Humberto Lobo Morales

Expediente 486/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
486/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
25/10/2016

Partes del expediente

  • Humberto Lobo Morales
  • Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución de siete de octubre de dos mil dieciséis, dictada en la Q.C. 178/2016, en la cual determinó en su único punto resolutivo lo siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el presente recurso de queja interpuesto por ***, representado por sus autorizados ***, así como por su apoderado ***, en contra el auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, dictado por la Juez Sexto del Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 486/2016-II." En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tratarse de un expediente que carece de valor jurídico en el cual se desechó de plano la demanda de garantías; es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Agréguense a sus autos los oficios de cuenta suscritos por el ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; por medio de los cuales, da a conocer el contenido del proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, dictado en los autos de la Q.C. 178/2016, en el cual, informa que se admitió a trámite la queja interpuesta por la parte quejosa, en contra del auto de treinta de junio del año en curso; comunicación que se tiene por hecha para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta suscrito por ***, en su carácter de autorizados y *** apoderado legal del quejoso ***; y en atención al mismo se provee: Como lo solicitan los ocursantes, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el RECURSO DE QUEJA que hacen valer en su escrito de cuenta, en contra del proveído de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis; en el cual SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo, por lo que no es necesario agotar el termino de tres días que señala el artículo 101 de la ley de la materia. Por lo anterior y, para su tramitación remítanse copia certificada de los autos originales del expediente 486/2016; asimismo, el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, para que tenga a bien acordar lo conducente. Por otra parte, se rinde el informe respectivo en relación a la materia de la queja, haciéndole saber al superior jerárquico que ES CIERTO que este órgano jurisdiccional emitió el auto de fecha treinta de junio del presente año.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el escrito signado por los promovente ****, quienes se ostentan autorizados en términos del artículo 1069 del Código de Comercio del quejoso ****, así como por ***, por medio del cual pretenden desahogar el requerimiento que les fue formulado en auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis; en consecuencia, se provee: Una vez analizada la demanda de amparo, se observa que los promoventes ***, desahogan el requerimiento decretado en autos en su carácter de autorizados en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio dentro de los autos del expediente 438/2002 del cual deriva el acto reclamado, de lo anterior, este órgano federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación al 6º, aplicado en sentido contrario ambos de la Ley de Amparo, en razón de que quien promovió la demanda carece de facultades para instar la acción constitucional en nombre de la persona quejosa. Los citados artículos en su orden, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Este último artículo encuentra su fundamento Constitucional en el contenido del precepto 107, fracción I, de la Constitución Federal, el cual dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". De la transcripción de dichos numerales, se colige que en el juicio de amparo rige el principio de agravio personal y directo, pudiendo promoverse por el directamente agraviado, por su representante legal o por su defensor; esto es, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a la que perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante o por su defensor. En cuanto a este último punto, se refiere a la legitimación activa en el proceso, la cual debe entenderse como la permisión que la ley otorga a una persona para que desarrolle una determinada actividad, es decir, es la posibilidad de intervenir en un juicio a nombre de alguna de las partes, instando al órgano judicial para que dirima una controversia. De lo que se tiene que en el juicio de amparo sobresale la presencia del principio de instancia de parte agraviada, requisito básico para que el amparo pueda iniciarse, ya que sin la promoción del agraviado por el acto de autoridad, demandando la protección federal, no será dable que dé inicio el juicio de garantías, ni se restablecerá el orden Constitucional Nacional, para dejar invalidado el acto de autoridad contraventor de las garantías que consagra la Carta Magna. Conforme a lo anterior, se exige que quien inste al órgano jurisdiccional, a través de la instauración de la demanda de amparo, ejerciendo así el derecho de acción sea imprescindiblemente el agraviado por el acto de autoridad, por sí mismo o por conducto de su apoderado, representante, defensor y, excepcionalmente, una persona que adolece de esas calidades. En el caso se sostiene que los promoventes ****, presentaron la demanda de amparo como autorizados en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio dentro de los autos del expediente *** del cual deriva el acto reclamado, por parte de ****, luego entonces carecen de facultades para promover la demanda a nombre del citado quejoso, porque pretende justificar su representación, con la autorización que en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, le confirió este último en el juicio de origen, cuando dicho normativo no los legitima para instar la acción constitucional en representación de su autorizante, pues ese precepto únicamente los faculta para actuar en el procedimiento natural, incluso, en la segunda instancia, pero no así en esta instancia constitucional. En efecto, el numeral 1069 del Código de Comercio, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 1,069. