Humberto Lepe García
Expediente 558/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 02/04/2018
Partes del expediente
- Humberto Lepe García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 108 a 110), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de marzo del año que transcurre (foja 111), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; por lo que, el término de tres días otorgado para que manifestara lo que a su derecho conviniera transcurrió del veintidós al veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, sin que en dicho lapso se hubiere realizado manifestación respecto del citado cumplimiento; asimismo, se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanza del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 23, fracción VII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es para que no le aplicara en el presente y en el futuro tales artículos, y, B). Devolver al peticionario de amparo la cantidad que pagó, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "depósito de bebidas alcohólicas" y estar debidamente actualizada. Luego, por oficio y anexo recibido el catorce de marzo de esta anualidad, en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, signados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 108 a 110), acreditó que dio cumplimiento al fallo protector, es decir, devolvió la cantidad de $**(** pesos **/100 moneda nacional), como se advierte con la copia de la transferencia bancaria de la institución bancaria BANORTE (foja 109), la cual, debía estar debidamente actualizada, de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete y el nueve de marzo del año en curso, se efectúo la devolución mediante transferencia, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil diecisiete a febrero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del presente año entre el índice para el mes de enero de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecisiete fue **; y para el mes de febrero **. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: **. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $**(** pesos **/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $**(** pesos **/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $**(** pesos **/100, moneda nacional), lo que pone en evidencia el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejoso era de $**(** pesos **/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $**(** pesos **/100, moneda nacional), es decir, omitió reintegrar la cantidad de $**(**/100 moneda nacional), pero dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 108 a 110), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de marzo del año que transcurre (foja 111), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; por lo que, el término de tres días otorgado para que manifestara lo que a su derecho conviniera transcurrió del veintidós al veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, sin que en dicho lapso se hubiere realizado manifestación respecto del citado cumplimiento; asimismo, se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanza del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 23, fracción VII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es para que no le aplicara en el presente y en el futuro tales artículos, y, B). Devolver al peticionario de amparo la cantidad que pagó, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "depósito de bebidas alcohólicas" y estar debidamente actualizada. Luego, por oficio y anexo recibido el catorce de marzo de esta anualidad, en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, signados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 108 a 110), acreditó que dio cumplimiento al fallo protector, es decir, devolvió la cantidad de $**(** pesos **/100 moneda nacional), como se advierte con la copia de la transferencia bancaria de la institución bancaria BANORTE (foja 109), la cual, debía estar debidamente actualizada, de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete y el nueve de marzo del año en curso, se efectúo la devolución mediante transferencia, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil diecisiete a febrero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del presente año entre el índice para el mes de enero de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecisiete fue **; y para el mes de febrero **. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: **. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $**(** pesos **/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $**(** pesos **/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $**(** pesos **/100, moneda nacional), lo que pone en evidencia el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejoso era de $**(** pesos **/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $**(** pesos **/100, moneda nacional), es decir, omitió reintegrar la cantidad de $**(**/100 moneda nacional), pero dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que para estar en posibilidad de dar cumplimiento al fallo protector, es necesario que se proporcionen diversos datos del promovente del amparo, por lo cual solicita que este juzgado federal le haga de su conocimiento lo anterior; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Ahora, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, entre lo que se encuentra, obtener toda aquella documentación del quejoso para acatar con la ejecutoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a). Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b). Poner a su disposición el numerario a entregar y c). Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Luego, en atención a la prórroga que solicita, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, por única ocasión se le concede al ente responsable de referencia, a efecto de que dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir de la notificación del presente auto, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados, lapso que se estima suficiente para que dé cumplimiento al fallo protector. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada. Luego, con sustento en el ordinal 9 de la ley de la materia, téngase como delegados de la autoridad oficiante los que se indica en el oficio de cuenta. Finalmente, como lo solicita la autoridad oficiante, con sustento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias que indica el promovente, a su costa, previa toma de razón y constancia de recibo que deje en autos, lo anterior, en razón de que la documentación solicitada ya le había sido remitida a su representada, quien la recibió de conformidad, según los acuses de recibo respectivos que obran en autos.
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