Humberto López Hernández
Expediente 680/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/02/2021
Partes del expediente
- Humberto López Hernández
Actuaciones
- Principal
En tal virtud, se ordena reactivar la tramitación del presente juicio. Por tanto, se provee: Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que el término para dar cumplimiento al proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, transcurrió del cuatro al diez de diciembre del año en curso; en el cual se le requirió para que manifestaran si era su voluntad señalar también como responsable; al Fiscal del Ministerio Publico Investigador que es parte en la causa penal 96/2020, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; asimismo, precise el acto reclamado a la referida autoridad. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el auto de referencia, por lo que, se tiene únicamente como autoridad responsable al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y como acto reclamado el acuerdo de veintidós de noviembre del año en curso, dictado en la causa penal de referencia. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Ahora tenemos, que la parte quejosa señala como acto reclamado: Conforme a esos lineamientos, a criterio de este órgano, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, en atención a los razonamientos que más adelante se expondrán; que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." En efecto, debe señalarse que el acto generador de molestia esencialmente lo constituye la negativa de abrir el procedimiento abreviado. En estas condiciones, conviene señalar que los artículos 467 fraccione IX y 471, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; (".") Artículo 471. Trámite de la apelación. El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada. Esto es, el solicitante del amparo, antes de instar el juicio de amparo, debió agotar el recurso de apelación en términos de los artículos 467 fracción IX y 471, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues contra la negativa de abrir el procedimiento abreviado, procede recurso de apelación, mismo que el promovente estuvo en aptitud legal de promover previamente al juicio de amparo, lo que hace que la instancia constitucional sea improcedente. En efecto, de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para que la tutela de garantías individuales pueda acontecer el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. En tal virtud, como ya se indicó, se arriba a la consideración de que efectivamente, el juicio de amparo que ahora se intenta, es notoriamente, manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque del análisis de la demanda, se llega al convencimiento de que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover, en su caso, el recurso de apelación, previsto en los artículos 467 fracción IX y 471, del Código Nacional de Procedimientos Penales; no obstante, el accionante de esta instancia constitucional, no agotó previamente el mismo, por lo que no se colmó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional. Ello es así, tomando en cuenta que el Legislador Constituyente, estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad responsable la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudo haber incurrido, pues el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo, aun cuando se traten de actos de imposible reparación. En la especie, el acto reclamado sólo se trata de cuestiones meramente procedimentales dictadas dentro del procedimiento administrativo de ejecución, no constituye la última resolución dictada en el mismo que lo culmine, por lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, el primero remitido por el Jefe de Área de Recursos Humanos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual en vías de cumplimiento hace del conocimiento que está en espera que el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Chiapas, se pronuncie para emitir el dictamen de procedencia de pago respecto a lo establecido en la sentencia de amparo, remitiendo como apoyo a sus manifestaciones diversas constancias; en consecuencia dese vista a la parte quejosa para los efectos legales conducentes. Por lo que hace al diverso oficio signado por el Jefe de Unidad de Planeación de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, tomando en consideración las manifestaciones realizadas y de una revisión a los autos en este juicio, se advierte que a la autoridad no le reviste el carácter de autoridad responsable, por tanto, se deja sin efecto alguno el apercibimiento decretado en doce de noviembre pasado. NOTIFÍQUESE.
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