuyente tiene derecho o no a la devolución solicitada y, en su caso, a decidir lo que corresponda, pero no puede ordenar que la autoridad demandada dicte otra resolución en la que resuelva de nueva cuenta sobre dicha petición, porque ello contrariaría el fin perseguido por la ley al atribuir en esos casos al Tribunal plena jurisdicción, que tiene como finalidad tutelar el derecho subjetivo del accionante, por lo que está obligado a conocer y decidir en toda su extensión la reparación de ese derecho subjetivo lesionado por el acto impugnado, por ello su alcance no sólo es el de anular el acto, sino también el de fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos; lo anterior, salvo que el órgano jurisdiccional no cuente con los elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento completo relativo al derecho subjetivo lesionado, pues de actualizarse ese supuesto de excepción debe ordenar que la autoridad demandada resuelva al respecto. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución administrativa impugnada proviene del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, dado que si el Tribunal declara la nulidad de la resolución en términos de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación no puede, válidamente, obligar a la demandada a que dicte nueva resolución ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir si debe obrar o abstenerse y para determinar cuándo y cómo debe obrar, sin que el Tribunal pueda sustituir a la demandada en la apreciación de las circunstancias y de la oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, además de que ello perjudicaría al contribuyente en vez de beneficiarlo al obligar a la autoridad a actuar cuando ésta pudiera abstenerse de hacerlo; pero tampoco puede, válidamente, impedir que la autoridad administrativa pronuncie nueva resolución, pues con ello le estaría coartando su poder de elección". Lo anterior cobra especial relevancia, ya que en el caso concreto, se advierte que en el juicio contencioso administrativo de origen, el ahora quejoso impugnó la determinación contenida en el oficio * * * * * * a través del cual se hace de su conocimiento que derivado de la revisión efectuada a los expedientes pensionarios correspondientes a la pensión directa y por viudez, se había detectado que existía compatibilidad de pensión a partir del 17 de noviembre de 2018, por lo que a partir del mes de agosto de 2019, se aplicaría el descuento vía nómina en su pensión de viudez por el concepto 48 (compatibilidad de pensión), por la cantidad de * * * * * * Es por ello que, en la sentencia de * * * * * * en lo que interesa la autoridad responsable determinó: (.) Así las cosas, de conformidad con lo señalado en los artículo 51, fracciones II y V y 52, fracciones IV y V, inciso a), y párrafo segundo, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que dentro del plazo máximo de cuatro meses contados a partir de que quede firme la presente sentencia, la autoridad demandada emita una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, en la que se ordene que no se aplique en perjuicio del actor lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como pata que se suspendan los descuentos efectuados a las pensiones de jubilación y viudez en su totalidad y para que se le reintegren las cantidades que, en su oportunidad, le fueron descontadas bajo el concepto "48 COMPATIBILIDAD, observando que el tope previsto en el artículo 12 del citado Reglamento cada pensión en lo individual, quedando sin efectos la resolución impugnada (.)". De lo anterior, se advierte que la autoridad señalada emitió una resolución en la que no solo tuvo el alcance de anular el acto de autoridad, sino también el fijar los derechos del afectado y, en su caso, condenar a la autoridad a restablecerlos y hacerlos efectivo (reintegración de montos descontados), esto es, se realizó la reparación de un derecho subjetivo. En consecuencia, es evidente que la omisión reclamada a las autoridades reclamadas (cumplimiento y vigilancia de cumplimiento), tiene efectos positivos ejecutables atendiendo a la génesis del acto declarado nulo, ya que, el acto reclamado versa sobre la omisión del cumplimiento de una sentencia que declara la nulidad de la determinación impugnada y, además, reconoce el derecho subjetivo de la parte actora a la reintegración de los descuentos realizados y señala los lineamientos del cálculo de las pensiones de viudez y jubilación que percibe, ya que establece que no se le aplique en perjuicio del actor lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por tanto, se concluye que los actos reclamados a pesar de su carácter de negativos omisivos, tienen ejecución material, al trascender al estado material preexistente de las cosas, por lo tanto, como se estableció, resulta aplicable la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Así, al estar inmersos derechos relativos a la pensión (al tratarse de la omisión de acatar una sentencia de nulidad que reconoció el derecho de la parte actora de percibir su pensión directa y de viudez), para poder establecer en qué lugar se ejecutan los actos reclamados, es menester indicar que el pago de las pensiones respectivas está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Razones por las cuales este Juzgador considera carecer de competencia territorial para conocer del juicio constitucional, y declina competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, al ser quien ejerce jurisdicción en el domicilio particular del quejoso, (* * * * * *) lugar en el que el peticionario del amparo resentirá el pago de la pensión decretada en la sentencia del juicio administrativo, cuya omisión de cumplimiento reclama. Es ilustrativa, por las razones jurídicas que contiene la jurisprudencia 2 a . / J . 