Humberto Landeros Barajas
Expediente 849/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Humberto Landeros Barajas
Actuaciones
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.
- Principal
.. .. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.... dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 6 todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de León, Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe examinarse la demanda en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que en su caso impida su admisión y conlleve al desechamiento; lo que en el caso sucede. Al respecto se materializa la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6° de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los que se mencionan en las veintidós fracciones que le preceden. En efecto, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el llamado principio de instancia de parte agraviada, y es esa disposición rectora del juicio de amparo que se traduce en el normativo transcrito en líneas anteriores, que establece que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad. De igual forma, el artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Como se precisó, el juicio de amparo procede bajo el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que se encuentran legitimados para promover la acción constitucional aquéllos a quienes perjudique o cause agravio el acto que se reclama, en otras palabras, se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo aquél a quien el acto de autoridad reclamado le cause una lesión a sus derechos públicos subjetivos, afectación que debe ser real, objetiva y actual que hará valer mediante escrito en el cual haga constar su inconformidad expresando su voluntad a través de la firma autógrafa o electrónica que estampe en la demanda, pues constituye un requisito esencial para dar validez a un documento. Por tanto, la carencia de firma autógrafa o electrónica en una promoción o demanda, trae como consecuencia la no apreciación de esa voluntad por parte de quien aparece como accionante, y por tal motivo, los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente. En el caso, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, pese a que en la parte inferior de la última hoja del libelo se advierte el nombre del quejoso y una serie de signos y trazos ilegibles. Empero, dicho nombre, signos y trazos no fueron plasmados de forma autógrafa en original sino que se tratan de una impresión electrónica, tal y como se advierte de la imagen siguiente: Por tanto, la firma y nombre del quejoso estampados en la demanda de amparo son una reproducción electrónica en una fotocopiadora de los originales. De ahí que no cumpla con dicho requisito de la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia que establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Además, del sello de recepción de la demanda de amparo plasmado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se advierte que se asentó que la demanda de amparo se presentó sin firma autógrafa original, tal y como se advierte de la imagen siguiente: En tales condiciones, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma autógrafa original), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Por lo que, si se otorgara al promovente un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma autógrafa, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por otra parte, la demanda de amparo no cuenta con firma electrónica ya que no se presentó en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación sino de forma física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad. Así, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de inviabilidad prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º del referido ordenamiento, a contrario sensu, acorde con el diverso 113 de la propia normatividad legal, se desecha de plano la demanda de amparo sin firma autógrafa de Humberto Landeros Barajas. Sin que el presente asunto se ubique en alguno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual sería innecesaria la firma original u electrónica de la parte quejosa cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Lo que no aplica en el caso ya que el acto reclamado es la dilación en el procedimiento de origen, pero no alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós que en resumen dice: "SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 6 todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de León, Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe examinarse la demanda en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que en su caso impida su admisión y conlleve al desechamiento; lo que en el caso sucede. Al respecto se materializa la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6° de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los que se mencionan en las veintidós fracciones que le preceden. En efecto, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el llamado principio de instancia de parte agraviada, y es esa disposición rectora del juicio de amparo que se traduce en el normativo transcrito en líneas anteriores, que establece que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad. De igual forma, el artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Como se precisó, el juicio de amparo procede bajo el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que se encuentran legitimados para promover la acción constitucional aquéllos a quienes perjudique o cause agravio el acto que se reclama, en otras palabras, se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo aquél a quien el acto de autoridad reclamado le cause una lesión a sus derechos públicos subjetivos, afectación que debe ser real, objetiva y actual que hará valer mediante escrito en el cual haga constar su inconformidad expresando su voluntad a través de la firma autógrafa o electrónica que estampe en la demanda, pues constituye un requisito esencial para dar validez a un documento. Por tanto, la carencia de firma autógrafa o electrónica en una promoción o demanda, trae como consecuencia la no apreciación de esa voluntad por parte de quien aparece como accionante, y por tal motivo, los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente. En el caso, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, pese a que en la parte inferior de la última hoja del libelo se advierte el nombre del quejoso y una serie de signos y trazos ilegibles. Empero, dicho nombre, signos y trazos no fueron plasmados de forma autógrafa en original sino que se tratan de una impresión electrónica, tal y como se advierte de la imagen siguiente: Por tanto, la firma y nombre del quejoso estampados en la demanda de amparo son una reproducción electrónica en una fotocopiadora de los originales. De ahí que no cumpla con dicho requisito de la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia que establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Además, del sello de recepción de la demanda de amparo plasmado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se advierte que se asentó que la demanda de amparo se presentó sin firma autógrafa original, tal y como se advierte de la imagen siguiente: En tales condiciones, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma autógrafa original), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Por lo que, si se otorgara al promovente un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma autógrafa, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por otra parte, la demanda de amparo no cuenta con firma electrónica ya que no se presentó en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación sino de forma física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad. Así, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de inviabilidad prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º del referido ordenamiento, a contrario sensu, acorde con el diverso 113 de la propia normatividad legal, se desecha de plano la demanda de amparo sin firma autógrafa de Humberto Landeros Barajas. Sin que el presente asunto se ubique en alguno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual sería innecesaria la firma original u electrónica de la parte quejosa cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Lo que no aplica en el caso ya que el acto reclamado es la dilación en el procedimiento de origen, pero no alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo..."
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