Humberto Jonás Romo Enríquez
Expediente 571/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/08/2023
Partes del expediente
- Humberto Jonás Romo Enríquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Quejoso, expídanse las copias certificadas de lo que solicita...
- Principal
Recibido con firma en copia del promovente ***; mismo que con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena agregar sin mayor acuerdo, toda vez que es copia simple, la cual carece de pleno valor probatorio.
- Principal
COMO LO ORDENA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LOS TERCEROS INTERESADOS EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE LOS CORRRIENTES, MISMA QUE DICE:"Zapopan, Jalisco, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el ocho de marzo de dos mil diecinueve, Humberto Jonás Romo Enríquez, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1, 8, 14 y 16 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de doce de marzo dos mil diecinueve (fojas 31 a 34), se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició a las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto por el artículo 74, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado a la Secretaría General de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, consiste en: El oficio 8-041/2019, de seis de febrero de dos mil diecinueve, en el que se dio contestación a la solicitud de expedición de copias formulada por la parte quejosa en el expediente administrativo 08/2012/2015. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Secretaría General de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que así lo manifestó al rendir informe justificado (foja 38). Además, se corrobora la existencia del acto reclamado con las documentales que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, de las cuales se aprecia el propio oficio número 8-041/2019, emitido el seis de febrero de la anualidad en curso; dichas constancia, al constituir documento certificado por autoridad responsable en el ejercicio de sus funciones, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129,197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causas de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, procede el estudio de la constitucionalidad o no del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En sus conceptos de violación, el quejoso argumenta básicamente que la resolución de la autoridad responsable contenida en el oficio 8-041/2019, emitido el seis de febrero de la anualidad en curso, vulnera sus derechos fundamentales en virtud de que en esa determinación, la responsable negó existencia del dictamen de procedencia de reconocimiento de derechos que, según aduce, fue emitido dentro del procedimiento de regularización 08/2012/2015. El quejoso alega que sí existe el aludido dictamen, así como que este decretó la procedencia del derecho de usucapión en su favor respecto del predio que fue materia de regularización dentro del aludido procedimiento, pues este dio lugar a la emisión de dos actuaciones posteriores, que consisten en el edicto de catorce de octubre y la certificación de catorce de noviembre, ambas datas correspondientes a la anualidad de dos mil catorce, en las cuales se hace alusión a dicho dictamen. Agrega el peticionario del amparo que en la primera de las actuaciones mencionadas, se declaró procedente el derecho sobre el predio materia del procedimiento y, en la segunda, la Secretaría General de Gobierno del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reconoció que fue publicado mediante edicto el resumen del dictamen respecto del aludido procedimiento administrativo. Por lo anterior, solicita que se deje insubsistente la respuesta que le fue otorgada por parte de la Secretaría General de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y se ordene que en su lugar se emita una nueva determinación, en la que se ordene la expedición de copias certificadas del dictamen emitido en su favor en el procedimiento administrativo 08/2012/2015, que pretendidamente declaró el derecho de usucapir el predio que fue materia de regularización. Los argumentos expuestos por el quejoso son fundados. Según se aprecia de las documentales remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, la parte quejosa, mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (foja 46), solicitó la expedición de copias certificadas del dictamen que supuestamente se emitió en su favor dentro del procedimiento administrativo 08/2012/2015 el catorce de octubre de dos mil catorce, en el que, según aduce, se declaró procedente la usucapión en su favor del predio materia de ese procedimiento. La autoridad responsable, en respuesta a dicha solicitud, el seis de febrero de dos mil diecinueve emitió el oficio 8-041/2019, en el que hizo del conocimiento del peticionario del amparo que no era posible acordar de conformidad a su solicitud, en virtud de que en los