Humberto Jovanny Lucero Valencia

Expediente 1170/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1170/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • Humberto Jovanny Lucero Valencia
  • Alex Emanuel Holguin Baltierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta, presentado por la Administradora de Correos, con sede esta ciudad, mediante el cual manifiesta que las piezas postales MA016284778MX y MA016284781MX relativas a los oficios 3788-VI y 3789-VI, respectivamente, no cuentan con los acuses de recibos, por los motivos que expone. Asimismo que solicitó al Administrador de la Oficina Postal de San Juan de Abajo, Nayarit, remita la pieza postal devuelta. No obstante lo anterior, se ordena reexpedir los oficios de referencia al Director y al Notificador y/o Ejecutor, ambos de la Procuraduría Federal del Consumidor de la Zona de Bahía de Banderas, Nayarit, en el domicilio oficial de la citada autoridad, es decir en: Avenida de los Cocoteros, número 55, interior 2450 Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, C.P 63735, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de donde se desprende que ha transcurrido el término de cinco días concedido a los promoventes Alex Emanuel Holguín Baltierra, Humberto Jovanny Lucero Valencia, Doris Getsemaní Ávila Martínez, Fabiana González Celestino, Johana Inez Cambero Valdivia y Ma. Concepción Ulloa Pérez, para que cumplieran con la prevención que se les hizo mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestaran si su demanda de amparo la promovían por su propio derecho, o bien, en su carácter de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit, sin que lo hayan hecho, aun cuando fueron debidamente notificados de dicho auto; en consecuencia, al no haber dado cumplimiento a lo requerido en el citado acuerdo, se les hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y se les tiene promoviendo su demanda de amparo por su propio derecho. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo promovida por Alex Emanuel Holguín Baltierra, Humberto Jovanny Lucero Valencia, Doris Getsemaní Ávila Martínez, Fabiana González Celestino, Johana Inez Cambero Valdivia y Ma. Concepción Ulloa Pérez, por su propio derecho, contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit y otras autoridades, este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De lo transcrito se deducen tres reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del precepto 61 de la legislación de amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1 Que en contra del acto reclamado proceda algún juicio o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2 Que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; y, 3 Que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previsto para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se promueva el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar el juicio o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en la sesión de cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro Nayarit, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la cual concluyó el veinte del referido mes y año, ya que los impetrantes de amparo refieren que ésta se llevó a cabo con diversas irregularidades y omisiones. Ahora, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en su artículo 109 fracción II, prevé la procedencia del juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, contra actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, así como sus omisiones que afecten derechos de particulares; debiéndose destacar que en el caso, el acto que se combate se ubica en el supuesto establecido en el precepto y fracción antes citados, que señala: ARTÍCULO 109. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:. II. Los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades señaladas en la fracción anterior, así como sus omisiones que afecten derechos de particulares. Por tanto, el acto reclamado consistente en la sesión de cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro Nayarit, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la cual concluyó el veinte del referido mes y año, ya que los impetrantes de amparo refieren que ésta se llevó a cabo con diversas irregularidades y omisiones, se ubica en la hipótesis contemplada en la fracción II, del dispositivo 109 antes transcrito, ya que tal acto puede ser impugnado a través del juicio contencioso administrativo que se promueva ante Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. Ello es así, porque la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit, y los representantes del cabildo de dicho Ayuntamiento que indica, son autoridades municipales, por lo que es evidente que la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo debió agotar los medios de defensa que establecen las leyes ordinarias aplicables al acto, lo que no ocurrió en el presente caso. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 9a sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 496, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro electrónico 160630, que establece: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Asimismo, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 10a emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008891, del texto siguiente: PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible artículo 268, en relación con el 275, tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144; los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables artículos 276 del código y 135 de la ley. No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo artículo 136 expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos artículo 275. Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2005717, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, que señala: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Además, que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Al respecto los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, del Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, disponen lo siguiente: ARTÍCULO 139. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que, de llegar a consumarse, harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado instructor, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado instructor que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Si el promovente aportó el correo electrónico de la autoridad demandada, el magistrado instructor constatará su autenticidad y por ese medio comunicará la suspensión concedida, precisando que sus efectos se retrotraen a la fecha en que se concedió, aunque se notifique con posterioridad. ARTÍCULO 140. Cuando el promovente que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, ésta se concederá siempre y cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En todo caso se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. ARTÍCULO 141. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión cuando se siguiere perjuicio al interés social, se contravinieren disposiciones de orden público o se dejare sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, actos que impidan a los particulares el acceso a su domicilio, o bien cuando, a criterio del magistrado sea, necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por el magistrado instructor en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados por un plazo de tres días, si varían las condiciones por las cuales se otorgó. ARTÍCULO 142. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, la suspensión definitiva se concederá cuando se garantice su importe en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiere constituido de antemano ante la autoridad demandada. No se exigirá garantía adicional cuando el actor manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes ofrecidos son los únicos que posee. En caso de que la autoridad compruebe que dicha declaración es falsa, podrá exigir garantía adicional sin perjuicio de las sanciones que correspondan. ARTÍCULO 143. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión, puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado instructor que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en el caso de que éste obtuviere sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la que hubiere otorgado el actor. ARTÍCULO 144. En los casos en que la suspensión fuere procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se hubiere emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pudiere ocasionarse al actor. ARTÍCULO 145. El acuerdo del magistrado instructor que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos aunque se interponga el recurso de reconsideración. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de reconsideración; pero si se revoca el acuerdo recurrido y se concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata. ARTÍCULO 146. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que confirme la sentencia. El magistrado instructor dará vista a las demás partes por un término de tres días, y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda. Por su parte, los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo disponen: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. (.)" De lo transcrito se advierte que en tratándose del juicio contencioso administrativo, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establece en los numerales 139 al 146, la figura de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, misma que exige iguales requisitos que los previstos en los numerales 128, 132 y 135, todos de la Ley de Amparo vigente, para el mismo fin, acorde la transcripción de estos últimos. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Bajo esas circunstancias, es evidente que el acto reclamado a las referidas autoridades administrativas origina la improcedencia del juicio de amparo, ya que debe ser impugnado bajo la tramitación del juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).- Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una ley, y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Alex Emanuel Holguín Baltierra, Humberto Jovanny Lucero Valencia, Doris Getsemaní Ávila Martínez, Fabiana González Celestino, Johana Inez Cambero Valdivia y Ma. Concepción Ulloa Pérez, por su propio derecho, por su manifiesta e indudable improcedencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:EPIC, NAYARIT, TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de donde se desprende que ha transcurrido el término de cinco días concedido a los promoventes Alex Emanuel Holguín Baltierra, Humberto Jovanny Lucero Valencia, Doris Getsemaní Ávila Martínez, Fabiana González Celestino, Johana Inez Cambero Valdivia y Ma. Concepción Ulloa Pérez, para que cumplieran con la prevención que se les hizo mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestaran si su demanda de amparo la promovían por su propio derecho, o bien, en su carácter de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit, sin que lo hayan hecho, aun cuando fueron debidamente notificados de dicho auto; en consecuencia, al no haber dado cumplimiento a lo requerido en el citado acuerdo, se les hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y se les tiene promoviendo su demanda de amparo por su propio derecho. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo promovida por Alex Emanuel Holguín Baltierra, Humberto Jovanny Lucero Valencia, Doris Getsemaní Ávila Martínez, Fabiana González Celestino, Johana Inez Cambero Valdivia y Ma. Concepción Ulloa Pérez, por su propio derecho, contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit y otras autoridades, este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Además, que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Tepic, mediante el cual informa que el Pleno de ese Tribunal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, resolvió el recurso de reclamación 73/2020 de su índice, interpuesto en contra del auto de veintiocho de noviembre de dos mil veinte, declarándolo infundado y confirmó el referido auto, en el que se desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto por el Director Jurídico Contencioso en representación del Secretario, Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, todos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, contra el auto de ocho de septiembre de dos mil veinte; luego, de lo anterior, hágase saber a las partes. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que por auto de veinte de octubre de dos mil veinte, se suspendió la tramitación del presente juicio, hasta en tanto fuera resuelto el recurso de queja promovido en autos, luego, tomando en consideración que lo anterior ya aconteció, reanúdese el procedimiento; consecuentemente, se fijan las CATORCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se reitera el exhorto a las partes para que en el caso de formular alegatos, lo realicen por escrito, con la debida anticipación a la fecha señalada para la audiencia constitucional. Asimismo, y en el supuesto de que deseen hacerlo en forma verbal el día y hora de la audiencia constitucional, lo deberán informar a este Juzgado de Distrito a fin de realizar las gestiones necesarias para que dicha audiencia sea diligenciada a través de videoconferencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita, para lo cual deberán atenderse las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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