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven. Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las notificaciones se harán conforme a las Reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Si no se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada." Del contenido del citado numeral, en especial del párrafo tercero, se colige que la autorización que en términos amplios se otorga a un profesionista en un juicio de naturaleza mercantil, lo faculta para que a nombre de su autorizante (actor o demandado) interponga los recursos que procedan, ofrezca e intervenga en el desahogo de pruebas, alegue en las audiencias, pida que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero, ni tampoco los autoriza para promover la demanda de amparo en nombre de aquélla. Ello es así, pues como se dijo, el juicio de amparo sólo puede ser instado por quien figura como quejoso, por su representante legal, o bien, por su defensor (hipótesis que en el caso no aplica, porque no se trata de un procedimiento penal, sino de uno de naturaleza mercantil); y, a juicio de quien esto resuelve, los autorizados en términos del referido artículo 1069 del Código de Comercio, no puede equipararse a un representante legal, pues este último carácter, únicamente se puede adquirir mediante la designación específica, es decir, mediante un poder exprofeso; pues si bien, el citado precepto señala que el autorizado puede realizar cualquier acto en defensa de los derechos de su autorizante, dicha disposición debe entenderse destinada a la primera y segunda instancias del juicio natural, empero, no puede hacerse extensiva al juicio de amparo, pues en éste, la legitimación se regula exclusivamente por la legislación de la materia, conforme a lo que dispone el supra citado artículo 6°, en relación con el diverso numeral 11 de dicha ley. Se afirma lo anterior, porque como se señaló el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece que el Juicio de Amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; y, el numeral 6º de la Ley de Amparo en vigor, prevé que el juicio de garantías sólo podrá seguirse por el agraviado, su representante o por su defensor. En ese sentido se tiene que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación, es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del Juicio de Amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o su representante, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causa perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada, que rigen el juicio de amparo. No obstante que dado que si bien, de lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley de Amparo se advierte que se tendrá por admitida en el juicio de garantías la personalidad de quien la tenga reconocida ante la autoridad responsable en el procedimiento de origen. Sin embargo, de dicha disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones en el juicio de origen tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su autorizante. "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta.". En efecto si bien es cierto dicho numeral establece que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad debe ser admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, siempre y cuando se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas; sin embargo, este numeral no puede interpretarse en el sentido de que los autorizadoa en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su autorizante, pues su participación se limita, exclusivamente, a la jurisdicción ordinaria; habida cuenta que dicha designación no lo convierte en su representante legal, ni tampoco en su defensor -pues esta última figura, sólo está reservada a los procedimientos penales-, caracteres éstos, que son los únicos, salvo los casos de excepción, facultados para instar la acción constitucional a nombre del directo agraviado y son a los que alude el artículo 11 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, se advierte que si los promoventes se ostentan como autorizados en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, de *****, dicho carácter no los legitima para promover juicio de garantías, ya que atendiendo al criterio jurisprudencial citado anteriormente, dicha acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º, 5º fracción I y 6º de la Ley de Amparo, los cuales fueron citados en párrafos que anteceden. Conforme a lo expuesto, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es suponible que estén facultados para ejercerla personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representan, como es el caso de los autorizados para oír notificaciones en el juicio de origen, cuya participación se limita a la defensa del actor en ese preciso juicio. En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 61 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Sin que obste a lo anterior que en el ocurso aclaratorio de cuenta comparezca **** quien asevera ser el apoderado legal del quejoso, y quien además ratifica en todos sus términos la demanda de amparo en nombre de su mandante, pues esa ratificación es extemporánea al tomar en cuenta que el plazo para presentar este juicio transcurrió del veintiuno de abril al trece de mayo de dos mil dieciséis.

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