archivos de la Jefatura de Regularización de Predios Rústicos y Urbanos, no se cuenta con resolución alguna emitida a su favor dentro del procedimiento administrativo 08/2012/2015. Dicha determinación, en su tenor, establece lo siguiente: "Número: 8-041/2019 Dependencia: SECRETARIA GENERAL Asunto: CONTESTACIÓN C. HUMBERTO JONÁS ROMO ENRÍQUEZ. P R E S E N T E. Por medio del presente, doy contestación a su escrito presentado el día 24 de Enero de 2019, en la Oficina de la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, en el cual solicita dos fotocopias certificadas, previo pago de derechos, relativo al Dictamen emitido por esta Autoridad Administrativa de fecha 14 de Octubre de 2014 a favor de Humberto Jonás Romo Enríquez. A lo cual tengo a bien informarle que en los archivos de la Jefatura de Regularización de Predios Rústicos y Urbanos, no se tiene resolución alguna emitida a su favor en relación con el expediente 08/2012/2015. Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. A T E N T A M E N T E TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, 6 DE FEBRERO DE 2019. LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS. SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO" Del contenido del comunicado transcrito se aprecia que el seis de febrero de la anualidad en curso, la Secretario General del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acordó la petición presentada por la parte quejosa el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, por la que solicitó que se le expidieran copias certificadas del supuesto dictamen emitido el catorce de octubre de dos mil catorce, en su favor, en el procedimiento administrativo 08/2012/2015; al respecto, dicha autoridad estableció que no era posible acordar de conformidad su solicitud, en virtud de que en el aludido expediente no existía ninguna resolución emitida en su favor. Ahora bien, con motivo del presente juicio de amparo, el quejoso pretende que se declare la ilegalidad del oficio reclamado, previamente transcrito, y se ordene a la autoridad responsable que emita una nueva determinación, en la que se ordene la expedición de copias certificadas del dictamen que aduce fue emitido en su favor y en el cual supuestamente se declaró procedente en su favor el derecho de usucapión sobre el bien inmueble que fue materia de dicho procedimiento. Considera que el comunicado combatido es ilegal, pues la respuesta otorgada por la autoridad responsable no satisface los requisitos para tener por cumplidas las prerrogativas que concede el artículo 8 constitucional a los gobernados, al carecer de congruencia con lo solicitado, así como con las propias actuaciones que integran el procedimiento administrativo. Ene se sentido, es cierto que la respuesta contenida en el oficio 8-041/2019 no colma los requisitos del derecho de petición previsto por el artículo 8 constitucional, pues por un lado, el quejoso solicitó que se le expidieran copias del supuesto dictamen emitido el catorce de octubre de dos mil catorce, en el procedimiento administrativo de regularización 08/2012/2015, y por otro, la autoridad responsable refirió en su contestación que no existía resolución alguna emitida en favor del peticionario dentro de dicho expediente; lo que genera una incongruencia interna y externa en la respuesta de la autoridad responsable. Para corroborar tal aserto conviene traer a colación el contenido del artículo 8º constitucional, mismo que dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Sobre el derecho fundamental de petición contenido en el numeral transcrito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en reiterados criterios que se traduce en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente con lo peticionado, en un plazo razonable, haciéndola saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Son aplicables las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Es pertinente destacar que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, así como de una manera exhaustiva, esto es, atendiendo a la totalidad de cuestiones que le fueron planteadas y dando una respuesta coherente a ella debidamente fundada y motivada, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no podrá considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar de manera fundada y motivada la petición externada. Por tanto, si en el juicio de amparo el quejoso alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo a si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta se encuentra fundada y motivada, si guarda una mínima congruencia con lo solicitado por el quejoso, así como si la autoridad fue exhaustiva al atender la totalidad de planteamientos formulados por el particular. Es aplicable por los motivos que la integran la jurisprudencia cuyo rubro y texto dispone: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." De las actuaciones que integran el expediente administrativo de