152 / 2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 95, registro digital 166109, de rubro y texto: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1 de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". Así, como la diversa 2 a . / J . 60 / 2020 ( 10 a . ) emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo II, página 1126, de contenido siguiente: "SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD EN EL QUE SE RECLAMA EL INCREMENTO A LA PENSIÓN JUBILATORIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA CUMPLIDA ES DE NATURALEZA DECLARATIVA Y, POR ENDE, NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron una misma problemática jurídica arribando a posicionamientos contrarios, ya que mientras que para uno de los contendientes la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad, en la que se condenó a la parte demandada al cálculo de la cuota pensionaria con los incrementos respectivos, produce consecuencias y efectos meramente declarativos y, por tanto, resulta aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para el otro, la resolución que a través del estudio de los agravios de la queja por exceso o defecto, declara el cumplimiento de esa sentencia, a pesar de constituir un acto negativo simple, sí produce efectos y consecuencias positivos, por lo que la regla de competencia territorial aplicable es la establecida en el primer párrafo del referido numeral. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad en el que se reclama el incremento a la pensión jubilatoria, es de naturaleza declarativa, no requiere ejecución material y, por ende, es aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, porque constituye un acto reclamado cuyos efectos son de naturaleza declarativa, porque no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien se concretan, simplemente, a reconocer el cumplimiento dado a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, a través de las resoluciones de las autoridades administrativas. Lo cual significa que no requiere de ejecución material, porque una vez agotado el procedimiento de ejecución, la autoridad responsable solamente se limita a dar por buena la actuación de la autoridad demandada en el juicio natural, es decir, ese acto reclamado no tiene por efecto alguna orden o mandato para actuar o llevar a cabo algo, pues deriva de una etapa que ya concluyó y en la que finalmente se determinó el acatamiento por parte de la autoridad demandada a los lineamientos de la ejecutoria del juicio de nulidad. Ahora, si bien la ejecución material no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico, lo cierto es que esos alcances no pueden llegar al extremo de considerar el aumento de la cuantía de la pensión, en los términos propuestos por la autoridad demandada en la resolución pronunciada en acatamiento a la decisión emitida en el juicio contencioso administrativo. Esto, pues de considerarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso particular se limitan a reconocer el cumplimiento a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, sino los producidos por la resolución que emite la autoridad demandada en cumplimiento de la sentencia del tribunal administrativo, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, ya que éste se limita a los alcances derivados del acto reclamado". Por consiguiente, remítase el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común respectiva, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo. Solicítese el acuse de recibo correspondiente vía interconexión, y fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias respectivas. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Téngase a la quejosa señalando autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en el proemio de su escrito de demanda, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; además, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a *****, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y por así haberse solicitado. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico que indica; lo anterior, no obstante que también señala domicilio físico para tal efecto, toda vez que expresamente otorga su consentimiento para que las notificaciones se le realicen por vía electrónica. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "jatoledo", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Asimismo, se toma nota de los correos electrónicos proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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