regularización 08/2012/2015, las cuales obran en copia certificada en el cuaderno de pruebas que se ordenó formar en auto de once de abril de dos mil diecinueve (foja 48) , se aprecia lo siguiente: Mediante escrito de tres de abril de dos mil catorce, el quejoso Humberto Jonás Romo Enríquez, de conformidad con los artículos 23, 24, 25 y 26 del Decreto 20920, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, el cinco de julio de dos mil cinco, solicitó la usucapión del lote número cinco, manzana B, del predio denominado "La Gloria", del cual adujo ser poseedor por más de cinco años de manera pública, pacífica, continua y de buena fe, a título de dueño, al cual adjunto diversas documentales con el fin de justificar el derecho sobre ese predio (fojas 2 a 18 del cuaderno de pruebas). Por diverso escrito presentado dentro del aludido procedimiento administrativo, Antonio Enríquez Valdivia, se opuso al procedimiento de regularización, manifestando también ser propietario del lote número cinco, manzana B, de la colonia La Gloria, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y a la vez, solicitando la paralización del aludido procedimiento (foja 32 ídem); lo cual se hizo del conocimiento del quejoso el doce de agosto de dos mil catorce (foja 34). Lo propio realizó María Soledad Valdivia Gómez, a través de un diverso escrito presentado dentro del procedimiento de regularización mencionado, tal como se advierte de la foja treinta y cinco de las actuaciones respectivas, de donde se aprecia su oposición en relación con el trámite de regularización, pues adujo que ella es la dueña del predio en discordia, quien solicitó también se suspendiera el procedimiento respectivo. Lo anterior, denota que durante el trámite del procedimiento de regularización tramitado por el quejoso comparecieron diversas personas a oponerse al derecho que adujo tener dicha parte, alegando tener un derecho sobre el mismo bien inmueble que es materia del procedimiento respectivo. No pasa desapercibido que con posterioridad a esas actuaciones, obra el edicto de catorce de octubre de dos mil catorce, en el cual se estableció de manera textual "Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 14 días del mes de Octubre de 2014, se declara PROCEDENTE por HUMBERTO JONAS ROMO ENRIQUEZ sobre el lite que se describe a continuación" Pues en ese mismo acuerdo se estableció que se citaba a quienes se crean con derecho sobre el bien inmueble, a efecto de que comparecieran a manifestar su oposición dentro del término de veinte días hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal. Posteriormente, el catorce de noviembre de dos mil catorce, el Secretario General del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, levantó una certificación, en la que asentó que los días veinte, veintiuno y veintidós de octubre de dos mil catorce, fue publicado resumen del dictamen emitido dentro del procedimiento administrativo 08/2012/2015, así como que no se presentaron opositores que se creyeran con derecho alguno del predio materia de la regularización. Mediante acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil quince, el Jefe de Regularización de Predios Rústicos y Urbanos, determinó suspender el procedimiento de regularización, acorde a lo establecido por el artículo 28 del Decreto denominado Para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco (foja 45). Lo anterior, en virtud de que Antonio Enríquez Valdivia, compareció al procedimiento administrativo de regularización 08/2012/2015 y manifestó su oposición con el trámite de dicho procedimiento, alegando que él es el legítimo propietario del inmueble materia de análisis en ese expediente, aduciendo haber notificado dicha circunstancia al peticionario del amparo, desde el doce de agosto de dos mil catorce. El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el peticionario del amparo elevó dos peticiones a la autoridad responsable; a través de una de ellas, solicitó la expedición de copias certificadas del supuesto dictamen emitido en su favor dentro del procedimiento administrativo de regularización, a lo que se le otorgó respuesta mediante oficio 8-041/2018, en el que se precisó que no era posible otorgarle copias de lo que solicitaba, en razón de que en los archivos de la dependencia no existía alguna resolución emitida de manera favorable al quejoso. Mediante el segundo de los escritos de petición, el impetrante de amparo solicitó, básicamente, que se emitiera la resolución que declarara en su favor el derecho de usucapión sobre el bien inmueble materia del procedimiento; al respecto, la autoridad responsable mediante oficio 08-042/2019, de seis de febrero de la anualidad en curso, le informó que no era posible a acceder de conformidad a su petición, en virtud de que dos personas distintas se opusieron al trámite del expediente administrativo de regularización y hasta esa data no habían otorgado su conformidad con la finalidad de que se dé continuación a dicho trámite. Agregó que por tal motivo, en término del artículo 28 del Decreto para la Regularización de Fraccionamientos de Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, se suspendía el procedimiento administrativo, pues no se encuentra dentro de su competencia determinar quién es el que tiene un mejor derecho sobre el bien inmueble materia de contradicción; ello en virtud de la oposición externada por terceros al trámite del procedimiento de regularización. Ahora bien, respecto al trámite del procedimiento de regularización, el Decreto para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, en sus artículos 27, 28, 29, 30 y 31, establecen lo siguiente: "Articulo 27. La Comisión procederá a estudiar el expediente integrado de conformidad con las disposiciones antecedentes y si cumple los requisitos establecidos: I. Elaborará el dictamen mediante el cual se declare la procedencia de reconocer la titularidad del promovente, para los efectos del presente Decreto; II. Publicará el resumen del dictamen, por tres días en los estrados municipales y de la delegación o subdelegación municipal de su localización, así como en las oficinas de la asociación de vecinos correspondiente; y III. Publicará el dictamen en la Gaceta Municipal o en su defecto, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". Artículo 28. Si en el curso del procedimiento se presentara alguna persona para alegar por escrito y bajo protesta de decir verdad su interés jurídico, respecto del predio objeto de la promoción, se suspenderá el procedimiento administrativo, quedando a salvo los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación aplicable. Artículo 29. Si en el plazo de veinte días hábiles posteriores a la publicación del dictamen, no se presenta oposición conforme el artículo anterior, la Comisión emitirá el proyecto de resolución con el objeto y para los efectos que se establecen en el artículo 25 del presente Decreto, la cual se remitirá con su expediente a la Presidencia Municipal. Artículo 30. La Comisión remitirá a la Presidencia Municipal los expedientes de los titulares de lotes reconocidos en la regularización de un fraccionamiento o predio, quien deberá resolver en forma definitiva en un plazo de diez días hábiles. Artículo 31. El Presidente Municipal conjuntamente con el Secretario General del Ayuntamiento y en encargado del Catastro Municipal, en el plazo de treinta días hábiles suscribirán la resolución debidamente fundado y motivado, donde individualizará la declaración a favor del titular de cada lote, a efecto de especificar que el poseedor es propietario en virtud de la usucapión. Este dictamen será inscrito en el Registro Público de la Propiedad, otorgándose la calidad de título de propiedad. Así mismo, una vez inscrito en el Registro Público de la Propiedad, quien crea poder demostrar que tiene algún derecho sobre el predio, podrá acudir ante el Juez competente a demandar lo que a su derecho convenga, dentro de los cinco años siguientes a dicha inscripción. Lo anterior deberá constar en la resolución que se emita." Como se aprecia de los preceptos legales transcritos, la Comisión de Regularización correspondiente, una vez recibida la solicitud del interesado, una vez integrado procederá a estudiar el expediente respectivo, para lo cual elaborará un dictamen mediante el cual se declarará la procedencia o no respecto de la titularidad del promovente sobre la bien inmueble materia de regularización. Una vez hecho lo anterior, publicará en los estrados municipales, así como en las oficinas de la asociación de vecinos correspondientes, un resumen del dictamen por un término de tres días, así como el dictamen completo en la Gaceta Municipal o en su defecto, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". No obstante lo anterior, si durante el trámite del procedimiento respectivo, se presenta alguna persona que por escrito y bajo protesta de decir verdad alegue tener un derecho sobre el bien inmueble materia de la regularización, se tendrá que suspender el procedimiento respetivo y se dejarán a salvo los derechos de los interesados a efecto de que promuevan en la vía y términos conducentes. Solamente si transcurridos veinte días después de realizada la publicación del dictamen en los términos señalados, no se presenta alguna persona que se oponga al trámite del procedimiento de regularización, la comisión emitirá el proyecto de resolución que declarará que el titular del predio se encuentra en condiciones de adquirir su propiedad, en virtud de la usucapión. Una vez hecho lo anterior, la Comisión de Regularización, remitirá el expediente a la Presidencia Municipal con el fin de que se resuelva en definitiva el trámite de regularización, dentro de un plazo de diez días; la resolución correspondiente deberá ser signada por el Presidente Municipal, el Secretario General del Ayuntamiento y el encargado del Catastro municipal, en el plazo de treinta días, la cual deberá ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad, para otorgarle la calidad de título de propiedad. Con independencia de lo expuesto, no obstante de haberse inscrito la resolución respectiva en el Registro Público de la Propiedad, de existir alguna persona que crea poder demostrar tener un mejor derecho sobre el predio que fue materia del procedimiento de regularización, podrá demandar ante el juez competente lo que a su derecho corresponda, dentro de los cinco años siguientes al de la inscripción. En ese sentido, se puede concluir que para la emisión del título de propiedad dentro de un procedimiento de regularización se debe seguir un procedimiento, el cual podrá ser suspendido cuando exista alguna persona que se oponga a su trámite. En la especie, tal como se señaló con antelación, Antonio Enríquez Valdivia y María Soledad Valdivia Gómez, durante el trámite del procedimiento de regularización, presentaron un escrito dirigido al expediente natural, a través del cual se opusieron a que se continuara con su trámite, pues alegaron tener un mejor derecho que el quejoso Humberto Jonás Romo Enríquez, sobre el predio que era materia de regularización dicho procedimiento, solicitando a la vez que se suspendiera el procedimiento respectivo por tal motivo. Además, el doce de agosto de dos mil dieciocho, se hizo del conocimiento del peticionario del amparo que Antonio Enríquez Valdivia, se había opuesto al trámite del procedimiento de regularización respectivo. Lo anterior, conllevó a la autoridad responsable a que el dieciocho de diciembre de dos mil quince, en términos del aludido numeral 28 de la legislación en cita, decretara la suspensión del procedimiento de regularización, según se puede apreciar del propio acuerdo emitido en esa data (foja 45 del cuaderno de pruebas). Lo expuesto denota que, efectivamente, no existe una resolución definitiva que haya puesto fin al procedimiento de regularización y en la cual se haya declarado un derecho en favor del quejoso sobre el bien inmueble que fue materia de regularización, pues el procedimiento fue suspendido en virtud de que se presentaron opositores que manifestaron su inconformidad con el trámite del expediente respectivo; sin embargo, también deja claro que para el momento en que se suspendió el procedimiento, ya había sido emitido el dictamen previsto por el artículo 27 del Decreto para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de propiedad Privada en el Estado de Jalisco, al constituir la emisión de dicho dictamen una etapa previa a aquella actuación, que determinó suspender el procedimiento. En ese contexto, le asiste razón al peticionario del amparo, pues argumenta que la resolución materia de reclamo es incongruente con las mismas actuaciones que conforman el procedimiento de regularización, dado que la responsable negó la existencia del dictamen de procedencia, supuestamente emitido el catorce de octubre de dos mil catorce. En efecto, la respuesta impugnada por el peticionario del amparo no guarda congruencia con la solicitud elevada por el accionante constitucional, pues si bien es cierto que no existe una resolución emitida en favor del impetrante de amparo, que haya declarado un derecho en su favor respecto del predio que fue materia del procedimiento de regularización en el expediente 08/2012/2015, también lo es que a través del escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (foja 46), se desprende que el quejoso solicitó la expedición de copias certificadas del dictamen emitido por la responsable el catorce de octubre de dos mil catorce y no de alguna resolución definitiva que haya puesto fin a la aludida controversia. Además de que a dicho dictamen se hizo alusión en la actuación de catorce de noviembre de dos mil catorce, en la que el Secretario General del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, levantó una certificación, en la que asentó que los días veinte, veintiuno y veintidós de octubre de dos mil catorce, fue publicado resumen del dictamen emitido dentro del procedimiento administrativo 08/2012/2015 (foja 38 del cuaderno de pruebas). No obstante, al dar contestación a dicha solicitud y emitir el oficio reclamado, identificado con el número 8-041/2019, la autoridad responsable precisó que en los archivos de la Jefatura de Regularización de Predios Rústicos y Urbanos, no se tiene resolución alguna emitida en su favor, en relación con el expediente administrativo 08/2012/2015, razón por la cual no era posible expedir las copias solicitadas por la parte quejosa. En ese sentido, se tiene por un lado que, el quejoso solicitó que se le expidiera copia del dictamen emitido el catorce de octubre de dos mil catorce, al que se hizo alusión durante el trámite del procedimiento de regularización; y, por otro, que la autoridad responsable negó la existencia de alguna resolución emitida en favor del peticionario del amparo en relación con el aludido procedimiento, sin embargo, nada mencionó en relación con el dictamen descrito por el quejoso en su escrito de petición y tampoco precisó de manera clara si se refería a ese documento o bien, a uno diverso; además de que del contenido toral de su respuesta no es posible concluir lo anterior. Así, no es posible considerar de manera plena si se trata de dos actuaciones distintas o si se refiere a la misma, pues el dictamen a que hizo alusión el quejoso en su escrito de petición, corresponde al aludido por el artículo 27 del Decreto para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco; sin embargo, la resolución a que se refiere la responsable aparenta ser la señalada en los artículos 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, que resuelve en definitiva el procedimiento de regularización. Por ende, al haber negado la responsable la expedición de copias certificadas del supuesto dictamen emitido el catorce de octubre de dos mil catorce, argumentando que no existe alguna resolución emitida en favor del peticionario del amparo dentro del expediente administrativo de regularización 08/2012/2015, se considera que vulneraron los derechos fundamentales del quejoso. En primer lugar, pues como se dijo, la parte quejosa no solicitó copias certificadas de la resolución que declarara el derecho de usucapión en su favor respecto del predio materia de dicho procedimiento, sino que únicamente solicitó copias del dictamen a que hace alusión el artículo 27 del Decreto para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco. En segundo lugar, la autoridad responsable al dar respuesta a la solicitud del quejoso no hizo referencia a dicho dictamen, sino a la inexistencia de alguna resolución emitida en su favor en el aludido procedimiento; sin embargo, de las actuaciones que integran el expediente respectivo, es dable señalar que durante su trámite se hizo alusión al dictamen descrito por el quejoso, supuestamente emitido el catorce de octubre de dos mil catorce. Con el fin de cumplir con el derecho fundamental contenido en el artículo 8 constitucional, la autoridad responsable debió de dar una contestación frontal a la solicitud del peticionario, que si bien, no debe ser necesariamente emitida en su favor, al menos debe de contener los motivos y fundamentos que sustenten su determinación, además de que deberá de guardar congruencia interna y externa en relación con lo solicitado y a la vez, con las condiciones que rodean el asunto de que se trata. En un dado caso, de considerar que no es posible acceder a la solicitud de lo peticionado por el quejoso, deberá de exponer el por qué resulta improcedente la expedición de las copias certificadas solicitadas; sin embargo, la autoridad responsable no actuó en ese sentido, pues negó la expedición de una documental, empero, del contenido de su respuesta no es posible determinar de manera categórica si se trata de la misma resolución precisada por el quejoso en u petición o bien de una diversa. En efecto, de las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en el oficio reclamado, no es dable advertir si se trata de la misma determinación descrita por la parte quejosa, o bien de alguna diversa, pues según se mencionó, la responsable hizo alusión a la inexistencia de alguna resolución emitida en favor del peticionario en el expediente 08/2012/2015, que pudiese considerarse que se refiere a la resolución definitiva a que alude el artículo 31 del Decreto para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco. Sin embargo, lo que el peticionario del amparo le solicitó, fue el dictamen a que hace alusión el diverso numeral 27 del aludido ordenamiento legal, que se emite de manera provisional, previo a que quienes consideren que cuentan con un mejor derecho que el interesado, se opongan al trámite del procedimiento de regularización. No obstante, de las actuaciones que integran el aludido procedimiento administrativo se desprende que el catorce de noviembre de dos mil catorce, se emitió una certificación en la que hizo alusión a dicho dictamen, pretendidamente emitido el catorce de octubre de dos mil catorce (foja 38 del cuaderno de pruebas), por lo que la autoridad responsable debió de considerar tal situación al emitir una respuesta en torno a lo peticionado por el accionante constitucional y, en todo caso, ordenar la expedición de copias esa resolución o bien, hacer del conocimiento del quejoso de manera clara y precisa por qué no es posible la expedición de dichas constancias, aun cuando en las actuaciones que integran el expediente natral se puntualizó su existencia. Además de lo anterior, atendiendo al estado procesal que guardaba ese expediente al momento en que se emitió la resolución reclamada, es posible concluir que la autoridad responsable ya había emitido el dictamen a que hace alusión el quejoso, previsto por el artículo 27 del Decreto para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de propiedad Privada en el Estado de Jalisco, al constituir dicho dictamen una etapa previa a la publicación de edictos, a la suspensión del procedimiento y a la emisión del proyecto de resolución final. Por lo expuesto, es dable concluir que la autoridad responsable trastocó en perjuicio del peticionario del amparo el derecho fundamental consagrado en el artículo 8 constitucional. Lo anterior, no significa que se haya declarado en favor del impetrante de amparo un derecho sobre el bien inmueble materia de análisis en el procedimiento administrativo de regularización, pues el dictamen descrito por el quejoso únicamente es un paso del procedimiento respectivo, que puede verse contrariado por el escrito que presente alguna persona que aduzca tener un mejor derecho sobre el predio materia de regularización, en términos el artículo 28 del mismo ordenamiento legal citado en párrafos precedentes, el cual establece que si se presenta una persona que se oponga a su trámite, se deberá de suspender el procedimiento respectivo. En las relatadas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de violación, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. A fin de restituir a la parte agraviada en el goce de sus garantías individuales violadas, conforme lo establece el artículo 77, fracción I de la ley de la materia, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la responsable Secretaría General de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco: Deje insubsistente el oficio 8-041/2019, de seis de febrero de dos mil diecinueve, en el que se dio contestación a la solicitud de expedición de copias formulada por la parte quejosa en el expediente administrativo 08/2012/2015 y emita una nueva resolución en la que dé contestación de manera congruente a las petición formulada por el aquí quejoso mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, la cual deberá fundar y motivar debidamente, atendiendo a los argumentos que para tal efecto se establecieron en el considerando anterior de esta ejecutoria. Además, notifique personalmente, por conducto de quien legalmente proceda, lo proveído respecto de la referida petición, cumpliendo con las formalidades de ley. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia por reiteración número 77 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y ocho del Tomo III, Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO." Así mismo, se cita por aplicable, la tesis que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos ochenta y tres, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICION. NOTIFICACION DEL." Es importante destacar que la concesión del amparo de la Justicia Federal en el caso, no constriñe a la responsable a dar una respuesta en el sentido que la parte peticionaria desee, pues, como ya se dijo únicamente está obligada a dar contestación de manera congruente, debidamente fundada y motivada con lo solicitado. Tiene aplicación por las razones que informa la tesis de jurisprudencia 50 , que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." Así como la diversa tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , que señala: "PETICION, DERECHO DE. CONGRUENCIA Y LEGALIDAD. El artículo 8o. constitucional obliga a las autoridades a comunicar un acuerdo escrito en respuesta a toda petición, y a comunicarlo en breve término. Es claro que la respuesta debe ser congruente con la petición, pues sería absurdo estimar que se satisface la obligación constitucional con una respuesta incongruente. Pero también es cierto que la respuesta no es incongruente por el hecho de que se diga al solicitante que se estima que faltan elementos formales o materiales en la petición, para poderle dar curso en cuanto al fondo de lo pedido. Y en esta caso, lo que procedería sería impugnar la legalidad de la exigencia de tales elementos o requisitos, pero no podría decirse válidamente que la autoridad omitió dictar un acuerdo congruente con la petición, pues la congruencia del acuerdo no debe ser confundida con la legalidad de su contenido." Criterios que si bien, se integraron conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, continúan en vigor pues su contenido no se opone a la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Humberto Jonás Romo Enríquez, contra los actos de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los fundamentos y los motivos expuestos en el considerando quinto, en congruencia con los efectos señalados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; hasta el día de hoy, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron; quien actúa y firma con el licenciado Kavdxary Youdvary González Macedo, secretario que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. APT/KYGM"
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Notifíquese personalmente.
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